Reparar es la tarea

Cuando las huellas de la historia laboral gritan desde la documentación burocrática

Por Diego Kenis

 

Entre el 24 de marzo de 2022 y el de hace algunas horas una de las novedades más relevantes fue la reglamentación presidencial a la ley que consagró el derecho a la reparación documental de legajos laborales de trabajadores y trabajadoras del sector privado víctimas del terrorismo de Estado, que sistematizó la última dictadura cívico militar.

De ese modo, los registros referidos a quienes sufrieron desapariciones forzadas o asesinatos dejarán de culminar en el vacío o consignando un abandono de tareas o un fallecimiento sin más detalles, y pasarán a revelar que el cese fue forzado por la persecución.

Como señaló Alejandro Jasinski en El Cohete en noviembre de 2020, cuando la nueva ley era aún proyecto, “son numerosas las formas en que un legajo puede hablar” y una de ellas es la posible “vinculación directa entre el despido y el secuestro de los y las trabajadoras”. El reciente fallecimiento del empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier, y la colección de lágrimas que lo despidieron olvidando su pasado, ofrecen un ejemplo de que la reparación no es sólo simbólica ni se conjuga únicamente en pretérito.

La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad será la puerta de ingreso de los pedidos de reparación documental, que podrá presentar cualquier persona. La Comisión, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dedicó el verano que acaba de concluir a diseñar y poner en línea un espacio para que las solicitudes puedan tramitarse a distancia. El objetivo era que el sistema estuviera disponible el 24 de marzo, en el 47º aniversario del comienzo de la última dictadura. El plazo se cumplió, como prueba este enlace.

La página de la Comisión también incluye un fichero en que se vuelcan las historias recuperadas hasta el momento de víctimas que revistaron en organismos y empresas públicas. Entre las de más reciente incorporación se encuentran las biografías laborales y militantes de obreros de los Ferrocarriles Argentinos que debieron abandonar sus puestos por razones políticas entre el bombardeo golpista sobre la Plaza de Mayo, en 1955, y la última recuperación democrática, el 10 de diciembre de 1983.

 

 

 

 

Es ley

La reparación de legajos en la Administración Pública Nacional (APN) es un derecho de las víctimas y una obligación de las reparticiones desde que en 2012 la entonces Presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 1199. Una década más tarde, el grado de avance en las áreas de la APN es diverso, pero la herramienta en que basar los reclamos continúa vigente.

Para el ámbito privado, en cambio, no existía. Con amplio y heterogéneo apoyo en el Congreso y respaldo de las centrales obreras CGT y CTA, la nueva ley fue votada el 9 de diciembre de 2021. El gobierno nacional demoró la reglamentación, que llegó en noviembre de 2022, casi en paralelo con el avance de nuevas reparaciones documentales en el ámbito público: en octubre se había oficializado la de 47 legajos de obreros del riel, por pedido de la Unión Ferroviaria.

La normativa resultante, acorde a recomendaciones institucionales sobre la preservación de la Memoria, establece los procedimientos a seguir y distribuye las responsabilidades que competen a la Comisión y las Secretarías de Trabajo y de Derechos Humanos. También coloca como fuentes con las que cotejar a las bases de datos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el Archivo Nacional de la Memoria y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos. Para los casos en que no se encuentren los legajos requeridos pero exista otra documentación probatoria –por caso, de la seguridad social– la nueva ley abre la posibilidad de dictar una declaración que efectúe de todos modos un reconocimiento del derecho y procure la búsqueda de la norma que hubiese dispuesto la interrupción del vínculo laboral.

Concluido el proceso de chequeo de información, una resolución interministerial debe indicar la verdadera causal de baja y comunicarla a la administración de la empresa involucrada, para que lo incorpore en el legajo correspondiente, entregando copias certificadas del documento a la familia de la víctima y los organismos estatales, en un acto público con presencia del personal actual de la firma.

De ese modo tal vez sea posible romper aquella frase de Rodolfo Walsh impresa en el Semanario CGT en los agitados días de 1969:

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas”.

 

 

 

Reconstruir identidad

La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad tiene ya una historia próxima a cumplir dos décadas. Permanece bajo la órbita de Obras Públicas porque allí surgió en 2005, cuando Julián Scabbiolo ingresó como trabajador. Como su área sería la de Personal, pronto consultó por registros de víctimas del plan criminal dentro de la dependencia. No consiguió respuestas precisas, sino una invitación a la búsqueda.

Hijo de una pareja de militantes del mundo universitario que se proletarizaron en los ‘70, Scabbiolo se apoya en sus orígenes. “Me crié al lado de una estantería con libros referidos a la historia del movimiento obrero. Es evidente que uno no puede eludir esa formación, que a veces ni siquiera necesita ser hablada”, recuerda para El Cohete el actual coordinador de la Comisión, que tampoco olvida la lucha de los organismos de derechos humanos que lo conmovió y el día de 2003 en que Néstor Kirchner avisó que no dejaría sus convicciones en la puerta de entrada de la Casa Rosada.

Fue así que propuso una tarea que fructificó en la conformación de la Comisión, abierta al personal de la APN. El 22 de marzo de 2007 se firmó el acta acuerdo entre la Secretaría de Obras Públicas del entonces Ministerio de Planificación Federal y el Archivo Nacional de la Memoria para arribar a la primera estación del recorrido: un relevamiento de documentación del personal del sector que hubiera sido víctima de la dictadura.

 

 

La actividad de la Comisión fue creciendo conforme nuevos instrumentos normativos ampliaban el campo de reparaciones, y las investigaciones judiciales, trabajos académicos y coberturas periodísticas actualizaban y circulaban información en la materia. El decreto 1199/2012, de hecho, valora que la Comisión fue la que puso al descubierto que incluso en el ámbito estatal persistían en los legajos de las víctimas eufemismos o falsedades que encubrían las verdaderas causales de las bajas. Del mismo modo, el decreto firmado por Cristina Fernández aprobó todo lo actuado por la Comisión y requirió su participación en las acciones que su articulado abriría.

El gobierno de Mauricio Macri, en cambio, no prestó la misma atención a las políticas reparatorias, que el ex Presidente sigue considerando “curros”. La gestión de Juntos por el Cambio mudó a la fuerza a la Comisión, que se repuso resignificando el nuevo espacio, un segundo piso de un edificio en que el Estado nacional también era propietario del primero.

El propio equipo de trabajo compró la pintura para acondicionar el lugar. Abrieron una biblioteca, a la que llamaron “Roberto Repetto”, por el militante sindical secuestrado en marzo de 1978, a sus 27 años. Repetto era miembro del consejo directivo de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que respaldó a la Comisión frente a las amenazas de enviados del macrismo, que sugerían a sus integrantes que buscaran otras tareas que realizar.

Un día, junto al recibo de ABL, llegó un hallazgo: las nuevas oficinas de la Comisión habían sido sede del Ente Autárquico Mundial ’78, caja negra de fondos desde la cual el vicealmirante Carlos Lacoste hacía cálculos políticos y económicos alrededor del campeonato con que la dictadura buscaría disimular las denuncias internacionales por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La coincidencia aparecía como otra oportunidad de conquista, una nueva ocasión para resignificar la mudanza forzada.

Actualmente, mientras continúa su trabajo habitual, la Comisión tiene en mente nuevos proyectos: el objetivo es incorporar el primer piso, ya asignado por Presidencia pero aún en espera de las refacciones que permitan habilitar una sala de lectura, un aula, un salón de exposiciones y una radio en línea. A su vez, el organismo acompaña iniciativas que todavía no se han consagrado como políticas de Estado pero que conllevan un innegable carácter reparatorio, como el ingreso de hijas e hijos de víctimas a las reparticiones públicas en que se desempeñaron sus padres o madres.

A poco de cumplir dos décadas, la tarea “viene desde abajo, desde la memoria del movimiento obrero, que de diversas formas resistió a la dictadura. A mí no hubo nadie, ninguna superestructura, que me indique que esto era necesario: era una obligación moral como trabajador hacia otros trabajadores y otras trabajadoras”, dice Scabbiolo. Y agrega: “Creo que debe ser a futuro un derecho laboral más: el derecho a la Memoria”.

 

 

 

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