Renta agroexportadora y capital financiero

 

La pujante Argentina industrial distribuía ingresos de manera tal que en 1974 éramos el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre, la pobreza era solo el 3,7% de la población y la desocupación era friccional. Esa Argentina fue dinamitada por el “Rodrigazo”, que no fue otra cosa que liberar el tipo de cambio depreciando nuestra moneda, paso necesario y obligatorio para dar lugar a la dictadura militar donde confluyeron el modelo agroexportador (incluso desobedeciendo a los Estados Unidos, porque se le vendió trigo y otros cereales a Rusia en pleno bloqueo de Jimmy Carter) y el de valorización financiera, que consiste en creer que subiendo la tasa de interés local (de una moneda depreciada) se controla el precio del dólar.

Las tasas de interés creciendo por muchos meses por encima de precio del dólar atraían capitales golondrina en la llamada bicicleta financiera o carry trade, razón por la que se retrasa el tipo de cambio y, por priorizar la valorización financiera del capital y la política de endeudamiento en desmedro de las exportaciones, se produce la ruptura con “el campo” y la renuncia a fines del año 1979 del Secretario de Agricultura y Ganadería, Mario Cadenas Madariaga, conspicuo dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que formó parte junto a José A. Martínez de Hoz del equipo que se reunía desde 1975 en la casona de la familia Blaquier de la calle Azcuénaga 1.673 en la Ciudad de Buenos Aires, para preparar el nuevo gobierno.

Salvo los 14 meses que estuvo al frente del Ministerio de Economía Bernardo Grinspun, predominó la política de endeudar y fugar hasta que implosionó a fines de 2001. Tras los aciagos días del 19 y 20 de diciembre y el “que se vayan todos”, de cómo las grandes empresas deudoras en divisas la transfirieron al pueblo argentino mediante la pesificación asimétrica, y del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asume la presidencia Néstor Kirchner, quien reinstaló el modelo de crecimiento en base al mercado interno.

La fórmula es sencilla: las tres cuartas partes de lo que producimos se destina al mercado interno, por ende, generando más empleo y mejores salarios el mercado interno se expande y crecemos en forma sustentable y democrática. Más se vende y más se produce, se propicia la sustitución de importaciones que se deben producir en el país, energía incluida. Es la misma propuesta del plan de gobierno del Presupuesto de la Administración Nacional 2021, pero para ello se requiere un gobierno que regule la actividad económica, que imponga las reglas de juego, que diga qué es lícito y qué no, qué está permitido y qué no, como hacen todas las naciones del mundo que crecen sistemáticamente.

 

La verdadera brecha

Cambiemos restituyó el modelo de valorización financiera y renta agroexportadora que genera un proceso de devaluación e inflación que se retroalimenta. Pandemia mediante y serios errores propios, debilitan el poder del Estado nacional, máxime que como pasó en 1975 y 1976 los agroexportadores y los que propician la valorización financiera del capital confluyen en depreciar nuestra moneda y con ella el mercado interno y la economía nacional.

Para ellos el problema no es la tasa de indigencia que para el primer semestre de 2020 el INDEC estima en 10,5% de las personas que habitan en la Argentina, ni la de pobreza, del 40,9%. Tampoco que el salario y la jubilación mínimxs, medidxs por el dólar blue sean menores a 100 dólares, que el salario promedio mensual sea de $ 69.040, que convertidos son menos de 400 dólares. Si se devalúa como quieren exportadores y financistas, nuestros trabajadores cobrarían menos que el salario promedio de Brasil y de China.  Nuestro PIB per cápita es de menos de 8.000 dólares, que es el de un país pobre como los más pobres de América Latina y de África.

El plan económico del gobierno debe priorizar el mercado interno y para eso es necesario controlar el dólar, ya que cada vez que sube empuja a la miseria y a la pobreza a nuestro pueblo y limita las posibilidades de crecer sostenidamente y distribuir equitativamente los ingresos, como se hizo desde 1945 a 1974 y en los años de los Kirchner.

Sin embargo, priorizar el mercado interno, el trabajo y la producción nacional puede llegar a amalgamarse con la propuesta  del Consejo Agroindustrial Argentino (AGD; Cargill, Glencore, Molino Agro, Cofco etc.) y que trata de acordar con China, siempre y cuando el beneficio sea mutuo, por la simple razón de que ellos exportan alimentos y su precio impacta en la canasta de las familias. Para que fueran compatibles debería acordarse que primero se destine la parte de la producción necesaria para satisfacer el mercado interno y a precios razonables con los salarios, y luego se calcule el saldo exportable, y no al revés. Además, el diferencial de cambio a través de retenciones lo debe fijar libremente el gobierno nacional y no, como pretenden ellos, fijar la tasa de retenciones y dejarla estable durante diez años [1].

Es una situación compleja pero se puede y se debe resolver. El impedimento es su valorización financiera y la influencia del tipo de cambio, ya que el Consejo Agroindustrial Argentino objetivamente se beneficia cuánto más de nuestra moneda obtiene por cada divisa que ingresa del exterior. Y tiene medios para presionar sobre el valor del dólar.

La situación descripta se potencia por el grado de libertad con que se maneja la actividad financiera y cambiaria en el país.

 

 

 

La política financiera y cambiaria

La comparación de datos del INDEC y del Banco Central permite entender los comportamientos especulativos de exportadores e importadores. El informe del INDEC de intercambio comercial de enero a agosto de 2020 indica que las importaciones fueron por 26.245 millones de dólares, pero el INDEC usa un criterio devengado que no muestra con precisión los flujos de caja de la economía. El balance cambiario del Banco Central, en cambio, registró que las importaciones efectivamente pagadas fueron por más de 31.300 millones de dólares.

Esto es, los importadores adelantaron pagos de su mercadería para dolarizarse al tipo de cambio oficial, dado que le compraron al BCRA y este le vendió en los primeros ocho meses del año, de $ 70 a $ 80 por dólar, para pagar importaciones que al 31 de agosto 2020 no habían ingresado a la Aduana Argentina.

Entonces el superávit comercial  de enero a agosto 2020 no es de 10.894 millones de dólares como informan la Aduana y el INDEC, sino de 5.800 millones.

Paralelamente el BCRA autorizó a pagar supuestas deuda externa al Banco HSBC; al Banco Galicia; al Grupo Elsztain (IRSA, Cresud, Banco Hipotecario, principales centros comerciales, etc.); a Petroquímica Comodoro Rivadavia; a la filial norteamericana generadora y distribuidora de energía AES Argentina, etc., por 6.200 millones de dólares de las reservas internacionales y al tipo de cambio oficial. Recién a partir del 15 de septiembre, mediante la Comunicación A 7106, el BCRA dispuso que se le vendan dólares por el 40% de la deuda que declaran y el 60% restante lo paguen con activos que tienen en el exterior y/o reprogramen los vencimientos[2], cuando esos deudores son los mismos que fugaron los 86.200 millones de dólares que se fueron del país en los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, según informe que hizo el propio Banco Central [3].

Es evidente que en plena restricción cambiaria y en medio de la negociación de la deuda, el BCRA malvendió reservas internacionales que explican por qué teniendo un superávit comercial al 31 de agosto de 2020 de 10.984 millones de dólares, las reservas internacionales brutas del BCRA no solo no crecieron sino que descendieron en 4.018 millones de dólares en el mismo lapso.

Paralelamente, los diez primeros bancos privados del país en lugar de prestar (que lo hacen mínimamente) se benefician colocando sus generosos excedentes en LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) y perciben por ello más de $ 60.000 millones por mes que les paga religiosamente la autoridad monetaria.  En la gestión actual del BCRA lo que más crecieron fueron las LELIQs: de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión  a 1.717.371 millones el 7 de octubre de 2020: un un 126,4% más, cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 30,35% y el total del crédito al sector privado en 19%.

El crédito total al sector privado (empresas y personas) es el 11,4% del PIB, tan bajo como lo dejó el último año del gobierno de Mauricio Macri, cuando en Brasil es del 45% y en Chile del 60% del PIB.

Por la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, los únicos que le pueden comprar dólares al BCRA son los bancos, quienes lo compran por sí o para sus clientes,  todo “consta en actas” y por eso el BCRA pudo elaborar el Informe de fuga de Capitales por 86.200 millones de dólares y tiene los nombres, DNI, domicilio, etc., de cada uno de los 6.693.605 personas y las 85.279 empresas adquirentes de divisas, donde los cien mayores compradores en la gestión de Macri lo hicieron por 24.679 millones de dólares.  Esos dólares fueron sacados mayoritariamente del circuito económico legal argentino.

Los circuitos ilegales están directamente conectados con el sistema financiero formal. Tanto la economía clandestina como la informal se retroalimentan con la economía formal. No son compartimentos estancos, ni separados por exclusas.

Los “financistas” son los dueños y CEOs de los principales bancos privados del país, conectan puntas entre inversores y tomadores de crédito. El cruce de dinero entre plazas financieras puede vincular Montevideo, Nueva York, Hong Kong o Londres mediante el llamado “dólar cable” (que consiste en girar dólares en efectivo a través de una cueva financiera), que fondea parte de la oferta del dólar blue y que incide fuertemente en la fuga de capitales de las divisas originadas en el atesoramiento.

 

 

En síntesis

Después de dilapidar más de 11.000 millones de dólares, el gobierno busca incrementar la oferta de divisas, por lo cual en octubre de 2020 dispuso una baja transitoria de tres puntos en las retenciones a la exportación de soja y una eliminación total de las retenciones a bienes finales industriales.

Paralelamente, trata de frenar la demanda a través de estímulos a las inversiones en pesos. En esa línea, se llevaron a cabo licitaciones de títulos en moneda local; una colocación de bonos "dólar linked", que están atados a la evolución del tipo de cambio oficial, y una colocación de letras ajustadas por inflación.

Incluso la autoridad monetaria desde el viernes 16 de octubre bajó la tasa de las Letras de Liquidez (LELIQs), que pasó de 38 a 36% anual y aumentó en 21 puntos porcentuales la tasa activa de pase por un día que queda en 30% de Tasa Nominal Anual. Para los depósitos del público menores a un millón de pesos los bancos pagarán un piso de 34% de tasa nominal anual, para el resto de los depósitos, el mínimo será de 32% nominal.

Por supuesto “que el mercado”, como les gusta llamarse, olió sangre y va por más y toda medida es insuficiente.

 

 

Las verdaderas y necesarias medidas

Si no se fiscaliza la operatoria de los diez bancos privados principales, de los distintos mercados del dólar (Contado Con Liqui, Dólar Bolsa, etc.) y no se cierran las “cuevas” cambiarias con el poder de policía que tiene el BCRA, es lo mismo que arar en el mar.

Pedro Biscay, que fuera Director del Banco Central, propone fortalecer el poder de fiscalización cambiaria y financiera, y recuerda que en los años 2014 y 2015 se conformó una mesa de coordinación institucional desde donde se llevaron adelante acciones orientadas a incidir sobre el mercado ilegal de divisas. Se alinearon detrás de ese objetivo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La Superintendencia junto a la UIF y el resto de los reguladores, intensificaron las ruedas de monitoreo, cruces de información, fiscalización en oficinas de negocios y formulación de denuncias penales a través de Procelac. Se logró información acerca del mercado paralelo que permitió identificar el entrelazamiento entre el sistema económico formal y diferentes circuitos de circulación de capitales procedentes de las economías informales o clandestinas.

Pero esto sólo es posible si las reglas las impone el Estado.

 

 

 

[1] Plan del CAA:  “Estrategia Agroindustrial Exportadora Inclusiva Sustentable y Federal 2020-2030”.

[2] Medida que incluso flexibilizó el jueves 8 de octubre a pedido del Banco Hipotecario del grupo Elsztain.

[3] Empresas y personas que están también en la lista conformada por Hernán Arbizu y por el Ingeniero en sistema Hervé Falciani, ambos del HSBC, o en los Panamá Papers.

 

 

 

 

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