Reglas o caos

 

En medio de todas las incertidumbres que nos presenta el panorama político, económico y social, aparece como una cierta seguridad: el sentirnos parte del movimiento nacional y popular. Nótese que no digo del “peronismo”, aquello que nos ha identificado siempre a los de mi generación pero que hoy no implica un ideal preciso, ni una pertenencia inconfundible, en el amplio territorio de las convicciones y lealtades. Tampoco digo del “kirchnerismo”, que nos ha brindado los mejores momentos de los últimos años del querido nac&pop. Es hora ya de definir los ideales por los que luchamos, dándole al concepto la mayor amplitud posible, pues sus palabras contienen y abarcan: tanto las aspiraciones de soberanía en su mayor alcance de todo lo nacional, el ideal de Patria, que incluye el de Patria Grande, como así también la búsqueda del protagonismo de las mayorías populares, su dignidad, su felicidad en una sociedad de iguales, con justicia social.

Es un movimiento, el nacional y popular, con fuerte raigambre histórica, que sin duda alguna se personifica en cada momento en una opción que une a todos los que luchan por aquellas convicciones.

Es, por naturaleza, amplio y severo al mismo tiempo: dentro de los matices que lo caracterizan, siempre se sabe quiénes caen fuera de sus límites generosos: ya sea por traición a los ideales, ya por ambición de coyunturas que impliquen favores o cargos, ya por modificación de convicciones migrando hacia la otra concepción de la sociedad actualmente vigente: la del neoliberalismo en sus diferentes variantes.

Defino de esta manera las grandes corrientes políticas y sociales de nuestro país, puesto que aun dentro de los reacomodamientos que la realidad nos va imponiendo existen hoy neoliberales que se asumen peronistas, y por otra parte radicales y agrupaciones de la izquierda y otras corrientes que pertenecen sin duda al movimiento nacional y popular.

En los próximos tiempos se definirán decisiones que nos comprometerán como sociedad por muchos años: es lo que suele ocurrir, repetidamente, cuando asumen los gobiernos dominados por cualquiera de las variantes neoliberales. Y entonces se pondrá a prueba la solidez e integridad del movimiento nacional y popular. De aquellas tres posibilidades de conducta política de los integrantes de nuestro movimiento que mencionamos antes y que imponen en la realidad los límites de su pertenencia, es probable que algunas provoquen defecciones y deslealtades en el momento preciso. No sería una novedad. Por eso escribo estas líneas, ya que se percibe la existencia de esas deserciones en los próximos días, en los que el país deberá enfrentar un cúmulo de proyectos antinacionales y antipopulares.

Lejos de mi intención está rehuirnos a otorgar la necesaria gobernabilidad a las nuevas autoridades, especialmente en todo aquello que suponga una necesaria cantidad de facultades naturales en una nueva gestión.

Me refiero solamente, y nada menos, a aquellos aspectos estructurales de la sociedad y la economía que vienen conformando la identidad de nuestra patria, que necesitan sin duda algunas modificaciones para mejorar su eficiencia, sin necesidad de provocar por ello un cambio sustancial de toda la estructura económica y social, y sin contar para ello con el previo consenso de los representantes del pueblo.

La cuestión entonces es lo relativo, entre otros grandes temas, al tratamiento de los recursos naturales, su explotación racional y el cuidado de ellos para las generaciones futuras. Es lo que exige la Constitución Nacional (ver La Constitución dice otra cosa). También limita toda posibilidad de disponer de esos recursos, vendiéndolos, hipotecándolos, dándolos en garantía de préstamos, o sea disponiendo de ellos en el sentido jurídico del concepto, sin la intervención previa de las provincias involucradas (artículo 124), y del Congreso Nacional en tanto representante del pueblo de la Nación, propietario de esos recursos según nuestra Constitución (artículos 41 y 75 inciso 22). Toda infracción a esta normativa sobre los mismos será de manifiesta ilegalidad, y especialmente ilegitimidad, sometida a revisión en el futuro.

De la explotación de esos recursos surge también la cuestión de las empresas estatales dedicadas a esa tarea, así como de aquellas empresas vinculadas a distintas etapas de sus aprovechamientos. Son casos particulares, que en caso de privatización exigen mayorías especiales por el Congreso Nacional. Obviar esas normativas por supuestas urgencias a través de decretos también fulminará a las decisiones respectivas por su ilegalidad e ilegitimidad y obligará a revisiones futuras, quedando en evidente fragilidad jurídica toda decisión al respecto que infrinja la legislación vigente.

En nuestro sistema republicano hay dos órganos elegidos por el pueblo. El primero, esencia de la democracia, es nuestro Congreso Nacional. Luego, el Poder Ejecutivo. Sus miembros fueron elegidos en forma contemporánea en las recientes elecciones, y tienen los dos la misma legitimidad de origen para gobernar en los tiempos que vienen. Ninguno de los dos puede sobreponerse sobre el otro o asignarse sus atribuciones. La república se basa en ese comportamiento. Y la democracia representativa de nuestra Constitución es la garantía de ese equilibrio.

Ese esquema institucional, que impide el autoritarismo y otros excesos antidemocráticos, vale para otras cuestiones como el endeudamiento del país, tan caro a los regímenes neoliberales de los últimos tiempos, concebido como única solución de los problemas económicos, que solo ha servido para profundizarlos y limitar las soluciones reales.

De la misma manera, la ausencia de controles efectivos de los gobiernos para prevenir la escandalosa evasión impositiva de grandes conglomerados productivos impide obtener los fondos que repetidamente se buscan endeudando al país.

Todas las ideas son válidas para resolver los problemas nacionales, pero la cuestión principal es hacerlo respetando las leyes, las instituciones, la Constitución y el patrimonio nacional.

Nuestro sistema democrático está en juego, y apostamos al cumplimiento de sus reglas, porque lo contrario implicaría un destino de caos y conflicto permanente.

 

 

 

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