Reflejos argentinos

 

Mientras la Argentina se encamina hacia un balotaje decisivo para su futuro, el gobierno de Giorgia Meloni, en Italia, se mantiene en campaña permanente con vistas a las elecciones de medio término que se realizarán en 2024. La campaña permanente consiste en una política de anuncios para dar la imagen de que el gobierno está atento a los problemas que afligen la población.

Uno de estos problemas era casi desconocido en Italia: la inflación. En realidad, siempre ha existido como existe en todas las economías, en algunos casos puede ser estimulante y en otros como en la Argentina puede ser devastador, en el caso de Italia era un dato que no causaba sobresaltos, pero ahora la música ha cambiado.

En Italia existe un ente público que se ocupa de explicar con cifras y no sólo como está andando el país, se trata del ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). Políticos y analistas esperan con ansiedad los informes mensuales y anuales del ente. El comunicado de septiembre de 2023 ha registrado un aumento inflacionario del 0,2 % sobre la base mensual y un incremento del 5,3 % anual. En el tercer trimestre de 2023, el impacto inflación es mayor (6,7 %)  en familias con menor capacidad de compra y menor (5,6 %) en familias de mayor capacidad adquisitiva.

En tanto, el equivalente de la “canasta familiar” también en septiembre de este año se consolida en un 8,7 %. La inflación media anual es del 8,4 %, mientras que la media del 2022 terminó en un 8,1 %.

En Italia se considera familia en pobreza absoluta aquella que no dispone del mínimo necesario para comprar bienes y servicios esenciales. En números netos: 

En 2021, 2.022.000 familias en pobreza absoluta, equivalente a 5.317.000 personas.

En 2022, 2.187.000 familias en pobreza absoluta, equivalente a 5.674.000 personas

En Italia se ha verificado un aumento del PIB de un 3,7 % y un aumento de más de medio millón de personas ocupadas, pero estos índices que gustan tanto a los gobernantes no pueden ocultar que la pobreza infantil corresponde al 13.4 % de los menores.

El rubro más doloroso es la canasta familiar, por lo que la señora Meloni, el 28 de septiembre, convocó a productores y empresarios para implementar una especie de pacto con los consumidores con el fin de tratar de contener los precios; se trata de un pacto anti-inflación llamado “canasta tricolor”, con referencia patriótica a la bandera.

Está vigente desde el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2023 y podría renovarse según los resultados. El pacto comprende productos de alimentación, productos para la infancia y de amplio consumo “que serán determinados por las mismas empresas de las cadenas de distribución”. La potente organización de los comerciantes Confcomercio declaró enseguida que “no es una meta fácil”. Desde la otra vereda, la Unión Nacional de Consumidores llamó el acuerdo “espectáculo penoso”, dado que se trata de un pacto sin obligaciones y obviamente sin sanciones.

La cuestión recuerda mucho a la gestión de Alberto Fernández, con pactos y acuerdos que los remarcadores de precios no tenían ninguna intención de cumplir. Obviamente, la pregunta es: ¿está en condiciones el gobierno Meloni de llevar a cabo una medida de control de precios?

La cuestión principal no es la cantidad de inspectores que pueda lanzar a la calle, sino la naturaleza misma del gobierno. En el caso de Alberto Fernández, no existía la decisión de ir más allá de la declamación de la “guerra a la inflación desde mañana”, pero podría haber existido si prevalecía un elemento que podríamos definir “espíritu peronista”, apoyado en la idea de justicia social. Como sabemos, este espíritu no prevaleció y empujó a millones de votantes al descrédito y al desaliento.

En el caso de Meloni, no existe un paisaje de fondo similar. La Presidenta ha manifestado públicamente que su gobierno no meterá palos en las ruedas de quienes producen; en palabras simples, esto significa que el gobierno no atenderá situaciones de precarización, trabajo en negro, trabajo pobre o carencias alimentarias. Algunos analistas sostienen que la adhesión atlántica con la relativa foto con Biden le ha significado un cheque en blanco para la política económica. El hilo que une a este gobierno al pasado es la alianza con los sectores empresarios y la clase media alta que evade impuestos y esconde sus ahorros en guaridas fiscales, de allí que el acuerdo de precios no podía ir mucho más allá de la foto y la declaración para la prensa. Algunas empresas italianas, sobre todo las del rubro alimentación, han registrado episodios de cartel, pero no operan como grupo de presión político a la manera de los remarcadores seriales argentinos, la diferencia quizá sea que estos últimos, más despiadados, se han radicado en Punta Del Este.

 

Tasar y no tasar

En la política italiana existe una palabra tabú: patrimonial. El significado coloquial de la palabra en Italia funciona como sustantivo y significa “impuesto a las grandes fortunas”, que obviamente es absolutamente resistido por el establishment. Un impuesto especial como el que impulsó Máximo Kirchner a la salida de la pandemia para el gobierno de Meloni sería impensable, pero el rumbo general de la economía exige cada vez más controles y tasaciones para prevenir cracs financieros o estallidos sociales. Obviamente, no es esta la visión de la dirigencia mundial, sino de algunas organizaciones internacionales atentas al desarrollo actual de la economía. En estos días ha comenzado una campaña encabezada por Oxfam que se llama Tax The Rich para tasar las grandes fortunas en Europa; por lo que corresponde a Italia el ingreso al erario público en caso de que esta propuesta llegara a ser aprobada sería alrededor de 16.000 millones de euros al año.

Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) es una organización privada que existe desde hace 70 años y trabaja activamente en todo el mundo en proyectos de desarrollo y estudio de la pobreza. en Italia, la campaña ha sido lanzada conjuntamente con el diario Il Fatto Quotidiano y el grupo de economistas neo-keynesianos de Sbilanciamoci.

En la página webb italiana se presentan algunos datos:

Italia: la riqueza que posee el 0,1 de los ciudadanos más ricos es casi tres veces superior a la que posee la mitad más pobre de la población. Aplicado a este 0,1 % (los 50.000 italianos más ricos con patrimonio neto superior a 5,4 millones de euros), el impuesto podría producir una recaudación adicional de 15.700 millones al año, si se considerara imponible el 0,5 %, la recaudación podría aumentar a 23.000 millones. El objetivo de esta campaña europea es conseguir un millón de firmas en un año en al menos siete países de la UE (Italia debería concurrir con 53.580 firmas). Con esta adhesión se podría introducir en el Parlamento Europeo una propuesta de impuesto progresivo que no tocaría a la mayoría de los ciudadanos, sino a una minoría de millonarios. Esta iniciativa demuestra dramáticamente a qué niveles de menoscabo del Estado de bienestar se ha llegado en la UE; la idea de primer mundo que seduce a tantos argentinos está seriamente amenazada.

Si el candidato Massa gana la segunda vuelta, se encontrará con una serie de promesas que esperan respuesta, sobre todo de aquellos sectores olvidados que mencionó en su discurso la noche del 22 de octubre y una de las llaves para hacer caja en tiempos relativamente breves es una legislación fiscal progresiva similar a la que propone Oxfam con un ente recaudador eficiente y decidido.

La cifra anual que Oxfam considera posible recaudar en Italia es aproximadamente la mitad de la Ley de Presupuestos de 2023 que en estos días el gobierno Meloni ha presentado al Parlamento, con la solicitud expresa a los aliados de no presentar enmiendas, pedido que trae recuerdos amargos del pasado, cuando el gobierno de Mussolini presentaba el presupuesto con la prohibición a sus parlamentarios de discutir los términos del documento.

Uno de los problemas de Meloni es llegar a las elecciones de medio plazo sin perder votantes, de allí las declaraciones sobre “el acuerdo de precios”. Una parte de la ciudadanía ha confiado en ella y le ha dado su voto en las presidenciales; ciudadanos que no son necesariamente fascistas, pero que diariamente van al supermercado, cargan nafta y no llegan a fin de mes, cuando llegue el momento podrán votar o no votar, pero si votan podría castigar a la coalición gobernante, de allí la campaña electoral permanente.

Pero Meloni se encuentra con un problema: la falta de dinero en las cajas públicas. Las promesas electorales se están disolviendo y el gobierno no parece comprender que si baja los impuestos en general y al mismo tiempo subvenciona ciertas carencias (los llamados bonos, por ejemplo, para compensar a algunos usuarios por el aumento de las tarifas energéticas) decrece la recaudación fiscal que mantiene en pie el invento.

 

Ley de salario mínimo

Obviamente, los bonos para el segundo hijo o para aguantar el aumento de la energía no serían necesarios en una economía donde los salarios son suficientes para que los ciudadanos vivan una vida digna, pero no es este el caso de Italia, donde están petrificados desde los años ‘90.

De allí la importancia de establecer por ley un salario mínimo que sirva de piso o punto de partida para las negociaciones entre sindicatos y patronal, pero el gobierno ha rechazado cualquier instancia para implementarlo. Sabiendo que las encuestas muestran una aceptación mayoritaria de la población de un salario mínimo y que la encuesta incluye a sus votantes, la Presidenta organizó una reunión con la oposición, que había presentado un proyecto al respecto, se sacó la foto y después explicó que el gobierno también espera presentar su proyecto después de que uno de los entes presididos por un miembro de su coalición expresara su parecer sobre la compatibilidad del salario mínimo con el programa del gobierno.

Claramente, mandó la pelota a la tribuna; es una manera de perder tiempo y no expresar abiertamente el rechazo, la oposición ha declarado que la chicana de Meloni es fruto de una decisión ideológica; dado que el salario mínimo no afecta el erario público, sería la patronal la que debería sacar la chequera. Por eso Meloni debe caminar en equilibrio entre los votantes tradicionales de su área política y las franjas de clase subalterna que la votaron en las generales.

La UE tiene una idea fija sobre la “eficiencia empresarial” y considera el salario mínimo una medida para expulsar del mercado empresas ineficientes, pero ¿cuál sería para la UE una empresa ineficiente? Aquella que para sobrevivir paga salarios bajos o muy bajos. Esto crearía un problema no solo a Meloni, ya que parte de su electorado es justamente esa franja social de pequeños empresarios, también a cualquier gobierno que quisiera encarar dicha medida, puesto que tendría que balancearla con el darwinismo empresarial de la UE.

En la Argentina, el candidato Massa ha tenido ya una experiencia con el argumento, aunque su posición es diametralmente opuesta a la de Meloni.

El ejemplo de Massa en uno de sus discursos fueron los empleados municipales: salario formal, empleo formal y uno de los salarios más bajos en la Argentina, por debajo de la línea de pobreza y en algunos casos del salario mínimo vital y móvil.

La suma fija que propone Massa sería tanto para el ámbito público como para el privado. Tanto en la Argentina como en Italia, el primer obstáculo fue la oposición sindical. En Italia la cuestión del salario mínimo fue propuesta hace años por el Movimiento 5 Estrellas. La principal central sindical, CGIL, inicialmente se opuso, pero con el tiempo las posiciones fueron revisadas y ahora concuerdan con la oposición como una lucha en común. Massa también se encargó de subrayar que la medida no interfiere con las paritarias, con lo que el rol del sindicato permanece intocado y tranquiliza a la dirigencia sindical.

En la Plaza de Mayo, el 11 de septiembre, Massa anunció el recorte a los impuestos para una amplia franja de trabajadores, declaró además que “sube el mínimo no imponible” dando a la medida un tinte progresivo. Fue importante también señalar que el salario no es ganancia, sino remuneración.

Debates similares se vienen realizando en Italia desde hace años. Meloni ha lanzado el alivio de la presión fiscal para los trabajadores, pero la orientación es distinta. Dicha presión es la diferencia entre el salario bruto y el neto que llega al bolsillo del trabajador; los cálculos generales explican que al máximo significarán unos 40 euros al mes, la medida además será válida sólo hasta diciembre de este año y no será determinante para mejorar los sueldos, la cifra de personas que malviven dentro de las coordenadas del trabajo pobre oscilan entre 3 y 5 millones según los elementos de cálculo utilizados.

Durante años, la derecha leguista y Fuerza Italia han levantado la bandera del flat tax o tasa chata; incluso el gobierno de Renzi hizo promulgar una ley para atraer millonarios de todo el mundo a domiciliarse en Italia pagando un flat tax de 100.000 euros anuales. Esta medida arranca contribuyentes de su ámbito natural, menguando la recaudación fiscal en origen, y al mismo tiempo trastoca una faja del mercado inmobiliario local con los nuevos clientes armados de chequeras sin límites.

 

Amague y recule

El 7 de agosto, el ministro Salvini anunció que el gobierno presentaba una ley para tasar los súper beneficios de los bancos. Contrariando cualquier medida sensata, tanto la FED americana como el BCE han ido aumentando las tasas de interés y, por lo tanto, el costo del dinero, además han contribuido al crecimiento de los beneficios de los institutos de crédito; Salvini explicó que se trataba de una medida de equidad social, y que lo recaudado serviría para otorgar créditos hipotecarios y sobre todo para rebajar impuestos, bandera habitual de la derecha en todo el mundo.

El decreto del 10 de agosto declaraba que los bancos pagarían al Estado el 40 % de la diferencia del margen de interés conseguido en 2023 respecto a 2021. Con un límite: la tasa pagada no podía superar el 0,1 % del total del activo de los institutos.

Obviamente, fue una sorpresa porque Meloni había ya establecido los puentes con el establishment —en Italia, llamado en plural Poteri Forti— que había tenido acceso privilegiado a Palazzo Chigi durante el gobierno de Draghi.

Y entre los propios sorprendió sobre todo a Fuerza Italia, el partido del Caro Difunto, que inmediatamente alzó la voz declarando que no habían sido consultados; la Liga contestó a través del secretario Salvini con las bravuconadas habituales porque apoyaba la medida.

Las presiones externas también se hicieron sentir, tanto en Italia como en la UE; de esa manera se llegó a un cambio de enfoque el 23 de septiembre.

El cambio más notorio es que los bancos podrán eximirse de pagar la tasa al Estado, depositando el monto reclamado por impositiva aumentado dos veces y medio para “reforzar el patrimonio”. Pero sobre ese incremento de activos está prohibido repartir utilidades, bajo pena de multa.

Claramente, hay dudas sobre qué tipo de recaudación llegará al Estado después de la poda sufrida, dado que serán los bancos los que elegirán qué cosa hacer. El gobierno contaba inicialmente con una recaudación estimada de 3.000 millones de euros que se pueden considerar volatilizados.

Y aquí nos encontramos otra vez con una cuestión no de contabilidad y cálculo, sino de la naturaleza del gobierno y su relación con el establishment.

Pero es inútil especular, a la vista queda solo el amague y el recule, como ha sucedido en otras partes.

 

 

Escándalos y corrupción, lo que pasa después

La Rete 4 de Mediaset, uno de los canales del Caro Difunto, emitió el 18 de octubre a través de uno de sus programas de mayor audiencia un extra donde aparecía Andrea Gianbruno, esposo de la Presidenta Meloni, en una aparente cámara sorpresa donde aparecía “bromeando” con alguna de sus colaboradoras, inmediatamente partieron los análisis sobre la oportunidad e intención de la emisión; no satisfecho, el canal emitió un segundo video más intenso, para decirlo de alguna manera, con comentarios vulgares y machistas de Gianbruno, cosas que no sorprenden, el personaje en su programa tiempo atrás había declarado que “las mujeres que no quieren ser violadas no se tienen que emborrachar”. Por lo tanto, frases y lenguaje corporal no eran una novedad para nadie, pero se trataba siempre del marido de la Presidenta del gobierno. La respuesta llegó rápidamente el 20 de octubre a través de los medios sociales habituales, donde Meloni anunciaba la ruptura de su relación con Gianbruno, con quien tiene una hija. Meloni aprovechó para criticar a quienes utilizaban la crisis terminal de la pareja para atacarla, comparándose con una piedra a la que una gota no puede hacerle daño porque la gota (sus enemigos) son solo agua. Obviamente, se dispararon las especulaciones sobre el estado de la coalición respecto a Fuerza Italia, el partido de Caro Difunto; las presiones para cambiar la ley de los súper beneficios de los bancos habían llegado también desde la familia Berlusconi, porque si bien su negocio es la TV, poseen también el banco Mediolanum y allí es donde aprieta el zapato. La Presidenta Meloni, en ocasión de la formación del gobierno, había advertido a Berlusconi que “no era chantajeable” y en su intervención del viernes lo ha ratificado. La difusión de los videos de Gianbruno no podría haberse realizado sin la autorización de los hijos de Berlusconi.

 

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