Redoblar la apuesta

 

En el amplio escenario de las ciencias y las tecnologías, desde hace unos meses se viene produciendo en la Argentina un corrimiento discursivo que apela a cifras macroeconómicas vacías que se conjugan con narrativas falaces del tipo “mientras haya chicos con hambre es injustificable que se financien ciertas investigaciones”. Al parecer, esto fue lo que dijo el actual presidente del CONICET, Daniel Salamone. ¿Nos perdimos de algo? Porque está claro que los recursos del desfinanciamiento y el desmantelamiento tanto del sistema científico y tecnológico como de las universidades públicas no están yendo a cubrir las necesidades básicas del sector más empobrecido de la población.

Esta misma trampa discursiva es la que ponderan ciertos medios periodísticos que promueven las patentes como instrumento para reducir la pobreza: “En un país con el 50% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, tenemos que apostar a la innovación científico-tecnológica. No podemos perder cuatro años más. ¿Qué esperamos?”, se preguntaba hace unos días en una entrevista un doctor en biología molecular. Lo que estamos esperando es que nos digan cómo se redistribuyen las ganancias de la innovación, porque de aprobarse el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) las empresas no van a tener que liquidar en el país los dólares que reciban por el cobro de sus exportaciones, con lo cual una mayor innovación puede ir de la mano de un mayor empobrecimiento de la población.

Cuando se resquebraja el decorado queda en evidencia que la apelación generalizada a la pobreza encubre proyectos que, en realidad, promueven una mayor concentración de capitales. Según datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, los mayores aumentos en el número de solicitudes de patente se produjeron en la India, país que sigue manteniendo un gran porcentaje de su población en condiciones de extrema marginalidad. Queda claro que las ciencias válidas para este modelo son aquellas que están al servicio del capitalismo más extractivista y que son funcionales a las reglas del libre mercado, sin importar cuán perjudiciales puedan ser sus prácticas y sus productos para los ecosistemas humanos y naturales, de allí que queden fuera del juego el amplio espectro de expresiones científicas que no sean funcionales a la dinámica acumulativa.

Esta articulación entre el Estado y ciertos sectores de la comunidad científica para ampliar la cuota de mercado de empresas trasnacionales en perjuicio de la propia producción nacional no es reciente, sino que es un proceso que a nivel global ya lleva un largo recorrido y que se ha profundizado a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los tantos oligopolios que han crecido de la mano de la comunidad científica global y los fondos gubernamentales de cientos de países de diversos colores políticos es la gran industria editorial científica. ¿Y cómo es el engranaje? Los Estados, a través de sus agencias de financiamiento, otorgan fondos para llevar a cabo investigaciones que incluyen partidas para pagar la publicación de sus resultados en revistas de la gran industria editorial científica, desfinanciando, desprestigiando y excluyendo del sistema a las revistas científicas editadas bajo modelos no comerciales como, por ejemplo, las editadas por las universidades nacionales.

Y ésta no es una narrativa creada desde las “periferias”. Según un estudio publicado por la editorial del mítico Massachusetts Institute of Technology, MIT Press, “desde principios de la década de 2010, más de la mitad de todos los artículos de revistas revisadas por pares han sido publicados por unas pocas empresas con fines de lucro que controlan la mayoría de las publicaciones académicas y contribuyen a una estructura de mercado oligopólica”. Según este estudio, en el período 2015-2018, sólo por el pago de los cargos de procesamiento editorial o article processing charges (APC), la comunidad científica pagó a las editoriales Springer Nature, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis y Sage un total de 1.060 millones de dólares.

 

 

Pero, ¿cómo llegan a ser oligopólicas? Las filas libertarias pregonan que, en la lógica del libre mercado, la competencia es la base de toda relación productiva. Sin embargo, la mayor trampa de este tipo de discursos es que esa competencia llevaría a una “auto-regulación” del mercado sin intervenciones, cuando en realidad se trata de una competencia altamente manipulada: si cuando evalúan tu desempeño, las comisiones evaluadoras te exigen que publiques en revistas de este grupo de editoriales comerciales, el negocio está asegurado: ya no son las empresas las que mueven los hilos, sino que son los sectores más conservadores de la propia comunidad científica los que hacen el trabajo por ellas.

Sin embargo, el relato construye simbólicamente la idea de que se trata de compañías que han logrado capturar el interés de la comunidad científica de forma “natural”, por sus propias capacidades operativas, cuando en realidad hay un mecanismo creado hace más de seis décadas que es reproducido por inercia por los Estados nacionales, las universidades, las comisiones evaluadoras y hasta áreas de docencia e investigación de hospitales públicos.

Este mecanismo fue promovido también durante años por fundaciones destinadas al financiamiento de investigaciones como Wellcome Trust o Bill & Melinda Gates Foundation. Sin embargo, mientras estas instituciones están cambiando sus políticas para desarticular la concentración de poder de las compañías editoriales, muchas instituciones de América Latina parecerían mirar para otro lado.

En su nueva política de “acceso abierto”, la Bill & Melina Gates Foundation establece que ya “no pagará los gastos de procesamiento de artículos (APC)” y que “cualquier tarifa de publicación será responsabilidad de los beneficiarios y sus coautores”. Ante este giro que implica una revalorización de otros modelos de publicación no comerciales, rápidamente las grandes editoriales comenzaron a ajustar sus modelos de negocios para seguir manteniendo su cuota de mercado.

En una nota publicada en Nature, titulada ¿Quién debe pagar la publicación en acceso abierto?, Katharine Sanderson menciona que los cargos por procesamiento de artículos o article processing charges (APC) “se han convertido en una parte integral (y a veces impopular) de la revolución del acceso abierto”, y entre las nuevas opciones que se están explorando destaca los nuevos modelos propuestos por la editorial PLOS: por un lado, el “community action publishing” (CAP), que establece tasas anuales fijas para las instituciones y da a sus investigadores oportunidades ilimitadas de publicar en ciertas revistas de esa editorial y, por otro, el modelo “global equity”, que propone tarifas anuales móviles ajustadas a las posibilidades de cada institución.

Si bien las nociones de “acción comunitaria” o de “equidad global” de PLOS parecerían proponer que la comunidad científica recupere la conducción de sus propios medios de comunicación, se trata en realidad de una apropiación de términos utilizados por los movimientos de Acceso Abierto y de Ciencia Abierta para instalar la idea de un pago institucional, es decir que las universidades paguen “planes” a menor precio para asegurarse que todas las investigaciones de cada institución se canalicen a través de esa editorial.

¿Pero se trata sólo de una cuestión económica o la industrialización de los medios de comunicación de las ciencias provocó efectos nocivos aún mayores? Al igual que otras industrias centradas en la reproducción y concentración de dividendos, la industria editorial científica busca aumentar su producción sin importar los efectos negativos sobre el ecosistema en el cual se inserta. La voracidad por el aumento de la producción provocó una demanda de híper publicación que invadió el sistema de artículos y provocó una crisis de los procesos de revisión por pares, generó “fábricas de artículos” o “paper mills”, empresas que producen artículos falsos, que aparentan ser investigaciones reales, con el propósito de vender la autoría. Incluso se está produciendo una desarticulación del interés genuino por la discusión como motor para la generación de acuerdos y consensos sobre la propia práctica científica.

Esta situación prendió las alarmas de los grandes financiadores de las ciencias y en diversas regiones del mundo se comenzaron a revalorizar modelos realmente más equitativos y colaborativos, que proponen repensar la práctica científica por fuera del esquema de industrialización y de la lógica competitiva planteada por el libre mercado, proponiendo un giro hacia la innovación abierta, la producción colectiva de conocimientos y el conocimiento como bien público. En esta línea, el Consejo de la Unión Europea en mayo de 2023 pidió a la Comisión Europea y a los Estados miembros “que apoyen políticas encaminadas a un modelo de publicación científica sin ánimo de lucro, de acceso abierto y multi-formato, sin costos para autores ni para lectores”, que es el modelo más utilizado por las revistas científicas de América Latina.

Las revistas que asumen este modelo de publicación, hoy denominadas “revistas de acceso abierto diamante” o “diamond open access journals”, en el caso de la Argentina han sido sostenidas durante años en las universidades nacionales por investigadores e investigadoras, sin una política universitaria clara de reivindicación, revalorización y puesta en valor. Y en el contexto actual de continuo descrédito de la importancia social de la universidad pública, y del desmantelamiento de medios de comunicación que aseguren la federalización de la información, entendemos que desde las universidades hay que redoblar la apuesta y generar una política universitaria de revistas científicas que permita reconocer la importancia de que el país cuente con sus propios canales de comunicación de las ciencias, que aseguren la pluralidad de perspectivas, reduzcan la contaminación y la erosión del sistema provocada por la gran industria editorial, y promuevan la recuperación de la discusión entre pares como una de las experiencias más enriquecedoras de la práctica científica.

Pero para que las revistas de acceso abierto diamante se tornen una alternativa real al modelo comercial es necesario consolidar la infraestructura tecnológica involucrada en las nuevas plataformas de publicación electrónica y asignar los recursos correspondientes, no en términos individuales, revista por revista, sino a través de los portales nacionales de revistas científicas y de las redes colaborativas de trabajo como la Red Sara, de manera de promover un crecimiento consorciado al interior de las universidades y entre universidades.

A contramano de la trampa discursiva creada desde el oficialismo y reproducida por diversos medios, creemos que la reducción del empobrecimiento no viene de la mano de las reglas del libre mercado, sino de la creación de capacidades vinculadas a la resolución de problemas sociales, al sostenimiento de redes de trabajo colaborativo y no competitivo, y a la generación de alianzas que posibiliten la apropiación de infraestructuras tecnológicas abiertas. Todas estas son prácticas que cotidianamente se llevan a cabo en las universidades nacionales, por lo que generar una política universitaria de revistas científicas no es más que un reconocimiento al gran trabajo que ya se viene haciendo al interior de cada universidad, y una puesta en valor del diálogo que entablan nuestras revistas con la producción académica y científica de otras regiones del mundo.

 

 

 

* La autora es docente-investigadora. Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús. Mail [email protected]

 

 

 

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