Redes, política e inteligencia

 

El primero de marzo detuvieron al ex presidente del club Barcelona Josep María Bartomeu, bajo la acusación de organizar una operación de difamación contra jugadores y funcionarios de su propio club, motorizada a través de las redes sociales. La investigación policial –que llegó a los titulares de los medios como Barçagate– identificó la contratación de un empresa de marketing digital cuya tarea consistía en desacreditar, desinformar y fabricar noticias falsas para debilitar a oponentes dirigenciales y lograr mejores condiciones de renegociación de contratos para el club, una vez que las cotizaciones de los futbolistas se hayan deteriorado.

El Barçagate motivó un debate en España y en la Unión Europea en relación con el rol institucional que han asumido determinados actores sociales corporativos, decididos a manipular a la opinión pública, con el aval o la indiferencia de las plataformas. Dado que el objetivo último de las mismas es mercantilizar todos los aspectos de la vida, son inexistentes las regulaciones dispuestas para limitar las operaciones de desprestigio, los discursos de odio, las estigmatizaciones y –sobre todo– los etiquetamientos ofensivos contra grupos vulnerables u organizaciones comprometidas en visibilizar situaciones de inequidad o expoliación.

Apenas una semana antes, el 24 de febrero, Jeremy Fleming, el director del Government Communications Head Quarters (GCHQ) –la oficina de ciber investigaciones  del M18, la central de inteligencia del Reino Unido– difundió una síntesis de su programa bianual, en la que posiciona a la Inteligencia Artificial (IA) y el espionaje de redes como elemento central de sus operaciones estratégicas para –afirman– combatir la desinformación y las noticias falsas. Según el documento difundido por Fleming, la IA ofrece capacidades para bloquear los ataques cibernéticos, prever patrones de actividad en redes y dispositivos, detectar transacciones financieras opacas y limitar las actividades de los enemigos del Reino Unido.

Los portales británicos que difundieron el documento del GCHQ silenciaron, sin embargo, el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2018 –pleno proceso de negociación del Brexit–, que consideró como ilegales a los programas de vigilancia masiva organizados por esa agencia desde hace una década. Entre las iniciativas de la GCHQ denunciadas figuran operaciones de  vigilancia de 22.000 niños de escuelas primarias y secundarias británicas –sin consentimiento de sus padres– en el marco de un relevamiento de competencias futuras de los estudiantes.

Las agencias de inteligencia como la GCHQ y las empresas de marketing digital comparten dos tareas centrales interconectadas: las expositivas y las extractivas. Las primeras se orientan a influir en segmentos permeables (previamente detectados y estudiados), y las segundas buscan recolectar información de los usuarios apropiándose de los datos provenientes de los diferentes soportes (celular, TV, computadora, tablet), con el objeto de sumarlos a la minería de datos imprescindibles para la Inteligencia Artificial (IA).

Quienes compran o alquilan soportes para difamar o construir agendas aptas a los intereses hegemónicos se escudan en la libertad de expresión y en la ausencia de regulaciones globales y nacionales. Las guaridas digitales desde donde se operativizan las campañas de desprestigio, con alta presencia en América Latina y el Caribe (ALyC), cuentan con servidores ubicados en jurisdicciones ajenas a los territorios en los que se llevan a cabo las operaciones.

La pandemia incrementó la virtualidad, y los relevamientos muestran que aumentará su impacto en áreas tan disímiles como las campañas electorales, la comercialización y la educación. Pero también incrementará su capacidad de daño en el desarrollo de cruzadas contra dirigentes políticos antipáticos para el capitalismo monopólico digitalizado. Sus tareas planificadas incluyen, además, la diseminación de pequeñas discrepancias al interior de los grupos subalternos, con el evidente objeto de impedir su articulación política con referentes opuestos a la lógica neoliberal.

 

 

 

Canales y soportes

 

 

 

Los canales a través de los cuales se concentra la emisión y la vigilancia de la IA en América Latina y el Caribe son:

• Las Redes Sociales (RRSS) como Twitter, Facebook, Instagram y Tik Tok.
• Los soportes de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y Signal.
• Los foros en línea y tableros de mensajes como Reddit.
• El correo electrónico.
• Y los tableros lúdicos, que agrupan comunidades de juego en línea.

Esos soportes son atravesados por una cronología explícita que modela gran parte de la agenda político-comunicacional que se instala y es recuperada, en Argentina, por la trifecta mediática (Clarín, La Nación e Infobae). Las cuatro etapas son:

(a) La Instalación, mediante la cual, un grupo de referentes preasignados propone la cruzada en formato de difamación organizada.

(b) La replicación a través de activistas y trolls contratados que amplían las imputaciones falsas.

(c) La irradiación: los bots –dispositivos automáticos que desparraman información con ayuda de la IA– se encargan de ampliar las operaciones propagandísticas de los referentes preasignados con el objetivo explícito de convertir sus posteos en hashtags/etiquetas (palabras o frases que se convierten en el centro de gravedad de las opiniones) aptas para reducir el debate y, al mismo tiempo, evitar que se hable de temas alternativos. Un bot es una cuenta automatizada, administrada por un algoritmo: no por una persona real. Está diseñado para replicar posteos sin intervención humana. Un troll es diferente de un bot porque el primero es un usuario real, generalmente contratado, mientras que los bots son automáticos. La actividad de trolling se sirve de los bots para extender sus mensajes.

(d) El Apalancamiento: las propaladoras de los medios concentrados recuperan la ofensiva desatada en las tres etapas anteriores y le brindan un barniz de rigurosidad periodística: cada vez más los soportes de las corporaciones neoliberales utilizan el entramado digital, como base, para fundamentar sus difamaciones políticas y auxiliar a los magistrados (cooptados por la derecha) para perseguir a sus enemigos políticos y empresariales en los estrados.

En ALyC,  las operaciones de difamación digital basadas en la desinformación y la transmisión de fake news se ejecutan a través de dos formatos. Por un lado, mediante la contratación directa de la plataforma Twitter Latam –sección latinoamericana de dicha corporación–, por ejemplo, garantiza hoy la cobertura defensiva de Horacio Rodríguez Larreta: ningún hashtag negativo logra posicionarse aunque medie una situación cuestionable, avalada por decena de miles de posteos.

Un segundo soporte son las empresas de marketing digital que ofrecen bots y trolls manejados a nivel doméstico, con aval subrepticio y pago de dividendos a los directorios de las empresas descriptas como canales. Un ejemplo de ese modelo fue el que terminó con el escándalo internacional de Cambridge Analytica, cuyo CEO reconoció haber trabajado para la elección de Mauricio Macri en 2015, después de haber utilizado –sin autorización– decenas de millones de cuentas de Facebook.

El capitalismo monopólico, de cariz imperial, vivió durante el siglo XX una fase de transnacionalización. Luego asumió una etapa financiarizada a partir de los años '70 del siglo pasado. En la actualidad se encuentra impulsado por el dinamismo de la digitalización que requiere información agregada para manipular las conciencias, establecer patrones de vigilancia a través de la IA y destruir a quienes sustentan posiciones soberanas. El 95 % de los canales que se utilizan en ALyC pertenecen e corporaciones de Estados Unidos y de Europa, países que controlan la minería de datos básica para la posterior mercantilización material y simbólica, medular en la actual etapa.

Frente a esta situación, varios países han decidido regulaciones que la trifecta mediática local intenta que no se conozcan. En España, en noviembre de 2020, se aprobó un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, enmarcado en las necesidades del Consejo de Seguridad Nacional. Entre sus competencias dispone el análisis sistemático de la información para establecer niveles para la prevención, detección, alerta temprana y respuestas frente a las noticias falsas y la difamación organizada.

En Alemania, en 2018, se aprobó la Ley Federal de las Redes, conocida como NetzDG. Dicha normativa le otorga a los difusores de noticias falsas el lapso de un día para retirar los posteos. Además las multas ascienden a 20 millones de euros y penalizan tanto al emisor original como al soporte en el cual fueron difundidas. En Francia existe una regulación desde 2018 que otorga potestad a los jueces para obligar a los emisores directos o indirectos a inhibir posteos o artículos en línea que generen desinformación, específicamente en relación con las  campañas electorales. Las penas incluyen hasta un año de prisión efectiva y multas de hasta 75.000 euros.

La recolección de información para darle soporte a la lógica mercantil de las trasnacionales y las operaciones destinadas a boicotear proyectos políticos soberanistas son las dos caras de una realidad que requiere respuestas urgentes y sistémicas. Las grandes corporaciones digitales tienen íntima relación con los agencias de seguridad de sus respectivos países. El ex CEO de Google que es asesor actual del gobierno de los Estados Unidos en temáticas de globalización digital impulsa que Washington utilice la IA para diseñar armamento autómata (robots) a partir de información que será recibida gracias a las tecnologías 5G.

Existe una hipótesis trivial que supone que el espacio de las redes sociales es independiente o autónomo de las relaciones políticas. De ahí se deriva la conjetura de que el activismo digital es extraño o incompatible con la militancia territorial. Error. Ambas prácticas sociales están conectadas en forma íntima y creciente. Son parte de un mismo fenómeno interdependiente cuya primacía es indudablemente política y no –como pretenden imponer las empresas de marketing digital– de índole comunicacional. Esa hipótesis es en muchas oportunidades expuesta de forma ambigua. Pero limita la imprescindible articulación de quienes no temen dar batallas contra los grupos hegemónicos. Incluso en un espacio, el virtual, donde los poderes fácticos se sienten, por ahora, dominantes.

 

 

 

 

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