Recuerdos para el futuro
El sindicalismo argentino y el debate pendiente sobre el trauma menemista
Murió Carlos Saúl Menem. Detrás de él aparece la transformación regresiva más profunda de nuestra historia. Instauró la cultura de decir en campaña exactamente lo contrario a lo que haría en la gestión de gobierno. Neoliberalismo peronista sin anestesia y con orgullo.
El sindicalismo repitió durante ese período lo actuado desde siempre y se produjo un cisma sin precedentes con la aparición de la CTA como otra central sindical. Esa fractura, que sin Menem no hubiera sucedido, sigue viva y sin debate. No hubo otro gobierno que destruyera tanto empleo e involucionara en la protección de los derechos de los trabajadores.
Se consolidó un sindicalismo empresario con la capitalización de AFJP de gremios, cundió la precarización de los contratos y la reducción de puestos de trabajo, la flexibilización salvaje a como dé lugar, los períodos de prueba interminables, las tercerizaciones de segunda y tercera generación en servicios públicos que a su vez eran subcontratadas y encomendadas a un cuentapropista para que lo brindara bajo su responsabilidad. ¿Es posible que el sindicalismo argentino aún no pueda debatir estas cuestiones?
La CGT transcurrió la segunda mitad del siglo pasado entre logros históricos y persecuciones brutales. La forma de representación de los trabajadores es hija de la lucha por sus derechos individuales y colectivos. La legalización de los sindicatos estuvo precedida por décadas de persecución y masacres. La constitución de la representación orgánica en la historia es hija de una política nacional y popular plasmada en el primer peronismo.
La resistencia de la clase trabajadora impidió durante 18 años que se consolidara el proyecto de país que quería la oligarquía y el imperialismo tras el golpe del 55. Putsch militares y apertura con proscripción del peronismo signaron los años de exilio de Perón y, tras su retorno, planificaron y ejecutaron el golpe genocida de 1976. Su principal destinatario, otra vez, fue el movimiento obrero.
Unidos y organizados pero reglamentados
La ley 14.455 de Asociaciones Profesionales puesta en vigencia por Arturo Frondizi en 1958 autorizó la creación de sindicatos, otorgó personería a la organización más representativa, estableció la figura del delegado y dispuso la prohibición de producir su despido sin autorización judicial. Parecía equitativa, controlaba los “excesos”, pero fundamentalmente le quitaba autonomía al movimiento obrero. Lo principal, escondido en los entresijos del articulado, era cambiar la integración peronista de las conducciones gremiales existentes. El intento de fragmentar el movimiento sindical no logró quebrar la decisión de las mayorías de sostener la agremiación por industria.
En 1973 la CGT suscribió con la Confederación General Económica (CGE) y ante el presidente Héctor Cámpora un Pacto Social que definió las políticas económicas hasta la muerte de Perón. La CGT se ocupaba de frenar como podía las demandas, amparada por violentos miembros de la Juventud Sindical Peronista (JSP) y bandas parapoliciales. La garantía era la cobertura del ministerio de Trabajo comandado por Ricardo Otero, hombre de la UOM Capital fiel a la conducción de Lorenzo Miguel.
Una numerosa vanguardia comandada por la Juventud Trabajadora Peronista y la izquierda combativa heredada del Cordobazo hacía necesaria para el establishment una nueva norma para evitar su ascenso orgánico por los escalones del poder sindical. En un contexto donde lo determinante era el enfrentamiento de la burocracia sindical con la tendencia revolucionaria del movimiento peronista, se votó la reforma de la ley de Asociaciones Profesionales a fines de 1973, en el marco de un reforzamiento de los lazos de la dirigencia sindical con Perón presidente.
La ley protegía la acción obrera dentro de la empresa; del mismo modo otorgaba instrumentos intervencionistas a las estructuras burocráticas que podían ver amenazado su poder por el cuestionamiento de algunas bases críticas de aquellas. La JTP expresó públicamente su opinión sobre el proyecto de ley: los cuestionamientos se centraban en la ausencia de artículos que garantizaran una real representatividad de las conducciones sindicales, lo que llevaba a la “perpetuación de las actuales conducciones”. El diario La Nación, por las dudas, criticaba el proyecto emparentándolo por su falta de democracia sindical con la Carta del Lavoro mussoliniana.
La protección de la manada
La dictadura patronal-militar instalada en 1976 tenía el plan de despedir a 200.000 estatales como parte de un proceso de ajuste de las finanzas públicas pergeñado por José Alfredo Martínez de Hoz. El 22 de enero Segba elevó la jornada de trabajo de 32 a 42 horas semanales. Redujo la extensión de las vacaciones –la empresa otorgaba días por encima del régimen general– y eliminó la calificación de insalubridad en varias áreas de trabajo.
Por la época doce delegados de Luz y Fuerza fueron secuestrados y nunca aparecieron. El gremio fue el primero en declarar una huelga general en 1977. El secretario general Oscar Smith comenzó negociaciones con el ministro de Trabajo de la dictadura, general Horacio Tomás Liendo, y su segundo, general Américo Daer, para lograr la reincorporación de los despedidos, y pareció haber acuerdo para levantar las medidas de fuerza y conseguir reincorporaciones.
Smith fue desaparecido el día de su reunión con los militares y asesinado meses después, según indicios de quienes lo vieron en distintos lugares de detención. Había tenido el coraje de enunciar la posibilidad de iniciar la resistencia obrera. En una reunión con Jorge Rafael Videla habló sobre el conflicto de Luz y Fuerza y agregó que parecía claro que algunos planes del gobierno requerían la destrucción de los sindicatos. Gracias a lo expresado en esa reunión por el Gato Smith, volvía a quedar blanco sobre negro la real intención del videlismo.
Buscando disciplinar al movimiento sindical, el gobierno dictó el decreto 385/77. Su artículo 3 establecía: “En el mismo plazo los empleadores requerirán a cada trabajador manifieste por escrito y en doble ejemplar si está o no afiliado a la respectiva asociación profesional con personería gremial. Uno de esos ejemplares los empleadores lo retendrán para su resguardo y el otro lo entregarán en la entidad gremial que correspondiere”.
Un ejemplar clandestino del periódico Unidad Socialista rescatado del olvido por la Fundación Pluma señala los trazos gruesos resultantes de la intentona del gobierno patronal encabezado por la Junta Militar por destruir el movimiento sindical. Allí se da cuenta de las repercusiones del discurso del ministro Liendo con motivo del Primero de Mayo. “No extraña el ataque a aquellos dirigentes que cometieron el ‘grave delito’ de resistir la política de racionalización. El fracaso del decreto 385 llevó a Liendo a señalar que ‘la reorganización sindical será gradual y evolutiva’”.
El artículo señala que “ningún gobierno patronal (y menos uno de esta naturaleza) tiene derecho a reglamentar la organización del movimiento obrero, aspecto privativo de los propios trabajadores. La existencia de sindicatos por industria, la organización de estos en federaciones y confederaciones y la unificación a través de una central única, son conquistas que el movimiento obrero alcanzó a costa de grandes luchas y la voluntad de los trabajadores de conservarlas se reflejó en el 91% de reafiliaciones en cumplimiento del decreto”.
La fecha fue calculada: en febrero las grandes plantas automotrices estaban de vacaciones y se realizaban “paradas” de mantenimiento en las mega plantas siderúrgicas, químicas y electromecánicas pesadas, esas que concentraban más de mil operarios y que de la mano del clasismo y la JTP habían tenido a mal traer a los popes sindicales de la derecha. Esos mismos dirigentes ahora estaban en desgracia, con Lorenzo Miguel preso en el buque 33 Orientales y los sindicatos divididos entre participacionistas variopintos que buscaban el padrinazgo de Videla, Suárez Mason o Massera. Los que no encontraban otra razón de supervivencia que defender callados a sus bases y cuidarse de los dardos envenenados de la represión eran muchos, pero poco visibles e imposibles de contar sin despertar el infierno.
Como tantas veces en que la política estuvo en manos de dictadores dueños de apreciaciones militares de los problemas políticos, la acción devino en reacción: no eran huelgas descoordinadas, aventuras aisladas de “núcleos violentos” en retirada. Fue una silenciosa conmoción en los lugares de trabajo que apenas pudo imponerle a los laburantes la disminución del número de delegados en planta. Por convenio se elegía un delegado cada 25 o fracción mayor de 17. Después las patronales tomaron la ley de los milicos que establecía un delegado cada 100. Muchas estructuras laborales no tenían ningún tipo de representación gremial.
Los salarios estaban en su nivel más bajo en veinte años. De las grandes automotrices bonaerenses sólo en Volkswagen había delegados. Las comisiones internas habían sido diezmadas por desapariciones y renuncias obligadas bajo amenaza de muerte. El avance de la dictadura estaba en curso. Siguieron los telefónicos y otros estatales como los ferroviarios, Gas del Estado y petroleros.
Centenares de miles de fichas por duplicado fueron llenadas trabajosamente bajo la mirada hostil de las patronales, que la jugaban de observadores neutrales mientras buscaban avanzar sobre las conquistas obreras con una menguada resistencia. La noche del terror seguía, pero miles de semillas estaban plantadas.
La ley Mucci y los 13 paros de Ubaldini
Con la recuperación de la democracia y el sueño alfonsinista del “tercer movimiento histórico”, la pata sindical era vital para concretarlo. Se imponía desplazar al peronismo de la hegemonía del sindicalismo y Raúl Alfonsín lo intentó, tras denunciar el pacto sindical-militar, llamando a la “democratización de los sindicatos”. El proyecto de ley de reordenamiento sindical buscaba limitar la posibilidad de reelección a cargos electivos, establecer la representación de las minorías en los consejos directivos, quitar a los sindicatos el manejo de las obras sociales y promover la creación de nuevos sindicatos. No le alcanzó a Alfonsín con la creación del ENTra (Encuentro Nacional de Trabajadores) compuesto por dirigentes perseguidos y encarcelados durante la dictadura como Alberto Piccinini o Julio Guillán, sumados a otros de origen radical o socialista que buscaban generar una masa crítica. El sindicalismo mayoritario se reagrupó en el período más largo de unidad bajo la conducción de Saúl Ubaldini.
La oposición al plan económico de Alfonsín en sus versiones Austral y Primavera capitalizó la crisis y el descontento hacia el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires con Antonio Cafiero en el 87 y en las presidenciales con Menem dos años más tarde. La CGT seguía buscando su rol de correa de transmisión de la justicia social en un gobierno peronista. Es innegable el rol del movimiento obrero en esa resistencia y también que al vislumbrarse el triunfo la primera decisión fue desplazar al ubaldinismo de la conducción de la CGT. Quedó claro que el sindicalismo de la resistencia no es utilitario para gobernar cuando las políticas no dan respuesta a las viejas banderas.
La aplicación de las políticas neoliberales dejó sin política a la CGT. Un puñado de dirigentes, sobre todo estatales, se convocó a una especie de congreso obrero para profundizar un debate de fondo sobre la causa de los males. La renuncia a las banderas históricas del peronismo y la falta de autonomía del movimiento obrero lo convirtió en correa de transmisión del gobierno.
El espacio alternativo fue ocupado por los gremios estatales y docentes. ATE y Ctera eran los dos pilares que se completaban con judiciales, prensa y pocos sindicatos de base de la industria que adherían por una cuestión ideológica. Mary Sánchez, Víctor de Gennaro, Germán Abdala, Alberto Piccinini fueron sus dirigentes más reconocidos. Así nació la CTA, reivindicando la libertad sindical para lograr paridad de reconocimiento con la CGT.
Juan Manuel “el Bocha” Palacios de la UTA, Hugo Moyano de Camioneros y Alicia Castro de Aeronavegantes encabezaron una corriente interna opositora a la conducción complaciente de la CGT. El Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) fue la otra pata de la resistencia. Todas las medidas de fuerza nacionales de la década del 90 fueron impulsadas por el MTA, la CTA y la Corriente Clasista y Combativa de Carlos “el Perro” Santillán. El debate interno era si había que romper con la CGT o recuperarla. La unidad estaba presente aún en el momento de la ruptura.
Las contradicciones que generó la segunda ola neoliberal de los 90 produjo a un profundo cisma en las entrañas del sindicalismo y del peronismo como experiencia histórica. La primera había sido con el terrorismo de Estado, y derrotar a aquella dictadura significó consolidar la democracia. La tercera, con Mauricio Macri, aún está en pleno desarrollo y se llevó puesto gran parte del Poder Judicial. El lawfare y la persecución son parte de la crisis terminal de ese poder del Estado. El gobierno de Alberto Fernández tiene la oportunidad de superar ese golpe con una profunda democratización del sistema de justicia.
El movimiento nacional está rezagado en el debate que se debe sobre el trauma menemista. La cúpula sindical vigente es parte de aquella historia de negaciones de derechos individuales y colectivos de los trabajadores. El sindicalismo apenas asoma una superación generacional, con una nueva dirigencia donde se integren las mujeres y lo más dinámico de los movimientos sociales para enfrentar a los desafíos del futuro.
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