Recalde, desde El Cohete

 

Cuando Héctor Pedro Recalde aportó su sapiencia a El Cohete, traía doce años de experiencia como diputado, de lo que nutrió sus setenta columnas con denuncias sobre el entramado anti obrero constituido por la Unión Industrial, parte del sistema judicial y gobiernos de derecha.

Venía de ser un indispensable en la defensa de los trabajadores. Luego de la reorientación de 2003 en el país, que salía del estallido de 2001, coorganizó desde la CGT, a la que asesoraba, unas jornadas que devinieron en una redacción colectiva que presentó como proyecto de ley sobre prevención, salud y seguridad laboral, cuya aprobación buscó, ya como diputado, en 2006, 2008, 2010 y 2012. No era hombre de bajar los brazos.

A mediados de 2016, como jefe del bloque de diputados peronistas, había coincidido con Horacio Verbitsky y el CELS en el rechazo a un fallo de la Corte que revocaba la sentencia favorable a un trabajador del correo despedido por realizar protestas sin aval sindical.

Sobre su carrera, manifestaba: “El mayor logro como abogado laboralista se lo debo a Mauricio Macri. El 12 de junio del 2017 se refirió a mí como el líder de la mafia laboral, o algo así. No sé cómo agradecérselo, aunque lo intento en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales”. 

En ese año culminó su mandato a la vez que despegaba El Cohete, al que luego del periodo estival sumó sus columnas, un tercio de las cuales correspondió a los dos últimos años macristas. En ese, su más prolífico periodo aquí, lo primero que detalló fue el “ahorro” que el “gobierno para ricos” conseguía a expensas de programas sociales, como la reducción en el Plan Remediar de 74 medicamentos a siete, además de la restricción en PAMI de la cobertura de medicamentos al 100%. Así presentado, se evidencia que Javier Milei haya venido a jugar el segundo tiempo del certamen macrista que aspiraba a “ir por la misma senda, pero más rápido”. La lista continuaba con las bajas del Plan Qunita, el FinEs y otras enumeradas en la nota “Cerrado por reformas”.

A partir de poner el ojo en casos puntuales, como el acuerdo para despidos en Carrefour y la flexibilización laboral o las condiciones que Mercado Libre impone a sus trabajadores, previó el crecimiento en la conflictividad y enumeró una docena de indicios concretos. 

Vio con beneplácito la reacción popular contra la reforma previsional que puso coto a que Macri aplicara la receta del FMI. 

Una página memorable fue su lista de las 20 mentiras de aquel Presidente, contrastables con veinte verdades 

1) No vamos a devaluar.

2) Mi primer compromiso va a ser una Argentina con pobreza cero.

3) Eliminar la inflación va a ser la cosa más simple que tenga que hacer.

4) El 82% móvil a los jubilados es un compromiso asumido.

5) No vamos a sacar los subsidios.

6) Vamos a construir un millón de viviendas.

7) Los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.

8) Las paritarias no van a tener techo.

9) Dedicaremos todo nuestro esfuerzo al crecimiento de la industria nacional.

10) Mientras sea Presidente, todos los argentinos tendrán acceso al fútbol gratuito.

11) El desarrollo científico y tecnológico es una prioridad de mi gobierno.

12) Tenemos que apoyar, reivindicar, pagar bien a los docentes y devolverles el prestigio que merecen.

13) Hay que expandir la economía. No vamos a hacer ajustes.

14) Vamos a generar dos millones de puestos de trabajo.

15) No voy a perseguir a quienes piensen distinto.

16) Es una convicción defender los derechos humanos.

17) No dije que voy a abrir la economía, hay que cuidar el empleo.

18) No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo.

19) Hay que respetar la carrera pública; hay que respetar el empleo público.

20) Queremos unir a los argentinos para una mejora de la calidad democrática.

Así contribuyó a bosquejar un iter criminis de Macri, a cuya carencia de sensibilidad social describió como con “un corazón offshore”. 

En abril del 2019 puso la lupa sobre el intento presidencial de favorecer a los empresarios por sobre los derechos de los asalariados, ya que bajo el nombre de “blanqueo” llamaba la atención respecto de la baja de registro de empleadores con sanciones laborales, entre otras perlas negras. 

Cuantificó el desastre: en tres años, el salario mínimo, vital y móvil cayó el equivalente a 150 litros de leche. 

Por eso, aprovechó una fecha peronista como el 17 de noviembre para extasiarse porque en cuatro semanas se iban. 

 

Judiciales

Macri, empecinado con que los juicios laborales generaban desempleo, había señalado que “estudios laboralistas, con un grupo de jueces conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina”.

Él auscultaba a otros jueces, como Claudio Bonadío, a quien le sumó una denuncia a su récord ante el Consejo de la Magistratura. Luego, a Mariano Borinsky, puesto por Macri como titular de la Comisión Redactora de Reformas al Código Penal, camarista que viajó a Washington “para presentar el proyecto a abogados, analistas y funcionarios de Donald Trump”. 

No se quedó ahí, en varias notas apuntó al máximo tribunal nacional, cuyas disputas internas eran vistas como un condimento de lo profundo: “El retroceso social impuesto por el modelo económico”.  A esa Corte llegó a corregirle un fallo (Varela c/Disco) al que le halló una referencia legal que la ley no decía. 

También hacia sus colegas dispensaba críticas; desconfiaba de los laboralistas que viven con un pie en cada caballo, a la vez que destacaba a sus colegas secuestrados la noche de las corbatas.

 

Estructural 

Ya como presidente de FUENTES y más allá de la coyuntural crítica al macrismo, su mirada se extendía al eterno conflicto de clases, por lo que hizo su aporte a un nuevo contrato social ciudadano; analizó la ley de trabajo en pos de señalar los derechos a recuperar, para lo cual veía la necesidad de unidad programática y organizativa, que sería “parcial, si no se conecta con un avance político con otros sectores sociales y con partidos comprometidos con las mismas premisas para la unidad de los trabajadores”. 

Su crítica más profunda al sistema fue sobre el efecto disciplinador de la caída a pique de los sueldos al plantear que, así como está normado, el salario mínimo, vital y móvil no respeta sus dos últimas características: “Debería modificarse la fijación del monto para garantizar el cumplimiento de la voluntad del legislador; se puede alcanzar mediante una cláusula gatillo mensual”, proponía. 

El mayor freno a tal avance progresivo proviene siempre de la clase patronal. Un vocero de aquellos era un nostálgico de la dictadura (visitante del reo Jorge Videla), Daniel Artana, quien dijo: “Tenemos problemas para invertir por una regulación laboral que era vieja hace 40 años. Encima, en la época kirchnerista, la han empeorado con todos los cambios motorizados por Recalde”.

Contra esos sectores discutía el abogado infatigable: “Persisten en culpar al derecho del trabajo por las crisis. Jamás explican por qué, con esa legislación laboral, la Argentina tuvo períodos de crecimiento del PBI y mejor distribución de la riqueza”. 

Los rebatió con datos de la Cámara Nacional del Trabajo: los juicios laborales bajaron de 111.143 (2016) a 84.070 (2017) y a 52.193 (2018). 

 

Alberto, querido

Durante el primer año del nuevo gobierno que siguió al macrismo, escribió sólo cinco notas, desde las que comenzó pidiendo no olvidar qué pesada era la herencia de Macri. Pronto debería repensarse todo en el marco de una nueva crisis: la pandemia, por la que pasó de mirar dónde se trabajaban más horas por semana, a fundamentar por qué no son legales despidos ni suspensiones durante la pandemia.

En tal situación, cuando el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que dejarían de mantener a millones de desempleados, Recalde desbrozó lo relevante: “No existe una relación necesaria entre el bajo desempleo que se traduciría en mayor puja salarial” e inflación. 

Avanzó en señalar los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que la dictadura eliminó y que el gobierno debería reponer. Un aporte medular.

Dedicó el segundo año de Alberto a denunciar una deuda social insoportable; enumeró los derechos laborales desaparecidos en pos de que fueran restablecidos, detalló las deudas del Congreso con los proyectos para ampliar derechos laborales de las mujeres y reducir la inequidad en los ambientes de trabajo. Planteó que el subsidio por desempleo debía extenderse a los no registrados, así evitarían revictimizar a quien estuvo “en negro” y el Estado obtendría información para proteger a otros ante empleadores que violan la ley. Ponderó que reducir la jornada generaría empleos, con aumento de la productividad y disminución de los accidentes de trabajo; propuso empezar por las horas extras.

 

Labor legislativa

Como parte de lo que llamaba “autocrítica” de su labor legislativa, llamó a restablecer el mínimo de indemnización por despido sin causa duplicado por Perón y que la dictadura mutilara. Lo decía él, un infatigable que había presentado un proyecto tendiente a garantizarle a los trabajadores participación en las ganancias de las empresas (derecho consagrado por la Constitución), en línea con los intentos de Hipólito Solari Yrigoyen en los ‘80. 

Con tal antecedente, criticaba a Florencio Randazzo porque, con la excusa de lograr una legislación laboral moderna, proponía flexibilizar los derechos en los nuevos empleos. O a Horacio R. Larreta quien, a dos días de un cierre de campaña, opinó que debería modificarse la indemnización por despido, en línea con lo que Domingo Cavallo incorporó en la Ley PyMES (1995). La pretensión para los trabajadores era “cuentas aseguradas de capitalización y ahorro” (C.A.C.A.). Le pareció una expresión más honesta que la del secretario de Empleo de Macri: los trabajadores son lo que las empresas “comen y descomen”.

Por eso, celebró las multas millonarias a empresas transportadoras de paquetes por negarles derechos a sus trabajadores. 

 

 

 

 

En colaboración 

En seis notas de coautoría con Paula Nievas Ibañez, entre mayo del ‘21 y septiembre del ‘22, develó cómo, desde 2015, la doctrina laboral de la Corte se alineaba con los intereses empresarios, aun en contra de su jurisprudencia y de los derechos constitucionales. Citó sus fallos regresivos de protección al negocio de las ART y de la salud privada. Y la connivencia de la Corte con la reforma regresiva del macrismo al sistema de riesgos del trabajo. A la vez, exponía lo inconstitucional y discrecional de la Corte según sus preferencias políticas; proponía en cambio una reforma judicial para garantizar derechos a los ciudadanos y no a grupos concentrados.

 

 

 

Al Consejo

Hacia octubre de 2022, Recalde recibió la mención de honor “Diputado Juan Bautista Alberdi”, faro del derecho laboral. Por entonces, lograba una banca en el Consejo de la Magistratura. En tal destino pondría su próxima mira, al rebatir a la Corte por invadir una esfera legislativa con la anulación del decreto de la presidenta del Senado que designaba al senador Claudio Doñate al Consejo. 

 

A votar

En sus siete notas del año electoral 2023, como tema de campaña, insistió con su proyecto de legislar la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, como manda la Constitución desde hace dos tercios de siglo, y de recuperar los derechos abolidos por la dictadura.

Señaló la necesidad de hallar mecanismos eficientes para lograr el pago de los créditos laborales. 

Para el aniversario de la Revolución de Mayo y los 20 años del ascenso de Néstor Kirchner, detalló la reforma laboral que queremos. Una nota para guardar.

Aunque a tono con la que se veía venir, instó a votar bien; refutó en forma minuciosa la contra revolución patronal y recordó la constitucionalización de los derechos sociales que Milei proponía suprimir.

 

Último año

Ya con nuevo inquilino en la Rosada, aportó argumentos precisos para cuestionar la negativa oficial a homologar las negociaciones paritarias; cuantificó el ajuste y la caída del empleo; categorizó la ley bases como violatoria de los derechos humanos; evidenció el avance contra los derechos y conquistas laborales.

En su última nota, hace dos meses, le retrucó a la UIA su viejo cuento sobre la industria del juicio y subrayó la incompatibilidad entre lucro y salud.

 

Legado

A su muerte, aunque algún diario progre lo saludó con un artículo copiado de Wikipedia, es bueno que sea recordado como el diputado que rechazó 20 millones de dólares de coima por parte de empresarios, aunque él hubiese puesto la lupa en los jueces que sólo los castigaron con un trabajo comunitario.

También habría destacado que el copartícipe de la denuncia fue su hijo Mariano, de militancia estigmatizada, y traería a colación que tal estigmatización es un mecanismo que en Estados Unidos llaman defensa canalla, que descalifica al interlocutor sin cuestionar su pensamiento. 

Habló de ello en sus reiteradas defensas a CFK, sobre quien destacó: “Si bien sostengo que importa lo que se hará, más allá de las personas, estoy convencido de que la persona es Cristina Fernández de Kirchner y aspiro a que sea nuestra candidata”.

Más allá de la persona que acaba de partir, quienes vivimos de nuestro trabajo —y no aspiramos a otra cosa— despedimos, con admiración, a un imprescindible.

 

 

 

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