Reagrupamientos

 

No es fiscalismo, es clasismo

El gobierno de Milei decidió esta semana la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en paralelo anunció la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El nuevo ente formará parte del organigrama del Ministerio de Economía, y supuestamente tendrá una “estructura simplificada” –ya hay 3.000 despidos en marcha—, y “tendrá a su cargo la gestión de los recursos tributarios y aduaneros con el objetivo de optimizar los recursos, simplificar funciones y reducir la sobredimensión que había adquirido la estructura de la AFIP”. El objetivo del cambio sería “mejorar el control tributario y aduanero mediante una operatividad más ágil, en línea con las políticas de reorganización y transparencia administrativa impulsadas por el Poder Ejecutivo”.

La destrucción de la AFIP, en un marco de alta improvisación –el nombre ARCA, por ejemplo, ya está registrado en la Provincia de Catamarca— constituye un nuevo peligro, generado desde el propio gobierno, para la continuidad normal de la recaudación impositiva.

En la gestión de De la Rúa, con similares criterios de jibarización del Estado, se tomaron créditos internacionales (¡deuda externa!) para financiar la reducción del personal de la AFIP, pagándose grandes sumas en concepto de retiros voluntarios a personal altamente capacitado. Así se debilitó al organismo, en un contexto de grave debilidad de las cuentas públicas. El criterio de reducción estatal primaba sobre el de “cuentas equilibradas”.

Es muy llamativo que este gobierno juegue a la austeridad con la institución encargada de la recaudación impositiva en una coyuntura de equilibrio fiscal precario, aplicándole a la AFIP criterios completamente arbitrarios de reducción de personal, como se está haciendo en el resto de reparticiones del Estado. En la expulsión de personal que se viene implementando desde diciembre, no prima un criterio racional, basado tanto en la relevancia pública de los organismos achicados y/o suprimidos, o en la capacidad, idoneidad y trayectoria del personal, sino en acusaciones fantásticas vinculadas a mitos sociales como los de los “ñoquis” o los “militantes K”. Esos son los argumentos para la venta a las masas del producto “despidos en el Estado” .

En cambio, cuando el gobierno la habla a gente “más seria”, aparecen supuestos criterios fiscalistas, es decir, la búsqueda incesante de ahorro de recursos para mejorar los resultados de las cuentas públicas. El criterio sagrado –para la clase dominante argentina— del achicamiento del Estado, aparece reforzado en esta administración retrógrada, con la absoluta hostilidad a las funciones complejas y contemporáneas, que van más allá de la configuración de un estado bananero periférico.

Pero tampoco la explicación fiscalista de las decisiones del gobierno es cierta.

No es verdad que se suprimen todo tipo de gastos: se sostienen las exenciones impositivas de casi 2,7 % del PBI a diversas actividades empresariales (incluidas grandes empresas que no lo necesitan ninguna ayuda pública, como Mercado Libre o Globant), o al Poder Judicial que mantiene un privilegio social monárquico de no pago del impuesto a las ganancias.

Al mismo tiempo se renuncia a cobrar impuestos razonables, que existen en otros países, como el impuesto a los Bienes Personales, a la Herencia, o a las ganancias extraordinarias.  En la misma línea inexplicable fiscalmente se procede a tratar de vender empresas que no dan pérdida, como Aerolíneas Argentinas, o que dan ganancias, como ARSAT, o que podrían darlas, como el reactor CAREM, para favorecer a sectores privados que reclaman nuevos negocios a costa de la soberanía del país.

A estos ejemplos, que revelan que la prioridad no es alcanzar un equilibrio fiscal en la forma menos incruenta y más equitativa posible, se suma ahora la improvisación en la transformación de los organismos de recaudación y la consiguiente desorganización de la administración tributaria.

En realidad, el eje de fondo es exclusivamente clasista: favorecer de todas las maneras posibles a las grandes concentraciones de capital y a los altos ingresos, reduciéndoles por todas las vías la presión impositiva, a expensas del deterioro de las estructuras del Estado y de los ingresos de la mayoría de la sociedad.

En la disputa por la Ley de Presupuesto 2025, este sesgo clasista y antinacional debe ser denunciado, y debe constituirse en un difundido mecanismo de impugnación de la supuesta “austeridad” del mileísmo.

 

 

Macri y Milei, los dos pilares de este gobierno

Diversos datos y señales políticas indican un principio de reacomodamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei —representado por su influyente asesor Santiago Caputo—, que incluyen el dar espacio a ciertos reclamos macristas para ocupar puestos en áreas estratégicas en el gobierno liberal libertario, con capacidades regulatorias sobre grandes negocios privados.

Macri ha venido apoyando consistentemente la demolición del Estado y la redistribución del ingreso de Milei mediante el respaldo de sus bloques parlamentarios. Su aparato de prensa se limita a escandalizarse por las “maneras rudas” que muestra el responsable del Poder Ejecutivo, pero acompaña los cambios de fondo, mientras mantiene eternamente viva la llama de la lucha ideológica contra el “populismo”, o sea contra todos los representantes de los intereses populares en la arena pública.

Es razonable que esto ocurra, dada la gran coincidencia programática entre ambas figuras de la derecha argentina, en relación a construir una sociedad “de mercado” donde rija como máximo principio ordenador la rentabilidad del capital global, y donde revisten escasa importancia cuestiones “menores”, como la república, la democracia, la soberanía, la cohesión social o la convivencia pacífica.

Si este principio de acuerdo se consolida, a pesar de las desconfianzas mutuas y de la competencia por el espacio en la sociedad que tienen objetivamente, se podría eventualmente extender también al área de las opciones electorales para 2025 – aunque allí queden aún numerosas cuestiones a resolver.

Es interesante observar en ese contexto cómo se hará para que confluyan públicos muy diversos que han arrastrado unos y otros en las elecciones pasadas.

El público macrista viene de haber votado masivamente a Milei, luego de descartar a Rodríguez Larreta en la interna, y de haber quedado muy lejos de poder entronizar como Presidente a la actual ministra represiva Patricia Bullrich. ¿Alcanzan esos antecedentes para que respondan masivamente al llamado a votar a personajes lumpénicos de la política, u oportunistas desconocidos que posan de libertarios?

Cuando se discute sobre el deterioro cultural e intelectual de la sociedad argentina en los últimos tiempos, muchos análisis se enfocan en el voto libertario puro, el de gente más joven y/o más precaria económicamente, repartida en toda la geografía nacional, y atravesada por todo tipo de dificultades, frustraciones y discursos de escaso contenido conceptual.

Sin embargo, esos análisis se saltean un proceso involutivo formidable por el que atraviesan los sectores medios que vienen siguiendo desde 2015 a Cambiemos y a Juntos por el Cambio.

Entre los hitos mayores de esa involución, figura el 41% que volvió a votar por Mauricio Macri en 2019 luego del calamitoso gobierno que protagonizó, simplemente para no votar a alguien señalado por Cristina Kirchner, convertida a esa  altura –para ese público— en la síntesis del mal, tal cual como les predicaron incansablemente una legión de medios/agitadores.

De consolidarse el acuerdo, quedan pendientes cuestiones relevantes de liderazgo, como por ejemplo dónde queda Macri en estas derivas políticas, si se da un trasvasamiento de parte de su público a la órbita libertaria. ¿En dónde residiría su futura influencia política? ¿Sólo en jueces de Comodoro Py, en los medios que controla y en algunos grupos empresariales en los que participa?

Cuando empezó esta historia, los votantes PRO, además de un fuerte anti-kirchnerismo, parecían creer en otros valores que trascendían los negocios de su líder. De hecho, algún analista optimista supuso la aparición de una “derecha democrática y moderna”. Hoy nadie se atrevería a realizar esa aseveración sobre el público de Milei, que presenta elementos fuertemente conservadores y reaccionarios en consonancia con el trumpismo que imita. El público que se consideraba a sí mismo como de “centro derecha”, “moderado” o “serio”, ¿está dispuesto a acompañar a esto que hoy nos gobierna?

Lo cierto es que sin esa derecha macrista, el actual experimento nunca hubiera llegado al gobierno, y hoy no podría sacar ni una ley. Todo lo que pasa, pasa porque el tándem Milei-Macri, más allá de los chisporroteos, está funcionando para sostener la actual regresión económica y social. Deberían compartir el destino del actual gobierno.

El radicalismo, entre el centro y la derecha

La semana pasada aportó la novedad de la ruptura del bloque de diputados de la UCR, con 12 legisladores que se referencian con Manes y Lousteau abandonando el bloque principal, y llamándose “Democracia para Siempre”. Nótese que la mayoría del bloque se quedó, en torno a la posición de convergencia disimulada con el gobierno mileísta. Rodrigo de Loredo dijo en estos día que "la UCR tiene que ser oficialista del cambio".

Seguramente el diputado no ignora la connotación política de la palabra “cambio” desde las elecciones de 2015: la ambigüedad de la palabra sirvió para que el “cambio” fuera un cambio hacia la derecha, a los proyectos neoliberales de subdesarrollo que nos vienen castigando desde 1976.

Así, el gobierno encabezado por el empresario prebendario Mauricio Macri se denominó “Cambiemos” y su segunda versión “Juntos por el Cambio”.

En las elecciones del año pasado, para mucha gente el “cambio” era Milei, que continúa con el viraje hacia el atraso y la miseria. Para De Loredo, la UCR debe ser oficialista de ese rumbo. Y en esa aventura, arrastra a dos tercios de su bloque legislativo.

Quienes se fueron, pretenden rescatar algo del legado histórico radical, y también reflejar el posicionamiento del radicalismo universitario, muy afectado por las políticas del gobierno nacional que apoya… la UCR. Pero quienes sostienen aún esta política con sus votos, apuntan a ser una colectora parlamentaria, sin personalidad alguna, del proyecto neocolonial que encabeza Milei.

Ruidos kirchneristas

Quiso el destino –por la abierta deserción de otros sectores— que el kirchnerismo, o una parte importante de él, se haya transformado hoy en la agrupación política parlamentaria más importante que aún defiende la idea de un proyecto nacional para la Argentina.

La responsabilidad histórica que cae hoy sobre el espacio nacional y popular es enorme, debido al  desgajamiento de los sectores de centro, que terminan de una forma u otra apoyando a una experiencia de gobierno extremista, llamada precisamente a arrasar a los sectores medios.

El derrumbe político-cultural que llevó a que un personaje como Milei pudiera llegar al gobierno de la Argentina genero un desafío notable: no es para minorías ni para sectas la enorme tarea de revertir este cuadro de postración nacional. Es una tarea colectiva de enorme magnitud. Pero la calidad de la tarea requerida no es apta para amontonamientos sin rumbos precisos.

Las discusiones en torno a la presidencia del Partido Justicialista, un partido que no se ha caracterizado precisamente ni por el dinamismo ni por la creatividad política, seguramente esconden otras tensiones que surgen a partir de reacomodamientos internos en el espacio.

La actual situación nacional no autoriza a perder de vista las cuestiones estratégicas que nos involucran. El actual rumbo lleva a la profundización inevitable del subdesarrollo y la desintegración social, o a una reacción vital que reencauce el país hacia un proyecto de Nación.

Una figura indiscutible de la historia argentina, Estela de Carlotto, muy consciente sobre lo que también se está jugando en el terreno de los derechos humanos, supo convocar en el marco de una celebración a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, que compartieron un momento altamente simbólico. Es así. Ambos están del mismo lado de la historia.

Pero también llegó un inesperado mensaje del Norte, que constituye —sin quererlo—, también un llamado a la reflexión.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York le ordenó a la Provincia de Buenos Aires pagar u$s 124,8 millones a acreedores externos, debido a un litigio que los fondos de inversión Glacial Capital y  TRSE Holdings entablaron contra la provincia, disconformes con el último canje de deuda que se realizó en 2021. Funcionarios bonaerenses explicaron que “el proceso de reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires concluido en 2021 permitió canjear el 98% de los bonos, y resolver de esa forma el problema de insostenibilidad de deuda existente”. Del 2% que no quiso arreglar, sólo Glacial Capital y TRSE Holdings iniciaron demandas.

Tres elementos deben considerarse frente a esta novedad:

• El sector social que desde el golpe de 1976 viene endeudando sistemáticamente a la Argentina en sus respectivos gobiernos es la elite económica, que siempre termina promoviendo aperturas financieras y el ingreso indiscriminado de capitales volátiles frente a cualquier otra opción más productiva o más racional. Luego de estos gobiernos, el país queda atrapado en una trama global, que responde a los intereses de los países centrales, que obliga a los sucesivos gobiernos a “honrar sus compromisos” con los acreedores financieros. Es la historia de estos 40 años de democracia.
• No deja de resultar sospechoso el reciente fallo de la Justicia norteamericana. Ya hemos señalado en otras oportunidades nuestras severas dudas sobre su transparencia e imparcialidad, como lo mostró en su momento el juez Griesa, y su llamativa consonancia con los criterios jurídicos de los fondos buitre. En ese momento tuvimos que sufrir un fallo considerado aberrante, que el gobierno “demócrata” dejó pasar, dada su discreta hostilidad al gobierno argentino encabezado por CFK. Ahora aparece un fallo contra el gobierno de la principal provincia argentina —sometida a una brutal presión financiera debido al ajuste salvaje nacional y que debe sostener y proteger a vastas franjas de ciudadanos pauperizados residentes en su territorio—, y cuyo gobernador es francamente opositor al gobierno del capital global, encabezado por Milei.  Sin duda, la “Justicia norteamericana” colaboró políticamente en el intento de desestabilizar y desgastar al gobierno de Cristina. De la derrota de 2015 surgió el gobierno de Mauricio Macri, que no sólo procedió a pagarle a los fondos buitre todo lo que reclamaban, sino que lanzó otro brutal ciclo de endeudamiento.
• Hay que estar prevenidos frente a la Justicia norteamericana. Pero más prevenidos aún hay que ser con los gobiernos argentinos que sistemáticamente atraen fondos financieros que nunca generan producción ni trabajo, pero sí deudas eternas y mayor dependencia. Hoy tenemos a uno de esos gobiernos que trabajan en función de intereses externos. Que endeudan, o que pagan deudas con patrimonio nacional estratégico, como hizo el menemismo con las empresas públicas. Son gobiernos que no dudan en endeudar o en pagar las deudas en los términos que reclaman los acreedores.

También por eso, las fracturas del espacio nacional son un lujo que no nos podemos dar.

Estados Unidos en la ruleta

Faltan ya pocos días para las elecciones norteamericanas. De hecho hay ciudadanos norteamericanos que ya están votando por correo.

Se llega a estas elecciones con un altísimo nivel de incertidumbre, con varios estados habitualmente no alineados con Demócratas o Republicanos en los que la intención de voto entre ambos candidatos aparece prácticamente empatada.

A pesar de la amplia información de la que se dispone, las principales encuestadoras se declaran incapaces de vaticinar un resultado nítido. Pero no sólo eso: Trump, que tenía proyecciones de votación menores a Harris, ha logrado en las últimas semanas reducir las distancias. Muchos analistas creen que estados decisivos pueden terminar arrojando un triunfador por sólo unos miles de votos. Dado el sistema electoral norteamericano, existe la posibilidad de que cualquiera de los dos, en el Colegio Electoral, derrote en forma contundente al otro, a pesar que los votos populares sean muy similares. El sistema indirecto genera esa posible distorsión, que puede resultar políticamente explosiva.

El escenario es fuertemente volátil e incierto. Ambos bandos han hecho mucho por demonizar a los otros. Hace apenas unos días, Kamala Harris ha definido a Trump como un “fascista”, término no muy habitual en la política norteamericana. A su vez el republicano cuenta con un núcleo de público fanatizado, que cree firmemente en el relato trumpista de que le fue “robada” en 2020 la elección en la que resultó electo Joe Biden. Por lo tanto, un resultado muy ajustado, como el que se prevé, puede desatar situaciones muy conflictivas.

Siendo Estados Unidos el corazón financiero y militar del planeta, sus elecciones son relevantes para todos. El impacto sobre la economía mundial, sobre los mercados financieros, sobre el valor de los activos, sobre los movimientos de capitales y sobre las expectativas económicas globales, es inevitable.

Para la Argentina, una turbulencia política y financiera en los Estados Unidos, el país del cual este gobierno intensivo en fantasías espera recibir la salvación, puede ser un dato clave para alterar el rumbo económico, social y político del país. En ese caso, los actuales reagrupamientos conservadores en marcha pueden quedar como ensoñaciones de un pasado que tenía pies de barro y que sin embargo la pirotecnia cotidiana del oficialismo impedía ver.

 

 

 

 

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