Ragone vuelve

 

Ricardo Lona fue a la casa de Miguel Ragone el mismo día que una patota lo secuestró en plena calle. Les prometió a los familiares de Ragone, el gobernador peronista desplazado por una intervención del gobierno federal antes del golpe, que iba a encontrar a los responsables. No fue exactamente lo que hizo. Antes de que se cumplieran tres meses del secuestro, dictó un sobreseimiento parcial y dejó que la causa se llenara de telarañas hasta regresada la democracia, cuando sintió nuevos vientos y agregó un par de fojas a la maltrecha investigación. Lona, juez federal de Salta durante la dictadura, fue condenado la semana pasada a quince años de prisión por haber encubierto la desaparición del gobernador.

 

Un par en el banquillo

El juicio fue breve. Arrancó el mes pasado y terminó el martes último. Dos de los jueces que intervinieron, Gabriela Catalano y Juan Carlos Reynaga, votaron a favor de que se lo condenara a quince años de prisión. Su otro colega, Gabriel Casas, también se inclinó por una condena, pero a seis años y pidió que se la considerara parcial o completamente cumplida.

En la sala hubo llantos, gritos y mucha emoción. Antes se habían escuchado aplausos para Lona, que ese mismo día dijo sus últimas palabras. Esa mañana lo acompañó mucha gente con la que había trabajado hasta su renuncia en 2003.

Para sus últimas palabras se valió de unas hojas que llevaba prolijamente ordenadas en una carpeta negra. Les dijo a los integrantes del tribunal que no les pedía clemencia, sino justicia. Aunque también le restó valor a su tarea al compararlos con el Juicio a las Juntas. “Había que tener valor para llevar adelante ese juicio”, dijo Lona, que tiene contacto directo con uno de los miembros de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes. Ricardo Gil Lavedra, actual coordinador de Justicia 2020, lo ha asesorado en las causas y ha presentado varios recursos ante la Cámara de Casación Federal y la Corte Suprema.

La condena coincidió con lo que había pedido la fiscalía – representada por el fiscal Carlos Amad y acompañado por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la fiscal Ángeles Ramos. Los fiscales celebraron la condena. “Fue golpear el corazón del poder en Salta”, dijo Amad después de la sentencia. Los fundamentos se conocerán el 8 de octubre.

 

El secuestro

Ragone salió de su casa a las ocho de la mañana del 11 de marzo de 1976. Era un día especial. Se cumplían tres años desde que había ganado la gobernación. Una intervención ordenada por María Estela Martínez de Perón lo había dejado fuera del cargo desde noviembre de 1974. Desde entonces había vuelto a trabajar como médico.

Puso en marcha el Peugeot 504. Avanzó por el Pasaje Gabriel Puló, donde vivía, y dobló a la izquierda hacia la calle del Milagro. Había hecho casi una cuadra cuando sintió el estruendo en el auto. Un coche lo chocó, el otro se adelantó y le bloqueó el camino. Dos hombres se bajaron rápido, se subieron al auto de Ragone y lo redujeron. Forcejearon, se escucharon seis disparos y lo desplazaron hacia la parte trasera del Peugeot.

Margarita Martínez de Leal tenía 26 años y trabajaba sobre esa misma calle en una empresa que se llamaba Betella Hermanos. Se asomó a la calle, vio algo de lo que pasaba. Fueron segundos porque un hombre joven, de pelo corto, la detectó, la miró y le apuntó con una ametralladora.

Santiago Catalino Arredes estaba atendiendo su almacén cuando escuchó los frenazos, los tiros y los gritos. Salió a ver qué pasaba. Les gritó a los secuestradores. Los que iban a bordo de un Chevy naranja detuvieron la marcha y le pegaron un tiro en el pecho. Murió al instante.

 

El expediente

La investigación por el secuestro de Ragone, el homicidio de Arredes y las heridas de Margarita se inició a las 8.40 de ese 11 de marzo de 1976. A la mujer herida y al hombre fallecido los habían trasladado al Hospital San Bernardo. Desde ahí llamó a la comisaría el policía que estaba de guardia. La misma policía le avisó a Lona, que era juez federal y nada indicaba que tuviera que intervenir.

Lona fue hasta la calle del Milagro y después, según declaró, hasta la casa de los Ragone. Les entregó un zapato del ex gobernador que había quedado en la calle tirado, producto de los forcejeos dentro del auto. Les prometió investigar. Ni la entrega del zapato ni el compromiso asumido quedaron plasmados en el expediente.

La investigación siguió en manos de la policía salteña, con la que Ragone había tenido un enfrentamiento abierto durante su administración. Los policías, según declararon, hicieron 200 allanamientos y más de 30 detenciones durante el primer día. Todas fueron más de diez horas después del secuestro, lo que —más allá de la espectacularidad— les dio amplio margen a los secuestradores para abandonar la zona. Para los allanamientos y las detenciones que se practicaron no hubo orden judicial, al menos en el expediente. Para la fiscalía, lo que hubo fue un visto bueno para soltar una cacería.

Lona no citó a nadie a declarar: ni a la familia de Ragone, a los vecinos que vieron el secuestro, ni siquiera a Margarita. Le entregó el cuerpo de Arredes a su hermano, que era comisario, sin realizar una autopsia.

 

El cierre

Dos meses después del secuestro, el 14 de mayo de 1976, la policía le mandó el expediente a Lona. No había sospechosos ni líneas de investigación consolidadas. A los cinco días, el juez le dio vista al fiscal. El 31 de mayo, pese al compromiso con la familia de investigar, declaró su competencia y sobreseyó provisionalmente la causa.

Algo parecido había hecho con otra investigación que le había tocado en suerte y que había tenido a Ragone, entonces gobernador, como víctima. El 16 de octubre de 1974, un grupo que se daba en llamar Comando General Güemes (Triple A) puso un artefacto explosivo en la Legislatura, amenazando de muerte a personas vinculadas a Ragone, al propio gobernador y reclamando su renuncia. Lona sobreseyó esa causa el 19 de enero del año siguiente. El expediente no mostraba ningún atisbo de dar con los responsables.

La causa por el secuestro de Ragone permaneció inmóvil durante toda la dictadura. En junio de 1984, el hijo de Ragone pidió que se desarchivara. En agosto de 1986, Lona agregó una denuncia que había recogido la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) sobre la participación de policías en el secuestro del ex gobernador.

El juez hizo unas diligencias. Buscó en otras causas. Vio que uno de los posibles involucrados era el militar Juan Carlos Grande, subjefe de la policía salteña. El 17 de noviembre de 1986, se excusó por tener una supuesta enemistad manifiesta con Grande.

Una actitud prescindente pese a su promesa de investigar hasta las últimas consecuencias.

 

 

La otra causa

Con su condena, Lona se convirtió esta semana en ser el octavo juez en ser condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, ya totalizan doce los funcionarios judiciales que recibieron condena por hechos similares. Días atrás, la Sala IV de la Casación Federal confirmó la sentencia del juicio de los jueces en Mendoza.

Pero al ex magistrado salteño todavía le demandan otras respuestas. Lona renunció como juez en 2003 para evitar la destitución por juicio político. El gobierno de Néstor Kirchner no le aceptó la renuncia y la Corte sostuvo que el jury debía continuar, aunque terminó absuelto. Uno de los tres casos que pesaba en su contra fue su actuación como magistrado en la Masacre de Palomitas de julio de 1976, cuando once presos fueron sacados de una cárcel y fusilados en el sur de Salta.

El juicio contra Lona por ese caso está parado a la espera de que la Corte resuelva un recurso planteado por el ex juez. El máximo tribunal pidió en noviembre de 2017 los autos principales de esa causa a Salta. Llegaron once cuerpos el 20 de abril del año pasado. El expediente fue pasando por las vocalías de Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton. Falta que lo vean los otros dos supremos restantes, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y que el tribunal resuelva.

 

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