Desacatados

 

El Poder Judicial apunta contra los defensores de comunidades mapuche en la cordillera. Esta acción política institucional se articula con fallos que mayoritariamente deciden el desalojo de territorios tradicionales en conflicto, ahora alentados por la derogación de la Ley Nacional de Emergencia de los Territorios Índígenas (de 2006) y el proyecto libertario en general. La semana pasada, un juez de Neuquén incluyó en un fallo advertencias amenazantes para el profesional que representa a una comunidad que se pretende desalojar de tierras ubicadas en el parque nacional Nahuel Huapi. Días antes, un querellante denunció a un defensor público de la circunscripción Bariloche por supuesto exceso en la defensa de otra comunidad mapuche, en un caso en que se concretó el desalojo.

El pensamiento hegemónico en el Poder Judicial es criminalizador, racista y con escasa capacidad de aceptar planteos que objetivamente cuestionen a las clases dominantes. Por eso, fue muy valioso el fallo de otro juez que descartó la existencia de amenazas, violencia y terrorismo en la defensa de tierras en conflicto en el sur de la provincia de Neuquén.

 

 

Apriete forzado

Francisco Astoul Bonorino, juez civil de la circunscripción IV de Villa La Angostura, Neuquén, amenazó con denunciar a Luis Virgilio Sánchez ante el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén por presuntas violaciones al código de ética profesional durante su labor en la defensa de la ocupación tradicional del territorio de la comunidad Kinxikew de Paso Coihue, en la costa norte del lago Nahuel Huapi. A la vez, ratificó el desalojo de la lof Melo, cuyas tierras forman parte del mismo espacio compartido con Kinxikew, en favor de una familia terrateniente asentada en Bariloche.

 

 

Según el juez, desde el año 2016 a la fecha, se han interpuesto varias veces recursos de distinta índole alegando siempre lo mismo (una ley que hoy no tiene vigencia), y siempre ha sido rechazado el planteo. Así, el juez sostiene: “Desde el mes de agosto del año 2022, cuando ordené que se haga lugar al desalojo ya ordenado en diciembre del año 2018, hasta la fecha, han pasado dos años y medio, sin decir absolutamente nada nuevo, sino que lo que viene a reclamar ya se juzgó, ya se resolvió, y opera con total firmeza”. En el escrito notificado la última semana, cuestionó “la conducta” de Sánchez, advirtiendo que pedirá la formación del tribunal de ética si su futuro desempeño profesional en ese legajo no cambia, ya que, además, podrían “confundir a la ciudadanía”.

Bonorino dispuso el desalojo de un lote de 625 hectáreas en favor de María Cristina Broers, ubicado junto a la costa del brazo Huemul del Nahuel Huapi, próximo a la ruta de acceso a Villa La Angostura desde Bariloche. La familia Melo ocupó tradicionalmente ese lugar, al punto que las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar consignaban la existencia del “puesto Melo”. Broers recibió los supuestos derechos a la tierra de Emilio Ovrum, su tío, comerciante de Bariloche con inversiones en el cerro Campanario, entre otros intereses inmobiliarios.

Sánchez es vicepresidente de la Asociación Gremial de Abogad@s de la República Argentina, organización que informó de la gravedad del fallo judicial. Hace pocas semanas, el gobierno nacional lo apartó de la jefatura de la delegación Esquel de ARCA, cargo al que había accedido por concurso y que desempeñaba sin conflicto de intereses con su integración del equipo de la gremial en las defensas de las lof Winkul Mapu (Villa Mascardi), Paicil-Antreao (Villa La Angostura), Plácido Puel (Villa Pehuenia) y Kaxipaxiñ (lago Mari Menuco, Neuquén), entre otras.

 

 

 

 

Otro caso

Buenuleo o Güenul era lafkenche, gente del lago, ocupante tradicional de islas en el Nahuel Huapi hasta que la administración de Parques Nacionales los expulsó al borde de la estepa de Bariloche. Reasentados allí, protegen las nacientes del río Ñireco que abastece a buena parte de la ciudad.

Ahora la Justicia de Río Negro desalojó a la lof Buenuleo de una fracción del territorio y se la entregó a Emilio Fiedrich, quien la compró en una operación plagada de irregularidades. Al hacer lugar al reclamo del particular, la Justicia fracturó la unidad territorial mapuche. A la par, obligó a la comunidad a permitirle al privado el uso de un camino interno para entrar y salir de esas 92 hectáreas en conflicto. Desde hace años, Marcos Ciciarello, del Ministerio Público de la Defensa de Bariloche, representa a Buenuleo en este caso. El 6 de marzo pasado se consumó el desalojo. La Fiscalía, con el auxilio de una máquina vial del municipio, hizo derribar la tranquera de acceso al territorio de Buenueleo y garantizó el libre tránsito a Friedich hacia su fracción recuperada. Ciciarello consideró que la Fiscalía se excedió en los términos del fallo del desalojo y lo planteó en audiencia. Esa audiencia pública fue demasiado para la querella de Fiedrich; denunciaron formalmente a Ciciarello, según informaron a través de la prensa, aunque no había sido notificado al cierre de esta nota.

El caso Buenuleo fue usado por el Tribunal Superior de Justicia local para fijar su doctrina condenatoria sobre las “vías de hecho”, como caracterizó a las prácticas colectivas del pueblo mapuche-tehuelche de defensa integral del territorio ante la falta de respuesta político-administrativa. El Poder Judicial convirtió a este conflicto en emblemático, en total acuerdo con el gobierno nacional, que anuló toda la documentación emitida en su favor por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Ciciarello representó también al grupo de seis amigxs de El Hoyo, noroeste de Chubut, que la Fiscalía de Bariloche pretendió criminalizar como presuntos autores del incendio intencional de una chacra de El Bolsón, lugar al que habían ido a colaborar como voluntarios en el combate del fuego en febrero de este año. El grupo estuvo detenido durante varios días.

La APDH local y otros espacios respaldaron el equipo de la Defensoría de Bariloche que integran, junto a Ciciarello, Natalia Araya, Mónica Goye y Nelson Vigueras, a la vez que alertaron sobre la gravedad institucional que supone la persecución a los profesionales.

 

 

Una voz en el páramo

Eduardo Daniel Egea, juez en lo Penal, explicó que un insulto o una amenaza verbal no necesariamente constituye una amenaza según el Código Penal. Lo hizo durante la audiencia pública en la que se conoció su fallo. En este, absolvió a dos integrantes de la comunidad Paicil-Antreao de los delitos de presunta turbación de la posesión en perjuicio de una familia del lugar e intento de robo de un celular a un abogado integrante de esa misma familia. En la espiral ascendente de criminalización, la argumentación y actitud de Egea aportó a la búsqueda de la resolución del conflicto social por fuera del Poder Judicial.

Llamó la atención sobre el uso de la palabra terrorismo en las audiencias de este juicio, aunque nunca se formularon cargos de aplicación de la figura penal correspondiente. Lo mismo sobre la supuesta violencia en que habrían ocurrido los hechos que se juzgaban, la que descartó de acuerdo a la prueba aportada por las partes y la Fiscalía. Egea confirmó que no hubo ni terrorismo ni violencia el 3 de febrero de 2024, cuando una docena de integrantes de Paicil-Antreo impidió que particulares delimitaran con estacas un sector afectando un camino de uso interno. Todas mujeres —algunas con sus niñxs— acompañadas por Damián Olivero, lonko (autoridad) de la comunidad.

La familia querellante apelaría el fallo de Egea. Es la misma que se apropió de las fracciones que vendieron a Emanuel Ginóbili, causa que ganó el año pasado la comunidad, siempre con la defensa de Sánchez.

 

 

Tóxico

Los recursos del Poder Judicial son infinitos para cercenar a los más débiles el libre ejercicio de derechos, filigrana que incluye restricciones a la prensa en ocasiones. En este panorama opresor se inscriben los casos persecutorios en Chubut, que incluyeron la expulsión de una jueza que no estuvo de acuerdo con sostener condenas extremas a pedido de la policía.

 

 

 

 

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