Caer en libertad

 

Cuando Javier Milei estuvo el viernes 13 en Expoagro, ponderó su “plan de estabilización”. Expresó que las críticas a su política eran por la “destrucción de la actividad”, pero que eso no había ocurrido porque “la recuperación fue en V”. A pocos días de su discurso, a escasos kilómetros de donde habló, la empresa del grupo Techint —la planta de Ternium en Villa General Savio del partido de Ramallo— anunció suspensiones masivas para sus obreros porque “cayeron los pronósticos de ventas”. Para la actividad industrial no hay recuperación, todo es caída.

“Arrancó un esquema de suspensiones rotativas en toda la planta, por ahora con personal propio”, expresa Fabián Gigli, secretario de prensa de la Unión Obrera Metalúrgica seccional San Nicolás-Ramallo. Sobre la cantidad de suspendidos, informa que “en marzo serían 50 trabajadores, aproximadamente”. Pero la cifra aumentará con el correr de los meses. “En abril, 80 y en mayo, más de 100”, indica. A los trabajadores se les abonará un 75% de su sueldo los días de suspensión. No se descuenta el presentismo y con el acuerdo interno entre UOM y la empresa “se busca que cada trabajador no pase de tres días de suspensión al mes”.

Las razones son que “cayeron los pronósticos de ventas y terminó el período de vacaciones”. La UOM planteó para las vacaciones (en la planta Siderar, llamada Ternium) cubrir vacantes con personal propio en el período de noviembre de 2024 hasta marzo de 2025.  Fue para no “tener suspensiones ni baja de personal”. Esa estrategia y esquema permitió que el impacto no se sufriera antes. El gremio se anticipó a lo que se venía, resguardando y protegiendo el trabajo de los obreros. La empresa aceptó esa propuesta. “La preocupación era que cuando se terminara el período de vacaciones, si la producción no levantaba, íbamos a tener este problema”, precisa Gigli. De la V de Milei, ni noticias.

Para la UOM, esta caída se intenta afrontar de la mejor manera posible para los obreros. “Con el menor costo posible para la gente”, expresa Fabián Gigli. Con respecto a la relación que tiene la empresa con las políticas del gobierno, el gremialista dice “que es medio desconcertante”. Ejecutivos que formaron parte del grupo que comanda Paolo Rocca, que apostó en las elecciones por Javier Milei, están hoy en el gobierno. Fue público que el empresario en el balotaje aportó 20 millones de pesos declarados —no se sabe cuánto fue el dinero no declarado— para su campaña, a través de su firma Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio S. A. 

Una vez que el libertario llegó al poder, Rocca ocupó lugares con sus hombres: Horacio Marín, director de Tecpetrol, empresa petrolera del grupo Techint, es presidente y CEO de YPF; Matías Farina, de Tecpetrol, es funcionario del área de Exploración y Producción de YPF; Gustavo Gallino, ex director general de Techint Ingeniería y Construcción, es vicepresidente de infraestructura de YPF; Federico Barroetaveña, trabajó en área financiera de Techint, es director financiero de YPF; Lisandro Deleonardis, ex director de Relaciones Institucionales de Techint, es vicepresidente de Asuntos públicos de YPF; Luis de Ridder, ex gerente de Petróleo de Tecpetrol, es subsecretario de Hidrocarburos de la Nación; Horacio Amartino, a cargo de Presupuestos, Planning y Control de Techint, es director de la Unidad Ejecutora de Gasoductos; Miguel Ponte, ex Recursos Humanos de Techint, está en la Secretaría de Trabajo; Julio Cordero, que formó parte del Departamento Jurídico de Techint, es secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Ernesto Rona, supo ser directivo de Techint y especialista en Recursos Humanos, es funcionario en la Secretaría de Trabajo.

El sindicalista explica su desconcierto: “Por otro lado, también está la situación de la posibilidad del ingreso de chapa de afuera, sobre todo de China o Brasil. Eso perjudicaría enormemente a las empresas. Sobre todo, estas empresas grandes. Por eso digo, es contradictoria la situación de Rocca con el gobierno, es rara”. Lo que pase en 2025 dependerá de que se reactiven sectores que están dañados por las políticas libertarias, como la construcción. “Y siempre dependiendo de que no entre mucho material de afuera”, expresa Gigli. 

 

 

De locos

Si la situación de la industria no es buena —dada la paralización de la obra pública, el mercado interno resentido por la caída del consumo, producto de bajos salarios—, es de suponer que el CEO de una industria como Ternium alerte del camino que está adoptando el Presidente, que lejos está de ser de recuperación como pretende hacer creer. Pero nada de eso sale de la boca de Martín Berardi, presidente de Ternium Argentina. El 11 de marzo, el grupo Cadena 3 transmitió radialmente desde Expoagro. Ahí estuvo Berardi que enfocó los problemas detenido en el árbol, para que no se vea el bosque que está talando Milei. Apuntó a lo que se le cobra por la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH). Un comunicador radial tiró el centro oportuno, para el cabezazo de Berardi.

Guacamayo I, arrojando el centro: Hace tres días estuve en Mendoza y hablaba con un productor que se quejaba de lo siguiente: “La municipalidad me cobra alumbrado, barrido y limpieza y yo tengo una finca; estoy en el medio del campo. No me dan ninguno de esos servicios”. Era un pequeño productor de Luján de Cuyo. A ustedes que tienen una gran empresa en Ramallo, aquí cerca, con más de 4.000 personas, ¿qué les cobra la Municipalidad de Ramallo que les gustaría que les deje de cobrar, porque a todas luces resulta indebido hacerlo?

Martín Berardi: Mirá, es un tema muy delicado. Nosotros pagamos en el mes de diciembre 170.000 pesos por mes por empleado de Tasa de Seguridad e Higiene. Tenemos 3.500 empleados. Hacé la cuenta de lo que es.

Guacamayo II: El 10% de los salarios, más o menos. Apenas un poquito menos.

M. B.: Pero ahora nos pasaron un aumento del 60%, 70; vamos a pagar arriba de 300.000 pesos por empleado por mes de tasa de seguridad e higiene.

Guacamayo II: ¡Qué locura eso! ¿Quiénes son los concejales que deciden eso?

M. B.: Esto es lo que hay que controlar. Un servicio que es el controlable de higiene y seguridad se convirtió en un impuesto de hecho. Y lo define el Concejo municipal.

 

 

Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el Presidente Javier Milei, reclaman a las provincias y municipios la reducción de impuestos y tasas. El presidente ejecutivo de Ternium, Martín Berardi, fue en esa misma línea desde Expoagro. Con la decisión de mantener el tema de su preocupación en agenda de los medios comerciales, brindó una nota al diario La Nación el 12 de marzo, cuyo título se desprende de lo que Berardi calificó como: “Una cosa de locos”. En su bajada, la nota precisa: “Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium, señaló que la tasa de seguridad e higiene en el partido de Ramallo aumentó de $172.000 a $330.000 por empleado; deberá pagar el equivalente a 14 millones de dólares en el año”.

 

 

 

 

Cordura

El 13 de marzo, en la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo, se inauguró la escuela técnica N.º 2, Héroes de Malvinas. La secundaria tiene la especialización en electromecánica. La obra de esa escuela fue interrumpida en 2019 (tiempos de Perié y Vidal) y retomada por el intendente Mauro Poletti en 2024. El gobernador Axel Kicillof y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, estuvieron allí. Poletti no perdió la oportunidad para responderle a Berardi. Sin nombrarlo, se refirió a sus dichos. Dijo que no era cierto que se les estuviera cobrando lo que afirmó el presidente ejecutivo de Ternium, dado que existió un descuento el año pasado del 40% para la empresa. 

Precisó lo que desde El Cohete revelamos, en su debido momento, sobre la política tributaria regresiva que ejerció su antecesor, el intendente del PRO, Gustavo Perié. “Nos enseñaron, cuando leímos historia y economía política, que un sistema tributario es regresivo cuando el que menos tiene más paga. Y eso es lo que sucedía en el partido de Ramallo. Los vecinos pagaban un 80% de incremento de tasas promedio todos los años, mientras que las grandes empresas pagaban un 25 o 30%. ¿Qué es lo que produjo esto? Básicamente, que se desfinanciara la gestión”, señaló Mauro Poletti y evaluó la pérdida del salario de los trabajadores municipales. “Pero también, esta multinacional que ayer nos criticaba, donaba un tomógrafo usado al hospital José María Gomendio. Y el tomógrafo usado tiene un tubo que tiene cierta cantidad de disparos, entonces cuando se agotaron todos los disparos, el tomógrafo estuvo dos años sin funcionar, producto del desfinanciamiento municipal”, indicó.

 

 

De esa manera, Mauro Poletti dijo que había prometido en su campaña que el esfuerzo no sería solamente de la gente. “Los que mayor poder adquisitivo tienen son los que mayor cantidad de dinero tienen que pagar. Pero no es para un intendente o para una gestión, es para los vecinos. Porque los trabajadores de esa empresa, cuando se enferman van al hospital José María Gomendio o a las unidades sanitarias y nosotros tenemos que tener médicos y medicamentos”. Enumeró las inversiones en educación y salud, de las que pueden hacer uso los trabajadores de la empresa. Realizó una crítica al indicar: “Estamos viviendo en una Argentina diferente. Donde ciertos sectores y medios de comunicación son compasivos, se ponen en la piel, tienen empatía con un grupo económico, con una multinacional, pero no son empáticos y no dicen absolutamente nada cuando agreden a nuestros jubilados miércoles tras miércoles, que pelean por lo que lucharon toda su vida”. 

El presidente ejecutivo de Ternium, alineado con el gobierno del que el grupo Techint es socio, no admite que la problemática existente son las políticas económicas que afectan el mercado interno, lo que produce la caída de la producción industrial por la que debe llevar adelante suspensiones de las y los trabajadores en la planta de Villa General Savio. Se ahorra saliva para realizar una crítica, cuando sabe perfectamente que son las políticas anti-industriales que ejecuta Milei las que los afectan. Prefiere apuntar al impacto ínfimo que tiene la TISH. Incluso —también como informamos—, recurrió al Poder Judicial en 2017. Todavía esa causa está abierta y no han podido demostrar, ni acreditaron documentadamente la incidencia del pago de la TISH en su capacidad contributiva, ni pudieron responder qué prueba tienen de la supuesta “confiscatoriedad” que objetan. Chillar en los medios que sostienen parece ser su juego, donde claramente hacen campaña en un año electoral.

 

 

 

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