Quién pone
La decisión presidencial de prorrogar la cuarentena por lo menos hasta fines de abril salvará entre 80.000 y 120.000 vidas, según el cálculo que realiza en esta edición del Cohete Esteban Lifschitz, investigador del Instituto de Medicina para la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En la conferencia del viernes, el Presidente Alberto Fernández dijo que de no haberse dispuesto la cuarentena hoy habría 45.000 infectados (en realidad sólo hay 1975).
Otra tabla que presentó indica que en la Argentina la letalidad es del 4,2%.
Lo que no hizo es cruzar ambos datos. El 4,2% de 45.000 es 1.890. Esa es la cantidad de muertos que tendríamos al viernes 10, en vez de los 82 reales.
Los gráficos comparativos con las situaciones de Estados Unidos, Italia, España, Brasil y Chile demuestran el acierto de las decisiones adoptadas en cuanto el virus fue detectado dentro del país, antes de lo que el Ministro de Salud Ginés González García esperaba. Sin embargo, el Presidente estuvo lejos de jactarse. Dijo que era un logro de la sociedad, que se hizo protagonista voluntaria de la cuarentena, agradeció a los intendentes propios y de la oposición pero advirtió que aún no había llegado el pico de la pandemia y que sólo se había ganado tiempo para poner en mejores condiciones el maltrecho sistema de salud recibido en diciembre de 2019, luego de años de desinversión e indiferencia.
Binomios
Esto dimensiona en una moneda más dura que el dólar o el bitcoin la frase que tanto irrita a quienes prefieren el otro término de la ecuación: “Entre la economía y la vida, elijo la vida”. Es una expresión tan simple como lo fue el anuncio de que su gobierno distribuiría gratis todos los medicamentos que consumen todxs los jubiladxs, porque entre lxs jubiladxs y la especulación financiera estaba con lxs jubiladxs. Esas frases fueron su verdadero despegue como candidato, un primer atisbo de la capacidad de liderazgo por la que Cristina lo eligió para encabezar esta etapa y que hoy son evidentes hasta para Jaime Durán Barba, cuyos esfuerzos por distanciarse de Maurizio Ya fue Macrì lo dicen todo.
En aquel momento Fernández no sabía cómo hacer realidad su promesa. Desde antes aún de asumir la presidencia, Luana Volnovich se ajetreó buscando de qué modo despejar la incógnita y así honrar la palabra empeñada. Otro tanto ocurre con el segundo binomio, el que reúne y opone dos términos complementarios. Ni Fernández ni nadie conocen la hoja de ruta precisa para privilegiar la vida sin al mismo tiempo colapsar la economía. Este es el mismo dilema que enfrentan todos los jefes de Estado o de gobierno del mundo, desde los más poderosos hasta aquellos cuyo horizonte nunca fue más allá de la supervivencia, pero es difícil saber si esa simultaneidad es un atenuante o un agravante.
Por un lado, alivia saber que no se están pagando las consecuencias de errores propios (el único imperdonable habría sido reelegir en 2019 al desastroso anterior gobierno) sino de una hecatombe universal que hace el mal sin mirar a quien.
Por otro, es angustiosa la idea de que no hay a quien recurrir, porque a nadie le sobra nada. Por supuesto, hay grados y matices. El gobierno de Alemania protestó por la política salvaje de Estados Unidos, cuyos agentes llegan al pie de la bodega de los aviones para apoderarse de insumos críticos a punto de despegar hacia otro destino. Y mientras rapiña donde puede respiradores y barbijos, su Presidente Donald Trump despliega una flota sobre Venezuela y firma un decreto autorizando a empresas de su país la exploración y explotación de minerales… en la luna. Trump rechaza el acuerdo internacional de 1979 por el cual 18 naciones declararon a la luna como un bien común de la humanidad.
El problema no es el gasto
No obstante, Alberto reiteró que el Estado llegaría con la ayuda necesaria a todos quienes la necesiten. “El problema mío en este momento no es el gasto público sino la salud de los argentinos”.
Esta es una frase que hasta febrero hubiera desatado un vendaval de críticas al populismo. Hoy es apenas una armonización con lo que están haciendo las mayores potencias occidentales: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, el resto de Europa, y también lo que plantean los organismos internacionales como la CEPAL, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Nadie pone límites a la magnitud de la impresión de dinero para mantener en pie lo que se pueda de las respectivas economías. Estados Unidos aprobó un paquete de 2 billones de dólares (trillions) y ya está considerando otro aún mayor. Por cierto, la pandemia no suspende las triquiñuelas políticas. Los demócratas pusieron como condición para votar el paquete que se creara un comité independiente de supervisión de su uso. Trump lo aceptó y de inmediato despidió al supervisor para reemplazarlo con uno de sus abogados. Una de las publicaciones más sofisticadas para inversores, Zerohedge, sostiene que el jueves 9 la Reserva Federal "nacionalizó el mercado de valores". Hacía dos semanas que estaba comprando bonos corporativos de empresas calificadas como investment grade, pero ahora también bonos basura, fondos de inversión y hasta emisiones municipales. Sólo le falta adquirir acciones, y comenzará a hacerlo después del próximo crash.
El Tesoro Británico tenía una línea de descubiertos por 420 millones de euros en el Banco de Inglaterra, que en la crisis de 2008 se amplió a 22.000 millones. Ahora se anunció que no tendrá límite alguno, es decir lisa y llana emisión sin respaldo.
El Fondo Monetario y el Banco Mundial están abogando por un perdón de las deudas insostenibles de muchos países, que hoy parecen cambio chico en comparación con los temidos defaults corporativos. El virus no ha hecho más que poner en tensión la burbuja que se infló desde la crisis de 2008 y que hoy amenaza incluso la posición del dólar como reserva de valor.
El Fondo reconoce que el mundo ha ingresado en una recesión igual o peor que la de 2009, cuya recuperación prevista para el año próximo dependerá tanto de la contención del virus como de las medidas aplicadas “para ayudar a que hogares y empresas se mantengan a flote e impedir que un problema de liquidez se convierta en uno de solvencia”. El FMI ya recibió más de 90 pedidos de financiamiento de emergencia, de los cuales el 40% provienen de mercados emergentes (la categoría en que la jerga ubica a nuestro país); calcula que esos pedidos ascenderán a 100.000 millones de dólares, de los cuales ya está en trámite la mitad, y declara tener una capacidad de respuesta de hasta diez veces más, un billón de dólares (trillions), para asistir a los países golpeados por la pandemia. En un informe inusualmente detallado estima que los países más poderosos implementaron medidas fiscales por 8.000 billones, entre las que destaca “como una guía útil para otros” transferencias directas de dinero a hogares y empresas afectadas por interrupciones en el suministro y caída en la demanda; subsidios salariales y desgravaciones; extensión y refuerzo de los seguros de desempleo; licencias pagas por enfermedad. El FMI también encomió el rápido relajamiento de la política monetaria dispuesto por muchos bancos centrales, proveyendo de liquidez a los bancos y financieras que prestan a pymes y sugiere que los gobiernos ofrezcan garantías para las necesidades crediticias de esas firmas. Del mismo modo, los reguladores financieros pueden alentar la prórroga de vencimiento de los créditos. Todo eso es lo que está haciendo el gobierno argentino. “El ritmo de la recuperación económica dependerá de las políticas que se adopten durante la crisis. Si esas políticas aseguran que los trabajadores no pierdan sus empleos, que los propietarios e inquilinos no sean desalojados, que las empresas no quiebren y que se preserven las redes comerciales, la recuperación ocurrirá antes y con menos daños. El Fondo está listo para ayudar a los países que no tengan capacidad fiscal para respaldar esas medidas”, dice el informe. Si bien la Argentina no está entre “los países más pobres del mundo”, a los que debería suspenderse el cobro, se mantiene la definición previa de insustentabilidad de la deuda argentina, lo cual habilita además de la postergación de los pagos, la recepción de ayuda de emergencia. El gobierno estima que podría recibir unos 3.500 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro del FMI.
Reformas radicales
Ante este certamen internacional de una rama tan especializada de la industria gráfica, la diferencia entre dólares, euros, libras esterlinas y pesos es accesoria. Los pesos no sirven para pagar importaciones, pero sí para todo lo demás. Si los experimentos del macrismo sobre seres vivos acabaron con uno de los mitos de la ortodoxia, la actual emergencia pone a prueba su reverso. Entre 2016 y 2019 se redujo la base monetaria en términos nominales y esa astringencia, en vez de controlar la inflación, la impulsó a su nivel más alto en tres décadas. La caída vertical de los tres componentes de la demanda agregada (consumo, inversión y exportaciones) debería permitir ahora la absorción de los nuevos pesos sin un rebrote inflacionario, salvo por los aumentos de precios que el Presidente consideró infundados y que con ayuda de gobernaciones y municipios tratará de controlar. Los mercados locales nunca fueron perfectos, y el gobierno habla con frecuencia de la cartelización de la oferta. La cuarentena suma una nueva grave distorsión: si sólo está permitido abastecerse en el barrio de cada quien, la competencia por precios se torna utópica. Está pendiente además la resolución del conflicto por los sobreprecios que Desarrollo Social pagó a intermediarios comerciales para aprovisionarse de azúcar y aceite. Si bien ratificó su confianza en el ministro Daniel Arroyo, a quien colocó por encima de cualquier sospecha de corrupción, el Poder Ejecutivo anuló la compra y fijó nuevas reglas que aún no se han puesto a prueba: si los proveedores siguen plantándose, según la gráfica expresión arroyina, el Estado debería recurrir a la expropiación del producto.
Desde Londres, nada menos que el Financial Times anunció que la dirección política que prevaleció en las últimas cuatro décadas, es decir desde los años de Maggie y Dutch, como se llamaban en la intimidad la señora Thatcher y Ronald Reagan, requiere "reformas radicales”, lo cual no guarda relación con el partido conservador que en la Argentina se denomina radical. El celoso guardián periodístico de la ortodoxia hace gala de pragmatismo al advertir que “los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía”. Esto implica “ver los servicios públicos como inversiones y no como pasivos, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros". Hasta planteó la redistribución de la riqueza, con “impuestos sobre la renta y el patrimonio” y un ingreso básico universal. Al mismo tiempo, desde la otra costa del Atlántico Norte, el Washington Post también defendió el establecimiento de un Ingreso Básico Universal, con un cheque para cada ciudadano a fin de mes. El propio diario dice qué cambió para que el sentido común de la sociedad dejara penetrar esta idea que hasta hace un año era privativa de algunos académicos libertarios, del activismo de extrema izquierda o un experimento en una pequeña comunidad finlandesa. Debido a la cuarentena por la pandemia, la Organización Mundial de Comercio advirtió que la caída del comercio global puede significar una nueva Gran Depresión (que es lo que ocurrió hace 90 años). En apenas cuatro semanas, 17 millones de estadounidenses perdieron el empleo, una cifra alucinante y sin precedentes. La organización humanitaria Oxfam advirtió, también desde Londres, que si los gobiernos no toman medidas urgentes, 500 millones de personas caerían en la pobreza en todo el mundo.
Durante la conferencia de prensa del viernes, una pregunta se dirigió hacia una posible rebaja impositiva. Fernández dijo que la caída de la recaudación lo hacía imposible (según datos extraoficiales, esa merma de ingresos es del 30% para el gobierno nacional, del 40% para las provincias y del 50% para los municipios). De modo que la búsqueda de recursos genuinos para sostener los distintos programas de alivio iniciados adquiere una alta prioridad. Alberto reiteró que conoce el proyecto de Máximo Kirchner. En realidad, conoce la idea general, porque el texto aún está en elaboración, que centraliza el diputado y banquero cooperativo Carlos Heller.
Un impuesto extraordinario
Uno de los aportes más sólidos que recibió fue presentado por la CTA, cuyo secretario general, Hugo Yasky, integra el bloque de diputados del oficialismo, que encabeza Kirchner.
En su elaboración participaron los economistas de CIFRA, el Centro de Investigación y Formación de la central. Redactado en forma simple y clara, calcula que el esfuerzo fiscal asumido por el gobierno para proteger la salud, el empleo y los ingresos de la población asciende a un 2% del Producto Interno Bruto. Señala que la emergencia sanitaria se produce en el contexto de una profunda crisis económica –tres de los últimos cuatro años fueron recesivos, profundizándose la contracción a partir de 2018–, lo cual agrava las condiciones de vida de un sector amplio de la población cuyo sustento diario se dificulta en el marco del aislamiento social, y precisa que según datos oficiales del INDEC en el segundo semestre de 2019 la pobreza ensombrecía la vida del 35,5% de las personas, porcentaje idéntico al de “la cantidad de asalariados sin descuento jubilatorio – es decir, volcados a la informalidad laboral”. En consecuencia, propone “un gravamen extraordinario a quienes tienen mayor capacidad contributiva”, en una sociedad que es “profundamente desigual”: según el INDEC el 10% de la población con mayores ingresos individuales se apropió del 31% de los ingresos totales en el cuarto trimestre de 2019. Ello a pesar de la subdeclaración que caracteriza a los sectores de más altos ingresos”. También destaca que según el listado de la revista Forbes, el patrimonio de las 50 personas más ricas de la Argentina estaba valuado hace dos años en 70.000 millones de dólares.
Durante el gobierno anterior, la crisis económica no fue igual para el conjunto de la sociedad y para los sectores dominantes. “Según datos del INDEC, las 500 empresas de mayores ventas del país acumularon 67.300 millones de dólares de ganancias netas en el período 2016-2018 si suman las utilidades no distribuidas (51.298 millones) y las distribuidas como dividendos (16.002 millones). Asimismo, en el marco de la devaluación y la crisis, la rentabilidad aumentó del 8,5% al 11,7% del valor de producción entre 2017 y 2018. Sin embargo, la tasa de inversión neta –descontadas las amortizaciones– cayó del 8,5% al 2,2% del valor de producción en ese período. Se trata, por consiguiente, de sectores que no solo acumularon importantes ganancias sino que, al no volcarlas a la inversión, las mantuvieron en reservas dolarizadas que se podrían constituir en una ayuda importante en el marco de la crisis que profundizó la pandemia del coronavirus”.
El breve articulado, que Yasky entregó a Kirchner, crea un impuesto extraordinario y por única vez que se aplicará en todo el territorio de la Nación, sobre los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019, situados en el país y en el exterior, que se encuentren declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a través del Impuesto sobre los Bienes Personales. El impuesto sólo alcanzará a las 200 personas de mayor valuación de bienes personales, domiciliadas en el país o en el exterior. La alícuota del gravamen será del 1,5% sobre los bienes declarados. Esta formulación subsana los riesgos de inconstitucionalidad que pesaban sobre la idea originaria de gravar a quienes participaron en el blanqueo de 2017, como la familia y la línea gerencial de Paolo Rocca y el hermano, las cuñadas y la suegra de Maurizio Macrì. Pero además permite capturar también con un “impuesto extraordinario y por única vez que se aplicará en todo el territorio de la Nación” a las 200 personas jurídicas “de mayores ventas netas del país, siempre y cuando hayan tenido un resultado contable positivo”. La alícuota del gravamen será del 1% de sus ventas netas declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos en los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado a junio 2019. La recaudación se aplicará “a paliar los alcances de la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia”. El Poder Ejecutivo Nacional determinará la forma de cumplimiento de la ley y las autoridades de aplicación.
Las iniciativas que está conciliando Kirchner contemplan que los recursos obtenidos ingresen a un Fondo con Asignación Específica dirigido, por un lado, al fortalecimiento del Sistema de Salud en todos los niveles, y por otro al sostenimiento de la política social y de ingresos. El recurso sería Coparticipable, y se convocaría a una Comisión Bicameral para que el Congreso realice el seguimiento y control de su administración.
Lo pasado, pisado
La prensa comercial fustiga casi sin excepciones estas iniciativas y en cambio postula el auxilio estatal a todas las empresas, sin distinguir entre grandes, medianas y pequeñas, ni revisar cómo le fue a cada una en los últimos años. Sin decirlo, expresan la idea de un presente perpetuo. Si hoy caen la producción y las ventas, el Estado debe hacerse cargo. Los resultados anteriores no cuentan, tampoco las cuentas en el exterior. Ya son parte del derecho de propiedad. Lo pasado, pisado.
Además de la prensa, se suman a esta línea algunos personajes con especial vocación por el jetoneo mediático. El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, amigo personal de Maurizio Macrì, a quien dio clases de economía, dijo en una entrevista con una de las radios del Grupo Clarín que “hay que salvar las empresas para salvar a los trabajadores, no jodan con nuevos impuestos”. También postuló alcanzar “consensos políticos de acá a la China. Déjense de embromar con la grieta porque viene un período de no grieta”.
Consensos políticos fue la expresión de orden que a partir de la finalización de la dictadura se empleó para desalentar cualquier expresión de conflicto social que implicara limitar la concentración y las superganancias corporativas. Melconian no se opone a la intervención estatal. Por eso dice que “más vale que las ideas liberales no intervencionistas se corran y se dejen de joder”. Su preocupación es direccionar esa intervención. Por eso agrega: “Más vale que las ideas heterodoxas inventores de la pólvora, creadores de impuestos y de creer que se trata de un salvataje de empresarios y banqueros que se dejen de joder. Que no jodan con cuestiones ideológicas”. Como si aún gobernara su amigo, señaló que “el Presidente tiene que liderar el proceso, echar a todos los loquitos que atentan contra la inversión. Que se dejen de joder con más impuestos”.
En la misma línea, el ex senador Eduardo Duhalde, como corresponde también en una señal de cable del Grupo Clarín, hizo la apología de los grandes empresarios, que a su juicio son los que sacarán adelante al país. Cada vez que tiene un micrófono cerca, el ex jefe de la democracia cristiana de Lomas de Zamora reclama acuerdos como el pacto español de la Moncloa, que es otra forma de aludir a los consensos antiobreros. Si bien evoca sus acuerdos con Raúl Alfonsín, lo que postula ahora es la apertura del gabinete de Alberto Fernández a dirigentes del PRO, una idea que el Presidente rechaza por ausencia de un piso común de acuerdos que lo permita. Como modelo de empresarios exaltó nada menos que a Franco Macrì y Amalia Lacroze de Fortabat, dos especialistas en la extracción de recursos del Estado y la elusión impositiva, es decir aquellas prácticas que antes de la pandemia llevaron al país a una crisis sin precedentes.
Sacar, siempre. Poner, nunca, es la consigna de este sector que hará todo lo posible por abortar el proyecto de ley de Kirchner y Yasky.
La música que escuché mientras escribía
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