¿Quién gobierna la economía?

 

Hay indicios positivos de una especie de “desinflamación” macroeconómica: continúa el incremento de la producción, mientras se registró en abril una mejora en el uso de la capacidad instalada industrial que alcanzó al 63,5%, superior a igual mes de 2019. El primer trimestre registró un crecimiento del producto del 2,5% y en varios sectores se superaron los niveles de producción que hubo en el mismo periodo de 2019. También se están observando un conjunto de inversiones productivas diversas, muchas de la cuales contemplan –al menos parcialmente— la actividad exportadora.

El ministro Guzmán ha estimado recientemente que es posible que el producto bruto aumente este año un 7%, lo que supera todas las estimaciones previas.

Al mismo tiempo en mayo, y por segundo mes consecutivo, se observó una desaceleración inflacionaria. Aún no puede afirmarse que sea una tendencia consolidada. Algunos sostienen que estaría funcionando el “ancla cambiaria”, o sea que al reducirse el alza de la divisa en sus diversas variantes, los formadores de precios también estarían moderando sus remarcaciones.

Tendemos a pensar que esa no es la causa de la ralentización del dólar, sino los ya elevadísimos niveles de precios alcanzados los que vuelven crecientemente exagerados nuevos incrementos adicionales. Por otra parte, no se debe convalidar el argumento de que cada movimiento del dólar, aunque sea en el mercado más marginal, justificaría movimientos equivalentes de precios. Tales incrementos no se justifican desde el punto de vista estrictamente técnico, pero sí se pueden explicar en el marco de las prácticas monopólicas y las graves distorsiones de poder de mercado que han sido naturalizadas. Se ha establecido de facto el derecho a tener ganancias o ingresos dolarizados independientemente de los vaivenes que se observen en la economía real.

Recordemos por enésima vez el mecanismo de la desestabilización macroeconómica: se encuentra alguna excusa, más o menos verosímil, para hacer subir –con fondos relativamente reducidos— el valor del dólar marginal, y luego se genera y amplifica mediante rumores y la prensa opositora la expectativa de que eso va a continuar porque blablablá. Nunca faltará un economista “profesional” hablando en algún medio a favor de los intereses corporativos.

A partir de allí –como ocurrió en el tercer trimestre del año pasado— se pone en marcha el clima que justifica el aumento precautorio de los precios y hasta el desabastecimiento de productos, en función de una hipotética devaluación que vaticinan los “especialistas”.

En ese momento de 2020, una de las justificaciones de la corrida más repetidas fue que la presión sobre el dólar –en un país en recesión y con los ingresos de la mayoría muy recortados— se debía a la excesiva circulación de “mucho dinero”. El tiro por elevación iba contra las buenas políticas públicas de rescate de empresas y alivio a millones de afectados por la contracción pandémica.

Fue también preocupante escuchar que funcionarios oficiales consideraran que el dinero inyectado a través del IFE había contribuido a la presión alcista sobre la divisa extranjera. La peligrosidad de ese argumento es difícil de disimular tratándose de un gobierno popular: toda política expansiva del ingreso de los sectores más postergados podría ser presentada como una amenaza de desestabilización económica por su potencial para “hacer subir al dólar blue”, y por lo tanto los precios de toda la economía. Ninguna mejora distributiva, en esas circunstancias, sería aconsejable.

Así como es muy bueno para el clima económico el aquietamiento del dólar y la paulatina reducción del ritmo inflacionario, es oportuno tener presente que los mecanismos de amenaza y extorsión económica en manos del sector privado concentrado, como son el poder de presión cambiario o el de las remarcaciones arbitrarias de precios, no han sido desmontados, y el Estado no ha conquistado capacidades de regulación que impidan nuevas apretadas y aventuras desestabilizadoras.

Producto de la elevada inflación generada en el primer semestre, y al consiguiente deterioro del salario real, los sindicatos empezaron a plantear la revisión de lo pactado en paritarias, claramente apuntando a porcentajes de incremento anual superiores al 40%. Esperemos que esta necesaria recuperación de un retraso previo, no sea también utilizada como excusa para nuevas remarcaciones arbitrarias.

 

 

El tamaño es importante

El 17 de junio la Justicia decidió el embargo de la empresa cerealera Díaz y Forti, a pedido del Banco Central, por 3.100 millones de dólares. También decidió la inhibición general de bienes de la compañía y sus accionistas, a raíz de una fraudulenta liquidación de divisas, que le posibilitó a dicha empresa evadir impuestos por 312 millones de dólares, en concepto de exportación de granos y subproductos.

No siempre nos enteramos de este tipo de datos, que revelan la existencia de un iceberg de subfacturación de exportaciones, ya visto en el caso Vicentin.

Retengamos esta cifra, correspondiente a una sola empresa, que no es la más importante del sector: 312 millones de dólares detectados de evasión impositiva por operaciones efectuadas recientemente. ¿Cuántas operaciones de escamoteo impositivo habrá en curso en este momento, y cuántas en los últimos años? ¿Qué parte de la producción está saliendo del país sin ser registrada, sin tributar nada al Estado y sin aportar nada a la sociedad?

El ministro de Economía Martín Guzmán, para evitar el default del país con el Club de Paris, logró posponer un pago de 2.400 millones de dólares, efectuando una suerte de “adelanto” por 430 millones de dólares. Todo es un gran esfuerzo fiscal, tanto por la necesidad de estos fondos para reconstruir el país, como por la escasez de dólares en las menguadas reservas del Banco Central, necesarias para estabilizar y hacer previsible la economía.

El tamaño importa: la masa de fondos evadidos en la exportación puede llegar a superar los pagos de deuda que debe enfrentar el país en los próximos tiempos. Es decir, que parte de nuestras debilidades económicas, y especialmente públicas es provocada por el comportamiento delincuencial de grupos altamente concentrados del sector privado, que se sienten “liberados” de las molestas restricciones que les imponen la Ley y el bien común.

Bienvenidos los controles, las sanciones y el despertar de un Estado inteligente.

 

 

Avatares de la palabra diálogo

El gobierno nacional ha asumido la palabra diálogo como un componente central de su acción política. A tal punto lo hace, que intenta avanzar en esta práctica civilizada mucho más allá de lo que permite la actitud cívica de los actores económicos.

En el año 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner tomó la decisión de avanzar con la Resolución 125, que aumentaba algunas de las retenciones agropecuarias y las volvía movibles según los avatares de los precios internacionales, un sector concentrado de la producción agraria se levantó contra el Estado Nacional para impedir que pudiera implementar la disposición.

Si bien se usaron muchos argumentos contra la medida, una forma de afectar políticamente al gobierno fue reclamar “diálogo”, a tal punto que hubo un cacerolazo contra el gobierno al son de la palabra “diálogo”. Se argumentaba que el gobierno no tenía derecho a tomar unilateralmente la medida, a pesar de que la función del gobierno es precisamente tomar medidas y no estar consultando a cada involucrado por si le gustan o no le gustan esas disposiciones. Al sector agrario concentrado no le gustaban los “hechos consumados” efectuados por el gobierno sin consultarlo, es decir, sin otorgarle el poder de veto sobre las políticas públicas que son atribución de las instituciones democráticamente electas.

En 2021, el mercado mundial está mostrando una serie de hechos consumados, entre los cuales la suba del precio de las commodities alimenticias es una realidad. También es un hecho de la realidad el tipo de cambio alto al que se llegó producto del profundo desmanejo en la gestión macrista. Lo que el gobierno no puede aceptar es que debido a circunstancias mundiales y desaciertos del macrismo, un componente importante de la canasta familiar como es la carne exhiba precios impagables para la mitad de la población.

La modesta y sensata exhortación del gobierno es que los actores del sector traten de compatibilizar el negocio exportador cárnico –en el que ya se han detectado importantes maniobras para eludir el pago de impuestos al Estado— con un aprovisionamiento razonable al mercado interno. ¿Qué parte de esto no se entiende?

Ahora que los resortes de toda la actividad exportadora ganadera los tiene casi en su integridad el sector privado, son ellos los que no quieren dialogar, y prefieren que se acepte el “hecho consumado” de lo que supuestamente mandan las fuerzas invisibles de los mercados.

Diálogo, en el diccionario de ciertos actores privados, es que el gobierno tiene que ir al pie de las pretensiones sectoriales y ocuparse de “adaptar” al resto de la sociedad –mediante la disuasión o a los palos— a la rentabilidad deseada por un puñado de productores.

El gobierno, luego de reiteradas exhortaciones al diálogo y al sentido común, fue obligado a cerrar las exportaciones para que su reclamo de sensatez social fuera atendido por el sector cárnico. Ahora, a poco de concluir el mes de cierre de exportaciones establecido, ha anunciado un paquete de medidas, que incluyen la apertura gradual de las exportaciones, acuerdos de precios para que estén disponibles cortes accesibles al bolsillo mayoritario, y un plan ganadero a formular para ampliar la cantidad de cabezas de ganado y por lo tanto de carne vacuna disponible tanto para el mercado interno como para la exportación.

Sin embargo, luego de los anuncios oficiales, en un matutino financiero se informó que “el flamante presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) (Nicolás Pino) adelantó ayer que sus asociados no estaban ni siquiera conformes con que la entidad se haya reunido con el Presidente de la Nación y sus ministros y que por estas horas no descarta una medida de fuerza contundente”. Según esta información, no sólo no quieren negociar nada, sino que no aceptan el mero acto protocolar de sentarse con el Presidente de la Nación. Entienden que sus privilegios se defienden con medidas de acción directa que apunten abiertamente a hacer retroceder al gobierno. Pero eso no queda allí. Sectores “autoconvocados” rurales, seguramente fundamentalistas del mercado siempre que ganen ellos, han acusado a quienes dialogan —sin voluntad de acuerdo— de traición y de “débiles”. No sabemos si se dan cuenta, pero están evolucionando a una teoría de la acción pública digna del Far West, dónde los privilegios se defienden a los tiros y donde nadie tiene derecho a opinar sobre la apropiación de la renta por una reducida minoría.

 

 

Presiones de afuera

El 25 de junio se supo que el índice bursátil de mercados emergentes elaborado por la compañía estadounidense MSCI ubicó a la Argentina entre países "independientes" y fuera de la categoría de “emergentes”. Esta baja calificación ubica a Argentina junto a economías mucho menores, como Panamá, Botswana, Zimbawe y la Autoridad Palestina. Entre los argumentos para una clasificación tan caprichosa, señala “la prolongada severidad de los controles de capital sin resolución no está en línea con los criterios de accesibilidad al mercado del índice MSCI Argentina”. Es decir que los controles que sirvieron para estabilizar la situación y que no tuviéramos un desbarajuste cambiario de proporciones, para MSCI son un obstáculo para recomendar inversiones financieras en nuestro país. Si se siguieran los lineamientos de estos fundamentalistas disfrazados de analistas serios, la economía sería incontrolable, y la situación social de una gravedad mucho más aguda que la actual.

En la práctica, esta calificación implícita de “no emergente” significa recomendar que los fondos de inversión dediquen a nuestro país un cupo menor de fondos. No hay que dramatizar: la inversión y el desarrollo económico no dependen de que una empresa altamente ideologizada clasifique de una u otra forma a la Argentina, sino a la calidad de las políticas públicas internas que se apliquen aquí. Ojalá en algún momento sea tal el volumen de proyectos de inversión que tengamos que buscar fuentes externas de financiamiento. La realidad es que en las últimas décadas estas categorías sólo sirvieron para premiar o castigar “éxitos” como el subdesarrollo peruano, o “fracasos” como los buenos años que el kirchnerismo le dio al país. De timba financiera ya tuvimos suficiente.

 

 

El lugar del gobierno

En una reciente reunión con empresarios, el ministro Guzmán manifestó con bastante claridad que “un país con impuestos y gastos bajos no es nuestra idea”. Está muy bien esa definición, ya que se opone frontalmente a la prédica de ciertas elites empresariales, con mucha influencia en la representación corporativa y los medios, que sólo reclaman reducción del gasto social, y bajas impositivas y salariales.

Estos sectores no cesan de quejarse del gobierno, del Presidente y de sus funcionarios, como si fueran el único obstáculo para que ellos puedan alcanzar las ganancias óptimas que pretenden.

Pero son las clases y los sectores sociales quienes tienen intereses económicos, no los gobiernos, cuyos intereses son políticos. En la medida en que tengan un proyecto de país, sus objetivos serán tratar de aproximarse a la realización de ese proyecto. Si no lo tienen, se tratará de sobrevivir, de pasar el tiempo, y de ampliar el poder, los cargos y las influencias, independientemente del marco general en que se den.

Sería muy bueno que todos los actores tengan en claro cuál es el juego que se está jugando.

Que el sector de la carne, y el de los alimentos en general, sepa que debe ceder algo de sus abultadas ganancias para que su proyecto sea compatible con el resto de la sociedad. No están enfrentando al gobierno. Están enfrentando al resto del país.

Que el gobierno sepa que incluso el ubicarse  en un punto medio entre los diversos actores sociales implica tener que tironear con los grandes intereses corporativos, que son los únicos que en este duro momento nacional pretenden avanzar sobre los derechos de los otros.

Y que finalmente los más pasivos en este juego, los amplios sectores populares, vean que no se trata de un juego entre el gobierno y las diversas patotas corporativas, un juego externo a ellos en el cual da lo mismo quién gana.

Las mayorías tienen que tener muy claro que en las próximas disputas económicas y sociales se estará jugando si los grandes capitales internos y externos prevalecen sobre el poder del Estado, porque vienen por sus derechos y por el nivel de vida que aún conservan.

 

 

 

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