¿Quién evalúa al evaluador?

 

El ex ministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro, y los medios comerciales que defienden los intereses de la embajada de Estados Unidos y de las empresas multinacionales, tergiversaron la entrevista que El Cohete a la Luna le realizó a la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, quien expresó que “la evaluación es parte del proceso de aprendizaje” y criticó a la concepción neoliberal de la evaluación a través de las pruebas PISA (sus siglas en inglés Programme for International Student Assessment). “Rechazo a Adriana Puiggrós por decir que los exámenes son instrumentos de control”, tituló el diario La Nación el 10 de marzo. El diario también planteó una supuesta confrontación con el Ministro de Educación al señalar que “Nicolás Trotta tomó hoy distancia de los dichos de Puiggrós. El ministro de Educación aclaró que los alumnos argentinos continuarán formando parte de los exámenes internacionales de la OCDE y la Unesco para evaluar su rendimiento escolar”.

Con una admirable sincronización, el portal Infobae  tituló el mismo día: “Polémica por las declaraciones de la viceministra de Educación: dijo que los exámenes son instrumentos de control”. El medio que Daniel Hadad edita en la Argentina y México agregó: “Evaluar no es un elemento de la enseñanza, ‘es un instrumento de control y de selección y está pensado desde una lógica empresarial. Lo que busca es reducir la cantidad de alumnos, de docentes, desde una idea meritocrática’, indicó la funcionaria en una entrevista concedida a un blog”. Por el contrario, evaluar desde la concepción no mercantilista que el Ministerio de Educación adoptó desde la llegada de Alberto Fernández, es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y no hay razones para suprimirlo.

La Viceministra fue clara al señalar en El Cohete a la Luna que Gabriela Diker, secretaria de evaluación educativa, “está trabajando intensamente en un modelo alternativo” al de evaluación estandarizada sin que eso implique el abandono de la evaluación. El Cohete reproduce las expresiones completas de la Viceministra para que no sea tergiversada y profundiza el debate en torno a la evaluación.

 

 

 

 

Si evaluar es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en el aula,

• ¿Por qué los trabajadores de la educación quedan al margen cuando se llevan adelante las aplicaciones del tipo de evaluaciones elaboradas por empresas?
• ¿No se pierde la soberanía educativa nacional cuando se llevan adelante este tipo de evaluaciones?
• ¿No se viola el derecho de los educandos, al no respetarse el proceso de enseñanza-aprendizaje que necesitan antes de ser evaluados?
• Los trabajadores de la educación a la hora de aplicarse el tipo de evaluaciones estandarizadas compradas a una empresa foránea terminan siendo ninguneados en su tarea.
• Porque evaluar no es el problema, sino el cómo y quiénes evalúan y cuál es su objetivo.

Un trabajo realizado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) La privatización educativa en la Argentina, resulta esclarecedor.

 

 

 

 

Existe un video síntesis realizado por CTERA que señala que de la mano de las pruebas PISA la empresa Pearson ingresa a la Argentina y aparece asociado el ex Ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, quien antes de asumir su rol público en el  gabinete de María Eugenia Vidal se desempeñó como vicepresidente de Dukto Worldwide, conocida firma de Washington que se dedica al lobby político empresarial y que gestionó negocios en América Latina en favor de la empresa multinacional británica Pearson, que cotiza en las bolsas de Londres y de Nueva York, para la aplicación de las pruebas PISA. En 2016, Pearson tuvo ingresos por 4.500 millones de libras esterlinas, y utilidades de 2.500 millones. Es el principal accionista de la editorial Penguin Random House y del Grupo The Economist.

El video de CTERA dura 15 minutos y en el minuto 12:26, da cuenta del proceso privatizador de la evaluación.

 

 

 

 

El pasado 5 de marzo  se realizó una reunión de la Comisión Paritaria “Políticas Educativas” en el Palacio Pizzurno del Ministerio de Educación de la Nación. La delegación de CTERA planteó lo que viene sosteniendo desde hace años en lo concerniente a la evaluación, solicitando el retiro de Argentina de las Pruebas PISA, y avanzar en la vinculación de las políticas de evaluación con las políticas de formación emanadas del Instituto Nacional de Formación Docente. “Luego de los diferentes planteos e intercambio de opiniones, se pudo conseguir el compromiso por parte del Ministerio de retomar el Programa de Formación Permanente que tendrá durante los meses de abril y mayo la etapa de preparación y planificación, y lanzamiento del mismo en el mes de junio”, informó CTERA. “Asimismo, se consideró la revisión de los operativos Aprender tal como se venían desarrollando hasta ahora y se presentó la idea de un nuevo plan nacional para la evaluación de los aprendizajes con el objetivo de superar los reduccionismos que llevaron a cabo las políticas del gobierno anterior en este aspecto”.

“Alrededor de la evaluación se generan intensas controversias y se ponen en juego diferentes significados que condensan gran parte del debate educativo. En general, en la agenda global, la evaluación se muestra como la solución a todos los problemas o como el camino para alcanzar la calidad educativa”, expresa el trabajo de CTERA “La Privatización Educativa en Argentina”. Cuando se coloca a la evaluación en el centro de la política educativa, “adquieren una valoración creciente los resultados de las distintas pruebas estandarizadas”, como sucedió durante los cuatro años de Cambiemos. que tuvo como decisión justificar transformaciones desde una perspectiva meritocrática, mercantilista y privatizadora, tal como expresó Puiggrós que es una de las autoras del trabajo de CTERA y que no hace más que opinar lo mismo que expresó en ese trabajo de investigación que se publicó en septiembre de 2018. Que lo diga ahora como Viceministra irrita a quienes no quieren ver o fueron funcionarios para participar de los negocios que hay con la evaluación en educación.

La evaluación estandarizada —sostiene CTERA— lejos está “de ser una solución a los problemas educativos, se reduce a un sistema operativo de control con el objetivo de elaborar y difundir rankings para culpabilizar a los docentes, justificar los ajustes en educación y disminuir la inversión estatal y el presupuesto educativo”, tal como sucedió en el gobierno de Macri. “Dicho de otro modo, la evaluación así concebida sirve para abonar el terreno hacia la privatización educativa, respondiendo a los intereses de las empresas que pretenden lucrar con el negocio de la educación”, se señala en esa investigación, cuyos  autores además de Adriana Puiggrós, son Myriam Feldfeber, Susan Robertson y Miguel Duhalde. Las pruebas estandarizadas en nuestro país tuvieron inicio “durante la década de los '90, y se expresan a través de la evaluación de los aprendizajes como expresión de calidad educativa”. Así surgió el “paradigma economicista de la rendición de cuentas, hegemonizado por la ideología neoliberal. La lógica que primaba era la del control del gasto y la racionalización, de acuerdo a los requerimientos de los organismos internacionales de crédito”, que ven a las escuelas como empresas a "los factores del proceso educativo como insumos, y la eficiencia y las tasas de retorno como criterios principales de decisión”.

En ese marco surgieron en la Argentina “los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), que se realizaban con un criterio meritocrático, ignorando contextos e historias y produciendo una mayor segmentación del sistema educativo al hacer públicos los resultados obtenidos por las distintas escuelas”. El trabajo de CTERA señala que esa “preocupación por la ‘calidad’ se tradujo en la creación de ‘estándares’ para todos los países, asociados a la medición de resultados. Así, la evaluación estuvo sustentada en un modelo tecnocrático orientado por el paradigma de la ‘rendición de cuentas’ y hegemonizado por la ideología neoliberal, que asocia resultados estandarizados a calidad educativa y a la educación a la formación de ‘capital humano’”.

“La privatización educativa en Argentina” realiza un válido recorrido al señalar:

• La difusión de los resultados desató una campaña desde algunos sectores políticos, empresariales y medios de comunicación que comenzaron también a instalar discursos que culpabilizaban a las y los docentes y a sus organizaciones sindicales de una supuesta “mala calidad” de la educación.
• La concepción neoliberal asociada a la medición de resultados se impuso de la mano de reformas educativas orientadas a la descentralización, privatización y mercantilización y a la precarización laboral de los trabajadores/as. Esas reformas estuvieron orientadas por los objetivos de la competitividad y de acoplar el sistema educativo al desarrollo económico en función de las perspectivas del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.
• El interés de los organismos sobre la evaluación no está basado solamente en un pensamiento economicista de la educación, representa también los intereses de grandes corporaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se encuentran muy activas en el negocio de la educación. A escala internacional la OCDE diseñó y puso en práctica, para el año 2000, las pruebas estandarizadas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).
• La Argentina participó de las pruebas desde el inicio, aunque debido a la crisis económica de 2001, no participó en el año 2003, ya que no se hizo efectivo el pago del canon que debe realizar cada país para participar. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, se decidió participar de PISA 2006. Esta decisión se sostuvo en el tiempo y en 2015 implicó un pago de 42.200 euros para el país y de 35.000 euros para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había pedido incorporarse en 2012 con una muestra ampliada como región adjudicada.
• Buenos Aires, Córdoba y Tucumán —siguiendo el ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, pidieron su incorporación con una muestra ampliada para PISA 2018. Firmaron un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación de la Nación, responsable del estudio en todo el país, y cada una se comprometió abonar a la Nación la suma de 43.400 euros para que sea transferida luego a la Educational Testing Service (ETS), organización integrante del Consorcio Internacional de la OCDE.
• La experiencia internacional demuestra que la mera implementación de pruebas estandarizadas no mejora la calidad de la educación. Por el contrario, trae como consecuencias la reducción de contenidos a enseñar, la fragmentación y simplificación del conocimiento, y el abandono de formas de enseñanza basadas en el desarrollo de capacidades que permiten operar con el pensamiento de manera compleja (Cassasus, 2007; Darling-Hammond, 2001).

También en La Privatización educativa en Argentina se indica que “Pearson es uno de los cuatro grupos editoriales más importantes en el mundo, que se describe a sí misma como una ‘compañía líder mundial en educación’”, que a la vez es “dueña de la empresa estadounidense National Evaluation Series, dedicada a la elaboración de exámenes estandarizados. Su objetivo es controlar los mercados de evaluación, y el rol desempeñado en las pruebas PISA va en ese sentido”. El trabajo de investigación señala que es válido recordar “que Pearson firmó un contrato por 32 millones de dólares para desarrollar los exámenes oficiales de las escuelas públicas del Nueva York por un período de cinco años y utilizó la información proveniente de los estudiantes para realizar sus propios negocios. Cuando este hecho trascendió a partir de la investigación realizada por un fiscal, la empresa fue multada con 7,5 millones de dólares”. También señala que “el ‘gestor de los intereses’ de la empresa Pearson en América Latina, Gabriel Sánchez Zinny,  fue director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos del gobierno de Vidal.

La investigación también menciona “que en relación con las pruebas PISA, la Internacional de la Educación denunció contactos entre funcionarios nacionales del actual gobierno (de Macri) y las autoridades de la OCDE para eliminar los resultados obtenidos por la Argentina en PISA 2015, que mostraban una importante mejora”. La denuncia manifiesta que “desde el Ministerio de Educación y Deportes del gobierno asumido en diciembre de 2015 se establecen comunicaciones con Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, poniendo en duda la construcción del marco muestral y solicitando la impugnación de los resultados de la Prueba PISA 2015”. Puede entenderse la defensa abierta de esta concepción y el ataque a Adriana Puiggrós por parte de algunos interesados en no quedarse afuera del gran negocio existente detrás de las evaluaciones estandarizadas. Recuperar algo de soberanía nacional en el proceso evaluativo en nuestro país es la tarea.

 

 

 

 

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