Quién disciplina a quién

 

Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández se vivía un momento de aguda crisis económica. Esta tenía como centralidad una grave situación en el sector externo de la economía. Un país acuciado por la corrida contra el peso que tenía contrapartida en la demanda insaciable de dólares. Esa crisis estuvo alimentada por la actitud del Fondo Monetario Internacional (FMI), que engrosó, a sabiendas, el endeudamiento que la Argentina contraía. Utilizó esas decenas de miles de millones de dólares para que los fondos privados del capital financiero especulativo pudieran escapar, luego de haberse valorizado desmedidamente en el negocio financiero a costa del Estado nacional.

No resulta ocioso preguntarse qué fue lo que motivó que el organismo internacional fuera tan permisivo en financiar una situación que sólo atendía a facilitar la fuga de divisas y que su Estatuto prohíbe. Sumado a que lo hizo en una actuación indiferente a los dispositivos institucionales argentinos, lo que significó que ese financiamiento concurriera mediante su violación. Plantearemos tres hipótesis posibles:

• Un cúmulo de errores e impericias, acompañadas por cierta ceguera ideológica.
• Favorecer la reelección de Mauricio Macri.
• Condicionar al gobierno del Frente de Todos para imposibilitarlo de llevar a cabo una política independiente, al quedar comprometido con una deuda colosal con ese organismo internacional, institución que sólo otorga préstamos bajo condicionalidades.

Se puede descartar la primera conjetura sin necesidad de demostrar que ese enorme aparato de tecnócratas, que cuenta con nutrida burocracia y que tiene funciones destinadas a gerenciar la seguridad de las finanzas y la banca internacional, no posee margen alguno para un acontecimiento como el postulado.

La segunda y la tercera hipótesis tienen un elemento en común: con la continuidad de Macri se habría dado la consecución del proyecto neoliberal, reelegido en las urnas, con un gobierno que siempre hizo del mismo su objetivo de política y que respetó –sustancialmente– los axiomas que sostienen ese paradigma. Para el caso de un gobierno de signo nacional, popular y democrático, la presencia de una carga de servicios de deuda condicionada, presionaría y obligaría a que la deuda y su condicionalidad sobre la política económica frustraran el espíritu transformador de ese proyecto.

Ocurrió lo que a todas luces resultaba el desenlace más probable una vez constituida la unidad opositora a Macri en el Frente de Todos: el triunfo de una fuerza popular. Pero el FMI no había cortado el crédito cuando la corrida se había desatado. Eligió un rumbo diferente que el escogido cuando con la Alianza UCR-FREPASO cerró el grifo del fondeo ante la corrida contra la moneda nacional. En esa ocasión, luego de la crisis, la asunción del gobierno popular de Néstor Kirchner pudo refinanciar la deuda privada con una quita inédita por su volumen y desembarazarse de los planes del Fondo mediante el pago de una deuda que tenía un nivel cancelable.

No resulta de una lógica conspirativa sin fundamento, sino más bien de una lectura atenta de la historia reciente, adherir a la presunción de que el Tesoro estadounidense y su brazo en la institucionalidad internacional, el FMI, adoptaran la táctica de endeudar a la Argentina con el objetivo de evitar cualquier renacer de proyectos de unidad latinoamericana. Y hacerlo hasta un nivel que resultara impagable en plazos cortos y/o medianos, en pos de obturar la aplicación de una política económica y exterior autónoma del país, al quedar atada a un programa de condicionalidades.

Asumido el gobierno del Frente de Todos, frente a la alternativa de negociar primero con el organismo internacional y luego con los acreedores privados o viceversa, Fernández se decidió por la segunda opción, tal como lo hiciera Kirchner en su mandato. Fue una elección correcta, y más que por una cuestión de una lógica del dispositivo negociador, debido a que el acuerdo con los privados se hizo sin ningún resultado previo que expusiera la existencia de un programa de condicionalidades o un clima de tensión con el FMI, devenido de una firmeza nacional que defendiera a capa y espada la autonomía de la política económica sin restricciones.

 

 

Un ajuste al sabor del FMI

Los economistas del establishment financiero sostienen que el camino indicado era el primero. Uno de estos exponentes del mainstream argentino, Miguel Kiguel, le dijo al diario La Nación el domingo 18 de abril que “hubo una falla estratégica del gobierno, que fue primero negociar la deuda privada y después sentarse a negociar con el FMI, y esa visión fue criticada porque, en general, para todas las reestructuraciones ayuda mucho si el Fondo apoya. Eso les da a los bonistas cierta certidumbre, aunque sea mínima, de que habrá un programa en el tiempo. La Argentina hizo una reestructuración sin programa económico y, básicamente, los bonistas compraron una esperanza de que el país iba a arreglar con el Fondo, pero el país nunca puso un programa sobre la mesa, sólo medidas aisladas”. Muy claro: lo que lamentan Kiguel, como Enrique Szewach y demás economistas entrelazados con el reino de las finanzas, es que la deuda privada esté ya refinanciada y no opere como una fuerte presión adicional, en pos de un arreglo con el FMI en base a un programa de condicionalidades manufacturado con la matriz ortodoxa de ese organismo.

 

 

 

La Nación le pregunta a Kiguel: “¿Por qué no hubo acuerdo con el FMI?”, y él responde: “Martín Guzmán no lo hizo cuando había que hacerlo, antes de la reestructuración, y después nunca hubo oportunidad, porque la palabra ajuste es algo que este gobierno trata de evitar. A medida que se acercan las elecciones, cada vez se hace más difícil ese acuerdo. Podría haber sido un punto de inflexión”. Lo que pregona Kiguel es el punto de genuflexión: el abandono de un proyecto de transformación de la Argentina y la conversión del Frente de Todos en una de las dos patas de la institucionalización de una “democracia liberal”, al gusto del Presidente Joe Biden y la derecha del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Nada mejor para conseguirla que la domesticación de una fuerza de transformación y reforma profunda del país, que esté obligada a aplicar un plan de ajuste al sabor de un organismo financiero internacional. Sobre el final de la entrevista con el diario de los Mitre y Saguier, quien fuera funcionario del menemismo expone sobre el proyecto de país de largo plazo en el que piensan los neoliberales: “Aunque cada vez menos, el país sigue siendo atractivo. Primero, porque tiene recursos naturales (…) Hay recursos naturales, pero lo más importante es que en la Argentina el crecimiento lo tiene que liderar el sector privado. El sector público está fundido. Gasta en planes sociales, mucho en jubilaciones, algo en salud y educación y no tiene la plata ni acceso al crédito para financiar inversiones. Cualquier crecimiento que proponga aprovechar los recursos naturales o los recursos humanos, variable que la Argentina destruye poco a poco pero todavía tiene, debe estar liderado por el sector privado, y lo que tiene que hacer es dar un giro copernicano en lo que es el clima de negocios. Hay que cambiar la actitud hacia los empresarios, que no sean los que se quieren llevar la plata sino los socios que ayuden a revertir el escenario, y pensar en cómo generar inversión que cree empleo y ayude a revertir la pobreza”.

Así, Kiguel completa la presentación de un pliego de rendición del gobierno y la Nación:

1. Especialización en recursos naturales, para producir divisas destinadas a pagar el endeudamiento alcanzado con el FMI, y luego otros ciclos de valorización financiera.
2. Liderazgo del sector privado bajo el argumento que el sector público está fundido porque gasta mucho en planes sociales y en jubilaciones.
3. Estímulos a los empresarios para que generen inversión, creen empleo y reviertan la pobreza.
4. Para empezar promueve, como se ha visto, un programa con el Fondo para hacer el ajuste.

Hay que reconocerle a Kiguel su capacidad de síntesis y claridad expositiva sobre el proyecto de país de los grupos dominantes y del poder financiero.

 

 

El dogma del subdesarrollo y la desigualdad

Detengámonos en el punto 1). Una especialización en recursos naturales es el fomento del extractivismo agrario y minero que, combinado con lo propuesto en el 3), no es otra cosa que la propuesta de una política market friendly. Un rumbo de este carácter no admite el aumento de las retenciones que hoy es indispensable para frenar el alza de los precios de los bienes salario esenciales para la vida. La elevación de esas retenciones constituye la mejor herramienta para detener ese alza. La soja está en más de 550 dólares la tonelada, un precio que deja una renta diferencial extraordinaria que para retrotraerla a los niveles previos a esta escalada y socializar el excedente requiere un aumento de los derechos de exportación del 10%. Esos fondos deben ser dirigidos al presupuesto público para atender el gasto social, que hoy necesita ser incrementado para atender la emergencia sanitaria. El momento requiere un disciplinamiento del empresariado al mandato democrático y no de la democracia al poder empresario. Porque, en lugar de bajar los impuestos, hay que subirlos a todos los sectores que han ganado durante la pandemia. Y el gobierno popular debe persistir en su política de disciplinar los precios de la economía, evitar los aumentos desmedidos y retrotraer los ya acontecidos. No es culpa de Kiguel, sino del enfoque teórico neoliberal, la descripción arbitraria de los problemas reales de la economía. Después de la rauda fuga de capitales para constituir activos externos, se esgrime la pretensión de que no se diga nada respecto a los que “se llevan la plata afuera”, sino que se les den ventajas para que “inviertan”.

Tomemos el punto 2). El Estado no es una empresa, de manera que no está “fundido” respecto a su posibilidad de gastar pesos. El Estado puede y debe gastar. La economía no debe reservarse sólo a la iniciativa del sector privado. La reversión de este capitalismo financiarizado y transnacionalizado requiere una intensificación de la intervención y regulación del Estado, incluyendo su participación en la actividad productiva y económica directa. En plena peste se asiste al litigio que parte de los más ricos del país ha desatado para no contribuir con un aporte solidario que se les ha requerido por única vez. Hay una decadencia moral que infecta a muchos grandes empresarios. El imperativo categórico por excelencia es el respeto del derecho a la vida. Esa negativa a contribuir está reñida con esa base moral mínima de convivencia humana. Lo mismo pasa con las retenciones a grandes propietarios de la cadena agroalimentaria. No se pueden aumentar los precios de los alimentos ni negar recursos necesarios para salvar vidas. Hay circunstancias en que se debe aceptar no sólo ganar menos, sino perder.

Observemos el punto 3). En el medio del verdadero escándalo que constituye la rebelión fiscal de los multimillonarios argentinos, a Kiguel se le ocurre que la política de amistad con el mercado y estímulos al gran empresariado privado va a reducir la pobreza. Lo que la intelectualidad de la derecha en general, no sólo los economistas, escamotea de su visibilidad y quita de la discusión, es la riqueza. La Argentina no sólo tiene un problema de expansión y crecimiento de la pobreza. Está también afectada por otro que no es independiente del primero, sino concurrente e interdependiente, y que entre ambos constituyen una totalidad estructural: la concentración y crecimiento de la riqueza.

Sobre el planteo del punto 4). La Argentina no requiere lo que habitualmente se llama política de “ajuste”. La teoría de las “finanzas sanas” que subyace en ese enfoque es equivocada. El equilibrio fiscal no supone ninguna virtud ni ningún vicio. No tiene sentido económico. Es un concepto trasladado de las finanzas privadas al manejo de la cosa pública. Hay enfoques mucho más valiosos, como el de las “finanzas funcionales”, que entienden que el Estado debe gastar lo necesario para garantizar el pleno empleo y atender las obligaciones sociales. El papel fundamental de los impuestos es redistribuir ingresos y corregir la asignación de recursos, para dirigirlos a los destinos perseguidos por el proyecto nacional. El resultado de la acción fiscal no se sustancia en una suma algebraica, sino el impacto del gasto social y los efectos de la recaudación sobre la distribución y el desarrollo.

El país no tiene un problema presupuestario. Entender que lo tiene no contribuye sino que perjudica la atención de las necesidades urgentes del drama sanitario que hoy vive la Argentina, como parte de una tragedia mundial de ese carácter.

Lo que el país sufre es una seria restricción en su sector externo, que nada tiene que ver con el gasto en jubilaciones ni en planes sociales. En su lugar, la responsabilidad de esa carencia de divisas y endeudamiento en moneda dura recae sobre los que fugaron capitales provistos, en esta última fase neoliberal, por el FMI. A este organismo también le cabe el mismo imperativo categórico fundamental de respeto de la vida humana. Ningún sacrificio le cabe exigir, y menos en esta hora. Cuando se salga de la pandemia habrá que volver a negociar y convenir un régimen de refinanciación que no afecte el nivel de vida de los argentinos ni el derecho al desarrollo del pueblo y de la Nación. El programa de facilidades extendidas a 10 años no cumple con esa función. Deberán ser más de 20, con reducción de intereses y una quita inicial. El derecho a la autodeterminación de los pueblos también es un imperativo categórico. El organismo internacional lo transgredió. Es grave. La solución del endeudamiento debe ser de un orden extraordinario. Y las responsabilidades determinadas judicialmente.

 

 

 

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