Querida familia judicial

 

¿Cómo se producen las decisiones del Poder Judicial federal en la Argentina? ¿Cómo se accede a esta corporación y en ella se hace carrera? Las redes de relaciones que explotan les magistrades federales también modelan muchas de sus decisiones más deplorables. Sin embargo, una constelación de mitos casi religiosos sigue operando con eficacia para resistir los reclamos de transformación de este servicio estatal. La escandalosa protección a un genocida de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica invita a revisar estos problemas.

 

Un vecino indeseable

Jorge Balla es un ex militar condenado a prisión perpetua por múltiples homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad. En una edición anterior de El Cohete a la Luna comentamos su participación en la llamada masacre de Ituzaingó y Las Heras, en la ciudad de Santa Fe, durante enero de 1977, y sus provocadoras violaciones a la prisión domiciliaria con que ilegalmente se lo benefició luego de ser condenado. Como parte de esas transgresiones, Balla ha venido hostigando y amenazando a la joven pareja y su beba de menos de un año de edad que viven junto al domicilio que inicialmente utilizaba para evitar ir a prisión.

Ante estos permanentes ataques de Balla, se multiplicaron los repudios de organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, partidarias, sociales. Tanto la Cámara de Diputados provincial como la de Senadores aprobaron por unanimidad su rechazo a este trato favorable e ilegal. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó en el expediente judicial reclamando la evaluación rigurosa de la aptitud de Balla para cumplir su condena en prisión. A pesar de ello, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, con rol protagónico del juez Luciano Homero Lauría, recientemente insistió en mantener el privilegio de prisión domiciliaria para quien la incumplió grosera y delictualmente. La fiscalía había propuesto a Oscar Pellegrini como médico que integre la junta evaluadora del estado de salud de Balla. A pesar de que este médico pudo constatar que Balla simulaba y que se encontraba en condiciones de ser alojado en un establecimiento penitenciario, la fiscalía hizo oídos sordos a todos los reclamos y omitió apelar la decisión. Balla, con apoyo del TOF, ha intentado alejarse un poco del centro de las denuncias, mudándose a una vivienda en la ciudad de San Francisco, Córdoba. Esta maniobra es resistida por diversos sectores de la ciudadanía cordobesa, junto a organismos de derechos humanos de esa provincia y al Concejo Deliberante de San Francisco, que también aprobó por una unanimidad el repudio de las irregularidades que perjudican a la ciudad con este nuevo residente.

 

 

¿Cómo explicar el accionar del juez Lauría desafiando tantas denuncias y reclamos públicos? ¿Por qué el fiscal federal de su misma ciudad evita la ineludible apelación de esta decisión escandalosa e ilegal? Para tratar de responder estas cuestiones bien vale reflexionar sobre el funcionamiento de los clanes en el Poder Judicial de nuestro país, comprendiendo el fuero federal, según lo que sus propios partícipes caracterizan como el poder de la “familia judicial”.

 

Antropología de sus señorías

Herramientas de investigación clásicas que la antropología desarrolló primeramente para analizar sociedades a las que les europexs consideraban exóticas, se han aplicado fructíferamente para estudiar las lógicas del Poder Judicial federal en la Argentina. Se trata de superar las complacientes auto-representaciones que tienen les magistrades federales y los persistentes mitos jurídicos con que afianzan su poder, como los de la imparcialidad frente a otros poderes estatales, económicos o corporativos; el apego a la Constitución; y el noble ejercicio de la judicatura dirigido a arribar a la decisión más justa según el derecho vigente. Con trabajos de investigación empírica se ha constatado la eficacia de las redes de relaciones de dependencia que definen los nombramientos y ascensos en estos apetecibles cargos y las prácticas con que gestiona poder la magistratura realmente existente.

María José Sarrabayrouse Oliveira es una antropóloga que desde hace varias décadas mantiene esa línea de investigación. Con trabajos de campo respecto de juecxs del área metropolitana, en particular los del fuero federal penal, sostiene que las lógicas de las lealtades y del parentesco son una estrategia generalizada en el Poder Judicial. Como describe uno de los magistrados que entrevista: “Vos entrás de la mano de alguno que se hace cargo de vos… y te da una identidad”. (2015, p. 150), lo que brinda una protección pero también genera obligaciones de lealtad que imponen condicionamientos. En palabras del mismo entrevistado, el entrar por alguien “implica cierta responsabilidad en la manera de funcionar”.

El parentesco puede ser creado, como surge de los trabajos clásicos en antropología de Marcel Mauss sobre los “dones de matrimonio”, por el intercambio de favores. Se articulan vínculos de nombramiento de familiares, facultades de derecho, alianzas por fuera de tribunales, alianzas por dentro, ascensos, carrera judicial, favores, deudas, pertenencia a un barrio o afán de pertenecer al mismo, colegios de la primera etapa de vida, clubes, lugares de veraneo. Son procesos de producción y reproducción de este grupo social y formas en que los actores movilizan una identidad como factor que legitima una posición elitista y privilegiada. La “familia judicial” es una categoría descriptiva y organizadora del Poder Judicial (ibídem, pp. 147 y ss.).

Décadas atrás, Sarrabayrouse Oliveira ya proponía una hipótesis que siguió constatando a lo largo de estos años. Existe “una urdimbre de relaciones basadas en el parentesco, el status y las jerarquías que atraviesa la estructura, da un sentido particular a la acción de los actores y a la que se hace imprescindible recurrir si se quiere comprender el funcionamiento institucional. Estas relaciones estatutarias y patrimonialistas operan más allá de los intereses divergentes –y en algunos casos contradictorios– que mantienen ciertos grupos entre sí; por el contrario, el conocimiento y utilización de las mismas sirve como mapa de ruta indispensable para el desplazamiento por los oscuros y estrechos pasillos de la justicia penal” (1999, p. 81).

Desde el inicio del Estado argentino, la Iglesia Católica ha sido un actor de claro peso para las posibilidades de ingreso y ascenso en el Poder Judicial. Aún hoy, despachos y salas judiciales están profusamente decorados con crucifijos, rosarios e imágenes religiosas. Para los operadores judiciales esta iconografía católica, contraria a la separación entre Iglesia y Estado, resulta tan natural que minimizan la importancia que ello tenga para su relación con la diversidad religiosa y la libertad de conciencia del conjunto de la ciudadanía (Donatello y Lorenc Valcarce, 2017, pp. 15 y s.). Sólo durante el último periodo de gobiernos constitucionales esa hegemonía de la Iglesia Católica y organizaciones que en ella participan, como el Opus Dei, ha cedido terreno al partido radical y al partido justicialista como actores con protagonismo para promocionar incorporaciones a la familia judicial.

A su vez, el impacto de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en la historia reciente argentina también determina que la reproducción de la familia judicial mantenga continuidades filiatorias con les magistrades que participaron de los más de siete años de accionar genocida del terrorismo de Estado. Desde el ámbito de la sociología jurídica, Roberto Bergalli remarcaba que la historia del Poder Judicial argentino durante todo el siglo XX evidenciaba una mayor cantidad de designaciones durante los regímenes dictatoriales, ocupándose luego los gobiernos constitucionales de convalidar la provisionalidad de aquelles magistrades que pudieran merecer no sólo el apoyo militarista sino también de los principales partidos políticos. Esta historia institucional “ha dejado a la clase judicial argentina, en todo este tiempo, verdaderamente expuesta por una parte a las presiones que pudieran venir del campo político o del militar y, por otra, obligada a formar algunas de las distintas ‘familias’ o aristocracias judiciales con influyentes conexiones sobre aquellos estamentos” (Bergalli, 1991).

 

El hijo putativo de Brusa y la impunidad de Balla

¿De dónde provienen quienes juzgan en Santa Fe los crímenes de lesa humanidad? Del mismo tipo de ámbitos de composición y reproducción de la familia judicial identificados por los estudios de antropología jurídica para el área metropolitana: lazos familiares biológicos o constituidos por medio de dones o favores; el colonial barrio sur de la ciudad; el colegio “De la Inmaculada Concepción” de la orden jesuítica; el Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI); el claustro docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Si ascendemos por el linaje de les tres jueces que integran el TOF de Santa Fe ineludiblemente nos encontraremos con los personeros judiciales del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. La “patota con corbata”, como la caracterizan les sobrevivientes del genocidio, estuvo integrada entre otros por el juez federal Miguel Ángel Quirelli, luego sucedido por Fernando Mántaras, el secretario Víctor Montti, el entonces empleado Víctor Hermes Brusa, su colega Jorge Núñez, el fiscal Jorge Bruno y el defensor oficial Dante Vella. En el TOF revista como juez de cámara José María Escobar Cello, hijo de un conocido profesor de derecho penal. Jorge Bruno, amigo de su padre, lo apadrinó en el comienzo de su carrera judicial. Como padrino de su hija eligió a Víctor Montti, favorecido por múltiples obstáculos al avance de los procesos judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad de los que participó. Otra integrante del TOF es la jueza de cámara María Ivón Vella, estrecha amiga de Brusa e hija de Vella, quien poco hacía como defensor oficial de quienes padecían la cárcel como preses políticxs y nunca denunciaba los secuestros y torturas con que comenzaba el calvario de sus defendides. El tercer integrante del TOF es Luciano Homero Lauría, artífice de las resoluciones ilegales que eximen a Balla de cumplir en la cárcel su condena a prisión perpetua.

 

 

¿Cómo se expresa Lauría sobre la familia judicial de la ciudad? Entrevistado por el conservador diario El Litoral (edición del 20-9-19), Lauría convocaba a les santafecines a darse cuenta de aquello “que tenemos de historia, que es impresionante… el vecino Horacio Rosatti, que es juez de la Corte; ha sido intendente de la ciudad; constituyente del ‘94; es la pluma de esa reforma constitucional; es docente; fue decano de la Universidad Católica de Santa Fe; recibido en nuestra Universidad Nacional del Litoral; doctorado también en la UNL. Es Santa Fe.

–¿Por qué recalcas eso y con tanto énfasis?

–Es que no lo estamos viendo y lo pasamos por alto. La inmediatez, la vecindad, no nos deja ver. Traigo en una frase, brillante, del Papa Francisco que dice: “Creo en la mezquindad de mi alma que busca tragar sin dar”. La mezquindad no nos permite valorar al vecino que tanto nos puede ofrecer. Saber que el propio Ricardo Lorenzetti es otro ministro de la Corte, que se formó acá en esta ciudad. Rafael Gutiérrez es nuestro también. Él ha gestionado, de manera impecable, las últimas décadas del Poder Judicial provincial en condiciones sumamente adversas ¿Cuándo lo vamos a valorar? ¿Cuándo se vaya? No dejo de preguntarme ¿Llegará el día en que dimensionemos la potencia de nuestra ciudad?”. El supremo obrar judicial de Lorenzetti y de Rosatti es conocido fuera de la ciudad de Santa Fe. Rafael Gutiérrez ha ocupado múltiples veces la presidencia de la Corte Suprema de Justicia provincial. Lauría testimonia que desde allí se logra “gestionar el Poder Judicial provincial”, cuerpo institucional que ha brindado, en distintos procesos, plena impunidad al ex gobernador Carlos Alberto Reutemann, primo de Gutiérrez.

Entre “los nuestros”, Lauría ya no puede mencionar al ex empleado del juzgado federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, quien fue promocionado a juez federal durante la primera gobernación de Reutemann y se encuentra cumpliendo 23 años de prisión como pena acumulada después de las tres condenas que ya recibió como miembro de la patota del terrorismo de Estado. Lauría reclamó en defensa de Brusa cuando se decidía su destitución en el Consejo de la Magistratura por aquellos crímenes y por delitos más actuales. Luego fue muy expresivo cuando fundamentó su excusación para actuar como conjuez de instrucción en su contra: “Entré a trabajar en la justicia federal en el año 1993 a propuesta del Dr. Víctor Hermes Brusa… Conozco a Víctor Hermes Brusa desde la infancia… con él he compartido múltiples actividades en el ámbito deportivo y social, más precisamente en el rugby. Eso ha forjado no sólo una relación de amistad con Víctor sino también una relación afectuosa y frecuente con los integrantes de su familia”.

 

 

Estas lealtades con quien lo hizo ingresar al Poder Judicial motivaron las impugnaciones presentadas por los organismos de derechos humanos ante el Congreso Nacional para que no se lo designe en el TOF, tribunal de competencia exclusiva para el juzgamiento de los crímenes de la patota genocida de Santa Fe. Con maniobras irregulares se aprobó su pliego en una segunda presentación buscando que se desconocieran esas impugnaciones. Por estos mismos antecedentes fue recusado en cada juicio donde querellamos quienes lo impugnamos. En algunos juicios fue apartado pero en general ha logrado el respaldo corporativo de les otres miembres del TOF y de la Cámara de Casación Penal.

En el dedicado manejo que Lauría hace de las alianzas dentro y fuera del tribunal, sigue la estrategia reconocible de los operadores judiciales santafesinos. Los juicios orales que cuentan con la presencia de los organismos de derechos humanos y un visible tratamiento mediático concluyen con sentencias que imponen penas graves a los responsables de crímenes de lesa humanidad. La posibilidad de ser cuestionados por sectores del poder político y mediático que piden tratamiento blando para estos condenados se evita con decisiones sigilosas de amplio beneficio para que las penas no se cumplan en prisión. Lauría parece considerar en riesgo esa estrategia si reconoce las irregularidades con que se privilegia a Jorge Balla aunque en este caso no haya podido evitar el fuerte repudio público de distintas instancias institucionales, políticas y sociales. Sea en la ciudad de Santa Fe o en la de San Francisco, a donde quiera que se le asegure a Balla una vivienda para evitar el cumplimiento efectivo de la pena de prisión, se expone con claridad que estas decisiones ilegales vuelven a hacer de la impunidad una forma de gestionar poder por parte de la familia judicial santafesina.

 

 

-Bergalli, Roberto, 1991, “La quiebra de los mitos. Independencia judicial y selección de los jueces” en Nueva Sociedad, N°, 112, pp. 152-165.

-Donatello, Luis Miguel y Lorenc Valcarce, Federico, 2017, “El ascenso a la elite judicial. Una reconstrucción de los orígenes y las trayectorias de jueces a partir de entrevistas biográficas” en Revista Argentina de Sociología, N° 11, pp. 6-29.

-Sarrabayrouse Oliveira, María José, 1999, “Grupos, lealtades y prácticas: el caso de la justicia penal argentina” en Revista de Sociología e Política, N° 13, pp. 81-104.

-Sarrabayrouse Oliveira, María José, 2015, “Desnaturalización de categorías: independencia judicial y acceso a la justicia. Los avatares del proceso de democratización de la justicia en Argentina” en Colombia Internacional, N° 84, pp. 139-159.

 

 

 

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