¿Qué sucederá con el MegaDNU?
La oposición rechaza el decretazo, pero el sector “blando” negocia para evitarle un duro golpe al gobierno
El decreto de necesidad y urgencia 27/2018 para reformar y desregular el Estado que se publicó en el Boletín Oficial el 11 de enero provocó algo poco habitual en los primeros dos años de gestión macrista: una reacción en bloque de toda la oposición, que cuestionó la iniciativa. El MegaDNU rompió todos los moldes regulatorios. Con 22 capítulos y 192 artículos, derogó 19 leyes y modificó otras 140. La gambeta del Ejecutivo al Congreso —una más— quedó en evidencia a pesar de que se realizó en enero, un mes en el que hasta la política se toma vacaciones.
Este amague a la democracia generó un rechazo de prácticamente todo el arco opositor que pretende derribar el DNU. El oficialismo ya analiza vías alternativas para aprobar las iniciativas que contiene el decreto 27/2018. Entre ellas se destacan la que autoriza que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) pueda operar en cuestiones financieras; la que habilita el embargo de cuentas sueldo; la que acota la difusión de la convocatoria a licitaciones; la que legisla en materia penal al redefinir tareas de la UIF; la que regula materia tributaria al condonar aportes patronales; y la que permite crear puertos y aeropuertos privados, entre otros tantos temas controvertidos.
Los DNU —que se debieran utilizar para casos de emergencia— tienen dos escenarios de confrontación, el judicial y el legislativo. Por eso, además de los tribunales —donde hay una serie de denuncias impulsadas por el kirchnerismo y el Frente Renovador—, el Congreso juega un rol protagónico. Será el encargado de refrendar o rechazar el decreto.
Según pudo reconstruir El Cohete A La Luna, la oposición reúne los votos para hacerlo caer.
En lo que no hay consenso es cuándo hacerlo. Las diferencias surgen en torno al momento en que podría producirse este abroquelamiento opositor en el recinto. Las divergencias se deben a la interpretación que hacen de la Constitución Nacional y de la ley que regula los DNU (26.122).
Mientras desde el Frente para la Victoria, vía su presidente de bloque, Agustín Rossi, intentan que esto suceda en febrero, desde los otros sectores —como el bloque PJ y el Frente Renovador— consideran que recién se podría avanzar en marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias. Sostienen que los bloques no pueden autoconvocarse en extraordinarias, que el llamado a ese tipo de sesiones es potestad del Ejecutivo. Desde el FPV no coinciden. “Podemos tratarlo en febrero. Nos autoconvocamos con 129 miembros”, sostiene Rossi.
La diferencia temporal no es menor. Desde la oposición “blanda” esperan una reacción del Gobierno para no tener que asestarle un duro golpe en el recinto. Ven con buenos ojos un proyecto de ley que habilite una discusión sobre los diversos temas.
El DNU ya fue girado al Congreso por el Poder Ejecutivo y será tratado el martes 6 por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Conformada por 8 integrantes de Cambiemos y 8 opositores, se estima que la comisión avalará el DNU, ya que el presidente de ese órgano legislativo desempata la votación y responderá al partido de gobierno: el órgano se constituirá ese mismo día.
El criterio de defensa del DNU que desarrolló públicamente el diputado y alfil judicial del PRO, Pablo Tonelli, expone la debilidad argumentativa del macrismo, sobre todo porque se trata de un decretazo inédito, que afecta 159 leyes. Como es habitual, se tomó del kirchnerismo y sin sonrojarse, explicó: “El principal argumento de defensa es la doctrina de la propia comisión a lo largo de los 12 años que lleva de existencia. La comisión se constituyó por primera vez en 2006, yo la integraba. Cuando empezamos a analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia, quienes éramos opositores (…) fuimos partidarios y propiciamos un criterio estricto, restrictivo, respecto de la atribución del presidente para sancionar los DNU. Sin embargo, el oficialismo de entonces que era el FPV impuso un criterio opuesto, amplio, muy laxo respecto de las atribuciones del presidente, y durante 10 años aplicó ese criterio laxo que le permite al presidente con bastante discrecionalidad dictar DNU. Si durante 10 años la comisión aplicó esa doctrina y ese criterio, nos parece que hay que seguir aplicando ese criterio. No puede ser que porque se cambie el presidente el criterio pase a ser restrictivo y exigente”.
Según la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia, la comisión tiene que “expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento”. Debe manifestarse en 10 días hábiles.
Acto seguido, se pronuncian ambas cámaras. No pueden tratar el contenido en particular, aceptan o rechazan el DNU en su totalidad. Si las dos instancias se inclinan por la segunda opción, el megadecreto es derogado. Con que una no lo haga, la voluntad del Ejecutivo queda en pie.
Atento a que en la Cámara Baja no reunirá los votos para defender el megadecreto, el presidente del bloque de diputados PRO, Nicolás Massot, en un guiño al sector “blando” ya deslizó públicamente la posibilidad de que el oficialismo insista con sus cambios pero mediante uno (o varios) proyectos de ley, lo que abriría la discusión parlamentaria. Desde el sector dialoguista consideran que así “podrán llegar a un acuerdo en diversos temas”.
Más allá de las expresiones de deseo, hasta tanto y en cuanto las cámaras no lo rechacen o el Ejecutivo no lo derogue —no se descarta un accionar más desprolijo del macrismo que implique el envío de un proyecto de ley que se superponga con el decretazo—, el DNU rubricado por Mauricio Macri y todo su gabinete sigue en pie.
La vía judicial
El 17 de enero, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat denunció penalmente al presidente Mauricio Macri y sus ministros por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato. En su presentación solicitó que se habilite la feria y se dicte una medida suspensiva para evitar que se ejecute el MegaDNU. El caso recayó en el juzgado del magistrado Ariel Lijo, que al 31 de enero prácticamente no había atendido la presentación. Desde el lunes corre el plazo para que el fiscal se pronuncie sobre el tema.
Junto a la presentación penal, Barcesat realizó otra denuncia pero en el fuero Contencioso Administrativo que no tuvo mejor suerte. No tuvo habilitación de la feria. En este caso, el abogado solicitó que se resuelva sobre una medida cautelar para suspender la entrada en vigencia del DNU. Desde el 1ºde febrero su escrito está en el juzgado contencioso Nº 9. Ese despacho está bajo las órdenes del juez Pablo Gabriel Cayssials.
Barcesat es optimista con que la medida cautelar tenga lugar, algo que podría suceder en los días que la comisión bicameral tratará el DNU.
“Este decreto es una usurpación de actividades y potestades legislativas, taxativamente prohibidas por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional que dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta emitir disposiciones legislativas”, aseguró Barcesat cuya presentación fue respaldada por diversos dirigentes del kirchnerismo. “Se trata de un golpe de estado institucional porque se quebranta la rigurosa regulación que tiene la Carta Magna”, dijo el profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la UBA.
Desde el Frente Renovador también apelaron a la Justicia para frenar el impacto del DNU 27/2018. Lo hicieron ante el fuero Contencioso Administrativo por considerar que el decretazo es “inconstitucional” ya que no hay “necesidad ni urgencia”. El caso recayó en el juzgado contencioso Nº 4. Según informaron desde aquel espacio no se habilitó la feria para abordar el tema. Insistirán con el pedido de inconstitucionalidad y en la medida de no innovar para evitar que las modificaciones vigentes tengan efecto.
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