Que salga el sol

 

En el marco de un paquete muy interesante de políticas que se están dando para mejorar la gestión de las tecnologías públicas, se lanzó recientemente una consulta pública para la creación de una Nube Pública Estatal.

¿Qué es una nube? ¿Qué importancia puede tener para la gestión estatal? ¿Por qué le tiene que interesar este tema a toda la ciudadanía? En las siguientes líneas intentaré responder a estas preguntas buscando destacar la relevancia que tiene discutir acerca de tecnología digital pública, aunque no sea un tema que ocupe la agenda central de gobiernos y medios.

La Nube Pública es un tema central para pensar las capacidades tecnológicas del Estado. Quienes creemos en el rol transformador y fundamental que tiene el Estado para el desarrollo justo de nuestras sociedades debemos prestar especial atención a sus capacidades tecnológicas. Un Estado con problemas tecnológicos es un Estado débil; un Estado que depende tecnológicamente de un conjunto de empresas corre el riesgo de perder soberanía y es por eso que utilizamos el concepto de Soberanía Tecnológica.

Pero ¿qué es la nube? Un viejo chiste dice: “la nube no existe, es la computadora de otro”. Y algo de verdad tiene porque “la nube” es un conjunto de servidores en algún centro de cómputos del mundo, que a través de virtualizaciones permite acceder a servicios, quitando la necesidad de contar con hardware e infraestructura propia (más detalles aquí). Pero para no adentrarnos en tecnicismos acerca de datacenters, virtualizaciones, etc. nos interesa resaltar que al hablar de “la nube”, estamos hablando de nube de servicios, es decir de servicios que existen en la nube para el alojamiento, gestión, resguardo y escalabilidad de aplicaciones y datos. La nube por tanto es la parte final de la cadena de valor del software. Discutir sobre la necesidad de una nube propia por parte del Estado no supone solamente discutir dónde estarán los datos de los ciudadanos sino también cómo se construyen las soluciones tecnológicas del mismo y si las tecnologías tienen una dependencia hacia una empresa. La utilización de la nube de una empresa conlleva necesariamente el uso de un paquete de soluciones que proponen los dueños de esa nube (sea Amazon, Microsoft u otro) que acota las capacidades de decisión tecnológica y genera una sangría de divisas (pues se factura fuera del país).

En este sentido no se trata de sólo una decisión tecnológica de equipos e inversiones (si es que existe alguna decisión que sea sólo tecnológica). La nube es la piedra angular de un cambio de paradigma en las tecnologías digitales: el Software como Servicio (SaaS). Al analizar el Capitalismo de Plataformas (en un libro que lleva ese nombre) Srnicek señala que existe un tipo de “Plataformas de la Nube” que, al igual que otras, logran convertir un producto en un servicio eterno, mejorando la rentabilidad y asegurando la dependencia que siempre lleva al uso de nuevo servicios.

La construcción rápida de monopolios como nunca se había visto en la historia del capitalismo basada en Software (bienes informacionales) consigue con el modelo SaaS una nueva forma de maximizar sus inversiones. Ya no deberá velar por el pago de licencias de software a través de la fiscalización de miles de empresas y Estados sino que gracias a la nube puede centralizar las soluciones y mensualizar sus ingresos expuestos como servicios.

Es en este contexto de capitalismo de plataformas y nubes privadas, la consulta pública para la construcción de una Nube Híbrida Pública tiene una trascendencia fundamental para pensar no sólo las capacidades tecnológicas del Estado (los Estados si pensamos en los distintos niveles: Nacional, Provincial y Municipal) sino también la privacidad de los datos y la industria tecnológica nacional.

Sobre este último punto es necesario resaltar que la Argentina es un país con una gran industria de software, apoyada desde hace muchos años por el Estado con leyes que facilitaron e impulsaron el desarrollo de la misma. Sin embargo aún nos debemos discusiones que permitan pensar el desarrollo local tecnológico y el agregado de valor. Argentina se ha consolidado como una importante usina de programadores y programadoras que exportan servicios pero que no necesariamente construyen sus propios productos y servicios (donde se consolida finalmente el valor de los bienes informacionales). Y quienes sí construyen sus servicios suelen hacerlo sobre una nube que genera que una parte del costo de su producto (y de las decisiones tecnológicas sobre el mismo) sea de una tercera empresa (la dueña de la nube).

Pensar el desarrollo de una Nube Pública debe también servir para pensar cómo fortalecer el entramado de los prestadores locales y los servicios de los mismos, es decir cómo contener toda la cadena de valor de los bienes informacionales dentro del país.

En la corta historia de la tecnología digital ya hemos visto distintos ejemplos de las problemáticas que implica para los Estados la dependencia de empresas tecnológicas. Ejemplos que pueden ir desde la desaparición de una empresa o abandono de un producto (y la consecuente pérdida de una inversión), la falta de estándares que dificultan la interoperación entre sistemas o directamente el espionaje y el sabotaje perpetrados a través de sistemas sobre los que los Estados no tienen el control, como denunció Dilma Rousseff en su momento en Naciones Unidas por el espionaje sobre Petrobras.

En la Argentina en particular tuvimos recientemente los casos con el sistema utilizado para la gestión del Poder Judicial y el caso que puso a la luz la auditoría realizada sobre el Sistema de Gestión Documental Electrónica creado por la gestión macrista.

Existen en el mundo líneas de trabajo que permiten construir un horizonte para las tecnologías digitales públicas. La Unión Europea, por ejemplo, desde hace años trabaja en normativas para asegurar los estándares abiertos y la Interoperabilidad intra e inter Estados (recientemente refrendadas en la Declaración de Berlín).

La pandemia puso de manifiesto muchos problemas por parte del Estado para adaptarse a la virtualidad y la gestión digital, problemas basados en malas decisiones tecnológicas que vienen de tiempo atrás.

El plan de poner en valor Arsat y su centro de datos, en conjunto con otras políticas que fomenten la cooperación entre áreas del Estado e impulsen tecnologías y estándares abiertos, son fundamentales para dotar de herramientas digitales al Estado.

Aunque suene contradictorio, la Nube Pública puede alumbrar el camino de las tecnologías públicas. Es necesaria para cumplimentar las leyes de datos personales, para mejorar la gestión estatal, ahorrar costos y potenciar a la industria local de software en todas las instancias de la cadena de valor. La Nube Pública es la base de la soberanía tecnológica.

 

 

 

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