Que rompan el pacto de silencio

 

Resulta difícil describir la intensidad de lo recorrido en estos dos años en los cuales quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas nos encontramos, y conformamos este colectivo. Los primeros pasos vinieron indefectiblemente acompañados de las caídas por falta de experiencia, temores y dudas. También estuvo la mano amiga, el aliento y las palabras de cariño y apoyo a esta causa y el convencimiento de que hay que levantarse y seguir andando. Así llegamos a los dos años. Dos años en los cuales más de un centenar de familiares de genocidas de diferentes provincias de Argentina y otros países, hemos entrado en contacto. Y hemos comenzado a pensar sobre las consecuencias que los crímenes de lesa humanidad traen al interior de las propias familias de los perpetradores.

La primera acción política colectiva que hicimos fue la presentación de un proyecto de ley. Los mandatos de silencio que se imponen al interior de nuestras familias, que son también mandatos religiosos, sociales y culturales, se explicitan en nuestra legislación penal con la prohibición a los hijos de declarar en contra de nuestros familiares genocidas. Ante la imposibilidad de que quienes formamos parte de este colectivo podamos aportar nuestros testimonios en los juicios que imputan a nuestros familiares y sabiendo el beneficio que podría sumar, presentamos en el Congreso de la Nación un proyecto de ley. En él pedimos que se modifique el actual Código Procesal Penal para que en casos de crímenes de lesa humanidad, los hijos y familiares directos de genocidas, podamos denunciar y testificar. Son nuestros propios familiares quienes poseen la información necesaria para el esclarecimiento de la verdad y tienen la obligación de declararla y confesarla. A ellos les reclamamos que rompan el pacto de silencio y cuenten lo que saben, pero además pedimos que la ley no vuelva a silenciar a quienes hayan podido tener acceso a relatos intrafamiliares respecto a las atrocidades cometidas. Considerando que el tiempo pasa y los genocidas mueren, muchísimos de ellos impunes, y que la sociedad necesita y merece verdad y justicia, es que apelamos con urgencia a esta modificación en el Código Procesal Penal.

Hemos tenido que atravesar profundos procesos internos para romper con los mandatos de silencio que, explícita o implícitamente, vivimos al interior de nuestras familias. Hemos tenido que romper con la vergüenza, por la filiación que “nos tocó” y que no elegimos. Pero lo que sí elegimos es hablar, dando testimonio de nuestro repudio al accionar genocida de nuestros familiares y a favor de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por todo esto es que pedimos que la ley acompañe este posicionamiento ético que nosotros ya hemos asumido desobedeciendo esos mandatos que nos sometían al silencio y nos hacían tanto mal.

Otro gran paso colectivo ha sido la publicación de un primer libro: Escritos desobedientes. En él hemos documentado a través de un manifiesto y de relatos testimoniales, nuestro posicionamiento político y nuestras primeras reflexiones. Expresa la necesidad de hacer pública nuestra propia voz, ahí donde lo personal es político y donde el límite entre lo público y lo privado parece por momentos desdibujarse. En un ejercicio constante de reflexión y circulación de la palabra, tantas veces negada, silenciada, desestimada; hemos podido expresar nuestra preocupación por el rol que cumplen hoy las Fuerzas Armadas y de seguridad. Nos resulta imperioso remarcar las consecuencias sociales e institucionales que genera la falta de un pronunciamiento profundo y sentido desde el seno de esas instituciones en las que hemos crecido y que tan bien conocemos. Necesitamos visibilizar las heridas que produce el silencio respecto al accionar criminal que promovieron, alentaron y ejecutaron.

Nos consta, y esto se patentiza más aún en el marco de este gobierno negacionista y represor, que las lógicas de funcionamiento al interior de estas fuerzas no se alejan de las empleadas en las épocas más oscuras de nuestro país. Los privilegios de los que siguen gozando quienes participaron en crímenes de lesa humanidad: cárceles de privilegio, prisiones domiciliarias, falta de exoneración de la fuerza, pagos retroactivos, pensiones honoríficas que cobran aún estando imputados por crímenes de lesa humanidad; dan cuenta de una “complicidad institucional”. A nuestro criterio, estos privilegios representan lisa y llanamente la convalidación de estos crímenes y obturan la posibilidad de asumir una responsabilidad subjetiva por parte de quienes fueron capaces de secuestrar, torturar, robar, asesinar, desaparecer, violar y silenciar.

Nuestro colectivo también ha autogestionado y organizado la realización del Primer Encuentro Internacional de Historias Desobedientes. En él desarrollamos y compartimos nuestras reflexiones y preguntas que comenzaron a expandirse más allá de las fronteras de este país. Desde Chile y desde Alemania se acercaron al encuentro familiares de genocidas que con sus testimonios y recorridos personales abrieron el espacio a nuevas preguntas y reflexiones.

Con el surgimiento de Historias Desobedientes Chile, donde los familiares de genocidas del país hermano comenzaron a trabajar conjuntamente denunciando la impunidad, queda en evidencia que el plan Cóndor para toda América Latina, ha hecho estragos inconmensurables.

En el caminar de estos dos intensos años se nos hace cada día más evidente que el repudio surgido desde el mismo seno de las familias de los genocidas resulta un aporte importante a la construcción de una sociedad comprometida con la Verdad y la Justicia.

 

 

 

 

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