Que quede entre nosotros

 

“Estese a lo allí dispuesto”. Cinco palabras. Una referencia a una resolución previa. Membrete, firma y sello. Tácito, el no.

Con esos ornamentos burocráticos, la Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó su posición inicial y negó el pedido para que se disponga acceso público a las presentaciones que solicitaron efectuar ante el tribunal Rosana Heinrich y María de los Ángeles Loyola, hijas de los obreros gráficos y militantes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, víctimas en una causa por delitos de lesa humanidad en que se imputó al empresario y ex funcionario menemista Vicente Massot.

Los pedidos de publicidad que la Cámara rechazó provinieron de diversos sectores: organismos de derechos humanos, particulares, referentes políticos y sindicales y más de quince periodistas de medios de comunicación locales y nacionales.

Rosana y María de los Ángeles habían solicitado ser oídas por el tribunal amparadas en el quinto artículo de la ley 27.372, que garantiza a las víctimas el derecho a ser escuchadas “antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal”. Es el caso, porque los camaristas deben pronunciarse sobre las apelaciones al sobreseimiento en primera instancia de Massot, que el juez Walter López da Silva decidió en mayo pasado, argumentando el tiempo transcurrido desde la imputación original, en 2013.

Desde entonces se sucedieron ampliaciones de prueba documental y testimonial por parte de la fiscalía interviniente, que la Justicia bahiense siempre dio por insuficientes, y la cesantía del secretario judicial Álvaro Coleffi, que cuando debió cumplir el rol de juez en la causa fue el único magistrado que citó a Massot a una declaración indagatoria.

 

Las imputaciones

Encabezados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, los organismos bahienses vienen denunciando el accionar de La Nueva Provincia desde los años de la recuperación democrática. Por su parte, en su sitio Bahía Gris, que permanece como reservorio documental, Diego Martínez dedicó su oficio periodístico a investigarlo en profundidad. A esa tarea se sumaron luego trabajos académicos, sobre todo de la Universidad Nacional del Sur, y una minuciosa búsqueda de pruebas de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia. 

Fruto de ese trayecto, se establecieron dos imputaciones sobre los responsables del diario durante la última dictadura.

Una de ellas se vincula con el encubrimiento del genocidio bajo una pátina de justificación con base en la desinformación, la estigmatización de las víctimas y la tergiversación de los hechos. La práctica encajaba perfectamente en las directivas de inteligencia militar de la época, como el Manual de Operaciones Sicológicas que Alejandro Lanusse había suscripto ya en la dictadura anterior a la iniciada en 1976.

Cuando en 2012 un tribunal bahiense sentenció a prisión a casi dos decenas de represores, sostuvo que lo revelado durante el juicio que concluía obligaba a iniciar una investigación específica sobre el accionar de La Nueva Provincia y entendió que el diario había ejecutado una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra” en favor de la represión clandestina.

Los casos de Heinrich y Loyola revisten una singularidad especial. Ambos eran obreros en los talleres gráficos del periódico y durante 1975 habían encabezado acciones gremiales en reclamo de mejores condiciones laborales. Las medidas de fuerza derivaron incluso en que el diario no se publicase durante algunos días. Al reaparecer en los quioscos, su dirección advirtió que los referentes gremiales parecían “creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. El 30 de junio de 1976 fueron secuestrados. Sus cuerpos acribillados serían descubiertos en las afueras de Bahía Blanca cinco días después.

Tanto Heinrich como Loyola habían estado entre los principales apuntados por acciones de inteligencia naval, que los caracterizaban parte del “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” en tanto “principales activistas del gremio gráfico”. Durante los meses de conflicto, la dirección de La Nueva Provincia había encomendado a Vicente Massot “todo trato con el personal”.

Una pericia realizada por la contadora y economista Judith König para la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero demostró que el periodo contable iniciado un día después de los secuestros fue el de mayor incremento respecto del anterior en los balances de la empresa de la familia Massot en la década 1974-1983.

 

 

La Cámara del silencio

Con su negativa a otorgar carácter público a las presentaciones de las hijas de las víctimas, la Cámara Federal bahiense confirma la deriva que comenzó con el golpe palaciego que consiguió limitar primero y desplazar después al ejemplar Luis Cotter y entronizó a Néstor Montezanti, actualmente procesado por su condición de espía del Ejército durante la dictadura y acusado de haber formado parte antes de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina. Montezanti no integra ya el tribunal: otro descendiente de calabreses, en ese momento Presidente de la Nación, aceptó rápidamente su apresurada renuncia y le evitó la destitución en un juicio político a punto de concluir.

Las actuales señorías de Cámara aún no han puesto fecha para dedicar el tiempo magistrado a escuchar a las mujeres que perdieron a sus padres siendo muy pequeñas. Cualquiera sea el día, han decidido que ocurrirá entre cuatro paredes.  

 

La verdad de las calles

Contrariamente a la posición del tribunal de alzada, es difícil imaginar un hecho de mayor interés público en una región marcada por la prédica constante del diario La Nueva Provincia, de cuyo cuerpo directivo de los ‘70, Vicente Massot es el único superviviente. Su hermano Federico falleció en 1990, un año después del desembarco familiar en el privatizado canal 11 porteño, luego de que Carlos Menem empeorase la Ley de Radiodifusión del dictador Jorge Videla para permitir la titularidad de emisoras de TV a propietarios de medios gráficos. Diana Julio, madre de los hermanos, murió en 2009. La muerte de Mario Gabrielli, el principal responsable periodístico de La Nueva Provincia en la época, le permitió eludir su condición de imputado cuando la investigación de la fiscalía ya había comenzado.

Tras la reciente negativa de la Cámara, la regional de H.I.J.O.S. denunció que “así es como el Poder Judicial bahiense les garantiza no solo la impunidad a los responsables civiles de la última dictadura genocida, sino que lo quiere hacer en el más absoluto silencio”.

En su comunicado, la agrupación recordó: “Siempre recurrimos a todos los tediosos, lentos y viscosos caminos que el Poder Judicial plantea ante cada reclamo”, pero advirtió: “También conocemos y recorremos desde hace mucho tiempo el camino de Memoria, Verdad y Justicia en la calle, junto a los demás partícipes de esta búsqueda y a toda la sociedad”.

Manifestaciones recientes comprueban lo destacado por H.I.J.O.S. En julio pasado, al cumplirse 47 años de los homicidios de Heinrich y Loyola, el Sindicato de Artes Gráficas les rindió un homenaje en la sede gremial. Por otra parte, para el 22 de agosto se ha anunciado la señalización como Espacio de Memoria de la Cueva de los Leones, como se conoce al paraje ubicado a la vera de la ruta nacional 33 en el que fueron hallados sus cuerpos.

 

 

 

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