¿Qué nos sirve de este caos?

 

Hay un debate global sobre las tendencias en el mediano y largo plazo que despertará, o profundizará, la lucha contra la pandemia.

Por un lado, distintas voces alertan sobre la configuración —y más grave, legitimación— de nuevos dispositivos de control poblacional, que si hoy sirven para el cuidado médico, mañana viran hacia la contrainsurgencia social. El surcoreano Byung-Chul Han le puso nombre: Estado Policial Digital, y advierte que este podría ser el principal producto de exportación de China al mundo, en su éxito combatiendo al Covid-19. El pensador israelí Yuval Harari también advirtió el peligro del uso de datos privados para controles poblacionales. Se trata de lo que Michel Foucault describió muy premonitoriamente sobre el ejercicio del poder disciplinar en su análisis sobre las políticas de combate a la peste en Francia en el siglo XVII – extracto que fue publicado en este Cohete. En 2019 la novedad de las protestas en Hong Kong a través de la utilización de máscaras para evitar el reconocimiento facial –luego prohibidas— y la compra de boletos de subte en papel para evitar el rastreo de movimientos de las tarjetas, fueron novedades puestas en juego para evitar la identificación policial y la geolocalización, respectivamente, de la manifestación política opositora. Por estos días, controlar la propagación del virus con geolocalización de los enfermos y sus potenciales contagiados es la receta que está teniendo mejor publicidad, ante las dudas sobre la efectividad del solo aislamiento.

En la teoría, esta re-legitimación de tendencias autoritarias lograría magnificar al conjunto social una forma de ejercicio del poder hoy acotada a determinados dispositivos carcelarios, educativos y psiquiátricos. En la Argentina, la traducción se da a través de repetidas intervenciones represivas y de alto componente discriminatorio –desde Jujuy hasta el Conurbano bonaerense—, que pudieron verse en más de un episodio en estas pocas semanas.

Lo que paradójicamente está ocurriendo es que al mismo tiempo se re-legitima una intervención estatal con gasto de corte redistributivo (inyección a la demanda de los sectores de menores ingresos) y con sostén a la oferta para otorgarle liquidez allí donde esta escasea. Y si antes estas políticas hubieran sido motivo para poner el grito en el cielo, hoy se registra un silencio inédito de las poderosas voces liberales respecto del paquete argentino de 2,3% del PBI (compuesto por una parte fiscal y otra por regulaciones y garantías crediticias) y respecto de cómo éste se financia, mayormente con emisión y a la vez planteando la imperiosa necesidad de postergar pagos de deuda. Gran parte de los desafíos en torno al desarrollo económico dependen de asentar, de una buena vez, un piso básico de consensos sobre el origen de los recursos del Estado y sobre su manera de gastarlos. Esta pandemia, que desembarca aquí a la salida de un gobierno endeudador, fugador y ajustador, está abriendo una nueva oportunidad para eso. Por otro lado, mientras la coordinación global para el combate a la pandemia brilla por su ausencia (¿primera víctima del Covid-19?), el FMI le pide a los Estados que se pongan al frente y hasta construye un “Policy Tracker” para seguir cuánto gastan. A Keynes le gustaría esto.

Entonces, ¿cómo separar la paja del trigo? ¿Cómo lograr que estos volátiles consensos redistributivos echen raíces a la vez que alejar las tentaciones autoritarias que parecen acompañarlos en tiempos de pandemia? ¿Cómo distinguir públicamente lo que necesita una Argentina desigual de lo que sin dudas convertiría en un infierno represivo a esta misma Argentina desigual?

Ambas tendencias ocurren al mismo tiempo y se entremezclan confusamente. Identificar en este caos lo que hay que evitar y lo que es funcional para una Argentina más igualitaria es una tarea que es específica de la etapa. Varios ejes sirven para eso. Primero, quedó atrás el debate sobre el rango ministerial de la salud, y esta semana se habló de la necesidad de coordinar los subsistemas público, privado y de obras sociales. Segundo, es urgente la introducción de la tecnología a los convenios colectivos de trabajo, anticipándose al pedido empresarial de reforma laboral y dotando de protagonismo sindical a ese proceso (donde es necesaria la regulación de las modalidades de teletrabajo a través de la negociación colectiva). Tercero, la principal mochila argentina para combatir la pandemia es la deuda y lo reconoció hasta el propio FMI con el documento sobre el “alivio sustancial”: el “nunca más” al endeudamiento debería convertirse en consenso básico. Cuarto, aparece con enorme vigencia la agenda feminista: la sucesión de femicidios dejó muy expuesto el gran componente doméstico de la violencia de género, como un rasgo estructural, inmune incluso al despliegue inédito de fuerzas policiales y estricto control circulatorio.

En sintonía con estas enumeraciones, el periódico británico Financial Times, en su editorial del 3 de abril, sostuvo, en traducción propia: “Tendrán que ponerse sobre la mesa reformas radicales —la reversión de la dirección política prevaleciente de las últimas cuatro décadas—. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deberán concebir a los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en el orden del día”, para agregar “las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos sobre la renta básica y los impuestos sobre la riqueza, tendrán que estar en la mezcla”.

 

 

 

Drama global, impacto local heterogéneo

La retórica de la globalización está chocando contra una realidad que no la acompaña —que no se acomoda a aquélla—, señaló Álvaro García Linera esta semana en conferencia virtual. Estados Unidos, el país que siempre fue un ejemplo a seguir por las elites locales, hoy está sumergido en una crisis sanitaria y laboral sin precedentes, superando la cantidad de contagios que registran Italia y España con la cifra de 240.000 (Universidad Johns Hopkins). En el país donde Trump hace campaña con el caballito de batalla del crecimiento económico, el drama de la desigualdad planteado por el candidato demócrata Bernie Sanders dijo presente: ya se solicitaron 6,6 millones seguros de desempleo en tan sólo una semana, mientras el 1% concentra el 40% de la riqueza, esquema distributivo similar al de 1920. Crecimiento y desigualdad son compatibles, triste hallazgo en tiempos de pandemia. La expansión de la pandemia dio por tierra con la inicial subestimación de Trump y la sola foto de las carpas sanitarias montadas en el mismísimo Central Park basta para resumirlo.

Pero ver en crisis a los ejemplos que el poder económico se ha cansado de postular no es para regocijo de nadie. En todo caso debería servir para revalidar horizontes de inclusión propios y realmente existentes en nuestra historia nacional. El peronismo tiene bastante para decir al respecto.

Por lo pronto, la Argentina vive su propio drama. Se conoció esta semana que la pobreza a finales de 2019 cerró, en el promedio nacional de INDEC, en 35,5%. Partidos del Gran Buenos Aires arrojaron un preocupante 40,1%. El dato tuvo bastante menos prensa que la inscripción de 11,3 millones de personas –hasta el jueves 2 de abri— para percibir $10.000 por Ingreso Familiar de Emergencia. Una cosa es contracara de la otra. En este punto las medidas de inyección de ingresos para compensar el golpe económico del aislamiento se mezclan con decisiones que se volvieron necesarias en el post macrismo. En efecto, si analizamos este dato con la estimación del sociólogo Diego Born, a fin de 2015 la pobreza pisaba los talones del 25%. La Argentina ingresa a la peor crisis del capitalismo habiendo previamente aumentado en 10 puntos su tasa de pobreza. Nunca es un buen momento para que te pegue una crisis global, pero la macro argentina 2020 no tenía el horno para bollos. América Latina en su conjunto, incluso, viene reportando entre 2010-2019 la menor tasa de crecimiento desde 1950: un magro 1,9% anual acumulativo (CEPAL), combinado con caída de 0,8% en la formación bruta de capital –o inversión— en un periodo similar.

Si algo nos enseñó la escuela estructuralista latinoamericana es que las sociedades de esta parte del planeta son heterogéneas, y la Argentina –aunque muchos quisieran— no escapa a eso. Las políticas de aislamiento nos están enrostrando esta heterogeneidad. Primero, la heterogeneidad laboral hace insostenible el aislamiento de una porción muy importante de la población sin aporte estatal que inyecte ingresos. Son 2 millones y medio de personas que viven al día: 1,6 millones de monotributistas, 360.000 personas que cobran planes sociales y otras 500.000 trabajadoras de servicio doméstico, sin contar los casi 2 millones de desocupados urbanos. Segundo, la heterogeneidad social hace muy compleja la administración y observancia del aislamiento en barrios con hacinamiento y precarias condiciones de vida. Esto se constata con los datos del INDEC, que no son tan conocidos como debieran: al primer semestre de 2019, el 11,4% de los habitantes de las 31 mayores ciudades del país no tiene agua potable, el 33,3% no tiene cloacas y el 35,4% carece de red de gas. No era muy distinto 4 años atrás. Tercero, la baja bancarización y la brecha digital son emergentes de esta misma heterogeneidad económica y social. En los niveles socio-económicos bajos, solo el 17% gasta con tarjeta. Esto no es un problema sencillamente adjudicable a decisiones personales: hay porciones significativas de la economía que no usan posnet y hay amplias zonas urbanas con kilómetros a la redonda sin cajeros –ni hablar de sucursales bancarias—. Incluso en estos lugares tampoco parece útil el servicio de “extra cash” que provee la multinacional Visa con comercios asociados, que son grandes cadenas de supermercados o estaciones de servicio, también ausentes en zonas pobres. En tiempos de aislamiento, la exclusión financiera y digital del siglo XXI se volvió tan palpable como la exclusión material del siglo XX.

Los datos económicos que comienzan a conocerse sólo empeoran la foto de la desigualdad. El termómetro del consumo, que es la recaudación de IVA, presenta una caída interanual de 15% a marzo en términos reales (subió 25,6% contra una inflación de 47,8%), y este dato da al fleje del principal pilar que sostiene la política anti pandemia: la caja del Estado. Si vemos los precios, el IPC Online (medidos por especialistas desde Bahía Blanca) arrojó 2,3% en marzo. La clave de esta medición es que se compone de subas hasta el 21 de marzo: “La cuarta semana (21 al 28 de marzo) no registra variaciones intersemanales significativas lo cual indicaría que casi toda la variación en el capítulo Alimentos y Bebidas se registró hasta la tercera semana. Este hecho puede deberse a que las superficies comerciales relevadas ya habrían ajustado precios viendo el alza en la demanda que se venía registrando previo a la declaración de cuarentena”.

Interesante pero predecible: las remarcaciones se anticiparon y aumentaron antes. Aunque el hecho de que hayan tenido una semana menos para remarcar aflojó el número final, que en febrero había dado un elevado 4% en Alimentos. Mientras tanto, una de las actividades industriales de mayor cobertura territorial y puestos de trabajo, la metalúrgica, viene acumulando veintidós meses de contracción. En el primer bimestre de 2020 presentó una caída de 5,9%. Ello sin los efectos del aislamiento que hará estragos, como prevé su cámara, ADIMRA.

Esta fue también la semana de nuevos anuncios en materia productiva, que intentan hacerle frente al vendaval haciendo decreto (326/2020) lo que ya era prácticamente mandato moral: “No despedirás”. A diferencia de otras partes del globo, la experiencia reciente acá ha sido determinante para explicar esta decisión. La Argentina vio de cerca el característico despido fácil como lógica empresarial que arrancó en 2016 (y que incluso incumplió olímpicamente los dos acuerdos entre CGT y gobierno para evitarlos) y fue repetido en los deprimidos años de corrida cambiaria 2018-19. No por tercera vez, parece haber zanjado el Ejecutivo. Menos aún con el Estado socorriendo a empresas a través de los Repro, reducción de hasta el 95% de contribuciones patronales, promoción del crédito vía relajamiento de encajes bancarios y ahora garantía de préstamos por $30.000 millones (FOGAR), que permite responder ante los bancos en caso de impago. El vector es el mismo para todos y todas: se viene una etapa de destrucción de riqueza y no tiene sentido pasarse la pelota de un lado al otro. Que cada quien banque lo que le toca, que el Estado es el último garante.

 

 

 

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