QUE LO ESENCIAL NO SEA INVISIBLE

 

Existe un mecanismo para evaluar la ética pública de un gobierno y es cómo trata y respeta los derechos de los sectores vulnerables, marginados del acceso a los bienes y servicios que brinda una ciudad. Este mecanismo se despliega más claramente en época de crisis, como la que estamos viviendo actualmente. También las fortalezas y las debilidades de la eficiencia de una gestión se intensifican y la idiosincrasia del grupo político que gobierna muestra su verdadero rostro. Con estas premisas, haremos un racconto desde la distancia de cómo el GCBA y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta ha afrontado la pandemia del coronavirus Covid-19 en la Ciudad.

El 30 de enero la OMS declaró a la epidemia del Covid-19, como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El 11 de marzo caracterizó al Covid-19 como una pandemia. El Presidente de la Nación anunció el 19 de marzo el establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Uno de los objetivos de esta medida era contener la transmisión de Coronavirus a fin de que los Estados (nacionales, provinciales y municipales) pudieran adecuar la infraestructura y la gestión a los desafíos de la pandemia.

En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión estableció que existían tres ámbitos sociales y espaciales muy vulnerables, los geriátricos, los paradores y las villas.

Al presente, más de la mitad de los geriátricos tienen casos confirmados, se infectaron 1947 adultos mayores y fallecieron 201. El aislamiento comunitario no funcionó. El fracaso se debió a la precariedad laboral de los trabajadores de la salud, a la falta de controles estatales del cumplimiento de los protocolos y del estado de las habilitaciones, y también a que los protocolos no contemplaron la particularidad de decenas de personas conviviendo en ámbitos espaciales comunes. Al fallar las medidas preventivas, el protocolo propone para la contención del contagio la realización de un hisopado a los siete días de la aparición del caso confirmado sin considerar que esa persona estuvo contagiando en forma previa a la aparición de los síntomas y que mientras se esperan los resultados de los hisopados la cadena de contagios continúa.

Este problema también lo tienen los “protocolos implementados” en los paradores de la ciudad, donde se encuentran alojadas aproximadamente 2000 personas que se encuentran en situación de calle. Con una salvedad, hasta el día de la fecha no existe un Protocolo Integral específico para los paradores. Existen protocolos de ingreso y ante casos sospechosos, pero no uno que regule justamente las medidas de prevención. El juez Scheibler expresó en una sentencia que dicho protocolo resulta “ineficaz para impedir que las personas que se encontrasen en paradores pudieran contagiarse masivamente”, debido a que, "durante el tiempo de incubación del virus, la persona que lo posee no presenta síntomas –por lo que el protocolo aún no se activa— pero ya sería capaz de propagarlo”. En esta misma causa judicial, el gobierno acompañó un protocolo aprobado el 6 de enero de 2020. Resulta admirable el grado de prevención del GCBA, sólo que en su contenido no existe ninguna mención a Coronavirus.

Una vez quebrantada la barrera del aislamiento comunitario, el Covid-19 infectó a 90 de las 92 personas que habitaban en el parador de Retiro. El gobierno sostuvo que aplicó todos los protocolos. Quizás los protocolos están mal elaborados y no consideran el hecho de que cientos de personas están conviviendo hacinadas durante las 24 horas del día en un espacio cerrado. Tal vez la propia existencia del parador es contraria a toda medida de prevención en esta crisis sanitaria y las personas en situación de calle debieron ser alojadas en hoteles, algo más digno y respetuoso del derecho a la vivienda. Dignidad que el gobierno reconoció a los repatriados, pero desconoce a los que viven en la calle. El trato desigual no termina allí. En la ciudad los contagiados con síntomas leves van a hoteles, en cambio a las personas en situación de calle las alojan nuevamente en otro parador, uno especial construido en Costa Salguero. El Código de Edificación aprobado en 2018, redujo de 30 a 18m2 la superficie mínima de una vivienda. Decisión muy cuestionada socialmente. Pero el gobierno no respeta lo que exige a los privados que construyen en la ciudad. A los que están en situación de calle les ofrece un espacio de alrededor de 4m2. Las viviendas colmenas, que existen en otros países y nos escandalizan, por lo menos otorgan esos espacios con intimidad.

A pesar de haber individualizado a las villas (Barrios Populares según la Ley N° 27.453) como ámbitos de alta peligrosidad de contagio, el gobierno de la Ciudad demoró más de dos meses y medio desde el establecimiento del aislamiento para la elaboración del “Protocolo de Actuación frente a la Propagación de Covid-19 en Barrios Populares”. Una aclaración menor: el GCBA no estuvo más de dos meses elaborando el protocolo, sino que no pensaba elaborarlo. El juez Darío Reynoso tuvo que obligar al gobierno a confeccionarlo. El 30 de mayo se aprobó la primera versión del protocolo, que hasta el día de la fecha no supera el status de un conjunto de lineamientos generales.

Mientras tanto los Barrios Populares fueron sacrificados. Durante semanas barrios como Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis), Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14), Scapino o Villa 21-24 sufrieron la falta de agua potable. La precariedad de la infraestructura sanitaria en las villas es generalizada y no garantiza que el agua que llega a las viviendas sea potable y segura. Además, los cortes del suministro son recurrentes. Por esta razón, advirtiendo que el gobierno continuaba con la misma asistencia sanitaria que ya era deficitaria en pre pandemia, la Cátedra de Ingeniaría Comunitaria (CLIC) logró que la Justicia, en una sentencia histórica, ordenara garantizar agua potable a las 400.000 personas que viven en las villas. Desde el 6 de mayo, a casi dos meses de la orden judicial, el gobierno no acompañó ni un escrito informando al juzgado que cumplió la medida judicial. Decidió endilgar responsabilidades a AYSA y al Estado Nacional. En un posicionamiento insólito, Rodríguez Larreta sostuvo que la ciudad no tenía ninguna responsabilidad con el 15% de su ciudadanía. Esta semana un juez federal le recordó que los habitantes de las villas también son ciudadanos/as de la ciudad y que son su responsabilidad y que, por lo tanto, la causa judicial debe tramitar ante jueces de la ciudad.

La correlación es directa entre el corte de suministro de agua y el incremento de contagios. El Ministro de Salud, Fernán Quirós, informó que estudios con testeos serológicos IgG, para medir la cantidad de personas con anticuerpos de coronavirus, detectaron que el 53% de los habitantes del barrio cursaron la enfermedad.

El incumplimiento de sentencias judiciales en estos temas no es novedoso. El 18 de febrero de 2011, la Justicia ordenó elaborar un plan de obras para disminuir el riesgo eléctrico de la Villa 21-24 realizando las reparaciones urgentes que resultaran necesarias. Pero el gobierno no cumple la medida judicial. Mientras tanto murieron personas electrocutadas en el Barrio. Ni la pandemia modificó el respeto oficial por la vida. Hace semanas que la Villa 21-24 sufre cortes continuos de luz en distintos sectores del barrio por varios días.

A cuatro meses del aislamiento, la ciudad aún no tiene protocolos para inquilinatos ni para edificios residenciales. La pandemia hace todo lo posible para poner en el centro del debate de la Ciudad la emergencia habitacional, pero sigue sin hacer mella en la mirada negacionista del gobierno. ¿Será porque su atención está fija en no permitir que la pandemia frene los negocios inmobiliarios? Tanta es la concentración del gobierno de Rodríguez Larreta en los temas inmobiliarios, que la Legislatura, a instancias del bloque oficialista, estuvo sin sesionar durante un mes porque la Justicia Federal ordenó que no se altere la situación de hecho y de derecho de inmuebles ferroviarios ubicados en Villa Crespo y del predio conocido como Triángulo de Salguero. La Legislatura que estaba apremiada por votar las leyes que autorizaran negocios inmobiliarios en estos terrenos quedó sin agenda de discusión durante un mes.

Detallamos solo algunos capítulos de lo sucedido en la Ciudad durante esta pandemia, para que lo esencial no sea invisible a la memoria y para que a posteriori de los discursos observemos que en la Ciudad hay un ejercicio del arte de la política orientado a transformar lo público en privado y una manifiesta práctica de sacrificio de los sectores populares.

 

 

 

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