¿Qué hacemos con el litio?

 

Según el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos con sede en Washington, los precios internacionales del litio registraron en abril de 2022 un meteórico aumento del 438% con respecto al mismo mes del año pasado. Desde entonces, como una suerte de reacción periférica a las señales eufóricas del mercado mundial, varias “cosas” estuvieron pasando en la Argentina relacionadas con el litio. Cosas en apariencia desvinculadas pero que, miradas en conjunto, revelan una sintomática y preocupante falta de regulación y planificación estatal.

Abril de 2022. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, batió el récord de anuncios grandilocuentes sin resultados, al festejar la firma de otro convenio para “instalar una fábrica de baterías de Litio”, esta vez con una empresa china, sin ninguna precisión sobre plazos e inversiones ni especificaciones técnicas, económicas o financieras de ningún tipo. Mientras tanto, la empresa Sales de Jujuy S.A. (de Orocobre y Toyota Tsusho), continúa extrayendo salmueras del salar de Olaroz y exportando unas 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio que luego refina y transforma en el exterior, dejando a cambio regalías provinciales por debajo del 2% de las ventas declaradas.

 

 

 

 

Mayo de 2022. En la provincia de Catamarca, la empresa Livent (ex FMC), que explota el Salar del Hombre Muerto desde 1997, protagonizó un nuevo escándalo asociado a la falta de controles públicos, esta vez por una serie de subfacturaciones confirmadas por la Agencia Recaudadora provincial. Según datos de la Dirección General de Aduanas, sólo entre 2018 y 2019 la empresa norteamericana registró más de 400 ventas con precios de hasta el 121% por debajo de las demás compañías exportadoras del mundo, motivando una multa estimada en 7.700 millones de pesos. Al igual que en los conflictos pasados de Livent, por el impacto ambiental de la extracción y por su negativa a pagar el canon por agua, la oposición conservadora busca responsabilizar sólo al gobierno provincial, sin cuestionar el régimen normativo e institucional vigente.

Junio de 2022. En referencia al trágico incendio ocurrido en un departamento de la ciudad de Buenos Aires por la sobrecarga de una batería de litio de monopatín eléctrico, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) alertó sobre la falta de controles en torno a las baterías de litio importadas que se utilizan en electromovilidad. Según Guillermo Freund, presidente de la Comisión de Electrónica de CADIEEL, “permanentemente se observan equipos que tienen fallas, baja calidad y que no pasaron por ningún control que evalúe la construcción de la batería ni su correcto funcionamiento”.

Julio de 2022. La empresa hidrocarburífera argentina Pluspetrol, fundada y controlada desde 1976 por dos de las familias más ricas del país (las de Luis Rey y Héctor Poli), concretó en la provincia de Salta un fabuloso negocio inmobiliario, dejando en evidencia quiénes son los verdaderos beneficiarios y defensores del actual régimen minero. Simplemente vendió por 960 millones de dólares a la empresa china Ganfeng uno de los varios yacimientos de litio que había adquirido en 2019 por sólo 83 millones de dólares.

 

 

 

Anomalías argentinas

A diferencia de lo que ocurre en Bolivia y en Chile, el Código Minero argentino permite que cualquier empresa privada, nacional o extranjera, adquiera yacimientos públicos de litio vía concesiones mineras provinciales a perpetuidad y sin condiciones, que luego pueden hipotecar o vender cuando quieran. Por otra parte, gracias a la Ley de Inversiones Mineras de 1993, las empresas que decidan explotar esas concesiones gozan de enormes exenciones impositivas, estabilidad fiscal por 30 años y un régimen de regalías que prohíbe a las provincias cobrarles más del 3% del valor de las ventas (que declaran descontando todos los costos que van desde la bocamina hasta el puerto). Como si esto fuera poco, reciben un reintegro a las exportaciones que, según un reciente informe de CEPAL, alcanza “una cantidad en general superior a lo que pagan por concepto de regalías provinciales”, lo que lleva a la Argentina a ser el país de la región con menor control y apropiación pública de la renta minera asociada al litio.

Sin embargo, el litio argentino también suele protagonizar buenas noticias, principalmente en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del CONICET. Son conocidas las importantes y prestigiosas capacidades científico-tecnológicas que tiene nuestro país, financiadas principalmente por el sector público, abarcando las más variadas disciplinas, líneas de investigación y posibles campos de aplicación. El caso del litio no es una excepción.

Tal como destaca un reciente artículo de la periodista científica Nora Bar, existen en el país diversos grupos de investigación que producen conocimiento en todos los eslabones de la cadena, desde el desarrollo de nuevas técnicas extractivas sustentables hasta la fabricación de celdas para baterías y sus diversas aplicaciones en energías renovables y electromovilidad. Contamos también con capacidades para desarrollar y fabricar otras aplicaciones estratégicas, como la producción de litio-6 y litio-7, utilizados en la producción de energía nuclear.

De hecho, es por ese tipo de aplicaciones nucleares que las Naciones Unidas consideran al litio como un “material fusionable especial”, cuya comercialización debe ser controlada. Asimismo, la legislación de Chile lo define como un “recurso estratégico”, que debe ser regulado por la Comisión Chilena de Energía Atómica (incluso en Brasil, la pequeña producción de litio está en manos de una empresa estatal y debe ser aprobada por la Comisión de Energía Atómica, aunque el Presidente Jair Bolsonaro pretende ahora quitar esa regulación). Tal como comentamos en El Cohete en otra oportunidad, en la Argentina la Ley Nacional de la Actividad Nuclear de 1997 también deposita la propiedad de los “materiales fusionables especiales” en la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), sólo que la falta de una normativa específica impidió hasta hoy su efectivo cumplimiento.

 

 

 

Hacia una alternativa realista

La Argentina no sólo posee enormes reservas de litio, sino también muchas personas y agrupaciones comprometidas con el desarrollo de una alternativa soberana, realista y sustentable. Tal como releva la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, existen numerosas organizaciones comunales y ambientalistas que impulsan distintas demandas sociales de mayor control público, desde garantizar mecanismos de consulta y una mayor participación en la toma de decisiones hasta la protección de los salares en tanto humedales. En relación al sector científico-tecnológico, buena parte de los grupos de investigación existentes conformaron en 2019 el Foro de Especialistas en Litio de la Argentina para manifestar su preocupación frente a “que la explotación de litio no incorpore conocimiento local ni propicie un entramado productivo nacional, ya sea en lo que se refiere a la actividad de explotación como a su procesamiento en actividades manufactureras”.

Para poder encausar las urgentes demandas sociales y aprovechar las importantes capacidades científico-tecnológicas del país, es necesario avanzar hacia una reforma que ponga a la Argentina en sintonía con lo que ocurre en Bolivia y en Chile, en función de habilitar una futura coordinación productiva y comercial de nivel internacional.

A la luz de la experiencia internacional, existen sobrados argumentos geopolíticos, técnicos y jurídicos que justifican la necesidad de declarar al litio como “recurso estratégico” y sustraerlo así del Código de Minería para suspender la especulación inmobiliaria y financiera en torno a las concesiones y reformular la relación con las empresas que hoy controlan los dos proyectos en operación, suscribiendo nuevos contratos con el Estado nacional y el Estado provincial correspondiente. Estos nuevos contratos de explotación no sólo permitirían una mayor participación estatal en cada proyecto, sino también un esquema de regalías mucho más favorable a las provincias e incluso aportes específicos para las comunidades locales y el financiamiento de un programa de investigación integral sobre los salares del Altiplano andino, con el objetivo principal de reforzar las capacidades de control y cuidado ambiental.

Adicionalmente, podrían garantizar fondos y litio a precios preferenciales para proyectos de desarrollo productivo y tecnológico, con el propósito de industrializar parte de la producción litífera local en función de la agenda de la transición energética hacia las fuentes renovables y la electromovilidad. La soberanía tecnológica no es sólo un objetivo del largo plazo. Para evitar nuevos incendios relacionados con la electromovilidad en expansión, por ejemplo, resulta urgente financiar la creación de un nuevo Laboratorio Público de Ensayos y Certificaciones de Baterías.

Sin embargo, no se puede proponer una alternativa superadora para la Argentina actual sin considerar los históricos desafíos excepcionales que impone el sistema federal a cualquier tentativa de política nacional en materia de soberanía sobre los recursos naturales. Los avances recientes de Chile, acaso más modestos que los de Bolivia, se presentan como un horizonte realista y viable para nuestro país, pero también como una oportunidad extraordinaria para recuperar la iniciativa política: la creación de una Comisión Nacional del Litio permitiría convocar a profesionales, referentes y representantes de los diversos sectores involucrados para que, en el plazo de un año, elaboren un diagnóstico y propongan al Poder Ejecutivo una “Política soberana, sustentable y democrática del litio”, abordando de manera integral los ejes social-comunitario, ambiental, económico, tecnológico, energético y geopolítico.

Los conflictos por el litio en la Argentina no son el resultado de la supuesta oposición entre Estado nacional y gobiernos provinciales. Mucho menos se explican por el falso dilema entre desarrollo y medio ambiente. Detrás de los anuncios simulados y de la subfacturación, del incendio de baterías importadas sin control y de la especulación inmobiliaria con yacimientos públicos estratégicos, detrás de la expansión de proyectos extractivos sin consultas a las comunidades ni vinculaciones tecnológicas con el sector científico nacional, opera otro tipo de conflicto histórico que da sentido a la política como herramienta de transformación: la primacía de ciertos negocios privados a costa de la soberanía nacional y del bien común.

 

 

 

 

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