¿Qué gobierna el gobierno?

 

La situación económico-social atraviesa un tiempo dramático. Pero más que en la incertidumbre e inestabilidad que manifiestan como preocupación los empresarios, los medios de prensa que los representan y los intelectuales orgánicos del sistema (entre los cuales militan los economistas ortodoxos y heterodoxos acríticos), el dramatismo se sitúa en el devenir de un proceso incesante de confiscación de ingresos, que por la vía indirecta y velada del reino mercantil es practicada por los sectores perceptores del excedente de producción sobre los trabajadores formales, informales, precarizados y sostenidos por ingresos fijos.

Como se ya se expusiera en otro número de El Cohete a la Luna, el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) elaboró un informe que llega a la concluyente verificación: las principales firmas industriales y de servicios, en el período 2015-2022, “tuvieron una rentabilidad extraordinaria al tiempo que se reducían sus costos laborales. Es decir, ganaron más y pagaron menos salarios”, mientras CIFRA-CTA muestra una caída de salarios en promedio superior al 20% en términos reales desde enero de 2017 a junio de 2022. Este Centro calculó que la participación de los trabajadores en el ingreso cayó entre el primer trimestre de 2016 al primero de 2022 del 54.2% del ingreso al 46,9% del mismo, mientras que los apropiadores del excedente avanzaron desde el 42,2% al 47,8%. Cabe acotar que el informe de CEPA estudia las principales empresas, mientras que el de CIFRA lo hace sobre todo el universo empresarial. Así, la evidencia que se puede leer muestra que la participación en el excedente de las mayores empresas avanzó mucho más, significando transferencias de excedente también desde sectores menos concentrados del empresariado a otros más poderosos.

El período que abarca el gobierno de Juntos por el Cambio y el del Frente de Todos ha estado signado por un incremento sustancial de la tasa de inflación, que ya está en el umbral de los tres dígitos. Así, el ex Presidente Macri, para quien eliminar la inflación era una cuestión de “soplar y hacer botellas”, condujo un gobierno durante el cual los precios subieron drásticamente y también su tasa de crecimiento se fue elevando cada vez más. Durante el gobierno del Presidente Fernández la situación no fue revertida. Las tasas que apenas superaban el 20% durante el último período del gobierno de Cristina Fernández, rápidamente se duplicaron y luego siguieron por el ascensor hasta su quintuplicación. Pero se debe agregar una reflexión fundamental: la inflación con la que debió lidiar la lideresa del movimiento nacional, popular y democrático hasta el 2015 denotaba una puja distributiva entre los asalariados que cinchaban por mantener las mejoras obtenidas durante los tres gobiernos kirchneristas y un patronato que peleaba por detenerlas y revertirlas; en cambio en el período posterior la inflación se constituyó en el modo de desposesión salarial que benefició a los propietarios de los medios de producción, y dentro de estos, especialmente a los más poderosos y ricos.

El festejo que hizo el gobierno nacional frente al reconocimiento del FMI sobre el carácter multicausal sobre la inflación tuvo una mirada cándida desde la perspectiva teórica, que apreció como un cambio del organismo en su diagnóstico sobre la inflación. A la hora de coasumir el gobierno, el Fondo puso centro en las metas fiscales y, específicamente, en el ajuste de gastos y la elevación de la tasa de interés para disminuir la inflación. Pero la preocupación del FMI es el ajuste externo, por eso su énfasis está puesto en que el tipo de cambio no “se atrase”, sabiendo que la suba del precio del dólar traerá más inflación.

En realidad la multicausalidad disolvió el carácter de la clave que explica la inflación actual. Siendo hoy indiscutible que en esta sociedad articulada y organizada mucho más que otras resulta imposible ajustar los ingresos fijos de las mayorías populares hacia abajo en términos nominales, se torna más encubierto desatar procesos de altísima inflación para velar las rebajas salariales mediante el recurso de aumentos de sueldos muy inferiores a los precios. Desde el ascenso del gobierno de rejuntados por el cambio no cesa de procesarse una corriente de transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados. Esta es una inflación motivada por una revancha contra los resultados de los gobiernos de Néstor y Cristina, siendo el medio en el que transcurre la desposesión de ingresos de las mayorías nacionales.

En realidad este tipo de decurso inflacionario no es nuevo, hubo otros que tuvieron el mismo carácter, también hace 50 años, y no sólo es una lógica nacional. Pierre Salama y Jacques Valiere en su clásico texto Una introducción a la economía política (Ediciones Era, 1973), desde una perspectiva radical cuestionadora del capitalismo decían: “El alza de precios que acompaña la inflación rampante permite reducir el poder adquisitivo de los trabajadores… Pero los trabajadores reaccionarán [no sólo] a la disminución absoluta o relativa de su poder de compra, sino también aquellas que puedan resultar de las futuras alzas de precios… Se establece entonces un espiral, que liga los salarios y las ganancias, y no los precios como afirma la teoría… de la inflación de costos. Los salarios buscan defender su nivel de vida relativo mermado… [mientras] los capitalistas… tratan de mantener y acrecentar sus ganancias reales”. Dicen Salama y Valier que los precios intervienen como el elemento de reposición o ensanchamiento de ganancias. Esta lógica de lucha entre trabajadores y patrones da lugar a una expansión de la inflación. Este análisis es muy válido para la Argentina actual como tema clave de la suba permanente de precios que se vive. Pero la presencia de un conjunto de nuevas razones de la sociedad neoliberal ha fortalecido al capital, que ha acumulado una enorme diferencia en los últimos seis años.

El tipo de inflación actual tiene su raíz en esta lógica revanchista y en segundo lugar en las condiciones internacionales de suba general de precios de los commodities, por la pandemia primero y, principalmente, por la guerra ruso-ucraniana después. La tercera causa a tener en cuenta es la escasez de dólares provocada por el endeudamiento intencional que el gobierno de la plutocracia del poder concentrado provocó. Esa carencia de divisas presiona sobre los mercados de los dólares financieros y el del dólar ilegal, ampliando la brecha con el dólar oficial, situación que genera expectativas devaluatorias que incentivan los aumentos de precios de insumos importados y algunos otros precios.

Nada tiene que ver con esta inflación la emisión monetaria ni el déficit fiscal. Las razones por las cuales el organismo multilateral se entromete en las decisiones sobre la economía nacional, se aprovecha de la crisis externa y la situación inflacionaria para exigir el ajuste monetario y fiscal son de otro orden.

 

 

Estado, poder económico e inflación

Tomando las tres causalidades como las de orden explicativo de la actual suba permanente y creciente del nivel general de precios, corresponde analizar cuáles deben ser las políticas adecuadas para lograr la desactivación del proceso. En principio, hay una razón externa a la economía doméstica que es la suba de los precios internacionales de los commodities, entre los que se encuentran los que la Argentina exporta. La política adecuada y ya empleada en distintos momentos de la vida nacional fue el establecimiento de un mayor nivel de retenciones que evite una suba de los precios internos de los productos exportables. Por otro lado se hace necesario actuar sobre los formadores de precios a fin de poner un límite a su suba, pues no pueden estar liberados para llevar a cabo una desposesión de las mayorías por parte del poder concentrado. Ese límite debe ser un acto disciplinador del Estado sobre los oligopolios que se han enriquecido en el último período.

Finalmente, el Estado debería generar un sistema que garantice la liquidación de divisas por parte de quienes exportan los bienes que constituyen hoy su mayor fuente de ingreso. Esos bienes tienen un gran componente de renta diferencial debido a la prodigalidad del suelo argentino, cuyos frutos no pueden ser reclamados como propiedad inalienable de los dueños de la tierra.

Sin embargo, el empleo de estas necesarias políticas públicas ha enfrentado cada vez más la resistencia del poder económico concentrado. Las organizaciones empresariales –comandadas por la AEA– sostienen el discurso liberal a ultranza, que reivindica la no intervención del Estado en los mercados, la mayoría de los cuales tienen una conformación que implica que su dominio sea ejercido por un número reducido de grandes empresas. Las resistencias empresariales a la efectividad gubernamental van in crescendo con el propio incremento de su poder de mercado. Una pregunta es: ¿hasta dónde van a subir sus precios para aumentar la participación de los beneficios y rentas a costa de los de los sectores populares de ingresos fijos? Otra es sobre la existencia o no de la facultad de los gobiernos para tomar determinaciones que frenen la desposesión y recompongan los sueldos y otros ingresos populares, facultad que tiene como destino de su ejercicio a una política de determinación de precios que incluya a la coerción como una de sus herramientas. Aquí aparece la cuestión siempre debatida de la correlación de fuerzas y la discusión sobre una concepción más estática o más dinámica de ese concepto, rango de diferencias que depende de la valoración de la movilización y participación popular que pueda concitar una fuerza de gobierno de raíces nacionales y populares. De hecho ha habido una pulseada entre un gobierno con hegemonía ajena al patronato concentrado y este mismo, respecto a la legitimidad de la intervención estatal o de la determinación exclusivamente mercantil de los precios. Si el poder económico ha alcanzado un nivel de ejercicio que neutraliza la vocación del Estado para establecer un régimen de distribución del ingreso (tipo 50 y 50), la democracia estaría afrontando una crisis profunda porque el mercado al que deberían establecérsele reglas y definiciones de la ciudadanía, se ha vuelto un ámbito que la determina en lugar de ser determinado por ella.

Los distintos eslabones de la cadena exportadora de commodities agropecuarios retienen granos que deberían liquidar, esperando, especulando y presionando por un dólar más caro. Esto acaba de ocurrir, y han logrado para la soja un tipo de cambio efectivo que neutraliza los derechos de exportación, en un momento de altos precios internacionales. Si el gobierno que había establecido un nivel de retenciones –que inclusive hubiera sido necesario ajustarlas al alza– procedió ahora a recorrer el camino inverso fue por la falta de liquidación de esos exportadores unida a la necesidad de divisas para elevar el nivel de reservas. Este sector del bloque de poder fáctico obtuvo un tipo de cambio por el camino del desabastecimiento de divisas mediante la retención de lo disponible. Corresponde la pregunta: un recurso estratégico como son las divisas –en función del desarrollo nacional–, ¿debe ser de disposición privada? Si la respuesta fuera que debe haber un orden público en ese tema, se impondría el establecimiento de un dispositivo que faculte al Estado a obligar a vender y a liquidar al tipo de cambio afectado por los derechos de exportación que la autoridad defina. Vuelve la misma consideración que se hizo en relación con la correlación de fuerzas, y la advertencia de la decadencia o vaciamiento de la democracia. Corresponde ante esto la pregunta: ¿qué gobierna el gobierno?

 

El programa “antiinflacionario” del FMI

Las metas del Fondo tienen su centro en el ajuste fiscal, el apretón monetario y la suba de las tasas de interés. El ajuste fiscal se traduce en el recorte del gasto, porque la suba de impuestos termina por ser desestimulada debido a una supuesta incidencia negativa en la atracción de inversiones, que también axiomáticamente la ortodoxia ve como fuente inexorable de divisas. La reducción del gasto público constituye un elemento adicional para reducir el papel del Estado y el ámbito de ejercicio del gobierno también contribuye a disminuir su peso respecto de sus definiciones sobre la vida de la comunidad. La elevación de la tasa de interés hasta niveles positivos con este comportamiento inflacionario y el ritmo devaluatorio que lo acompaña, no tendría demasiado impacto sobre la reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros y el ilegal; en cambio podría ser una herramienta para disminuir el nivel de actividad, objetivo que el FMI siempre hace prevalecer para reducir importaciones y descomprimir recesivamente la demanda de divisas. Más bien podría presionar en los precios por el crecimiento del costo financiero. Suponer que la suba de las tasas de interés ayudaría a bajar la inflación significaría que se entiende que estamos ante un exceso de demanda y no ante una lógica empresaria de aumentar la tasa de beneficio. Por otra parte, las exigencias sobre el déficit y la no emisión obligan a financiar el primero con deuda pública, la que se acrecienta si la tasa de interés es mayor. Ir hacia una meta de emisión cero es un cercenamiento de la capacidad del Estado para hacer política monetaria. Todo el enfoque del FMI en sus subrayados de los planes de estabilización se propone reglar la actividad estatal quitando los grados de autonomía que un gobierno requiere para conducir la política económica. El Fondo está decididamente alineado con el liberalismo neo en poner la sociedad bajo el reino del mercado, estimulando economías abiertas e insertadas en la financiarización. Es un organismo multilateral cuyo enfoque teórico tiene un perfil extremadamente ideologizado y está dirigido a avanzar sobre las soberanías nacionales de los países periférico-dependientes.

 

Neoliberalismo, democracia e inflación

El neoliberalismo se constituyó para establecer una lógica de poder antidemocrático en los marcos del funcionamiento de los restos formales de las democracias. Se debe prestar atención a la profundización del activismo liberal que antagoniza el avance de la democracia, porque esta siempre es en movimiento y no un status formal del funcionamiento dispositivo de la sociedad. En su desenvolvimiento tiende a abarcar esferas cada vez más amplias de la vida social. Los liberales que reclaman un predominio de la esfera privada, que incluye la economía, se oponen al despliegue democrático. Sin embargo, sus exposiciones actuales tienden a rescatar al liberalismo como paradigma de la virtud. Alejandro Poli Gonzalvo destaca en La Nación (20/9/21) a Von Hayek por haber revitalizado en el siglo XX “la doctrina del liberalismo frente al avance de la planificación económica y la intromisión del Estado en la vida individual”. Ni una palabra sobre la democracia, a la que Hayek aceptaba bajo el condicionamiento primario y exógeno del liberalismo. Esta concepción fue tomada en The Crisis of Democracy. Report on the Governability of democracies to the Trilateral Commission (1975), de Michael J. Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki. Este documento previene que “nos encontramos con desafíos intrínsecos a la viabilidad de un gobierno democrático, que se desarrollan directamente a partir del funcionamiento de la democracia. El gobierno democrático no necesariamente funciona de modo equilibrado auto-sostenible o auto-corrector. Por el contrario, puede funcionar de modo que se originen fuerzas y tendencias que, si no son controladas por algún agente externo, conducirán con el tiempo al debilitamiento de la democracia”. El liberalismo neo es el modo de regulación social que despliega ese control externo a través de un estilo de organización donde lo mercantil se estructura como límite para la democracia. Cristina Fernández se refirió en intervenciones públicas a la necesidad de redefinir la institucionalidad política para recuperar y avanzar en las herramientas que permitan el gobierno de la ciudadanía. También sostuvo que los gobiernos elegidos sólo contaban con el 25% del poder.

El liberalismo neo quitó al gobierno democrático los instrumentos para voltear la inflación de desposesión que hoy se afronta. La concentración mediática, el Poder Judicial y la doctrina ideológica con que impregnan a la sociedad le sustrajeron la potencia para determinar precios, obligar a vender stocks exportables, liquidar divisas. Es necesario reinstituir lo que Hayek, Huntington, Martínez de Hoz y Cavallo destrozaron –el proceso de avance de la democracia– e instituir nuevas y más poderosas formas de limitación popular a los monopolios.

Juan Perón en 1954 denunció a los opositores que supuestamente tomaban la bandera de la democracia y recordó sus dichos de 1946, según escribe Norberto Galasso en Perón, formación, ascenso y caída (Colihue, 2006), que “tienen en sus mentes la idea de una democracia estática, quiero decir, de una democracia basada en los actuales privilegios de clase. Como los órganos del Estado y el poder del Estado, la organización de la sociedad, los medios coactivos, los procedimientos de la religión misma, se hallan bajo su dominio y a su servicio exclusivo, pueden echarse tranquilos en los brazos de la democracia, pues saben que la tienen dominada y que servirá de tapadera a sus propios intereses”. En nombre de esa democracia, luego, atacaron el despliegue de la intervención del Estado, al IAPI, a la nacionalización de los depósitos, a los controles de precios y a los derechos laborales.

Los mismos ataques recibirían la resolución 125, la inclusión jubilatoria, la reestatización del sistema previsional, la reforma de la Ley de servicios audiovisuales y la reforma judicial durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Son las razones por las que hoy persiguen judicialmente a la lideresa del movimiento nacional y popular y en las que subyace la razón profunda del intento de magnicidio que sufrió.

Resulta indispensable reabrir un rumbo instituyente que permita recobrar y ganar nuevos instrumentos de intervención en la economía. El endeudamiento que contrajo el gobierno de Juntos por el Cambio con el FMI y la incapacidad para establecer un enfoque justo y firme en la renegociación condujeron a la pérdida de la capacidad estatal para lidiar con la lógica del liberalismo neo, que estableció el predominio del poder fáctico cercenando la sustancia de la democracia. La inflación por desposesión se combate con más democracia, la especulación con los bienes exportables también. No es condición suficiente pero sí absolutamente necesaria. Sin democracia en expansión los gobiernos seguirán haciendo lo que el poder concentrado determine. Es el factor externo que planteaba la Trilateral de Rockefeller y Kissinger.

 

 

 

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