¿Qué envuelve la Boleta Única de Papel?

 

Hay debates que se reproducen como un loop: reiteran tres o cuatro conceptos para instalarse como una idea mayoritaria. La repetición genera el efecto de creer que un eco parece mucho más potente de lo que realmente suena. Y que rebota en más lugares y en diferentes ángulos.

Algo similar sucede estos días con el debate sobre eventuales cambios en el sistema electoral, con la posibilidad cierta de postergar por un mes las elecciones legislativas de 2021. El lavagnismo intenta colar la Boleta Única de Papel (BUP) y sumar tensión a la mesa de negociación.

El oficialismo descarta cualquier modificación al sistema. Como ya publicamos en El Cohete a la Luna, sólo pretende posponer por 35 días las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y por 21 las generales, para ganar tiempo de inmunización. Sin embargo, la posibilidad de revisar propuestas en el futuro quedó abierta tras el encuentro que se concretó el viernes pasado entre el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y los bloques de Diputados que no integran Juntos por el Cambio.

 

 

La insistencia de algunos sectores opositores que cuestionan la Boleta Partidaria de Papel (BPP), vigente en la mayoría de los distritos, corre el eje de atención: de la emergencia sanitaria a la disputa por los votos. Y siembra suspicacias en torno al objetivo central: combatir el virus. Una dinámica imposible de eludir en tiempos de campaña, que busca objetivos espurios en cada propuesta y que no se toma descanso, aun en pandemia.

Mientras tanto, el gobierno sigue apostando a construir consensos mayoritarios y sumar fuerzas para enfrentar la segunda ola. Para eso sentó a la mesa a todos los bloques y tomó nota. Pero como este es un año electoral, no es común que se hagan modificaciones de fondo con el calendario ya en proceso.

Cada sector busca ganar, centímetro a centímetro, la mayor cantidad de votos. La gestión de la pandemia se vuelve el centro de la disputa y torna imposible eludir el constante tironeo entre posiciones disonantes ante el avance del Covid-19.

 

 

Un cambio de carambola

La primera BUP que se aprobó en el país fue por parte de la Legislatura cordobesa en 2008. Fue el distrito pionero en dejar atrás la tradicional BPP. Este cambio fue consecuencia del cuestionado resultado en la elección a gobernador que el año anterior había consagrado a Juan Schiaretti como sucesor de José Manuel De la Sota. La diferencia mínima a favor del peronismo le permitió retener el poder que había logrado recuperar algunos años atrás, pero desató una crisis política que terminó con la modificación total del sistema de votación.

Su contrincante Luis Juez –quien en ese tiempo, cuando el PRO apenas se proyectaba como partido nacional, se enfrentaba a la UCR–, denunció fraude y llevó la demanda hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal rechazó el pedido de anular el resultado electoral, pero eso no detuvo el reclamo del ex intendente de la capital cordobesa que finalmente forzó la modificación de la boleta.

A pocos meses de asumido Schiaretti, en un fallo del 18 de noviembre de 2008, la Cámara Nacional Electoral hizo referencia a “la necesidad de que se estudiasen posibles adecuaciones normativas que fortalezcan la calidad y la transparencia de los procesos electorales”. Un año antes ya venía marcando la cancha y pedía explícitamente la incorporación de la BUP: “Ha llegado el momento de mencionar y reflexionar sobre otro de los sistemas de votación, el de boleta única, que se utiliza para electores privados de libertad y para los residentes en el exterior”. También se despachó con críticas a “la multiplicidad de candidatos y la inmensurable cantidad de boletas oficializadas”.

Si bien su implementación tuvo que esperar hasta las elecciones de 2011, fue el puntapié inicial de un debate que generó modificaciones estructurales en la ingeniería del sistema electoral, aunque la BPP se mantuvo vigente de manera simultánea.

 

 

Una crisis que se volvió oportunidad

Toda esa convulsión de idas y vueltas judiciales por el resultado electoral, que desembocó en la reforma del sistema, impactó en otras provincias que comenzaron a discutir proyectos en la misma línea, y también en la administración nacional que por entonces conducía Cristina Fernández de Kirchner. Al escenario cuestionador del sistema se le sumó la derrota en las elecciones de medio término de 2009, lo que motivó que la primera mandataria recogiera el guante e impulsara un cambio estructural del sistema nacional electoral, pero sin incluir la BUP.

La ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, aprobada en soledad por el Frente para la Victoria, modificó la ingeniería del sistema. No sólo con la incorporación de las PASO y la promoción audiovisual en igualdad de condiciones para todas las propuestas políticas que compitiesen, sino también en la inclusión del color y la foto en las boletas, a los fines de una mayor accesibilidad en el reconocimiento de las opciones que se despliegan en el cuarto oscuro. Además, se incorporaron softwares que agilizaron la carga de datos del escrutinio provisorio y definitivo. Ya en 2008 había comenzado el proceso de digitalización de los documentos nacionales de identidad para incorporar la foto a los padrones. Esto dejó atrás el modelo binario de clasificación en hombres y mujeres, que sostenía las rémoras de la libreta cívica y la de enrolamiento. Todos estos cambios no se centraron en el instrumento sino en la ingeniería de votación, para garantizar un pleno ejercicio de derechos. Un ejemplo es que, de acuerdo con información de la Dirección Nacional Electoral, en 2011, 2013, 2015 y 2017 hubo un total de 181 primarias para dirimir los cargos de diputados y senadores nacionales. En el sistema de votación actualizado en 2009, la responsabilidad de diseñar, imprimir, distribuir y fiscalizar las boletas se mantuvo en las agrupaciones políticas, aunque se incorporó un régimen de financiamiento de las campañas y partidos para garantizar la difusión de las propuestas.

Transcurrida una década de aquel debate, en diálogo con El Cohete a la Luna un ex funcionario de ese gobierno, encargado de defender ante la oposición las nuevas pautas para los comicios, asegura hoy que “no es un problema conceptual lo que impide implementar la BUP. Acá la simultaneidad de votación y de categorías y subcategorías, lo complican. Cada cuatro años, además de presidente y vice; diputados y senadores (si corresponde); diputados del Parlasur (si corresponde); hay que sumar gobernador, intendente, etcétera, etcétera. Hay distritos donde es muy difícil integrar todos los cargos de todas las jurisdicciones en una sola papeleta”.

 

 

La cumbia santafesina

Los ecos de los cambios electorales en Córdoba llegaron hasta la provincia de Santa Fe, que no se quedó atrás y se sumó al cambio. Sobre el cierre de la primera década del siglo XXI se aprobó, de forma repentina, el proyecto que presentó el diputado Pablo Javkin. Impulsado por el Frente Progresista Cívico y Social que conformaban el socialismo, la UCR, Libres del Sur y la Coalición Cívica, logró superar el escollo de un Senado provincial dominado por el peronismo referenciado en Carlos Reutemann y los dirigentes vinculados a la Resolución 125. En Diputados se impuso la mayoría oficialista sobre la oposición kirchnerista, que resistió el avance de la BUP.

El acuerdo político sellado entre el ex gobernador menemista y el dirigente socialista para lograr las mayorías que habilitaran el reemplazo de la BPP por la BUP, duró poco. Se desintegró en el preciso momento en que el entonces titular del Ejecutivo santafecino Hermes Binner firmó la reglamentación que incluía el veto a un artículo clave para el triunfo: el que difería la implementación entre las PASO y las generales.

Ya desde su aprobación se multiplicaron los cuestionamientos, incluso al interior del propio oficialismo local, que presentó proyectos para enmendar el nuevo instrumento de votación. Cuatro elecciones y dos cambios de gobernador más tarde, se mantienen vigentes las críticas al modelo adoptado por Santa Fe a fines de 2010. La BUP genera una atomización de los candidatos del mismo espacio político, en tanto provoca que se desenganchen las categorías y se pierda así el sentido integral de programa partidario unificado.

 

 

Desde el Frente de Todos advierten que el diseño de la papeleta impide marcar, de una sola vez, la lista completa. Esto genera que no se arrastren o complementen los candidatos del resto de las categorías que se ponen a elección. Consecuencia de esto, las mayorías parlamentarias terminan consolidando a la oposición y generan un obstáculo a la gobernabilidad.

Si bien hoy no es agenda del oficialismo el reemplazo de instrumentos electorales, hay un fuerte lobby que se hace sentir con mayor presencia y trasciende los ámbitos parlamentarios. Esos avances esporádicos dejan modificaciones parciales en los códigos electorales provinciales que hacen convivir en simultáneo la BUP para cargos locales y la BPP para los nacionales.

 

 

Quién empuja la Boleta

En el Congreso sólo existen siete proyectos que proponen incorporar la BUP como instrumento de votación, y ninguno es del oficialismo. El primero registra fecha de 2017 y se presentó como alternativa a la propuesta del voto electrónico que intentó imponer el gobierno de Mauricio Macri. El diputado Gustavo Bevilacqua del Frente Renovador (que en ese tiempo articulaba con Roberto Lavagna), lo re-presentó antes de dejar su banca en 2019, para evitar que pierda estado parlamentario.

A fines del año pasado ingresaron otros proyectos: uno del radicalismo, otro de Consenso Federal y uno más del PRO. Todos apuntan a la reducción de los costos en los comicios y argumentan que apuntan a una mayor transparencia, incluso en votaciones que abarquen muchas categorías.

Los bloques opositores acuerdan sobre la implementación de la BUP a partir de las experiencias en Córdoba, Santa Fe y, más recientemente, en San Luis. También, pero de manera electrónica, se utiliza en Salta, Chaco y Neuquén, y en la ciudad de Buenos Aires se realizaron pruebas sobre su implementación. Siete de las veinticuatro jurisdicciones su suman a la cruzada por el cambio en las boletas, que atañe al socialismo y a quienes representen al gobierno cordobés.

El proyecto de la BUP lo impulsa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que financia muchísimas líneas de trabajo en todos los gobiernos de la región. Busca incidir en nuestros sistemas electorales a través de la tecnificación de los instrumentos electorales y basa su discurso de transparencia en la economización de recursos materiales y humanos, lo cual propicia la reducción de la participación ciudadana en el proceso.

A fines del mes de marzo, un conjunto de ONG’s –Cippec, Vía Libre, RAP, Poder Ciudadano, Transparency International, Red Ser Fiscal—, que promueven la modernización de los sistemas electorales, acompañaron la presentación de un proyecto de ley con la firma de nueve legisladores de distintos bloques, incluyendo una del Frente de Todos. Son remanentes de las organizaciones que proliferaron a fines de los años '90 y que crecieron en base a ideas neoliberales y tecnócratas. Pretenden incidir en la forma de votación desde hace varias décadas. A esos fines impulsan documentos críticos y papers donde cuestionan la multiplicidad de partidos y la forma en que se elige representantes. Debilitan la credibilidad del sistema basado en la BPP que garantiza controles cruzados y que mantiene la responsabilidad de los Estados en la gestión de las elecciones. Organizan foros y encuentros a donde invitan a dirigentes políticos, fiscales y magistrados, a quienes conectan con otras ONG´s internacionales, que financian modelos de democracia.

Más allá de los consensos que pueden encontrarse entre especialistas y académicos sobre el método de votación, la BUP obliga a los Estados a garantizar al electorado todas las opciones que se presentan, ya que la papeleta contiene absolutamente a todas las expresiones políticas en una misma boleta. Los dos modelos que se confrontan sólo garantizan su eficacia si existe un sistema, una ingeniería electoral que permita a la ciudadanía expresar con claridad y libertad su voluntad de voto.

Lo que está en discusión no son meros instrumentos de selección, sino modelos que garanticen el ejercicio del derecho a sufragar. La BUP propicia la elección individual en las distintas categorías que presentan cargos porque su diseño las muestra de forma atomizada respecto a los programas de gobierno y los partidos políticos. Por el contrario, la BPP permite una forma de selección por partido que permite visualizar, a simple vista, un proyecto común.

Si bien se presenta como tal, no hay un tránsito inevitable hacia la modernización, ni tampoco la BUP resulta la herramienta más eficaz para garantizar la transparencia o reducir costos electorales. En muchas democracias actuales se vota con BUP, se revisan los sistemas de votación y se descarta, incluso, la incorporación de la tecnología. Sí resulta fundamental para sostener la legitimidad de la representación electoral el acuerdo colectivo para que el sistema que se consensúe funcione, en tanto la ciudadanía y la dirigencia política lo sostienen con participación popular.

 

 

 

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