¿Qué dirá el Santo Padre?

 

¿Qué dirá el Santo Padre… que vive en Roma?

¡Que le están degollando a sus palomas!

 

El interrogante exclamativo con el que Violeta Parra tituló –y se cantó como estribillo– popularizado en los años ‘60, mantuvo su vigencia en la Argentina de los ‘70, también después de lo sucedido el 4 de agosto en la tarde invernal riojana con el crimen del obispo Enrique Angelelli.

El embajador de la dictadura ante el Vaticano, Rubén Blanco, envió el 6 de agosto de 1976 al presidente del episcopado Raúl Primatesta “las condolencias por el trágico fallecimiento del obispo de La Rioja S.E.R. Monseñor Enrique Angelelli, ocurrido a raíz de un desdichado accidente automovilístico”. El funcionario diplomático consideró necesario reafirmar las circunstancias del fallecimiento con la versión militar. Aunque eso no alcanzó para modificar la convicción del Papa, según lo publicado en el diario del Vaticano.

Si se desconociera la historia previa y posterior al homicidio del obispo riojano podría entenderse el trato protocolar en la respuesta episcopal a las condolencias. Pero el contexto y los hechos de la época ya sugerían otra lectura. Más aún después de lo afirmado por el Papa Pablo VI el 27 de septiembre, al recibir las credenciales del embajador de la dictadura militar. El Papa le aclaró a Blanco que “la Iglesia en la Argentina no desea privilegio alguno”. Pero al señalar los hechos de violencia acaecidos con “personas eclesiásticas”, explícitamente dijo “que todavía esperan una explicación adecuada”.[1]

Las sospechas del Vaticano no eran sin razones. En Roma, el diario Il Messaggero publicó el 16 de agosto de 1976, con el título “Asesinado un obispo en la Argentina”, que la muerte de monseñor Angelelli “es muy probable que se trate de un atentado político”, aunque “según información oficial, murió en un accidente automovilístico”. Y agregó que “el almirante Massera había solicitado algunos días atrás a la jerarquía católica la renovación de sus diócesis de tres obispos progresistas, uno de los cuales precisamente era monseñor Angelelli”. Otra noticia, también de agencia extranjera, afirmó: “Distintos órganos periodísticos italianos aluden a la hipótesis de que la muerte de monseñor Angelelli no haya sido accidental”.[2] La prensa europea lo publicó apenas diez días después de concluidas las honras fúnebres.

En 2011 el mismo dictador Jorge Rafael Videla, al ser indagado como imputado en el crimen del obispo por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, de La Rioja, declaró: “Luego de ocurrido el accidente de monseñor Angelelli y acallados los comentarios de todo tipo a que dio lugar”, al recibir en audiencia al nuncio Pio Laghi “le manifesté mi preocupación por el accidente que sufrió monseñor Angelelli y fundamentalmente por la posibilidad que el mismo pudiera afectar la relación entre el gobierno y la Iglesia”. En abril de 1977 el jefe del estado mayor general Roberto Viola, en una directiva interna, se refirió a “ciertas operaciones, que no fueron acertadas pero sí justificadas” sobre miembros de la Iglesia; y evaluó la repercusión negativa por “una reacción del Vaticano, que en nada favorece al Proceso de Reorganización Nacional y a las Fuerzas Armadas”. La verdad de los hechos que pudiera salir a la luz preocupó a quien ejercía la presidencia de la Nación y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pero no conmovió a las máximas autoridades episcopales, que mantuvieron la versión oficial del “accidente”. La “explicación adecuada” que Pablo VI reclamaba, sin duda debía partir de investigar aquellos “acallados comentarios de todo tipo” aludidos por el entonces general Videla; pero la Comisión Ejecutiva del Episcopado que presidía el cardenal Primatesta no promovió ni solicitó ninguna explicación ni investigación.

La historia fue más larga y compleja, según la documentación que quedó archivada en la Dirección General de Culto de la Cancillería argentina. El discurso del Papa que reclamaba “una explicación adecuada” mereció la atención de estos organismos institucionales, de los servicios de inteligencia, y hasta la convocatoria al embajador ante la Santa Sede, que debió retornar al país a poco de hacerse cargo de sus funciones. Antes de aquella recepción oficial del embajador argentino en septiembre, el Papa Pablo VI había requerido información fehaciente acerca de la violencia padecida por religiosos y sacerdotes en julio y agosto de 1976.

En relación a los sacerdotes riojanos la documentación llegó a través de los frailes conventuales, orden religiosa a la que pertenecía el asesinado fray Carlos Murias. Una copia del informe elaborado por el obispo Enrique Angelelli, que entregó en manos a fray Miguel López, presente en el velorio, fue llevada a Roma y entregada al ministro general de los franciscanos conventuales. El obispo le dijo al joven fraile: “Chango… dale privacidad y no digas de qué se trata: voy a enviar dos más, uno al nuncio y otro a monseñor (Vicente) Zazpe. Lo voy a enviar antes de salir para La Rioja, para que lleguen antes de que yo salga… Si me dejan llegar a Buenos Aires, varios birretes van a caer”. “Sólo después me di cuenta de la gravedad y del peso de esas palabras”, declaró el fraile conventual.[3] Los papeles llegaron a manos del ministro general fray Vitale Bonnmarco. Y se enviaron al Papa cuando fueron solicitados para preparar el discurso ante el embajador designado por la dictadura, un mes después del “misterioso accidente” que provocó la muerte del obispo Angelelli.

Pero la “muela” diplomática siguió en tratamiento. El embajador Blanco saludó en octubre de 1976 al ministro general Vitale Bonnmarco con motivo “del 750 aniversario del tránsito de San Francisco de Asís”. La demorada respuesta –casi tres meses después– del superior conventual agradeciendo el saludo fue extensa e incómoda, a tal punto que el diplomático debió remitirla a la Cancillería argentina con una explicación “secreta” donde mencionó seis notas anteriores (“S” 330/76, “S” 300/76, “S” 294/76, “S” 277/76, “S” 269/76 y “S” 222/76) sobre las mismas explicaciones que seguían pendientes.

Pero la explicación de lo inexplicable fue informada a la Cancillería el 3 de marzo de 1977 por el comisario mayor Juan Carlos Lapuyole. El director general de Inteligencia de la Policía Federal explicó que los sacerdotes asesinados en La Rioja habían participado “en todo acontecimiento relacionado con el tercermundismo”.[4] El parte secreto afirmaba que “las averiguaciones practicadas no lograron arribar a la identificación de los autores del hecho”; pero no dudó en atribuirles a las víctimas una calificación genérica, que en aquel clima político era una acusación grave, pasible de secuestros, torturas y asesinatos, como efectivamente ocurrió con estos dos sacerdotes.

El fraile mayor de los conventuales menores le hizo saber al embajador que la demora de su respuesta fue motivada por averiguaciones sobre la “presentación en la Secretaría de Estado acerca de los luctuosos acontecimientos que ha interesado en la Argentina un religioso nuestro, el P. Carlos de Dios Murias. […]. Puedo decirle ahora que el recuerdo del P. Carlo(s), del sacerdote matado junto con él y del Obispo local, desaparecido en circunstancias misteriosas, es profundamente vivo no sólo entre nuestros religiosos, sino sobre todo entre los fieles de Chamical y de la zona. He recogido el dolor y el estupor de todos, por el modo como han sido perpetrados los hechos. Desgraciadamente, he deducido que, en esta circunstancia, las Autoridades no han hecho cuanto podían para aclarar un hecho que ha turbado (a) la población, la Iglesia local y también nuestra Orden Franciscana. He creído por lo tanto mi deber elevar mi protesta ante la Secretaría de Estado, a fin de que se hiciera todo lo posible para garantizar la incolumidad y el ejercicio de un servicio sacerdotal que nuestros religiosos desarrollan en la Argentina desde 1955. […]”.[5] El durísimo reclamo del religioso ministro general sobrepasó los alambicados escritos diplomáticos. Al adjuntarle al ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina la misiva franciscana, el embajador Blanco hizo su propio informe y valoración: “[…] La nota se refiere a los distintos hechos acaecidos en la provincia de La Rioja, que sucesivamente llevaron a la muerte de dos sacerdotes, del obispo diocesano –esta última en un accidente automovilístico–, y al atentado perpetrado contra un crucifijo erigido en el lugar del asesinato al que se aludió más arriba. […] Insiste en atribuir a la muerte del Obispo Angelelli la concurrencia de ‘circunstancias misteriosas’”. Al evaluar la carta, el diplomático afirmó que “no puede ocultarse que ella plantea la subsistencia de un estado de ánimo entre los religiosos franciscanos, del todo semejante al que se percibe en la Secretaría de Estado (cfr. nota ESSED, SIONA N° 24 S)”. Y agregó: “Es evidente que se ha tomado mi nota de saludo como un pretexto para dejar sentada una solicitud: que el Embajador ante la Santa Sede ‘haga cuanto sea posible a fin de que se haga la luz sobre los hechos descriptos y para que se comprenda que la libertad religiosa beneficia a todos’”. Al finalizar expresó su parecer y sugerencia: “Mientras no se llegue a dar la sensación (de) que tales son los propósitos del Gobierno argentino, deberán esperarse renovadas muestras de reserva como las que contienen esta carta de los franciscanos y la de la Secretaria de Estado”.[6]

La delicada situación de las relaciones entre la dictadura y el Vaticano, ocasionada por los hechos de violencia de los que fueron víctimas miembros de la iglesia católica, obligó a los militares a diseñar una serie de propuestas dirigidas al episcopado argentino al evaluar “una mayor severidad en las declaraciones”. Así quedaron explicitadas en el “Informe de Situación”, de quince páginas mecanografiadas, que en mayo de 1977 el teniente coronel José Luis Picciuolo, director general de Culto, elevó al ministro de Relaciones Exteriores. En particular, sobre las relaciones con el Vaticano, “tradicionalmente cordiales” –dijo– “se fueron endureciendo como consecuencia de una serie de hechos aún no definitivamente valorados”. Los temas informados fueron varios, y todos buscaron arrimar soluciones que mantuvieran cercano el apoyo inicial que la cúpula episcopal aseguró a la Junta Militar. La designación de nuevos obispos en sedes vacantes no fue excepción. El informe valoró, “sobre todo en el caso de La Rioja, como absolutamente positivos en cuanto a posibilidades de lograr un mayor estrechamiento de nuestras relaciones con el Vaticano”.

Pero la atención del informe de la Dirección General de Culto siguió concentrada en las derivaciones de “las palabras pronunciadas por el Sumo Pontífice en ocasión de presentar las cartas credenciales nuestro Embajador ante la Santa Sede”, que “dejaron entrever una manifiesta inquietud por los hechos de violencia acaecidos en nuestro país, algunos de los cuales los consideró como ‘que todavía esperan una explicación adecuada’”.[7]

Entre los hechos más relevantes del período octubre de 1976/abril de 1977, el informe ubicó la “llamada al país del Embajador Blanco” a causa del discurso del Papa al asumir sus funciones diplomáticas. Y transcribió el párrafo más molesto a la dictadura, donde Pablo VI expresó su consternación “ante los recientes episodios, que han costado la pérdida de valiosas vidas humanas incluidas diversas personas eclesiásticas. Hechos estos, acaecidos en circunstancias que todavía esperan una explicación adecuada”. Para despejar obstáculos y allanar el camino de las buenas relaciones, el extenso escrito pormenorizó los encuentros del canciller y el director general de Culto en distintas entrevistas, en forma separada, con el nuncio Pio Laghi y el cardenal Primatesta, donde se dialogó sobre necesidades y soluciones a problemas pendientes, de especial interés para la jerarquía católica.

Entre los variados “cursos de acción aconsejados”, el director de Culto señaló: “Auspiciar viajes a la Santa Sede de aquellos obispos y superiores de las Órdenes y Congregaciones que por su manifiesta objetividad puedan informar al Santo Padre de la seria preocupación que el gobierno tiene con respecto a la defensa de los derechos humanos”.[8] La “manifiesta objetividad”, obviamente, era determinada por las autoridades militares que facilitaban ¡los viajes a la ciudad eterna! Tanto el nuncio apostólico como obispos argentinos tuvieron ocasión de viajar a Roma. “Antes de iniciar sus respectivos viajes a la Santa Sede –informó el teniente coronel Picciuolo, director de Culto– algunos Prelados presentaron sus saludos al Señor Canciller y otros al Director General de Culto. El Señor Ministro les manifestó que los consideraba verdaderos embajadores ante Su Santidad Pablo VI”.[9] ¡De obispos a embajadores! Quedaba claro cuál debía ser el mensaje, con “manifiesta objetividad”, de quienes eran beneficiarios de los viajes auspiciados por la Cancillería. La visita más importante e influyente fue, sin duda, la del cardenal Raúl Primatesta. Así lo destacó una información emanada de la Embajada argentina:

“1. La presencia del Cardenal Primatesta en Roma obedeció fundamentalmente al propósito de presentar y ampliar con claridad el Informe oficial del Episcopado sobre la última Asamblea de la Conferencia Episcopal como también a la situación argentina, como consecuencia de que algunos sacerdotes y superiores de determinadas órdenes religiosas habían proporcionado exageradas e inexactas informaciones a distintos organismos del Vaticano. El Cardenal Primatesta fue recibido por el Santo Padre y mantuvo conversaciones con autoridades e inclusive con el Director del Diario oficial ‘El observador Romano’. 2. Se está generando en la Santa Sede una actitud favorable respecto del proceso Argentino. […]. 4. Las acusaciones de algunos círculos religiosos y periodísticos sobre la muerte del obispo Angelelli puede(n) considerarse totalmente superad(as)”.[10] La “Síntesis del Cable de la Embajada” estaba fechada el 31 de mayo de 1977. El 28 el cardenal estuvo de regreso; y el diario La Nación publicó al día siguiente lo que informó el presidente del episcopado.[11] Pero nada dijo de lo conversado con el Papa sobre la muerte del obispo Angelelli. Aunque en su recorrido por los dicasterios romanos esparció la versión militar del accidente automovilístico fortuito. Y con ello procuró –con resultado relativo– cerrar el paso a informaciones distintas, “exageradas e inexactas”, que superiores y superioras de órdenes y congregaciones religiosas comunicaban en base a sus propias fuentes de información; que por cierto no contaban con la “manifiesta objetividad” que la dictadura militar reservaba para facilitar el viaje de determinados voceros episcopales.

Las “explicaciones adecuadas” reclamadas por el Papa al gobierno militar nunca llegaron. La “ayuda” de la alta cúpula episcopal fue decisiva. Aun así, la misma embajada argentina dejó constancia “de otros antecedentes sobre la misma cuestión, […] aparte de comunicaciones intercambiadas por otras vías”, que siguieron hurgando la herida. En los años posteriores, sin embargo, se incrementaron las intervenciones cardenalicias para impedir cualquier investigación sobre los homicidios del obispo Angelelli y de los sacerdotes y religiosos en la Argentina.

 

 

 

* Artículo publicado en la Revista Tiempo Latinoamericano, número 109. Córdoba, noviembre de 2021, disponible aquí.

 

[1] L’Osservatore Romano, Roma, 3 de octubre de 1976, p.2.

[2] Reproducido por Correo de la Semana, Buenos Aires, 16 de agosto de 1976.

[3] La declaración de Fray Miguel López ante la Comisión “Giaquinta” fue incluida en las 419 fojas que la Conferencia Episcopal Argentina aportó ante el requerimiento del Tribunal Oral Federal de La Rioja durante el juicio por el homicidio del obispo Angelelli.

[4] Policía Federal, Dirección General de Inteligencia. Parte de Informaciones 8/77. Buenos Aires, 3 de marzo de 1977.

[5] Carta de fray Vitale Bonnmarco al embajador argentino ante la Santa Sede, Rubén Blanco, Roma, 30 de diciembre de 1976.

[6] Nota del Embajador Rubén Blanco al Señor Ministro. N° 16/77 “S”-Letra ESSED, SIONA, Dirección General de Culto, Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, 14 de enero de 1977.

[7] Informe sobre la situación actual de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina, mayo de 1977. Teniente coronel José Luis Picciuolo, director general de Culto, Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina.

[8] Ídem, p.13.

[9] Informe sobre la situación actual de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina, mayo 1977.

[10] Síntesis del cable originado por la Embajada Argentina ante la Santa Sede, de fecha 31 de mayo, en el cual nuestra Embajada informa sobre la situación actual con el Vaticano, Dirección General de Culto, Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina.

[11] Diario La Nación, domingo 29 de mayo de 1977.

 

 

 

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