QUE CUNDA EL PÁNICO

 

Pasaron algunos días desde que se desató una brutal represión policial contra los vecinos del barrio Campo Verde, ubicado en San Salvador de Jujuy. “Estamos devastados porque el barrio está sitiado por policías que hostigan y presionan, y los vecinos tienen mucho miedo”, dice una de las vecinas, que padeció en cuerpo y alma la violencia institucional.

El gobierno de Gerardo Rubén Morales no fue capaz --o no tuvo intención-- de establecer un puente de diálogo con los vecinos que pedían que no les saquen una cancha para construir un colegio secundario. Los vecinos quieren ambas cosas: educación y recreación, pero el gobierno no está dispuesto a acceder y a cambio dio golpes, balas de goma, gases lacrimógenos. Y les quitó la cancha. A las personas detenidas, desde el Ministerio Público de la Acusación se les prohibió acudir a su abogado defensor, Héctor Huespe, y se les sugirió que busquen a otro letrado.

Campo Verde es un barrio que nació hace dos décadas a partir de un asentamiento. Los vecinos quieren que la escuela se construya en otro lugar para preservar el único espacio verde que tienen. Para eso ofrecieron precisiones acerca de dónde podría edificarse la escuela.

La represión se desató en dos partes. La primera el lunes 8 de marzo. Feroz. Buscó sacar a las personas que se habían apostado en el espacio verde donde juegan al fútbol y realizan otras actividades recreativas. Los vecinos se habían instalado en el lugar para protegerlo a partir de ciertos rumores que les indicaba que iban a comenzar una obra en la cancha. Nadie les había notificado de nada. En ese contexto, los atacaron.

Horas después de esa primera barbarie policial, el gobernador encabezó un acto para firmar el acta de inicio de construcción de una escuela secundaria en la cancha. Un grupo de vecinos se acercó para expresar su descontento. Morales los calificó de «egoístas e irresponsables», con un tono que sorprendió a propios y extraños por el grado de violencia.

"No podía creer que la consigna sea ‘cancha sí, escuela no'", dijo. Y agregó: "Necesitamos más escuelas públicas para los pobres", planteó en una falsa opción, acusando a los manifestantes de querer hacer negocios con la canchita. “Mirá a tus hijos a los ojos”, espetó Morales con una virulencia que hacía tiempo no se le veía.

 

 

El acto consistió en la firma de un acta de inicio de obra para la construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 39. Rubricaron el documento, además de Morales, la ministra de Educación Isolda Calsina y el titular de la empresa constructora, Marcelo Sarif. El gobierno provincial detalló que la inversión de la obra será de 90 millones de pesos, mientras que el proyecto contempla un espacio polideportivo. La construcción es parte del programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace), financiado con la renta del parque solar de Cauchari. No se informaron los plazos de ejecución de la obra.

“Son unos egoístas e irresponsables, no les interesa el futuro de los hijos”, acusó el gobernador a quienes se oponían. Pero en el barrio hay una escuela primaria, la N° 452 Legado Belgraniano, y la ETP N° 1 Gral. Aristóbulo Vargas. Es decir, no es verdad lo que dice Morales cuando afirma que viene a “fundar una escuela para los pobres”.

A los vecinos todavía hoy les resulta incomprensible la actitud de Morales. «Los chicos de Campo Verde van todos al ETP que está a cinco, diez cuadras del barrio», explicó Mara Martínez, que trabaja en la Biblioteca Popular. Los vecinos tienen incluso la intención de ofrecer alternativas. Dicen que en la Legado Belgraniano hay cerca de 5 hectáreas donde se podría levantar la secundaria, y preservar así la canchita.

 

El patio de las casas

La segunda ola represiva se desató en la mañana del miércoles 17, los vecinos se despertaron con un despliegue policial que no llegaban a comprender. Se trataba de un operativo “custodia” de los camiones de la empresa constructora, que ingresaba al barrio para iniciar las obras. Esa tarde se generaron las imágenes que dieron vueltas por las redes y los medios de todo el país. Con una violencia inusitada, la policía desalojó a mujeres y niños que se habían apostado en la canchita. Hubo lesionados y detenidos.

La cancha es un lugar donde juegan olimpíadas y torneos. “Es el patio de las casas, porque las casas acá no tienen patio”, contó Mara Martínez, que trabaja en la Biblioteca Popular de Campo Verde desde hace casi 20 años. Es el lugar adonde van los chicos a juntarse cuando salen de la escuela. Los mismos niños y niñas que el miércoles pasado corrían aterrados mientras los perseguía la policía montada.

Los vecinos hablan de 600 efectivos policiales. Más allá de los números, lo cierto es que los efectivos no tenían identificación. Una vecina relató que un grupo menor de policías se infiltró para provocar los disturbios, arrojando piedras contra sus compañeros. “Después nos culparon a nosotros. Fue terrible”, afirmó. “Queremos dialogar con el gobierno, pero la única respuesta que nos da el gobernador es violencia, represión, insultos, hostigamientos y persecución”.

El viernes, el gobierno de la provincia empezó a hacer circular una planilla en Campo Verde para que los vecinos firmen su apoyo a la construcción de la escuela en la cancha. Algunos se dieron cuenta de la maniobra y se negaron a firmar. “Nosotros queremos la cancha y también la escuela, y en esa planilla no está esa opción”, explicaron.

También denunciaron que algunas casas fueron “marcadas”. Precisamente, las de quienes participaron más activamente en el reclamo. Los detenidos -que fueron liberados durante la jornada del viernes-, fueron forzados a aceptar al abogado defensor oficial, a pesar de que pidieron ser representados por el letrado que venía acompañándolos.

El caso Huespe

En las últimas horas de ayer corrían rumores acerca de la detención del propio Huespe, a quien inventaron sucesivas causas judiciales y contravencionales desde hace tiempo.

El fiscal de la causa les dijo a los detenidos que como “Huespe tenía causas, no lo podían designar”. En la tarde del viernes, tras conocer que policías se presentaron en el domicilio de Huespe para notificarlo de la orden de detención y que negaron a su esposa la lectura del documento, el abogado Luis Paz se presentó en el Juzgado de Control para conocer los motivos de la resolución. Sin embargo, no había juez de turno disponible y una guardia policial informó que desde el mediodía se cerraron las mesas de entrada y la atención al público.

“El ejercicio de la profesión de abogado se transformó en una labor muy riesgosa en Jujuy. El doctor Huespe viene ejerciendo su profesión en favor de las personas más vulnerables de la provincia. Usa todas las herramientas que le autoriza la Constitución para defenderlos y como no le teme al poder de turno y los pone en evidencia todo el tiempo, este gobierno hambreador y violento usa al Ministerio Público de la Acusación, que es su creación más siniestra y cínica, para callarlo”, señaló Luis Paz, que defiende a Huespe en las causas que le armaron en el Poder Judicial.

En su rol de abogado, Huespe ya había sido arbitrariamente detenido por la policía de la provincia de Jujuy en abril de 2018 mientras defendía a un grupo de estudiantes que realizó una protesta en la vereda de la Casa de Gobierno para evitar el cierre de Centros de Terminalidad Educativa para Adultos. En esa ocasión, las fuerzas de seguridad arrestaron a los estudiantes, a Huespe y a una concejal de la Izquierda. Fue abogado defensor de los vendedores ambulantes perseguidos y reprimidos por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Y en agosto de 2020 denunció a la senadora nacional por la UCR, Silvia Giacoppo, por desalojar de la casa a un obrero de la finca en la que vive desde hace 40 años y que actualmente habita con su familia, incluidos tres hijos pequeños. En estos últimos días acompañó a los vecinos de Campo Verde que reclamaban al gobernador que construya una escuela sin afectar el espacio verde que tienen en el barrio. Fueron en total cuatro veces a la casa en los últimos días policías de civil pero anoche el Ministerio Público de la Acusación negó que existiera orden de detención.

Negar los hechos

A partir de la primera represión en Campo Verde ocurrida entre el 8 y 9 de marzo, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación envió al gobierno provincial una nota para interiorizarse de la situación. Desde el área de Derechos Humanos de Jujuy dijeron que no hubo represión, sino que fueron los vecinos quienes se violentaron. Y para apoyarlo adjuntaron fotos de policías heridos y escudos rotos.

«La verdad que no esperábamos una respuesta en ese sentido, afirmó Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, de la SDHN. El funcionario explicó que, si bien la Secretaría no tiene competencia para actuar directamente en las provincias, sí puede hacer recomendaciones «y coordinar una agenda de trabajo para disminuir» los casos de violencia institucional. Pero aclaró: «Lo primero que se necesita para lograr eso es no negar los hechos». Przybylski diferenció la situación de Jujuy con Formosa donde las autoridades sí admitieron que hubo violencia institucional, y analizó además el contexto en el que se dieron estos hechos. Y sobre los detenidos obligados a conectar defensores públicos aseguró: ”Allí también hay una vulneración de derechos, eso es inconstitucional y nos preocupa”.

 

Exigen apartamiento de funcionaria

Los organismos y organizaciones defensoras de derechos exigen que se aparte inmediatamente del cargo a Marcela Infante quien se desempeña actualmente como Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy por absoluta falta de idoneidad y competencia para ejercer el cargo, debido al profundo desconocimiento de estándares mínimos en materia de derechos y garantías. “En el contexto de gravísimos hechos de violencia institucional y vulneraciones a los derechos humanos y garantías democráticas que se vienen suscitando en la Provincia de Jujuy, más específicamente en el Barrio Campo Verde, resulta inadmisible que una Secretaría de Estado encargada de velar por el respeto, protección y promoción de los mismos, niegue la existencia de hechos represivos y violentos sufridos por los vecinos y las vecinas de dicho barrio”, explicaron.

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