Purga militar uruguaya

 

El Presidente Tabaré Vázquez pasó a retiro a siete de los 16 generales de Ejército entre el 11 de marzo y el 1° de abril por razones secundariamente vinculadas al terrorismo de Estado, incluyendo dos sucesivos comandantes en jefe. El caso fue detonado por la publicación periodística el 31 pasado del relato del ex teniente coronel José Nino Gavazzo, ante un tribunal militar de honor, de cómo se hizo cargo del cuerpo del primer detenido-desaparecido por el terrorismo de Estado de la historia uruguaya, el militante estudiantil del MLN Roberto Gomensoro, y dispuso su desaparición en marzo de 1973, que resultaría fallida. Había muerto en la tortura luego de haber sido detenido seis días antes, y torturado en una unidad militar de la zona del Cerro de Montevideo.

La nota de Leonardo Haberkorn en El Observador recién fue leída por Vázquez mediante su teléfono en un portal web de noticias en la tarde del sábado 30, lo que lo precipitó a tomar en cuenta la parte expositiva de lo fallado por un tribunal de honor en septiembre y su apelación por un tribunal militar de alzada en febrero. No había bastado, pues, que homologara la parte resolutiva en dos de los tres casos contenidos en el fallo, relató, tal como lo hace habitualmente “sin leer todo”; ese día 12 de marzo tuvo a la firma 50 expedientes, explicó.

En la reunión de gabinete del lunes 1° de abril Vázquez trató la cuestión, y dispuso el pase a retiro de los seis miembros de los dos tribunales –lo que hizo por teléfono—, entre ellos dos a los que había nombrado comandante en jefe de Ejército, José Gonzalez, y jefe del Estado Mayor, Alfredo Erramún. Los otros cuatro casos –de Claudio Romano, Alejandro Salaberry, Carlos Sequeira y Gustavo Fajardo— necesitan de venia del Senado para efectivizar su retiro. En el actual contexto de respaldo de tanto el oficialismo como de la oposición a la medida presidencial, se estima logrará la mayoría especial de tres quintos para efectivizarlos.

También dispuso Vázquez el inmediato pase a la justicia de todas las actuaciones –demorada desde el 12 de marzo en la administración, lo que es motivo hoy del cruce de reproches en el Ejecutivo sin más implicancias que administrativas y que evidencian el relegamiento de la materia de fondo, los derechos humanos. El Presidente señaló que “la cadena política no funcionó”, y declaró someter a la justicia a su gobierno y a él mismo por las responsabilidades que pudieran caber al no dar parte ante la presunción de delito.

El cuestionamiento del Presidente al fallo del tribunal de honor fue inicialmente que este pasaba a situación de reforma (perdiendo la condición militar) a dos de los tres juzgados por la muerte de Gomensoro –Jorge Silveira y José Nino Gavazzo— pero no al tercero, Luis Maurente. Esto, en tanto los tres eran responsables de que el coronel a cargo de la unidad militar de Paso de Los Toros (a 250 kilómetros de donde en verdad fue asesinado), Juan Carlos Gómez, estuvo preso tres años y medio por el caso, sabiendo ellos de su inocencia. Son responsables además de 28 asesinatos del llamado Segundo Vuelo, el traslado de la Argentina de refugiados uruguayos, por el que los militares están en prisión domiciliaria; Gavazzo con casa en el country La Tahona, donde tiene de vecino al candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou.

González había asumido el mando de Ejército el 18 de marzo, en reemplazo de quien fue el comandante en jefe de Vázquez por cuatro años, Guido Manini Ríos. A este lo había pasado a retiro el 11 de marzo a consecuencia de sus fuertes cuestionamientos, en declaraciones por escrito y con su firma, al Poder Judicial y al ministro de Trabajo Ernesto Murro, a quien trató de mentiroso “aunque no a sabiendas”. Este es un momento de preocupación en las FFAA, porque hay en puerta una nueva ley orgánica militar, que propone ceder poder al gobierno civil poniendo la institución al servicio del “desarrollo nacional”, y la reforma del Servicio de retiros y pensiones de las FFAA, que en 2018 reclamó una inyección de Rentas generales de 550 millones de dólares, el 1% del PIB.

La nota periodística, que se basa en el expediente del tribunal de honor, recoge la declaración de Gavazzo de cómo “yo solo”, y por orden del fallecido general Esteban Cristi, “en defensa del honor militar”, se llevó el cuerpo de Gomensoro hasta el río Negro, y envuelto en una malla metálica que arrancó de un perímetro militar (supuestamente de la unidad de Paso de Los Toros) y atándole piedras que luego se comprobarían de la zona, lo tiró al agua, en la zona del lago de la represa Rincón del Bonete. El cuerpo salió a flote y fue luego enterrado como NN. En 2002 el cuerpo se desenterró para una autopsia, y el médico actuante se apropió de su cabeza, lo que permitió su identificación al incorporarse la técnica forense de comparar su ADN. Una de las incógnitas que deja esta relación de hechos es por qué Gavazzo declara esto, en aparente desaire por lo que —alude en su declaración ante el tribunal— le hizo “mi ejército”; aparentemente sería por su pase a situación de reforma, que le saca su condición militar.

Gavazzo se hace responsable del traslado y ocultamiento del cuerpo de Gomensoro, pero no de su muerte. Su ex subordinado Silveira, con el que al parecer mantiene ahora diferencias, le adjudica esa muerte y también las de Eduardo Pérez Silveira y María Claudia García de Gelman. Es más, afirma que por su accionar hubo “más de 100 muertes y no 25”. Esta última sería una cifra adecuada para Silveira.

La lectura de la nota periodística dinamizó al Presidente Vázquez. En declaraciones periodísticas estimó que “hay un problema de fondo, muy importante, y es político”. Afirmó que hay que investigar por qué un civil joven muere mientras está sentado, esperando (versión de Gavazzo), por qué no se da cuenta a la policía e interviene un forense, por qué se pretendió esconderlo. “Es un delito de lesa humanidad –dice Vázquez—; es muy grave. Ahí hubo gente que actuó, ahí hay una cadena de mando, actuaciones; eso hay que averiguarlo”.

También señaló el Presidente que esto debió saberse antes, que en su encubrimiento actuaron militares (los siete destituidos) que no habían participado de la dictadura militar. A su criterio, la declaración de Gavazzo “viola el pacto de silencio (que los militares llaman 'silencio austero'), y las cosas se violan una sola vez”. Agregó Vázquez que “queda probado así que cuando se denuncia que hubo torturas, muertes y desapariciones (estas son) reconocidas por uno de sus actores principales. Ya no son suposiciones; ahora es una realidad”.

Un par de acotaciones. El secuestro de Gomensoro y su traslado de su casa en Montevideo a la base La Paloma, del Cerro, se hace en el marco de la declaración parlamentaria de la situación de guerra interna, en abril 1972, y en agosto, el mismo parlamento democrático votó la ley de seguridad del Estado, que instauró la jurisdicción de la justicia militar sobre civiles a los que se atribuye sedición. La aplicación de la “doctrina francesa” venía ya desde la década anterior, con el asesoramiento entre otros del estadounidense Dan Mitrione en “técnicas de tortura con electroshocks de manera que los detenidos no murieran en el proceso”, según The New York Times, actuando en el Cono Sur desde 1960.

La segunda acotación es que la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, de 1986, por la que los delitos de lesa humanidad anteriores a 1985 no podían ser juzgados, fue derogada pero no anulada en 2011, para cumplir con el fallo en el caso Gelman de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferencia es que los delitos anteriores a 2011 quedan liberados a los plazos de la justicia ordinaria y no son imprescriptibles, como los de lesa humanidad. Las organizaciones de derechos humanos procuran actualmente la anulación de la ley de 1986, de modo de poder llevar a la justicia muchos casos pendientes. Hay al menos 196 uruguayos detenidos desaparecidos, la mayoría en la Argentina y una veintena en Uruguay. Todos los 20 de mayo, desde 1996, se hace la “marcha del silencio”, encabezada por los retratos de los desaparecidos y hace dos años con la consigna “Impunidad: responsabilidad del Estado, ayer y hoy”. Los “sitios de la memoria”, marcando lugares donde ocurrieron hechos represivos del terrorismo de Estado, se multiplican en la ciudad, el Museo de la Memoria recoge testimonios de víctimas y organiza visitas del público a lugares donde se torturaba, como el Infierno Grande, en sede militar, que pese a los abundantes testimonios no alcanzan sin embargo reconocimiento oficial.

El Observatorio Luz Ibarburu (OLI), que nuclea 16 organizaciones de derechos humanos, tiene expectativas de que la actual situación provocada por la deposición de Gavazzo ponga, por primera vez desde la recuperación de la democracia, el tema del terrorismo de Estado junto al de los militares en la campaña electoral de este año. Así lo señaló su coordinador Raúl Olivera; su esperanza es que esta situación en la que un represor confiese algo actúe de la misma manera que el caso Scilingo en la Argentina, que instaló allí para siempre el tema de “los vuelos de la muerte”.

La actual situación uruguaya es muy diferente a la de la Argentina, especifica Olivera. “Podemos sintetizar las debilidades del sistema de control penal en cinco aspectos: no existe una justicia especializada, falta coordinación de las fiscalías, ausencia de la figura del querellante, escasa e insuficiente colaboración del Poder Ejecutivo e insuficiente investigación policial”.

Actualmente hay en materia de violaciones a los derechos humanos 42 procesamientos en 22 expedientes, y 27 de ellos alcanzaron sentencia de condena en 13 expedientes. Son 20 las personas condenadas por estos delitos en Uruguay, porque algunos fueron condenados más de una vez. Del total de condenados, 1 cumplió condena, 3 fallecieron y 16 siguen detenidos; 6 en prisión domiciliaria y 10 en prisión efectiva. No hace seis meses se designó a un “fiscal letrado penal de Montevideo, especializado en crímenes de lesa humanidad”, Ricardo Perciballe; un hecho muy auspicioso para Olivera.

La declaración de Vázquez de que el de Gomensoro es un crimen de lesa humanidad y que se deben investigar las complicidades en el accionar declarado por Gavazzo es también auspiciosa, en el sentido de que incide a favor de un cambio cualitativo en la situación y por la anulación de la Ley de Caducidad. Actualmente despunta una campaña en redes sociales a favor de su anulación.

En su purga, el Presidente Vázquez, motivado por las demoras que el trámite tuvo para ser presentado a la Justicia, también aceptó la renuncia de su enfermo ministro de Defensa Jorge Menéndez (que ya la había presentado en diciembre) y destituyó al subsecretario Daniel Montiel Méndez, de la fuerza política de Mujica, MPP. Un senador del Frente Amplio, Rafael Michelini, está pidiendo también la renuncia del prosecretario legal y técnico de Presidencia, Miguel Angel Toma, en lo que aparece como la interna del oficialismo.

En el Ministerio de Defensa, Vázquez reemplazó las bajas por el ex senador José Bayardi como ministro, que ya había ocupado la cartera y es de la logia (de origen militar) Teniente de Artigas, y por el senador del MPP Andrés Berterreche como subsecretario. El nuevo comandante en Jefe de Ejército es su hasta hoy edecán y jefe de la Casa Militar Claudio Feola, que es sindicado como masón, tal como el Presidente Vázquez. Es el último por el orden de derechas del generalato, y si sus pares respetaran la tradición de pedir el pase a retiro ante el ascenso por su izquierda, hoy serían más los generales renunciantes.

El día del relevo del último comandante en Jefe de Ejército José Gonzalez, el generalato hizo su tradicional reunión en el Comando de Ejército para discutir la situación. Asistieron ocho (dos estaban fuera del país), y se vio entrar a alguno en ropa de fajina y con la pistola al cinto. Versiones coincidentes de prensa indican que esa belicosidad fue contrastada por voces que expresaron no estar “para amparar asesinos y torturadores”.

Con su purga militar, el Presidente Vázquez recuperó prestigio en la ciudadanía. Lo había perdido en septiembre, cuando el entonces comandante en jefe Guido Manini Ríos asistió uniformado a una misa y recordó el asesinato del coronel Artigas Alvarez por el MLN al cumplirse 46 años del hecho, el 25 de julio de 2018. La discusión sobre cómo reaccionar se estiró hasta el 9 de setiembre, porque era claro que quería ser pasado a retiro para quedar como víctima y entrar a la carrera política. El Presidente lo arrestó a rigor por 30 días, lo que fue criticado ampliamente en la opinión pública: la dimensión de la sanción expresa falta de confianza, en cuyo caso la medida que correspondía era pasarlo a retiro, más allá de las intenciones de Manini.

En marzo, Manini hace un nuevo intento de insubordinación y ahora sí es pasado a retiro. Una hora después de formalizada la orden verbal del Presidente, Manini se filma en ropa de fajina dando un mensaje virulento distribuido por la red de Ejército contra la institucionalidad del Estado, buscando ser arrestado y consiguientemente su victimización. El Presidente no lo hace, desoyendo consejos de arrestarlo y pasarlo a tribunal de honor con afectación de su grado, lo que lo hubiera llevado a cobrar menos de los 4.400 dólares mensuales que hoy recibe.

De todas maneras, Manini entra a la política. Revela en declaraciones que estando todavía en el cargo, hizo hacer una encuesta sobre su popularidad como candidato (realizada por Equipos Consultores; dijo contar con una improbable intención de voto del 38%, y el martes 2 de abril lanzó su candidatura presidencial con el recién inscrito lema Cabildo Abierto. La agrupación había considerado adoptar el nombre Movimiento Social Artiguista, en favor de que Manini es de la logia Tenientes de Artigas. Este partido, cuyo caudal está por verse, alberga figuras de la vieja JUP, Juventud Uruguaya de Pie, que en 1970 agrupó estudiantado de extrema derecha, proclive a la acción directa; que en Uruguay se tildó de “fachos”. Hoy admiran a Bolsonaro.

 

 

 

 

 

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