La Carta de Intención que el gobierno argentino elevó al FMI para darle cauce al crédito provisto por el Acuerdo stand-by, cuyo primer tramo fue depositado en la cuenta del Banco Central hace un par de semanas, cierra con un apartado G dedicado a incentivar el crecimiento. Nadie se lo tomó muy en serio, porque el objetivo implícito del Memorándum es administrar la caída del producto bruto. Cae el producto para que caigan las importaciones que se necesitan y con las exportaciones más o menos igual que ahora, supuestamente aparece el saldo de dólares que permitiría afrontar los pagos del endeudamiento externo.
No obstante, vale la pena escudriñar las razones por las que, en su temeraria autoindulgencia, el gobierno cree que un tropezón no es caída. Al menos eso es lo que manifiesta. El punto G así lo deja entrever. Titulado: “Políticas del lado de la oferta”, condensa uno de los dos modos en que se concibe el crecimiento. El otro, el que se le contrapone, es el del crecimiento por el lado de la demanda. En función del énfasis que se ponga en qué es lo que desata el proceso de crecimiento económico, si la oferta o la demanda, son mutuamente excluyentes como guía de política económica.
El concepto del crecimiento por el lado de la oferta predomina en el mundo académico. También, entre lxs dirigentes políticxs prácticxs que se consideran inmunizadxs contra los deslices teóricos. Incluso comprende a aquellxs que si bien reconocen la importancia de la demanda, a la hora de la verdad caen en distintas variantes del ofertismo. El enfoque traduce la actitud política que se asume frente al conflicto distributivo entre salarios y ganancias, a favor de las ganancias. Es un intento de racionalizar el freno a los salarios, en particular, y al gasto, en general, por temor e intereses, a que sus tendencias al alza deshagan las promesas del paisaje llano y estancado al que avizoran como única salida posible no ya de la crisis, sino para el rumbo de largo plazo del país.
Ni en lo conceptual ni en la práctica consiguen algo que haga valedera su visión ofertista. El mismo proceso de funcionamiento del capitalismo realmente existente los desmiente. Dado que la inversión es una función creciente del consumo, el crecimiento del producto bruto únicamente puede venir impulsado por la demanda. La versión más vulgar del ofertismo se aferra a la idea de que no se puede consumir lo que no se produce. Ese es un hecho físico. Pero no tiene nada que ver con el hecho económico. En este ámbito, si no hay un poder de compra previo para adquirir lo que la producción es capaz de crear, esta no se hace.
Por otra parte el sistema relativiza el hecho físico, el llamado valor de uso; las cantidades físicas de bienes. Desde mediados de febrero a la fecha, según los estudios relacionados, el valor en dólares de las empresas argentinas que cotizan en bolsa se desplomó alrededor del 70 por ciento. Poco más de un año antes, prácticamente habían duplicado su valor. Año y medio atrás, todos los interesados se fueron pasando de mano en mano papeles, las acciones, convencidos y convenciendo acerca de las buenas perspectivas. Los últimos cinco meses fueron en sentido contrario. En todo ese período se trata de las mismas empresas, de sus mismos activos. Se puede ser más próspero con menos bienes que valgan más que con mayor cantidad de esos mismos bienes que valgan menos. Lo que le importa al sistema es el valor de cambio. El valor de uso está en un segundo plano. Y ese valor de cambio proviene de las ventas y de las perspectivas de las ventas. En otras palabras, del consumo.
Porque al fin y al cabo en este mundo alucinado, donde al socaire de los algoritmos operados por las computadoras van y vienen órdenes de compra y venta de bonos, acciones, divisas y todo es riqueza abstracta, el único cable a tierra, la única cosa concreta continúa siendo el salario, ese precio del que depende la vida de las mayorías nacionales.
Folklore PyME
Mejor tomar nota, entonces, de que este es un mundo parado de cabeza. Asunto que el gobierno no está en condiciones políticas, ideológicas y culturales de entender, tal como se percibe en las acciones ofertistas a las que se comprometió en el Punto G. Allí enuncia que para “hacer de Argentina un destino atractivo para empresas locales e internacionales” se continuará “fortaleciendo el régimen anticorrupción” y las “cuestiones de ALA-CFT” (siglas que refieren a: Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo). El accionar se articula “en un enfoque basado en el riesgo y análisis estratégico para combatir el crimen.” Curioso, tratándose de un gobierno tan offshore.
Con el dólar bailando en las nubes en pareja con la malquerida tasa de interés, inscribe el compromiso de desarrollar “el mercado de crédito doméstico”, para lo cual hace hincapié en “La Ley de Financiamiento Productivo recientemente aprobada [que] apunta a desarrollar el financiamiento para empresas pequeñas y el mercado de crédito hipotecario”. Un clásico del ofertismo: el folklore PyMe. Se acude al sambenito PyMe, cuando la realidad signada por el plan de ajuste y el creciente endeudamiento externo vuelve políticamente conveniente mostrar que algo se está haciendo con relación a la parte más débil del tinglado productivo. Hay que cuidar las apariencias.
Con el subterfugio PyMe de una parte intentan legitimar el maridaje con las grandes corporaciones; y, de la otra, tener con qué sujetar a muy bajo costo las eventuales recusaciones de las bases a las direcciones gremiales empresarias afines. La esterilidad es completa porque la carnada es el acceso al crédito y siempre el eje es el subsidio a la tasa de interés. Los créditos están a disposición del que los pueda solicitar en un porcentaje fijado de antemano por la deontología bancaria, aplicado sobre el capital que posee el empresario solicitante. Esto sucede con independencia de la tasa de interés, por lo que la tasa de interés es indeterminada por el lado de la demanda. En consecuencia, la bonificación de la tasa de interés no tiene ningún efecto práctico. Además, cuando se caen las ventas, ¿para qué solicitar créditos?
Por supuesto que las PyMes necesitan mejorar su perfil de acceso al financiamiento, pero está históricamente visto que el sistema bancario no es el mejor camino. La respuesta parece estar en el mercado de capitales, con fuerte respaldo estatal. Es una ruta que se ha empezado a recorrer hace relativamente pocos años y a la cual le falta tiempo para madurar. Y hablando del mercado de capitales, en eso de cuidar las apariencias tampoco el Punto G faltó aquí a la cita. Allí se señala que “apuntando a aumentar la transparencia y reducir la incertidumbre, la Comisión Nacional de Valores (CNV) […] perdió facultades previas para intervenir empresas y designar representantes con poder de veto en sus directorios”. Lejos de ser algo que genere preocupación en vista del importante porcentaje de acciones de empresas privadas que maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el gobierno entiende que a raíz de ello se tienen “los beneficios de un regulador más fuerte del mercado de capitales con menos facultades discrecionales.” Como en el MPEF el gobierno estableció que va a deshacerse del FGS, ¿para qué molestarse y molestar?
Este espíritu campea de lleno en las “Reformas para garantizar la competencia”. Se señala que “la nueva Ley de Defensa de la Competencia, aprobada por el Congreso en mayo de 2018, adhiere a las mejores prácticas internacionales para desincentivar la colusión”, en tanto “la nueva ley […] permite resolver el problema de fusiones y adquisiciones sometidas a un control luego de cerrados los acuerdos.” Para botón de muestra, basta leer las notas en El Cohete de Damián Loreti y Diego Rossi sobre la cartelización en telecomunicaciones para inferir a qué llama el gobierno mejores prácticas.
Coalición exportadora
Frente a este desaguisado que echa nafta al fuego de la crisis, algunos aliados del gobierno han comenzado a tomar distancia, en principio, conceptual. Si no pueden salvarlo, preparan las condiciones para salvar la ropa. Postulan que es necesario concertar socialmente las condiciones para que florezca una coalición social exportadora. Aunque las exportaciones se contabilizan del lado de la demanda, esta propuesta las concibe como la meta que debe tener una política de oferta. Problema destacable: los mercados. ¿Por qué se da por sentado que el volumen de las exportaciones es una decisión unilateral concerniente al exportador/oferente y no al importador/demandante?
Más allá de la coyuntura global, signada por un proteccionismo creciente, ampliar significativamente la capacidad de exportación argentina, ya sea por diversificación o por crecimiento de las ramas ya consolidadas, requeriría que otros países estén dispuestos a abrir la economía en detrimento propio para importar algo que ya producen. O que los países exportadores de bienes similares decidan retractarse, como si además no tuviesen acuerdos comerciales con los países importadores que son mutuamente favorables. Es evidente que esta omisión de la existencia de una división internacional del trabajo consolidada en el largo plazo es, al menos, poco realista. El fracaso del acuerdo con la Unión Europea es una prueba del carácter fantasioso de esta iniciativa política.
Pero dicha fantasía es, además, indeseable y viciosa, puesto que, si se trata de reducir los salarios para promover el crecimiento, lo que se propone es que los trabajadores argentinos pongan su esfuerzo al servicio del resto del mundo abaratando su sudor para depreciar las mercancías que producen. Puesto que tal estrategia no podría subsistir sin que los salarios permanezcan bajos, se sigue que es un crecimiento que requiere la pobreza generalizada. El tipo de cambio alto únicamente resulta sustentable en estas condiciones. Y esto, aunque las muy insensibles exportaciones no lo registren.
Por otra parte, quienes propugnan la necesidad de este programa se basan no solo en asegurar la factibilidad de su éxito (nunca desenvolviéndola, cabe aclarar) sino también en la premisa de que el desarrollo económico en torno al mercado interno (único desarrollo económico, en realidad) se ve imposibilitado porque la Argentina ya agotó su proceso de sustitución de importaciones y no puede retomarlo. Nunca se presentó evidencia para explicar que esto sea cierto. La verdad es que sería ridículo sostener que por esa causa el Proceso tuvo la necesidad de detener el desarrollo argentino abriendo la economía de par en par, promoviendo una campaña propagandística contra la industria nacional mientras estropeaba la industria pesada. Esa fue una decisión puramente arbitraria con miras a satisfacer objetivos reaccionarios, y no se explica por qué la Nación no podría retomar ese camino abandonado, como lo hizo con sus más y con sus menos desde 2003 hasta 2015.
El gobierno ha creado una crisis que únicamente puede manejar dañando el tejido social y productivo argentino. Lo constatan desde el Punto G hasta los aliados que postulan la alternativa de la coalición exportadora. Seguirá así hasta que este tejido agredido y maltratado consolide la forma que encuentre —siempre y cuando lo haga— de frenarlo y revertirlo. Desechar el mito del crecimiento por el lado de la oferta es parte de la orden del día.
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