"Pucherazo"

 

El puchero es un suculento plato tradicional de la cocina argentina que proviene de Andalucía (España). La receta andaluza incluye garbanzos y verduras, como papas y zanahorias, a lo que se suman trozos de carne de vaca, pollo, huesos de cerdo y ternera y se pueden añadir chorizos y morcillas. La denominación del plato proviene del recipiente, originariamente de barro, donde se cocina el guiso. De allí deriva también el término “pucherazo” que en España ha perdurado como sinónimo de fraude electoral. Durante el período de la Restauración borbónica se manipulaban las elecciones mediante la incorporación de papeletas de votación que se guardaban en recipientes similares a los utilizados para cocer el puchero. Todas las evidencias apuntan a que el pasado domingo 28 de julio hemos asistido a un “pucherazo” en Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó vencedor al Presidente Nicolás Maduro el mismo domingo mediante un escueto boletín que mostraba tres porcentajes que otorgaban a Maduro un 51,20% de los votos, 44,20% a su rival Edmundo González y un 4,60% a “los otros”. Se informó que estos porcentajes correspondían a un escrutinio del 80% y que era una tendencia “irreversible”. Pero desde entonces pasaron varios días sin que hubiese actualización de datos ni se aportó documentación alguna que permitiera verificar ese resultado. Durante ese período el CNE no publicó las actas de escrutinio que son generadas por las máquinas de voto electrónico al cierre de cada mesa. El votante utiliza la máquina para votar y recibe una constancia en papel que deposita en una urna para cualquier posterior verificación. Luego, al final de la jornada, primero la máquina imprime un acta con el resultado —ante testigos electorales— y después envía los datos por teléfono o satélite al centro de cómputos. Copias del acta se imprimen en el mismo centro de votación y se entregan a presentes y a los partidos. Cada acta incluye los resultados de la mesa, una versión en código QR de estos, su identificador, la fecha y la hora de cierre, una cadena hash de seguridad, y el nombre y la firma de los miembros de la mesa, los testigos y hasta del operador del dispositivo, de modo que resulta casi imposible falsificarlas. El CNE estaba obligado a publicar los resultados desagregados, por centro y mesa, salidos de las actas, pero en mitad de la noche del domingo su web dejó de funcionar y las autoridades alegaron que se había producido un hackeo desde Macedonia. Sin embargo, Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, que había sido invitado por el Consejo Nacional Electoral como observadora, afirmó que “no hay evidencia” de que el sistema electoral de Venezuela hubiese sido blanco de un ataque informático. Añadió que la transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora, por lo cual no se habría perdido dato alguno. El Centro Carter declaró en un pronunciamiento público que la elección “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral” y no podía “ser considerada como democrática”. A lo que cabe añadir que a posteriori tampoco se realizó la prevista Auditoría de Verificación Ciudadana, que consiste en el cotejo aleatorio de algunas de las actas de escrutinio con el recuento de las urnas que contienen los papeles depositados por los votantes.

 

 

Las actas de la oposición

La oposición reclama una victoria del 67% al 30%, apoyándose en más 24.000 actas que ha presentado en una página web y que es accesible a todo el mundo. Por consiguiente, al contrario que el CNE, la web que ha divulgado la oposición con las actas permite obtener y someter a comprobación los resultados en cada parroquia, municipio y Estado venezolano. El contraste es evidente: el gobierno de Maduro no ha aportado datos para sustentar su declaración de victoria, mientras que la oposición venezolana ha dispuesto un mega operativo para recoger y presentar miles de actas. Como señala Kiko Llaneras, el experto en estadísticas del diario El País de España, “la oposición ofrece más información, es más transparente, se expone a evaluación y escrutinio, y de esa manera, eleva la credibilidad de sus resultados”.

Existen otros indicios que hacen presumir la victoria electoral de la oposición. La más obvia es el notorio ocultamiento de los resultados por parte de quien está obligado a divulgarlos con transparencia e inmediatez. En cualquier elección, los resultados se van conociendo en su progresión a medida que se van recibiendo en el centro de cómputos. Aquí nada de esto ha sucedido y, con un pretexto tras otro, lo cierto es que las actas reclamadas por la oposición no han sido entregadas. Otro dato que ha llamado la atención es que los porcentajes difundidos por la CNE no resultan creíbles porque son exactos hasta el sexto decimal. Según la impresión de los expertos, el CNE partió del total de votos (10.058.774) y luego tomaron unos porcentajes redondeados y elegidos previamente, asignándole el 51,20% de los votos a Maduro, el 44,20% a Edmundo González y el 4,60% a “otros” lo que suma exactamente el 100%. Frente a los reclamos de la oposición y de numerosos países que exigen que se lleve a cabo un conteo de las actas, el gobierno de Maduro ha efectuado una presentación ante la Sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que carece de base legal, con el evidente propósito de judicializar un asunto político y técnico que debe solventarse primero ante el Consejo Nacional Electoral. El candidato opositor Edmundo González Urrutia ha confirmado que no aceptará esa instancia. “Si llegare a acudir ante la Sala Electoral, lo haría en situación de absoluta indefensión”, argumentó González Urrutia en una carta publicada en sus redes sociales. El político opositor destacó que el trámite de la Sala Electoral “no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia u otra ley sobre la Jurisdicción Electoral”.

Las evidencias de que se ha consumado un fraude electoral son tan fuertes que el gobierno de centro-izquierda de Chile ha tomado posiciones claras y contundentes. Gabriel Boric, uno de los primeros mandatarios de América Latina en pedir que el CNE transparente los resultados, ha indicado que él, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, “no tiene dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho?” El mandatario chileno también ha denunciado violaciones a los derechos humanos en medio de las represiones a los manifestantes y persecución penal en contra de los líderes de la oposición venezolana. El canciller de Venezuela ha respondido a las palabras del Presidente de Chile, con un exabrupto infantil: “El Sr. Gabriel Boric se coloca a la derecha de Milei y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista”, escribió el diplomático en Twitter.

 

 

Falsas coartadas

Cuando se trata de determinar si un proceso electoral se ha realizado correctamente, el único tema a dirimir es si los resultados reflejan la realidad o si han sido manipulados. No deberían entrar a jugar otro tipo de consideraciones. Ahora bien, no se puede ignorar que la resistencia del gobierno de Maduro a permitir una auditoría imparcial de los resultados coloca a Venezuela al borde de una guerra civil. Por consiguiente, es comprensible que países que están intentando actuar de mediadores, como es el caso de Brasil, Colombia y México, actúen con suma prudencia y eviten pronunciamientos condenatorios que dificulten esa labor de mediación. Pero en el caso de quienes simplemente se limitan a expresar una opinión personal en un medio de comunicación, esa prudencia no tiene justificación. De allí que algunas notas periodísticas que se han vertido estos días acerca de cuestiones vinculadas con la geoestrategia o con la calidad de las democracias occidentales pueden ser interesantes para ser abordadas en seminarios específicos, pero carecen de relevancia alguna en el análisis de las elecciones de Venezuela y sólo pueden ser tomadas como coartadas irrelevantes. No es posible tener dos varas de medir para juzgar de modo diferente a los amigos de los supuestos enemigos.

Como señala Adam Przeworski en Las crisis de la democracia (Ed. Siglo XXI), el sistema democrático funciona correctamente cuando los conflictos que surgen en una sociedad se procesan de manera pacífica dentro del marco institucional, fundamentalmente mediante el mecanismo de las elecciones. Añade que la polarización política, que tiene raíces profundas en las divisiones económicas, sociales y culturales, vuelve las derrotas electorales difíciles de aceptar e induce a los perdedores a falsear los resultados. Por lo tanto, lo mínimo que le podemos exigir hoy a la democracia es que los procesos electorales sean transparentes y los ciudadanos cuenten con una razonable posibilidad de destituir a los gobiernos que no sean de su agrado evitando el derramamiento de sangre.

 

 

 

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