PROYECTOS EN PUGNA

 

Hoy en el desenvolvimiento de los acontecimientos económicos resulta evidente que el bloque de poder beneficiado por el anterior gobierno de Cambiemos atenta contra la estabilidad del gobierno nacional y popular y apunta a impedir que pueda desplegar la política que el voto ciudadano sancionó en las urnas en octubre de 2019. Esta política tiene como contenidos la recuperación del nivel de actividad económica y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, sostenidos en la generación de empleo y la promoción del desarrollo a través de la inversión productiva, apoyada con el aumento de la productividad. La mejora de los procesos tecnológicos  y el impulso del entramado pyme fueron subrayados por el Presidente en su discurso del 1° de marzo de este año. Así como también el establecimiento de “reglas claras de inversión que estén alejadas de abusos monopólicos y posiciones dominantes de mercado”. Al poco tiempo de la apertura de sesiones del Congreso, la pandemia generó fuertes limitaciones en el desenvolvimiento económico, no sólo en Argentina, sino también en América Latina y a nivel global.

El establishment beneficiado por el gobierno de Macri, y el patrón de acumulación financiera que instaló generaron en la economía, en la política y en el Poder Judicial, conductas y acciones destinadas a impedir y desviar acciones de gobierno, con el objetivo de evitar que se alcancen las metas de una sociedad más igualitaria y una economía diversificada y desarrollada.

Las presiones cambiarias sufridas por la retención de los productos de exportaciones tradicionales del país atentan contra un programa de diversificación productiva y mejoras del ingreso de las mayorías. Aspiran a provocar una devaluación de la moneda, aprovechando las enormes dificultades financieras externas que dejó el recientemente finalizado gobierno neoliberal. Intentan establecer una estructura de precios relativos que dé continuidad al proyecto reprimarizador de la economía.

En un texto de la CEPAL (2017) titulado Manufactura y cambio estructural. Aportes para pensar la política industrial en la Argentina, Martín Abeles, Mario Cimoli y Pablo Lavarello sostienen la necesidad de “diseñar e implementar políticas industriales y tecnológicas capaces de dar respuesta, desde la periferia… no sólo para reducir brechas tecnológicas que nos separan de los países centrales, sino para evitar que estas se amplíen aún más, agudizando la restricción externa al crecimiento y… la dificultad para generar empleos bien remunerados”. La conspiración de la derecha económica y política en la Argentina conduce a situaciones que provocarían el movimiento inverso en términos de puestos de trabajo y salarios. En el artículo de ese libro titulado La industria manufacturera y su encrucijada, Martín Abeles y Anahí Amar sostienen que la cuestión central de una agenda de cambio estructural y progresivo no remite a la mayor o menor convicción acerca de la necesidad y eficacia de las políticas industriales y tecnológicas –aunque ello resulta, en opinión de los autores, una condición sine qua non— sino a la existencia o no de un actor o coalición social capaz de orientar la agenda estatal en esa dirección”.

La Argentina tiene valiosos ejemplos históricos en los que la construcción de una coalición social, tal como valora el libro de CEPAL, sostuvo e impulsó un cambio fundamental en el patrón de acumulación económica, en la estructura productiva y en las relaciones sociales. El primer gobierno peronista fue un ejemplo paradigmático de un cambio estructural que permitió la transición hacia un país industrial con un rápido crecimiento del empleo y de los salarios y la conformación de un mercado interno de una economía mucho más diversificada que la del modelo exportador que la precedió. Es interesante analizar como, ante el cambio en las condiciones internacionales provocadas por la crisis del '30, se esbozaron dos propuestas de reconversión:

• el Plan Pinedo, que no pudo alinear una coalición tras de sí que le permitiera desplegarse y
• el peronismo, que luego irrumpió y logró construirla.

 

 

 

El Plan Pinedo

El Plan Pinedo intentó una reconversión que implicaba una industrialización especializada articulada en una cadena de valor con la producción agraria que había predominado en el período anterior. Pinedo expresaba taxativamente: “La vida económica del país gira alrededor de una rueda maestra, que es el comercio exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra por otra, pero estamos en condiciones de crear al lado de ese mecanismo algunas ruedas menores que permitan cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica, la suma de la cual mantenga el nivel de vida de este pueblo a cierta altura”. Para esta opción era necesario conseguir lo que Pinedo no logró: la articulación de la élite del modelo agroexportador alrededor de esta propuesta que modificaba la dinámica de la etapa anterior. Murmis y Portantiero en Estudios sobre los orígenes del peronismo expresan que los sectores del agro estaban divididos entre los que resistían a cualquier intervención estatal que intentara modificar la lógica de las ventajas comparativas vigente hasta la crisis del '30, y que se identificaba con un liberalismo pleno (los criadores de CARBAP) y los que eran más permeables a estos planteos pero finalmente permanecieron en la indecisión o la neutralidad (los invernadores de la Sociedad Rural), a los que se agregaba la UIA que respaldó el proyecto, principalmente atraída por las medidas restrictivas de importaciones.

 

Estos autores caracterizan que el plan estaba dirigido a salvar a las industrias que se desarrollaron en manos de la élite tradicional. En cuanto al desarrollo industrial, ajeno a la cadena exportadora, el plan prioriza la industria de la construcción, relegando a la manufacturera detrás de ella. Rapoport et al reseñan que en relación al déficit comercial el plan proponía un control selectivo de importaciones y amplias medidas de estímulo a las exportaciones basadas en incentivos cambiarios y facilidades financieras. También sostienen que una característica clave del plan era la reorientación del Comercio Exterior hacia Brasil y los Estados Unidos. Juan Llach, en su artículo El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo, hace una caracterización sintética del plan como “La estrategia que no fue: industrialización exportadora y especializada en materias primas nacionales y acercamiento a Estados Unidos”. En tal sentido Rapoport menciona como dato destacado el acercamiento de Pinedo a la potencia del norte, y su impulso de un proyecto de creación de un Banco Panamericano y una moneda interamericana. Resulta inconfundible que en la histórica confrontación entre la construcción de la Unidad Latinoamericana que promovieran Bolívar, Monteagudo, Felipe Varela, Manuel Ugarte y José Ingenieros y el panamericanismo de la doctrina Monroe, el Plan Pinedo hubiera sido un paso decisivo en esta segunda opción.

 

Llach glosa el rol que el plan reservaba al sector público “hay que circunscribir la intervención del Estado... ya muy amplia… es indispensable que el Estado cree las condiciones favorables y ofrezca el incentivo necesario a fin de que esas actividades (privadas) adquieran todo el impulso de que son capaces para combatir eficazmente la depresión que comienza… La función del Estado es establecer orientaciones generales de política económica o social que son, desde luego, de su exclusivo resorte”. Estas definiciones parecen muy cercanas a las que hace unas semanas hicieron en un comunicado conjunto la AEA con los dirigentes de la CGT.

 

 

 

 

Aldo Ferrer en La economía argentina señala que “el Plan de Reactivación Económica de Federico Pinedo… fue la expresión más avanzada… por la normalización política y una nueva política económica… [que incluía el apoyo] a las industrias… asociadas a la transformación de materias primas… La política propuesta implicaba un realineamiento de la política internacional con un acercamiento a los Estados Unidos (…)  subsistía en esta postura, la tradicional concepción del desarrollo como proceso subordinado a la potencia hegemónica”. Así, el Plan Pinedo expresaba la reconfiguración del patrón de acumulación económico, que ya no podía regresar a la etapa previa a 1930 pero que pretendía sostenerse en el mismo bloque dominante de aquel período, ahora remodelado como oligarquía que abarcaba un núcleo de actividades más diversificadas.

Rapoport señala que el perfil de esas políticas de industrialización, de acercamiento con los Estados Unidos y de normalización política demandaban de un acuerdo que poseía pocas posibilidades en 1940. Esos debates, sin embargo, significaban el comienzo de un cambio al interior de las clases dirigentes que sería profundamente afectado por la llegada del peronismo. “Este último dará a la problemática de la industrialización y de la vinculación de la Argentina con el mundo una respuesta diferente, apoyado en otras bases económicas, políticas y sociales”.

 

 

El peronismo

 

El arribo del peronismo significó un enfoque diametralmente opuesto al del Plan Pinedo en relación con la industrialización del país. Tanto en la política económica, como respecto del bloque social dinámico en la etapa y en política exterior. El papel del Estado fue fundamental en la dirección de ese proceso, con la elaboración de planes quinquenales y herramientas no mercantiles que definían la asignación de recursos. El bloque de clases en el que se apoyaba el gobierno integraba por primera vez a los trabajadores de una industria en potente ascenso, junto a una burguesía heterogénea en la que participaban sectores tradicionales, ahora como una oligarquía diversificada, pero también y con gran dinámica una burguesía nacional en ascenso que dependía del mercado interno y de la solvencia de los salarios para diversificar su producción. Un protagonista fundamental para financiar la industrialización fue el IAPI. Ese organismo intervenía en el comercio exterior con mecanismos que asignaban parte de la extraordinaria renta agraria diferencial que posee la Argentina a promocionar el desarrollo industrial. El direccionamiento  del crédito y la regulación cambiaria fueron políticas clave en el despliegue de una economía en la que la industria pasaba a contribuir decisivamente en el tamaño del PBI.

Con posterioridad en las otras etapas de nacionalismos populares siempre se sostuvieron políticas de distribución progresiva del ingreso, de crecimiento del empleo y de los salarios. Sin la radicalidad del IAPI, el sostenimiento de medidas que establecían tipos de cambio diferenciales entre el sector tradicional de alta productividad natural y la industria con productividad internacional más baja fue un elemento central del patrón económico. Una alternativa muy frecuentemente utilizada han sido las retenciones, que

1. promueven la diversificación productiva,
2. a la vez significan un ingreso tributario progresivo y
3. desdoblan el precio de los productos transables internacionalmente entre el de exportación y el de venta en el mercado interno.

La tercera característica defiende el poder adquisitivo de los sectores populares, que tienen ingresos fijos en moneda local. La reimplantación de niveles adecuados por parte del actual gobierno nacional y popular al inicio de su mandato significó un acierto político. La recuperación del enfoque de Marcelo Diamand respecto a la política necesaria para una “estructura económica desequilibrada” es un elemento indispensable del enfoque estratégico de un proyecto de desarrollo.

 

 

 

 

Pero actualmente se enfrentan presiones de sectores concentrados, reteniendo los bienes exportables en épocas de pandemia, que merecen el repudio popular y una acción enérgica del Estado para normalizar la situación. La medida de reducción temporaria de las retenciones que se adoptó no obedece a necesidades del sector, ya que el precio de las materias primas –entre ellas la soja— están subiendo fuertemente en el mercado internacional. En términos de la lógica del proyecto, tal vez la dirección de las medidas hubiera ido en sentido inverso. Sin embargo la ausencia de un actor público en el sector externo que pueda intervenir adecuadamente en la regulación de la exportación de granos, permite ejercicios especulativos que constriñen la disposición de divisas por parte del gobierno nacional, que en esta instancia ha decidido la merma en la tasa de los derechos de exportación, esperando que los especuladores depongan su actitud y viabilicen las exportaciones liquidando las divisas que estas originen. Sin embargo, se escuchan reclamos de sectores agrarios y agroindustriales que promueven la permanencia de la reducción y hasta la quita de las retenciones. Quieren el modelo Pinedo. La herencia del neoliberalismo dejó la presencia de un oligopolio de grandes transnacionales que controlan el comercio internacional de granos. La generación de una institucionalidad o empresa testigo que desarme esa estructura es una necesidad para el despliegue del proyecto democrático, nacional y popular.

El arribo del peronismo en 1945 también conllevó la tercera diferencia sustancial respecto de la remodelación oligárquica que representaba el Plan Pinedo. La política internacional respondía a lo que se conceptualizó como tercera posición, que significó su no alineamiento y su ubicación en la reivindicación de la lógica de la Unidad Latinoamericana. Perón impulsó la idea de la integración económica con el Brasil de Vargas y el Chile de Ibañez.

 

 

 

 

La Argentina se alejaba así del proyecto panamericanista, y con esto completaba el cambio  radical de época que significó la emergencia del peronismo. Esta política resurgió en los doce años de kirchnerismo con el impulso a la UNASUR, el Banco del Sur, la reformulación del MERCOSUR, la dinamización de un Consejo Sudamericano de Defensa y la creación de la CELAC. Fue una época de respeto a la no intervención en los asuntos internos de los países de la región y de mecanismos colectivos que impedían los golpes de Estado, de auténtica defensa de la democracia. Sin embargo con posterioridad mediante el desalojo de los gobiernos populares del poder mediante golpes clásicos o institucionales, o por medio de la metodología del lawfare, los gobiernos de derecha desarticularon las valiosas instituciones de Unidad Latinomericana y crearon otras, tributarias del panamericanismo, como el PROSUR y el Grupo de Lima. El reciente voto de la Argentina en Naciones Unidas con relación a Venezuela alineado con este último es erróneo, porque no se corresponde con la tradición del nacionalismo popular, respetuosa de las doctrinas Drago y Calvo y consustanciada con la Unidad Latinoamericana.

 

 

 

 

La pandemia ha restringido los grados de libertad de la política económica, sin embargo, el gobierno popular de Alberto Fernández ha dispuesto un conjunto de medidas para paliar sus efectos y ha manifestado permanentemente que la salud pública constituye una prioridad. La peste impide la potencialidad de la movilización popular callejera. El uso de esta imposibilidad por parte del establishment para trabar la acción de gobierno resulta ostensible e ilegítimo. Es necesario agudizar la creatividad para desplegar la potencialidad popular a pleno para reafirmar el rumbo, corregir desvíos y, lo fundamental, desarticular las presiones de la plutocracia.

 

 

 

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