Provincias y municipios en la mira
El plan del gobierno conduce en forma inexorable hacia la emergencia social
Las últimas decisiones del gobierno nacional, en el marco de la negociación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (luego del fracaso del suscripto hace casi tres meses) tienen, en materia fiscal, para las provincias, y en menor medida para los municipios, un conjunto de consecuencias muy perniciosas.
La determinación de la administración de Mauricio Macri de trasladar los subsidios al transporte y la tarifa social eléctrica, hasta ahora a cargo del gobierno nacional, a las provincias, no es otra cosa que la profundización de la “descarga hacia abajo” que inició la dictadura a mediados de la década del ¡70 con la transferencia de los servicios de salud y educación primaria y continuó en la década del '90 el menemismo con la transferencia de la educación media. Hay un objetivo común y un hilo conductor en todas esas medidas: disminuir las obligaciones de gasto de la Nación y pasárselas a las provincias.
La Argentina, que posee profundos desequilibrios regionales (y provinciales), lo que requiere son mecanismos de compensación y fomento al desarrollo que van precisamente a contramano de lo que el gobierno nacional propone e impulsa. Recordemos que, en términos de Producto Bruto Geográfico per cápita, la brecha entre la jurisdicción más rica y la más pobre es de cerca de ocho a uno.
Al descargar responsabilidades sin compensar con recursos a las provincias, lo que se provoca es la agudización de la heterogeneidad en la prestación de los bienes y servicios públicos, ya que algunas jurisdicciones pueden hacerse cargo de tales responsabilidades de mucha mejor manera que otras. Y esa diferencia no depende generalmente del esfuerzo o la voluntad de recaudar por parte de los gobiernos provinciales sino de la potencialidad en la tributación existente, según el mayor o menor nivel de desarrollo de la actividad económica en cada territorio. En ese sentido, la Nación tiene un rol central para garantizar una provisión uniforme y homogénea, en cantidad, calidad y accesibilidad, de bienes y servicios en todo el territorio para toda la población. Con decisiones de este estilo, ese objetivo queda cada vez más lejos.
Veamos lo que implica el caso de la tarifa social a la electricidad. La Resolución Nº 122/2018 del Ministerio de Energía establece que a partir del 1º de enero de 2019 el financiamiento del régimen de Tarifa Social de electricidad pasará a estar a cargo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa transferencia es una de las iniciativas anunciada por el ministro Nicolás Dujovne para lograr el déficit (primario) cero requerido por el FMI. En pos de alcanzar el equilibrio fiscal, el traslado del costo de la Nación a los gobiernos provinciales alcanzaría los 500 millones de dólares en 2019, lo que valuado a un tipo de cambio proyectado de $40 son aproximadamente 20.000 millones de pesos. El agravante es que en aquellas provincias que no se puedan hacer cargo de esta ayuda el subsidio puede caer y quienes hoy gozan de esa ayuda quedar sin ella. Resulta perverso que las regiones más pobres, que son las que presentan una mayor necesidad de subsidio y una proporción más elevada de su población bajo la protección de la tarifa social, sean las jurisdicciones con menos posibilidades fiscales de sostener este derecho, a partir de la política de descentralización del gobierno nacional.
En el caso de los subsidios al transporte, se puede estimar que el Estado Nacional dejaría de pagar, en 2019, un monto de 100.334 millones de pesos. Ese monto (que en el territorio bonaerense se estima en unos 33.000 millones de pesos) deberá ser compensado por la provincia (cuando se trate de subsidios al transporte provincial) o por los municipios (cuando se trate de subsidios al transporte municipal) o derivarse en un importante incremento del boleto.
Otra decisión reciente, en detrimento de las arcas provinciales y municipales, ha sido la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS). La pérdida de estos recursos alcanzaría este año los 8.500 millones de pesos y unos 26.500 millones en 2019. Vale la pena reseñar que ese mecanismo de distribución de recursos nacionales a los gobiernos de nivel provincial y municipal financió un 15% de la inversión real directa provincial en la Argentina entre 2009 y 2017. Sin embargo, esa proporción ha sido considerablemente más elevada en algunas provincias: 36% en Buenos Aires, 28% en Santa Fe, 27% en Tierra del Fuego, 25% en Corrientes y en el orden del 20% en Río Negro, Santa Cruz y Tucumán. Entre 2009 y 2016, en materia de financiamiento del gasto de capital de los municipios, el FFS tuvo un impacto muy relevante en Misiones (39%), La Rioja (36%), Formosa (34%), Salta (33%) y Catamarca (31%).
A lo anterior corresponde añadir el recorte a la obra pública (que implica una caída nominal proyectada de 58.906 millones de pesos en 2019) con la consabida eliminación del efecto multiplicador sobre la actividad económica que tiene ese tipo de intervención estatal que transforma el territorio. Eso provocará, sin duda, una reducción de la recaudación de los tributos provinciales (Impuesto a los Ingresos Brutos) y municipales (Tasa de Seguridad e Higiene) que operan sobre el valor de las ventas.
Para rematar a las arcas provinciales, se le suma el descalabro financiero y cambiario promovido por el gobierno nacional y acompañado por la mayoría de las provincias, al generar un endeudamiento descontrolado en moneda extranjera.
La devaluación del peso tiene un impacto directo en el costo de los servicios de la deuda. Por ejemplo, las emisiones de deuda en dólares realizadas por el gobierno bonaerense en 2016-2017 totalizaron, a julio de 2017, unos 5.081,5 millones de dólares. A un tipo de cambio de entonces de 17,23 pesos por dólar, ello representaba unos 85.546 millones de pesos. Por las sucesivas devaluaciones, el valor de dicha deuda contraída por el actual gobierno, puede estimarse que se incrementará, a 2019, en no menos de un 150%, esto es, en unos 131.318 millones de pesos. Considerando que la tasa del cupón anual promedio (ponderado) de dicha nueva deuda es de un 7,32%, ello implicaría un aumento bruto en el pago de intereses (incluso sin contar el efecto de la devaluación sobre la deuda contraída en forma previa a 2016), de unos 9.612 millones de pesos. Así, incluso sin considerar el efecto de los mayores pagos de capital, por la devaluación, la participación de los servicios de la deuda en el total del gasto se incrementará a costa de otros rubros. Aquí toma dimensión lo irresponsable del endeudamiento desenfrenado que llevó adelante el gobierno de María Eugenia Vidal.
El conjunto de otros catorce gobiernos provinciales (así como las municipalidades de Córdoba y Rio Cuarto) han emitido deuda en dólares (entre 2016 y marzo de 2018) por un total de 7.382,8 millones de dólares, con una tasa media del 7,90%, por lo que una devaluación del orden del 150% implicaría para estos gobiernos un incremento en el pago de los intereses de la deuda del orden de los 15.074 millones, totalizando 24.686 millones, si se suma lo de la provincia de Buenos Aires.
Así, entre el traspaso de la tarifa social del servicio eléctrico (20.000 millones de pesos) y del subsidio al transporte (100.334 millones de pesos), la eliminación del FFS (26.500 millones de pesos) y el mayor peso, por la devaluación, de los intereses de la deuda en dólares contraída desde 2016 (24.686 millones de pesos), los gobiernos de nivel provincial y municipal contarían, en 2019, con 171.520 millones de pesos menos para financiar el resto de sus erogaciones, que incluye funciones tan vitales como salud y educación. A su vez, si a la eliminación del FFS se adiciona el recorte de la obra pública nacional (58.906 millones de pesos), se está ajustando en 85.406 millones de pesos la asignación de recursos para viviendas, vialidad, agua y alcantarillado, infraestructura sanitaria y mantenimiento de establecimientos escolares, entre otras inversiones imprescindibles. Y todo ello sin contar la menor recaudación de tributos subnacionales por la reforma fiscal y la crisis.
Así, la recesión económica generada por las políticas del gobierno nacional impactará duramente en la recaudación provincial. Esto dejará al desnudo la enorme limitación de la política de ingresos públicos de las provincias, que, en el último cuarto de siglo, han dejado de lado los impuestos patrimoniales (Inmobiliario) para volcarse a recaudar en base a impuestos indirectos y regresivos (Ingresos Brutos representa más del 70% de la recaudación total provincial) muy sensibles a la oscilación de la actividad económica. Habrá, incluso, una merma adicional, si se continúa con el compromiso firmado en el Consenso Fiscal, de reducir las alícuotas de Ingresos Brutos (y de limitar el de sellos).
El paquete de medidas que el gobierno nacional pretende aplicar no es una imposición del FMI. Está presente en el pensamiento económico del elenco macrista desde el primer día. Considera al déficit fiscal como la fuente de todos los desequilibrios de la economía argentina. Mientras persista esa visión (y políticas) las consecuencias para las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos y las argentinas serán muy duras, mucho más para los sectores más vulnerables. En este contexto, quienes están más cerca de las necesidades de la población (gobiernos municipales y provinciales), contarán paradójicamente cada vez con menos recursos (o tendrán que afrontar mayores gastos de otra índole) para atender a la emergencia social que el plan de gobierno nos lleva inexorablemente a transitar.
El viernes, el gobierno nacional ha informado que da marcha atrás con el traspaso de la tarifa social eléctrica a las provincias. También estaría estudiando alguna compensación parcial por el fondo federal solidario. Estás acciones amortiguan el impacto de las medidas sobre las provincias pero no alteran en lo sustantivo el sentido del ajuste.
- Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Martín Mangas y Ricardo Paparas son investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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