PROMESAS SOBRE EL BIDET

El riesgoso doble juego del establishment

Por Sebastián Premici
La mesa con empresarios y gremialistas. Foto: Presidencia.

 

La enorme mesa rectangular del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada fue el escenario para el (intento de) relanzamiento del Pacto Social y Económico al que concurrieron los empresarios de la UIA, la construcción, banqueros, la agroindustria, sindicatos, organizaciones sociales y el gabinete económico. En la superficie fue todo políticamente correcto. Pero sólo en la superficie. Para parte del establishment la reunión fue una foto que Alberto Fernández pretendió mostrarle al Fondo Monetario Internacional (FMI). No mucho más.

“Hay dos tipos de diálogo (que coexisten): uno más corporativo, más duro, donde los empresarios dejan trascender sus intereses más ríspidos, y otro que parece ser más razonable y que incluye el trabajo diario con el gobierno”, resumió ante El Cohete un funcionario del gabinete económico. Y no se equivoca.

En el plano de lo que podría ser lo más razonable se ubica por ejemplo la negociación que llevó a cero las retenciones para los bienes industriales finales, decisión celebrada por la UIA; o el proyecto agroindustrial que se discutirá el próximo miércoles. Pero cuando el establishment huele sangre –“salimos desorientados, vemos un gobierno debilitado”, apuntaron a este periodista– sus dardos viajan envenenados.

“La reunión fue nada de nada; una foto para el FMI. Al no haber definiciones estructurales el desconcierto que se genera es enorme, todo un signo de la debilidad política del momento. La situación para el gobierno es delicada; esto puede dispararse en una devaluación (por la brecha cambiaria) o un cambio de gabinete. Los empresarios no pedimos modificaciones de funcionarios pero vemos que muchos no pueden tomar decisiones propias”, resumió un fabril.

Con esa supuesta debilidad que dicen percibir –pero que también contribuyen a generar– avanzan con pocos miramientos. Es el vamos por todo del poder real. En ese doble esquema de diálogo de intereses que muy bien graficaron desde el gabinete económico, dicen no reclamar cambios pero lo hacen. “Antes Zannini o Lavagna tomaban decisiones por sí solos”, ejemplifican. No proponen nombres pero lo hacen. Y con ese mensaje entre líneas contribuyen a horadar la imagen del propio Alberto Fernández. Esas debilidades que olfatean (y construyen) también se las expresaron a los funcionarios del FMI.

 

 

Promesas

La semana pasada no sólo arrancó con la reunión tripartita sino con la expectativa de que los grandes productores de soja, los exportadores y la industria aceitera volcarían divisas incentivados por la disminución de los derechos de exportación en tres puntos. La propuesta fue acercada, como se sabe, por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que el próximo miércoles mantendrá una reunión con el equipo económico del gobierno para avanzar en su proyecto de ley, que incluye un pedido de eliminación de retenciones y estabilidad fiscal.

¿Cuántos granos estaban dispuestos a liquidar? O mejor dicho, ¿cuánto prometieron que podría liquidarse? Si bien desde el gobierno sostienen que todavía no se puede evaluar el impacto real de la medida ya que sólo transcurrieron cinco días hábiles, jugaron un poco a ciegas.

“La soja a casi 24.000 pesos la tonelada es realmente tentadora, pero el productor se pregunta qué hacer con los pesos. Con la brecha que hay no va a comprar dólares, entonces prefiere quedarse con la soja”, explicó un cooperativista de Santa Fe.

Los que entregaron el grano con precio a fijar poseen una “expectativa de devaluación alta, entonces eligen quedarse con los granos”. En el Poder Ejecutivo reconocieron esta situación, pero aclaran que por eso también lanzaron el bono atado al dólar para que los productores no quedaran descalzados y pudieran invertir en la próxima cosecha. Sin embargo, a diferencia de otros años, actualmente se necesitan menos granos para financiar la cosecha gruesa. ¿Otro error de cálculo?

“En contexto de siembra de la gruesa se hace relevante observar la relación insumo-producto para analizar la conveniencia de calzar una parte de la producción a través de la compra de insumos y fijar los costos de producción de la nueva campaña. De esta forma es importante destacar que el poder de compra del maíz y la soja ha mejorado, haciéndose notar en la menor cantidad de producción requerida para adquirir una misma canasta de insumos”, sostuvo un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba publicado a fines de septiembre.

 

 

Haciendo cuentas

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo industrial sojero calculaba un crushing total de soja de 39 millones de toneladas, de las cuales 24,38 millones ya habían sido comercializadas al 23 de septiembre. Lo que restaría comprar por la industria serían 8,62 millones de toneladas, mientras que de lo ya adquirido por la industria restaría fijarle precio (es decir que los productores entregaron el grano a las cerealeras) a 6,36 millones de toneladas.

Entre los granos no vendidos y a los que le falta fijar precio habría 17,5 millones de toneladas, según la BCR. Esto equivale a decir que podrían liquidarse 7267 millones de dólares del sector industrial más otros 1.000 millones de los exportadores. ¿Cuánto de todo esto se podría vender en el corto plazo? El gobierno no lo sabe.

“¿Qué número manejamos entonces?”, preguntó el ministro Luis Basterra luego del anuncio de la baja de retenciones. “No hay un número específico, no podemos calcularlo”, le respondieron. Así y todo, el funcionario sostuvo que en dos semanas deberían ingresar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por nuevas liquidaciones del complejo agroindustrial.

“No es que esperamos miles de millones de dólares. ¿Por qué venderían todo junto? Lo que buscamos fue suavizar un poco la situación y que anticiparan algo de sus ventas”, insistieron desde el gabinete económico. En 2019, luego de las PASO, adelantaron ventas por “temor” a la suba de retenciones. Quizás esa hubiera sido la manera de incentivarlos a vender ahora.

El miércoles el Banco Central informó que las liquidaciones de las exportadoras nucleadas en la CIARA habían sido de 65 millones de dólares, “el monto más alto para un octubre que acumulaba 230 millones de dólares de liquidación de exportaciones agropecuarias”.

Al día siguiente Basterra sostuvo que en los primeros dos días de vigencia del nuevo régimen de retenciones las empresas habían presentado declaraciones juradas de ventas por 554 millones de dólares. No es que los productores necesariamente les vendieron o fijaron precio: es lo que tenían guardado. ¿Con ese stock se sentaron a negociar la baja de retenciones en el contexto de presión cambiaria?

El jueves el Central informó una liquidación de 120 millones de dólares y otros 138 millones para el viernes, cifras que están lejos de contener o achicar la brecha con el dólar blue (116 por ciento de diferencia en comparación con el tipo de cambio oficial) o el contado con liquidación, que cerró la semana en 156 pesos.

“Alguien prometió que con la baja de retenciones iban a ingresar miles de millones de dólares, pero se ve que los chacareros no quieren vender”, indicaron a este periodista desde la UIA. Su titular es Miguel Acevedo, dueño de Aceitera General Deheza junto a Roberto Urquía, ex senador del kirchnerismo. Es un hombre de la agroindustria. ¿Habrá transmitido algún pálpito de lo que podría ocurrir?

“El campo empresarial está tan disperso como el sindical”, resumió Juan Carlos Schmid, titular del gremio de Dragado y Balizamiento y ex triunviro de la CGT.

“Antes de la pandemia el gobierno tenía una mirada hacia dónde ir, siempre con el Estado como actor central. Pero la gran incógnita sigue siendo con quiénes debería consolidar una alianza. La gran fortaleza del movimiento nacional y popular fue unirse para ganar las elecciones. Ahora la cosa se tensó y cada uno hace su juego”, agregó el portuario.

 

 

La mesa que más atrasa

La llamada Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro, organizó una videoconferencia de prensa para expresar su preocupación por la brecha cambiaria y mostrarse como la contracara del Consejo Agroindustrial que integran, salvo por la SRA.

Desplegaron su clásica batería de reclamos: cambios en las leyes laborales, respeto por la seguridad jurídica, independencia de poderes y eliminación de todos los derechos de exportación. Sobre la “presión impositiva”, nada muy distinto a lo que pide el CAA.

 

 

Mesa de enlace, los reclamos de siempre.

 

“Nos critican y nos atacan pero cuando necesitan los dólares vienen a buscarnos. La mayor parte de los granos la tienen los exportadores”, sostuvo Jorge Chemes, titular de CRA, quien se atrevió a realizar un extraño mea culpa. “No hemos sido muy buenos en hacer lobby, tenemos que hacerlo más seguido como lo hace la industria. En definitiva somos el sector más importante del país”.

Según datos de Hacienda, el sector agropecuario (sin pesca) representa el 9 por ciento del Valor Agregado Bruto mientras que la industria lo hace en un 30 por ciento. Como decía Néstor Kirchner, verdades relativas.

En pos de ese mea culpa lanzado por Chemes –que tampoco es tan así ya que con su lobby consiguieron el voto “no positivo” de Cobos, los agrodiputados del Grupo A y contribuyeron con la llegada de Macri a la presidencia–, El Cohete a la Luna les preguntó si no realizaban alguna autocrítica como empleadores debido a los altísimos índices de informalidad laboral, los casos de trata laboral que crecieron exponencialmente durante la pandemia y la evasión impositiva en el sector.

Quien tomó la posta fue Carlos Achetoni, presidente de la FAA. “Con el esquema de planes del personal es imposible blanquearlos”. Respuesta bastante sincera: muchas veces les pagan menos que una Asignación Universal por Hijo. Carlos Iannizzotto, de Coninagro, agregó que “en los casos de aquellos que especulan y abusan en determinadas situaciones de trabajo, está la Justicia”. El titular de la SRA, Daniel Pelegrina y Chemes dejaron sus micrófonos en mute.

 

 

FMI

En medio de estas tensiones, la visita de los técnicos del FMI fue una primera aproximación “políticamente correcta” para escuchar diagnósticos y pronósticos del gobierno, empresarios y sindicatos. Fue un punto de partida para negociar los vencimientos del yunque de 44.000 millones de dólares de deuda dejados por Macri.

De esta primera visita no se esperaba ninguna definición concreta por parte del Fondo. De las reuniones de trabajo se destacó que venían a escuchar. Por eso llamó la atención una nota del diario El Cronista en la que se consignaba que en realidad los técnicos del organismo habían presentado sus dudas sobre las retenciones, el tipo de cambio y la presión fiscal.

 

¿Palabra del FMI o de los empresarios?

 

¿De repente el organismo había hablado? En realidad esos son los temas que los empresarios de la UIA y el Consejo Agroindustrial machacan cuando se quitan el saco de lo políticamente correcto. Los empresarios les transmitieron a los técnicos del Fondo lo que ellos consideran las debilidades del actual gobierno.

“Hablamos de todos los temas, de la brecha cambiaria y las retenciones. Tenemos que encontrar un esquema de retenciones que haga crecer la producción y la exportación”, indicaron desde el CAA.

 

 

Presión social

Las medidas para contener la situación cambiaria podrán mutar día a día en función de las jugadas del poder real. La macroeconomía podrá estabilizarse en el corto plazo, o no. Pero lo invariable es (y será) la presión social que ejerce una pobreza del 40,9 por ciento de la población según el último registro el INDEC. A esta tensión social hay que sumarle los altísimos niveles de informalidad laboral que quedaron expuestos con la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De los 8,8 millones de beneficiarixs, 5,4 millones de personas son trabajadores informales y desocupados.

Dentro del gobierno nacional no existe consenso sobre cómo abordar la problemática: ¿debe sostenerse el IFE? ¿Habría que pasar a un ingreso universal? ¿Cómo atacar la pobreza de manera estructural? No hay acuerdo porque tampoco existen soluciones estructurales inmediatas.

“No se puede dejar la cobertura, es imprescindible. Pero la pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse. La pobreza no pertenece al campo de la asistencia: forma parte del campo de la economía política. Entonces, si no se transforma la economía toda política redistributiva es insuficiente. En este contexto, esperar que los exportadores aflojen la mano es ilusorio. La moderación es un riesgo”, reflexionó ante este periodista Norberto Alayón, quien acaba de editar Crónicas para una Argentina Popular.

Durante el cónclave tripartito de la semana pasada también se habló de la pobreza. “Todos coincidimos en que la solución es por la vía del trabajo, la recuperación de los ingresos de los trabajadores y volver a restituir el circuito del mercado interno. El IFE se agota rápido y no resuelve el problema de fondo”, narró Hugo Yasky, titular de la CTA.

Faltan dos meses y medio para finalizar este fatídico 2020. La pandemia podrá pasar pero la tensión social seguirá ahí. Según el último trabajo de Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que conduce el economista Claudio Lozano, director en el Banco Nación, el cuadro es mucho más complejo.

“Se verifica entonces que al segundo trimestre 2020 la pobreza alcanza a 21,5 millones de personas (el 47,2%) y la indigencia a 5,6 millones personas con hambre (12,4%). Es inevitable señalar que la Argentina vuelve a trepar a niveles de empobrecimiento históricos, solamente experimentados durante las grandes crisis a lo largo de la historia económica reciente como lo fueron la salida de la convertibilidad (57,5%) o la hiperinflación (47,3%), secuencia a la que sin lugar a duda se incorpora la vigente crisis pandémica”, sostuvo un reciente informe del IPyPP.

 

 

Hace 17 años Néstor Kirchner se hacía cargo de la presidencia. El país estaba estallado. “El gobierno debería dar señales, construir símbolos, como hizo Néstor cuando viajó él mismo a pagarle a los docentes de Entre Ríos”, recordó (y reclamó) Yasky durante el cónclave tripartito.

Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz y ex ministra de Desarrollo Social durante 2003–2015, también recordó aquellos años: “El país estaba destruido y la reconstrucción fue muy difícil. En aquel entonces necesitábamos un proyecto con identidad propia que combatiera la desocupación, la pobreza y la indigencia. En 2003 priorizamos la reactivación económica y la recuperación progresiva del empleo. Yo no creo en los programas enlatados como la renta básica universal. La ayuda social codificada en planes de empleo debe ser temporal. La focalización, que es una de las corrientes más desarrolladas por el Banco Mundial, termina siendo un mecanismo de exclusión. Hay que generar trabajo para poder distribuir”.

 

 

 

Cómo multiplicar el IFE

Dentro del gabinete económico también hay quienes creen que la renta universal no es el camino. Y que el IFE no es multiplicador. Pero también admiten lo complejo que es generar empleos de calidad de manera exponencial y en un corto plazo.

El punto intermedio podría ser la generación de puestos de trabajo vía obra pública. Una de las cuentas que hacen es la siguiente: en el Presupuesto 2021 las partidas para el Procrear son de 63.500 millones de pesos y para obras de vialidad 103.000 millones. Un solo IFE son 90.000 millones de pesos.

Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de invertir esos recursos para que sean multiplicadores y no se agoten en sí mismo? Ahí es donde aparece el sector de la construcción como el salvoconducto para generar mucha mano de obra, sumado a programas específicos para jóvenes y mujeres. Las soluciones de fondo tardarán en llegar.

 

 

 

 

 

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