Procurando sanear

 

Luego del hallazgo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del video de una reunión mantenida en la sede del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 en la que tres ministros de la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal, tres agentes de la AFI y cinco empresarios acordaban el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales, el bloque de Diputados del Frente de Todos anunció en conferencia de prensa el pedido de juicio político al procurador bonaerense Julio Conte Grand. “Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones… con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene estas medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”, expresaba en ese encuentro el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dejando en evidencia el rol que cumplía Conte Grand en el entramado ilegal. Entrevistada por El Cohete a la Luna, La legisladora bonaerense Susana González, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, fundamenta el pedido de juicio político contra el procurador.

—Tanto Teresa García, como senadora por el Frente de Todos cuando gobernaba María Eugenia Vidal, como vos en tu período anterior como diputada, realizaron presentaciones y pedidos de informes –que no prosperaron en su momento– sobre Julio Conte Grand. Ahora han solicitado el juicio político para el procurador bonaerense. ¿Qué solucionaría que Conte Grand no sea más procurador?

—La ciudadanía tiene que saber que el procurador es el jefe de los fiscales y defensores de la provincia de Buenos Aires, es decir, el que imparte las reglas de actuación y resuelve las políticas del Ministerio Público. Conte Grand es el que da las órdenes a esos fiscales y defensores para ejercer la acusación y esgrimir la defensa, respectivamente. Luego de haber sido secretario legal y técnico de Vidal, antes de asumir fue denunciado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) por no cumplir con el artículo 181 de la Constitución Provincial, que le exige dos años de residencia inmediata en la Provincia. Aún sin cumplir con ese requisito, dado que vivía en CABA, asumió la Procuración. A la vista de todo lo acontecido y denunciado, hay que decirle a la ciudadanía que un procurador que formó parte de un entramado de espionaje y mesa judicial es un peligro, puesto que es la máxima autoridad del Ministerio Público que debe velar por el debido proceso al acusarse de un delito a alguien o al ejercer la defensa de alguien y no “empapelar” a los ciudadanos, como se denomina en la jerga policial. La raíz de la gravedad del caso no se encuentra en el armado de una causa contra “El Pata” Medina o contra cualquier sindicalista o político. La raíz de la gravedad está en que, si lo hicieron con ellos, imagínense lo que pueden hacer con un ciudadano sin recursos y sin llegada a los medios. El accionar del procurador como engranaje de ese entramado es un peligro para el Estado de Derecho y la independencia de los poderes, ambos requisitos fundamentales del sistema democrático. Si Conte Grand renuncia o es removido por juicio político, el sistema judicial comenzaría a sanearse: ya no habrá un inquisidor disciplinando funcionarios judiciales y las causas serían cursadas bajo el debido proceso. Pero, seamos claros, el saneamiento no empieza ni termina con el procurador. Hay fiscales y jueces que se prestaron al armado de causas y nadie puede alegar obediencia debida o temor. Son funcionarios judiciales que debieron denunciarlo y actuar en consecuencia, como lo hicieron (Enrique) Ferrari, (Gabriel) Vitale, (Luis) Carzoglio, Martina Fons y (Ana María) Figueroa, entre otros y otras.

 —El poder político de Cambiemos, el judicial y mediático armaron causas contra sindicalistas y opositores y la oposición que ayer gobernaba apeló a la ilegalidad como instrumento político. Más allá que para la creación de una comisión investigadora sobre la conducta de Conte Grand se necesita una mayoría simple, para elevar la acusación se necesitan los dos tercios en la Cámara de Diputados, por más que se cuente con elementos suficientes. ¿Qué los hace suponer que desde Juntos acompañarán ese pedido?

—La única batalla que se pierde seguro es la que no se pelea: si logramos la mayoría simple para que la denuncia proceda y se conforme la comisión investigadora, tenemos media batalla ganada. De ahí la producción de prueba determinará si hay elementos suficientes para un dictamen acusatorio. No puede cerrarse la posibilidad de investigar porque eso sí sería un verdadero encubrimiento. La oposición no puede negarle a la ciudadanía el derecho a saber qué es lo que pasó. Si procede la investigación y se constatan las irregularidades que venimos denunciando y que hemos visto en ese video, no creo que los radicales –que levantan la bandera del padre de la democracia, que inició el Juicio a las Juntas y creo la CONADEP– acepten formar parte del plan sistemático que desplegaron (Mauricio) Macri y Vidal. Si se comprueba ese engranaje delictivo y no votan el dictamen acusatorio, pasarán de encubridores a cómplices.

 —¿Cómo explican a las y los bonaerenses que tener un procurador como Conte Grand no es sano para la democracia?

—Las y los bonaerenses saben que la división de poderes es uno de los pilares fundamentales en una república. Si el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se mezclan para generar causas armadas por orden del primero porque no le gusta tal o cual persona, eso termina siendo una práctica propia de la dictadura que viola el Estado de Derecho. En la dictadura se persiguió a estudiantes, militantes, sindicalistas y políticos para imponer un plan económico. Se los torturó, se los mató, se apropiaron de sus hijos y de sus bienes y los que no mataron fueron encarcelados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Durante el gobierno de Macri-Vidal, para imponer un plan económico basado en bajar los costos laborales, abrir importaciones indiscriminadamente, sacar las restricciones a los capitales golondrinas y contraer deuda para fugar capitales, era necesario un gran blindaje mediático con noticias que distraigan a la ciudadanía. Y en la ejecución de ese plan se intentaron y se ejecutaron otros métodos, como encarcelar y desapoderar de sus bienes a muchos, como hicieron con Oil Combustibles. Intentaron generar una especie de muerte civil, que supone la pérdida de la personalidad jurídica para una persona, la privación en general de sus derechos. Conte Grand fue el garante del armado de esas causas.

 

 

—Si tuvieras que enumerar algunas inconductas e ilegalidades del procurador Conte Grand, ¿cuáles serían las más visibles, más allá de las que surjan en la comisión investigadora?

—Desde su asunción, muchos fiscales y defensores denunciaron persecución y hostigamiento por parte del procurador y del secretario de Política Criminal, (Francisco) Pont Vergés. Entre ellos, el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, el juez Gabriel Vitale, el defensor general Mario Coriolano, etc. Conforme un pedido de informe que solicité a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento y a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires sobre pedidos de jury desde la Procuración desde 2009 a 2019 (hasta el 27/12/2016 la procuradora era María del Carmen Falbo) pude constatar que, en sólo tres años del período requerido, del 28/12/2016 al 31/12/2019 el procurador Conte Grand triplicó la cantidad de pedidos de jury.

Cuando el intendente (Mario) Secco ingresó a la Legislatura en un cuarto intermedio, minutos después de su salida se presentó el fiscal de Flagrancia (Juan Cruz) Condomí Alcorta, sin flagrancia y sin estar de turno para impulsar la causa que ya está elevada a juicio por coacción agravada e intimidación pública. En este caso, la fiscal de turno era la doctora Leila Aguilar, sin embargo, el fiscal general Héctor Vogliolo –alfil de Conte Grand– emitió un decreto que establecía que en virtud de que la doctora Aguilar tenía un turno saturado, la quitaba del caso y designaba en la instrucción a Condomí Alcorta y al fiscal Marcelo Romero, militante de Usina de Justicia junto al procurador. En esos días en los programas de (Alejandro) Fantino, (Eduardo) Feinmann y (Luis) Majul –la pata mediática– se daba información de la causa que como defensa de Secco no teníamos. Los fiscales hablaban telefónicamente en esos programas con regularidad y se llegó a decir que Secco estaba prófugo el día que lo iban a detener. Como si la presión y persecución a los fiscales y defensores no alcanzara, Conte Grand creó una aplicación digital para que la gente denuncie irregularidades en la actuación de los fiscales, un mecanismo que dependía de la Procuración y permitía denuncias anónimas. Esta herramienta de control disciplinario era un elemento intimidador y de presión, sacándole esa función a los fiscales generales departamentales y dejándola bajo su órbita. Tan sólo dos días duró esta herramienta y tuvo que bajarla de la página de la Procuración por una denuncia efectuada por el Colegio de Magistrados y funcionarios de la Provincia y por la Asociación Argentina de Fiscales.

Además, es el mismo procurador general que en 2020, cuando la pandemia de Covid-19 generaba pánico en la población carcelaria por el hacinamiento, emitió la resolución 158/20, por la que instruyó a los defensores oficiales a requerir prisiones domiciliarias, morigeraciones de la prisión preventiva y a los fiscales que, en oportunidad de requerir prisiones preventivas, lo hicieran con detención domiciliaria o morigeradas. No resulta descabellada la instrucción impartida, pero esto generó que una jueza militante de Usina de Justicia saliera en los medios diciendo que ella sabía que habían liberado a 172 violadores y asesinos. Así instalaron que el gobierno de Axel Kicillof liberaba presos.

Otro de los elementos que no debemos olvidar es la foto que se hizo viral de Conte Grand almorzando con el ex Presidente Macri, cuando hay causas que lo tienen a él y a sus funcionarios bajo investigación. Asimismo, el procurador es uno de los que figura en el listado de la AFI con entrega de un teléfono encriptado. ¿Cuál sería la respuesta que sostenga un motivo racional para que un procurador tenga un teléfono de la Agencia de Inteligencia? Creo que la filmación de la mesa de la Gestapo, donde los jefes de inteligencia lideraban una reunión en la que el Ministro de Trabajo Villegas dice que acordó con la Procuración, es la respuesta a la entrega del teléfono.

La ley 4.434 de juicio político establece que un diputado o un particular pueden formular una denuncia. Recibida la denuncia, la Cámara de Diputados, por el voto de los miembros presentes, puede proceder a investigarla o rechazarla. Los números estarían para llevar adelante la comisión investigadora que, luego de la recopilación de prueba, formulará un dictamen a ser aprobado por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara. De conseguirlo, forma la acusación que lleva al Senado, donde se vuelve a elegir, aprobado el dictamen, una nueva comisión de tres diputados, que son los que deberían sostener la acusación en la Cámara Alta. No tener la mayoría necesaria para lograrlo no indica que no sea pertinente promover el juicio político. Las evidencias están a la vista de todos y desdeñarlas sería un bochorno. En eso radica la intención política de procurar sanear al Poder Judicial.

 

 

 

 

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