Problemas y soluciones

 

La Argentina no es pobre: es injusta. En un país con sólo 46 millones de habitantes, donde se producen anualmente 160 millones de toneladas de granos, más del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza. Esto es así porque se permite exportar, por ejemplo, 38,4 millones de toneladas de maíz en granos y se produjeron 47,7 millones de toneladas en el año y paralelamente la persistente suba del precio del dólar oficial hace que su precio sea cada vez más caro en el mercado interno. A ello se agrega una suba del precio del maíz en los mercados internacionales de más del 150% de un año a esta parte. Este mes, la tonelada cotiza en 280 dólares.

Con el trigo es peor. En el año se produjeron 22,1 millones de toneladas y se permitió exportar 14 millones, con lo que –teóricamente– los 8,1 millones restantes alcanzarían para abastecer el mercado interno, que consume entre 620.000 a 650.000 toneladas del cereal por mes. Pero no bien iniciado el conflicto bélico Rusia-Ucrania, el precio de la bolsa de harina se duplicó: de 1.350 pesos por bolsa de 25 kilos de harina para pan, pasó a valer más de 2.600 pesos. Incluso, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación multó a Molinos Cañuelas S.A. por 150 millones de pesos por haber realizado agio de bolsas de harina. Igual sucede con el arroz, el girasol, la avena, las carnes vacuna, aviar y porcina, el pescado, etc.

Es más, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, afirmó en estos días que la Argentina no puede exportar más por las cuotas de exportación de maíz y trigo, que impiden aprovechar estos precios y crecer en volúmenes. En ese mismo reportaje del pasado 18 de abril, añadió que en relación con el aceite de girasol, la existencia de un fideicomiso para el mercado interno hace que “cada vez que exportamos, tenemos que subsidiar más, por lo tanto, tampoco es conveniente exportar más”. También despotricó porque el precio de la tonelada de aceite de girasol en el mundo es de 2.200 dólares y en la Argentina se está vendiendo a 900.

Obviamente se cuidó de decir cuál es el costo de producir en las tierras más fértiles del planeta y con el precio de una mano de obra que cuesta la quinta parte o menos que en el mundo al que hace referencia. La botella plástica de aceite de girasol de un litro y medio que se produce acá, se prensa acá, se envasa acá y viaja 10.000 kilómetros para ser vendida al Mercado de Ámsterdam, se vende allí a 1,75 euros (unos 2 dólares) y en el mercado argentino su precio es de 240 pesos o más, pero el salario promedio en los Países Bajos es de 3.500 euros y en la Argentina no llega a 830 dólares.

 

 

 

 

Antes existía la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que ponían techo y límite a la suba de precios. Los Idígoras que usufructúan de su privilegio de fijar los precios en el mercado interno de acuerdo al internacional (de otro modo, exportan) y que han ganado y ganan fortunas con ello, ni siquiera quieren aportar una suma del 15% sobre las utilidades netas (después del impuesto a las ganancias) para asistir a la población que peor la está pasando por la suba generalizada de los precios (porque se internacionalizan, pero no se internacionaliza el precio del empleo presente y pasado).

La propuesta del bono por única vez de 18.000 pesos en dos cuotas de 9.000 pesos cada una en mayo y en junio para un universo de más de seis millones de personas con trabajo informal, trabajadoras domésticas, y monotributistas categoría A y B (facturan, como máximo por año, 600.000 pesos) y de complementar el bono otorgado en abril por la ANSES de 6.000 pesos con uno nuevo de 12.000 pesos para 4.600.000 jubilados y pensionados que perciben hasta dos veces la remuneración mínima (de 32.630 pesos por mes en abril de 2022) [1], tiene un costo total estimado por el Ministerio de Economía de 186.000 millones de pesos (equivalente a unos 1.500 millones de dólares).

Esa cifra es la que va a ganar este año un puñado de bancos privados por tener “la carta de porte” que le permite captar depósitos del público, darse vuelta y –sin correr ningún riesgo– prestárselo al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el que les paga una tasa de interés del 47% nominal anual. Como la operatoria en LELIQs (letras de Liquidez del BCRA) es en torno a los 7 días, la tasa efectiva es del 58,7% anual, sobre una masa inmovilizada que supera los 5 billones de pesos.

La diferencia entre la tasa pasiva (la que le pagan a sus depositantes) y la activa (la que le cobran al BCRA) es de no menos de 6% anual. Por ende, el spread suma 300.000 millones de pesos y los diez bancos privados más grandes tienen el 60% de las LELIQs, Notas de Liquidez (Notaliq) y Pases Pasivos del sistema [2].

 

 

La otra burbuja

La burbuja financiera que significa el irracional crecimiento de los encajes remunerados del BCRA (Pases pasivos, LELIQs y Notaliq) –que aumentaron en un 323,5% (de sumar 1,2 billones de pesos a ser, desde el 7 de abril, de 5 billones de pesos)– no para de incrementarse, y con ella el déficit cuasi-fiscal o déficit del BCRA. A eso debe sumarse la deuda interna del Tesoro de la Nación, cuyo valor total es de 7,2 billones de pesos.

En efecto, el gobierno nacional realizó una fuerte reconversión del gasto en salud y en asistencia social a la población en 2020, que le ocasionó un déficit primario (antes del pago de la deuda) del 6,37% del PIB (prácticamente, la cuarta parte del Presupuesto Nacional ejecutado de 2020 fue deficitario).

Ese déficit fue financiado por el BCRA y, mayoritariamente, por la colocación de títulos de deuda en pesos de corto plazo, ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que se construye desde el IPC (Índice de Precios al Consumidor del INDEC). Por ejemplo, el BONCER (Bonos ajustados por el CER más un plus) y el dólar linked son en pesos, pero se ajustan por el valor oficial del dólar más un plus.

El gobierno ha venido renovando a los vencimientos los títulos pero ante el incremento inflacionario y del valor oficial del dólar, esa deuda se acrecentó para representar el 14,5% del PIB (que se estima en 416.111 millones de dólares). Se realizó un impresionante ajuste fiscal en 2021 y el déficit primario se redujo del 6,37% al 2,5% del PIB. Esto continúa en el primer trimestre de 2022, en el que que presentó ante el FMI el cumplimiento de la meta de que el déficit primario fuera sólo del 0,25% del PIB. Semejante ajuste del gasto público es funcional al modelo extractivista agropecuario-exportador, pero incide negativamente en el consumo y en el nivel de actividad interna. Luego de reunirse en Washington con Kristalina Georgieva, Martín Guzmán dijo que la reducción del déficit seguirá a pesar de los efectos de la guerra en Ucrania.

Para apuntalar los gastos en salud en general (desde los laboratorios y demás productores de bienes y servicios de salud, incluido hospitales, sanatorios y clínicas), el gobierno disminuyó los aportes previsionales patronales. Lo mismo hizo con las empresas radicadas en el norte argentino. Pero el impacto presupuestario de esa disminución de ingresos es prácticamente de la misma magnitud que el aumento nominal de la recaudación por la inflación (IVA, Impuesto a los Combustibles, Internos coparticipados, Débito y Crédito bancario, etc.). En consecuencia, la recaudación tributaria no redunda en un aumento en términos reales y no genera recursos para ir amortizando la deuda en pesos de corto plazo.

La solución de las dos burbujas es que se emplee parte de los 5 billones inmovilizados por el BCRA en Pases Pasivos, LELIQs y Notaliq, en amortizar la deuda interna en pesos del Tesoro de la Nación. Esto se emplearía para un fin (hoy no tiene ninguno de ninguna especie, sólo inmovilizar el dinero), que es el de disminuir la deuda en pesos (con su correlato de menor pago de intereses y de desarmar la burbuja especulativa).

La economía es una ciencia social y, como tal, referida a relaciones humanas. Los mismos tenedores de las Letras y Bonos del Tesoro de la Nación son los bancos o los grandes fugadores de capital que conforman, entre otros, las 100 empresas (y sus dueños) que compraron 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos. El problema es que muchas de las 100 empresas mencionadas pueden demostrar en sus balances contables de 2016, 2017, 2018 y 2019 de dónde detrajeron los pesos para comprar 24.769 millones de dólares. No lo demuestran ni sus utilidades, ni su liquidez y menos que menos el cuadro donde dicen cuántos dólares y otras divisas poseían al cierre de cada ejercicio.

La tarea que debe hacer la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), por estar dentro de sus misiones y funciones, es investigar la denuncia de El Cohete a la Luna, verificar los estados contables presentados y relacionarlos con las compras de divisas realizadas y que compiló e informó el BCRA. El artículo 16 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. vigente) sostiene que el contribuyente puede cancelar todas las obligaciones evadidas hasta los 30 (treinta) días hábiles posteriores al acto procesal por la cual se le notifica fehacientemente la imputación penal que se le formula.

 

 

En síntesis

Se debe operar sobre los tres frentes a la vez: el de los pasivos financieros del BCRA (superan los 5 billones de pesos), el de la deuda en títulos de corto plazo en pesos y el de recuperar parte de la fuga de capitales por las compras indebidas de divisas de las 100 primeras empresas (se puede inferir una conducta similar en las otras grandes compradoras durante el macrismo).

Por supuesto que se debe declarar la Emergencia Alimentaria y por DNU realizar el incremento del 15% de la tasa del Impuesto a las Ganancias a las 19.700 empresas que declararon ganar en 2021 más de 1.000 millones de pesos. Con ese fondo, se podrán constituir los dos bonos referidos.

Con investigar la fuga de capitales, multar a sus responsables y conciliar la deuda en pesos del Tesoro con los encajes remunerados del BCRA, se sanean las cuentas públicas sin necesidad de realizar un mayor ajuste fiscal del que se viene realizando.

 

 

 

 

[1] El total de jubilados y pensionados nacionales es de 7.100.000 personas. Por lo cual, quienes perciben hasta dos veces el haber mínimo, representan el 65% de los beneficiarios. Mientras tanto, hay 61 ex jueces que cobran más de un millón de pesos por mes.

[2] Los diez bancos son: Santander; BBVA; Galicia; Macro (en estos cuatro bancos tiene fuerte participación accionaria BlackRock); Credicoop; HSBC; Citi; Banco Patagonia (el 80% del capital es del Banco Do Brasil) Supervielle y BNP Paribas.

 

 

 

 

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