PRIVILEGIOS EN LA TORRE

 

En la sesión de la Legislatura porteña del último jueves 5, con indignación extrema y sobreactuación, Diego García Vilas (PRO/Larreta/Vidal), Sergio Abrevaya (GEN/Stolbizer) y Martín Ocampo (Evolución/Angelici/Lousteau) plantearon “cuestiones de privilegio” porque denunciaron que el Poder Judicial les impedía debatir un proyecto de ley y aprobarlo. Querían ejercer su “derecho a votar”.

Relatado de esta forma el planteo parecería razonable, pero se si analiza al contenido de lo que pretendía votar, cómo querían hacerlo y por qué la Justicia había suspendido el debate, descubriremos que nos encontramos ante la mayor genuflexión y connivencia del oficialismo parlamentario con el poder inmobiliario representado en el rostro del Grupo IRSA.

 

 

 

Un tratamiento olímpico

En una nota anterior describimos cómo nos despojaron de 71 hectáreas de tierras públicas en plena costanera sur de la Ciudad de Buenos Aires, frente a Puerto Madero y al sur de la Reserva Ecológica, cuando se cedieron gratuitamente por ley al Club Atlético Boca Juniors para construir una Ciudad Deportiva. Luego se autorizó al club a vender estas tierras sin haber finalizado la construcción de la ciudad deportiva e, intermediario mediante, el predio fue comprado por IRSA por 50 millones de dólares en 1997. Así, el conjunto de la ciudadanía perdió un sector gigantesco de la Costanera Sur sin recibir nada a cambio.

Desde esa fecha, IRSA ha intentado la modificación de la planificación urbana de esos predios para poder extender Puerto Madero hacia el sur. Tuvo reiterados fracasos legislativos con diversas composiciones parlamentarias. Pero la pandemia, la crisis económica y sanitaria, y la época electoral habrían alineado los astros para que avanzara la mega propuesta inmobiliaria.

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta e IRSA acordaron que un nuevo Puerto Madero sería lo mejor para la ciudad y que el inicio de las obras no podría esperar. En un tratamiento VIP y express demostraron que el Estado, lejos de ser burocrático, es más eficiente que el sector privado. En dos semanas consiguieron todos los dictámenes del Ejecutivo, firmar el convenio y votar el proyecto de ley en la Legislatura.

El sábado 17 de julio, el director general de Planeamiento Urbano, Luis Oscar Cabillón, emitió su correspondiente dictamen. El domingo 18 el asesor Nicolás Fernández, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, emitió dictamen con relación a las contraprestaciones de la empresa IRSA. El lunes 19 la Procuración General aportó el suyo con la fundamentación jurídica. A las horas se firmó el convenio urbanístico. Al día siguiente, el 20 de julio, fue remitido a la Legislatura, que inmediatamente realizó dos reuniones conjuntas de las comisiones de Planeamiento y de Presupuesto (22 y 26 de julio). El jueves 5 de agosto estaba en el temario para ser votado.

Una eficiencia envidiable para autorizar un emprendimiento inmobiliario llamado “Costa Urbana”, que implicará la construcción de decenas de torres de 145 metros de altura. La superficie total construida alcanzará los 900.000 metros cuadrados, destruyendo el actual humedal costero y al lado de uno de los humedales con mayor proyección mundial por ser sitio Ramsar, la Reserva Ecológica Costanera Sur. La densidad constructiva superará a la que actualmente tiene Puerto Madero.

El proyecto es la síntesis de un absurdo ambiental y social. Los consensos globales en el marco de la agenda climática definen la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar el ascenso del nivel de las aguas, recuperar y preservar los humedales costeros y generar bio-corredores que permitan el acceso de los vientos desde las costas para atenuar el efecto de isla de calor urbana. A contramano del mundo, la propuesta del GCBA de ocupación del borde costero, no sólo va a destruir el humedal costero sino que va a generar un conjunto de impactos negativos en relación a los vientos y al escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas.

La velocidad que nos debería dejar atónitos se opaca por la calidad de la evaluación técnica del proyecto. El GCBA autorizó “Costa Urbana” con sólo un “Informe Técnico” de 19 páginas a simple faz (5 con el marco normativo, 11 con imágenes y 3 de conclusiones).

La falta de seriedad se explica porque –de aprobarse este convenio urbanístico– el grupo IRSA ganaría más de 1.000 millones de dólares.

 

 

 

 

 

Democracia participativa ambiental

Obnubilados por estas cifras siderales, al GCBA y a la Legislatura se les pasó por alto convocar a la audiencia pública obligatoria antes del tratamiento legislativo de este proyecto por modificar sustancialmente la planificación urbana (artículo 63, Constitución de la Ciudad), y también realizar la Evaluación de Impacto Ambiental previa a la firma del convenio urbanístico, como exige el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú.

Por este motivo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (UBA), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTAA Capital acudimos a la Justicia con una acción de amparo colectivo en defensa de la democracia participativa y ambiental, al advertir que se estaban violando la regulación constitucional e internacional que norma cómo se debería dar un debate con relación al destino de la Costanera.

El 24 de julio, en la causa caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Otros c/ GCBA s/Amparo - Otros”, Expediente N° 166469-2021/0, el juez Guillermo Scheibler ordenó suspender el trámite del Proyecto de Ley 1831-J-2021 (Costa Urbana) hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la Ley 123 respecto del convenio urbanístico (Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria).

Luego de recusar al siguiente juez de feria (Martín Converset) por mostrar una clara parcialidad en defensa del GCBA, la jueza Patricia López Vergara ordenó a la Legislatura que acredite el cumplimiento de la medida judicial. La Legislatura, sin embargo, continuó como si la causa judicial no existiera y en la última labor parlamentaria incorporó el proyecto de Costa Urbana en el temario para ser aprobado en la sesión legislativa.

Frente a este incumplimiento flagrante de la medida judicial, el juez natural de la causa (finalizada la feria judicial), Aurelio Ammirato, decidió notificar personalmente de la orden judicial al por entonces presidente de la Legislatura, Diego Santilli (que renunció a su cargo para postularse como candidato bonaerense) y al vicepresidente primero Agustín Forchieri, como máximas autoridades legislativas y responsables de que la medida judicial se respete. Ante la posible comisión del delito de violación de una sentencia judicial, decidieron reservar el proyecto de ley en secretaría hasta que se “resuelva” la cuestión judicial.

Durante la sesión, las “cuestiones de privilegio” planteadas por les legisladores por no poder ejercer su “derecho a debatir y votar” pusieron de manifiesto dos concepciones de la democracia en plena crisis civilizatoria y climática.

Por una parte, los bloques que plantearon las cuestiones de privilegio sostienen que el Poder Judicial no debe interferir en el debate parlamentario y que la Legislatura no tiene ninguna limitación. La democracia se reduce a unas cuantas personas que ocupan el rol institucional de legisladores.

Por otra parte, cientos de asambleas y colectivos interpretan que la mejor forma de organización de la comunidad porteña es una democracia participativa y ambiental. Esta postura es avalada por la Constitución de la Ciudad, el Acuerdo de Escazú y, hasta ahora, por la Justicia. En esa forma de organización política de la sociedad, el rol preponderante en el debate público lo tiene la ciudadanía con el reconocimiento de su derecho político a discutir colectivamente en espacios de participación (audiencia pública u otros formatos) y a ejercer esta participación contando con la mayor información (estudios diagnósticos, de impacto ambiental, evaluación de impactos estratégicos y acumulativos, etc.). La participación debe ser en los inicios del debate, no cuando todo está arreglado, firmado y votado, transformando las audiencias públicas en mera formalidad.

La defensa legislativa corporativa en la sesión reiteraba el pedido de “déjennos votar” y el argumento de que si se violaban derechos luego la Justicia tenía la facultad de declarar inconstitucional la ley votada. Ese comportamiento denota una absoluta falta de autocrítica sobre antecedentes inmediatos de la propia Legislatura. En el caso de Costa Salguero, la Justicia declaró inconstitucional la Ley 6.289 por no haber respetado el procedimiento de sanción de leyes: otra vez se olvidaron de convocar a audiencia pública. Por la misma causa la Justicia frenó la venta de 86 hectáreas de tierras públicas de la ciudad. En ambos casos las decisiones judiciales fueron ratificadas en segunda instancia.

En el tratamiento de este convenio urbanístico no sólo no se respeta la democracia participativa ambiental sino que además se pretende votarlo con una mayoría inferior a lo que establece la Constitución: se intenta hacer pasar el proyecto de ley como de mayoría absoluta (31 votos) cuando le correspondería una mayoría agravada de dos tercios (40 votos), que el bloque oficialista y sus aliados no podrían alcanzar.

La nueva medida judicial, lejos de conducir a la reflexión al PRO & Cía., los llevó a anunciar que iniciarán un jury de enjuiciamiento contra el juez Guillermo Scheibler tan solo por pedir que acrediten si cumplieron las instancias que exige la democracia ambiental y el procedimiento de sanción de leyes. La defensa de la Justicia independiente del poder que pregonan a nivel nacional parece no regir a nivel local.

Las presiones a los integrantes del Poder Judicial tuvieron efecto y el actual juez de la causa decidió levantar la medida judicial que había suspendido el trámite parlamentario.

Consultado para esta nota, Sergio Dattilo, de IRSA, dijo que por tratarse de una disputa entre poderes en la que la empresa no es parte, no les corresponde opinar.

 

 

 

Proyecto para recuperar la Costanera

En cumplimiento del mandato de los artículos 8 y 27 de la Constitución de la Ciudad, que establecen que se debe recuperar este predio para su uso común y gratuito, de libre acceso y circulación, y que su dominio debe ser público, más de 100 espacios colectivos con miles de firmas presentaron el lunes un proyecto de ley para expropiar el predio y destinarlo a la creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II - Nuestro Río.

Para apoyar y sumar adhesiones al Proyecto de Ley de Recuperación de la Costanera Sur y Creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II – Nuestro Río pueden dejar sus datos aquí. También se convoca para el domingo 22 de agosto a una bicicleteada y abrazo para recuperar la Costanera Sur y defender nuestros humedales.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí