Privatizar y privar

 

El proyecto de Ley Ómnibus, enviado al Congreso nacional por el Gobierno del Presidente Milei, contiene 664 artículos, entre ellos, un capítulo, está dedicado a la educación, con 13 artículos que modifican las leyes de Educación Nacional (26206/06), de Educación Superior (24521/95) y, en menor medida, las de Financiamiento Educativo (26075/06) y Cooperadoras Escolares (26759/12).

En lo que tiene que ver con las modificaciones a la Ley de Educación Nacional propuestas, el proyecto de ley aparece como continuador del proceso de mercantilización y privatización, de la educación pública iniciado por el Gobierno del ex Presidente Macri.

Las modificatorias a las leyes de Educación Nacional, en contextos de ajuste y devaluación y creciente endeudamiento externo, muestran que la política educativa de Milei busca desarticular la capacidad del Estado como motor y garante de la educación. Dichas medidas, avanzan en la idea de transferir a los intereses privados, el diseño, gestión, localización y distribución de los beneficiarios de la educación pública.

 

 

Reformas a la Ley de Educación Nacional.

La propuesta abunda en evaluaciones, como por ejemplo, las destinadas a alumnos del nivel secundario llamadas “censales”, para el último año de estudios; o las que se recomiendan hacer para matemáticas y lengua (fuertemente vinculadas a las pruebas PISA); o bien, las dispuestas para el ingreso a la educación superior no universitaria, que no prevén ni tienen en cuenta aspectos como la contextualidad o la complejidad de las prácticas de la enseñanza en cuanto prácticas sociales y culturales que son, pero que el neoliberalismo no considera de este modo, por entender a la educación como una “mercancía”.

En general, se supone, que en algún momento determinado por la autoridad docente, lxs jóvenes deben demostrar lo que aprendieron durante cinco o seis años y que, a partir de allí, quedan demostradas sus capacidades o sus limitaciones. Pareciera tratarse más de evaluaciones selectivas, punitivas, de manera tal de valuar, no solo a lxs alumnxs, sino a sus docentes.

Actualmente, el sistema educativo garantiza que sus alumnxs sean evaluados continuamente por sus docentes, a partir de diálogos, trabajos prácticos, investigaciones, evaluaciones parciales, escritas y orales, en diferentes contextos, durante el desarrollo del proceso educativo. Este tipo de evaluación constituye una forma conveniente de integrar e incorporar conocimientos. Evita, por ejemplo, que una evaluación realizada a fines del nivel secundario, que se plantea como definitiva, se convierta en una credencial, que exponga y condicione a futuro las trayectorias educativas y laborales de lxs jóvenes.

Sólo pueden comprenderse estas iniciativas en el marco hegemónico del modelo meritocrático de la educación, que el proyecto educativo de Milei intenta consolidar, promoviendo la selección de “los mejores”, a partir de una competencia descontextualizada y desigual entre alumnxs de diferente procedencia social y/o familiar, aspecto este de fuerte influencia en los procesos educativos y que legitima la segmentación y las desigualdades a partir de la educación (Filmus, 2017).

De esta manera, se consolida el modelo meritocrático, que es a su vez de reproducción social, invisible a simple vista, y que permite la transmisión y legitimación de una herencia de clase, expresada en el “mérito” individual que perpetúa tanto los privilegios como los condicionamientos de clase, en detrimento de los sectores sociales más vulnerables de la población.

Estos grupos resultan así estimulados al abandono de la escuela, a ir a trabajar, excepto quienes pueden optar por ofertas accesibles de la educación privada, que es otra forma de privatización, la mayoría de las veces motivada por el desfinanciamiento de la educación pública, hecho muy común en los gobiernos neoliberales.

En cambio, las evaluaciones dirigidas a los docentes, cada cinco años, a modo de que certifiquen capacidades y conocimientos, como están planteadas, ponen en riesgo los puestos de trabajo e imponen condicionamientos y control ideológico al trabajo de maestrxs y profesorxs.

El sistema educativo cuenta con suficientes supervisorxs, cuya tarea es verificar y, en tal caso, sugerir las acciones pertinentes para la mejora de las condiciones pedagógicas de los docentes. Estas acciones se parecen más al inicio de una ofensiva del flamante Ministerio de Capital Humano, para debilitar la escuela pública y las organizaciones sindicales de lxs docentes.

Finalmente, y en otra clara demostración del desentendimiento que hace el Estado neoliberal con la educación pública, se decidió proponer que los estudios a distancia, como alternativa a la educación presencial, puedan ser implementados desde el segundo ciclo de la educación básica, con lo que niños de 4.º grado del nivel primario podrían quedar eximidos de concurrir cotidianamente a sus escuelas. Esto provocaría la pérdida del contacto directo con los procesos de socialización escolar y favorecería la venta de las plataformas educativas, a/cargo de fundaciones y/o empresas.

 

 

La educación superior

Entre las modificaciones a la educación superior, nos ha llamado la atención la supresión del artículo 2 “bis” de la Ley de Educación Superior, que alude a la gratuidad de los estudios de grado para la educación superior y que prohíbe gravámenes, impuestos o aranceles, a fin de evitar intenciones privatizadoras; aunque es cierto que los posgrados ya se encuentran arancelados.

Otro de los aspectos modificados del nivel superior, que reafirma el tono privatista de las reformas, es que, a partir de la sanción de la ley, quienes son extranjeros no residentes en el país deberán pagar sus estudios. Continuaría gratuita la educación del nivel solamente para argentinos y extranjeros con residencia permanente en la Argentina.

El arancelamiento mencionado incluye a las carreras de grado u otros “trayectos educativos”, tanto en las instituciones de educación superior como en las universidades públicas que, de esta manera, iniciarían los arancelamientos en carreras de grado.

La prohibición dispuesta para los extranjeros en la Argentina es una vieja aspiración de la oligarquía nacional y de sectores de las clases medias, fuertemente influidas por el discurso xenófobo de los medios hegemónicos, quienes difunden la falsa idea de que son los argentinos quienes pagan los estudios de personas que llegan de Bolivia, Perú, Paraguay u otros países latinoamericanos.

Dicho pensamiento exagera notablemente el 4.1 % de estudiantes extranjeros que en julio de 2023 se encontraban estudiando en nuestro país. Debe tomarse en cuenta, además, que solo un 3.9 % de ellos cursan carreras de grado y que los posgrados que estudia el 0.2 % restante de los alumnos universitarios extranjeros ya eran arancelados, con lo cual la prohibición expuesta es absurda y racista.

Queda de esta forma desmentida aquella afirmación de Patricia Bullrich, en sus recientes discursos de campaña, afirmando que “los extranjeros son casi la mitad del estudiantado universitario”.

Esta prohibición del Gobierno de Milei desnuda además el desprecio por la diversidad y el intercambio cultural que supone la presencia de alumnos extranjeros en las universidades públicas argentinas, en contextos de globalización y heterogeneidad planetaria.

El proyecto de Ley Ómnibus dispone, además, la obligatoriedad de un examen de ingreso a la enseñanza de grado, en el nivel de educación superior, no universitaria, para lxs egresados de la escuela secundaria. Estos deberán optar por participar de un proceso de nivelación y orientación profesional y vocacional, o bien rendir dicho examen y aprobarlo, para poder ingresar a las instituciones.

En lo que respecta directamente al financiamiento para las universidades nacionales, el Gobierno de Milei pretende sustituir el artículo 58° de la Ley de Educación Superior, que asegura el aporte financiero para las instituciones universitarias nacionales sin que este pueda, de ningún modo, disminuir.

De sancionarse la ley, la modificación impone, además, un condicionamiento que, directamente, limita la entrega de fondos públicos a las instituciones, a la cantidad de estudiantes matriculados, al tipo de carrera ofrecida y al número de egresados que puedan exhibir las instituciones. La iniciativa lesiona, la autonomía universitaria, imponiéndoles el Poder Ejecutivo a las universidades una rendición de cuentas, a partir de parámetros que las universidades revisan normalmente.

Finalmente, la Ley de Financiamiento Educativo es objeto de una modificación en su artículo 10°, al que se le agrega un artículo complementario titulado “Acuerdo con las Provincias”. En este, el Gobierno de J. Milei delega en las provincias la responsabilidad de acordar, cada una de ellas, en su jurisdicción y en los distintos niveles educativos, el salario mínimo, condiciones laborales y la carrera docente. No hemos entendido si se trata de los acuerdos que las provincias realizan anualmente, con posterioridad a la paritaria nacional, o bien si se les está transfiriendo la responsabilidad de ser las jurisdicciones las que acuerden, en exclusiva, el salario mínimo docente.

Por lo expuesto y por los perjuicios y retrocesos que pudieran ocasionar al sistema educativo y a la sociedad, aconsejamos el rechazo de lxs legisladores a los planteos de La Libertad Avanza para la educación. Asimismo, no estamos de acuerdo con la declaración de esencialidad del trabajo docente, porque elimina el derecho constitucional de huelga, ni aceptamos cualquier iniciativa, que atente contra las jubilaciones en general y las jubilaciones docentes en particular.

 

 

* Raúl Moroni es docente supervisor ex director de Educación Media y Técnica CABA. Integra “Rescate”, Grupo de apoyo técnico-pedagógico. Secretaría de Educación Media UTE. CTRA

 

 

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