Primera dama, Hada Buena y vieja de mierda

 

La señora Mabel Silvestri, de 89 años de edad, es propietaria de un galpón ubicado en la avenida 60 entre 20 y 21 de la ciudad de La Plata. El local fue usurpado hace años por un sujeto que instaló un taller de autos. Silvestri hizo una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 5 de La Plata, que fue ignorada durante años. La impotencia llevó a la señora a instalarse en una reposera dentro del taller, provocando una escalada en el conflicto entre el ocupa y la dueña del local. Previsiblemente, el conflicto terminó con una batahola entre un sobrino de la señora Silvestri apoyado por un amigo, contra los ocupas. Ganaron los primeros, quitaron los autos que había en el taller y la propietaria recuperó el local. Recién ahí intervino la policía y el personal de Convivencia y Control Urbano de la Municipalidad de La Plata. Los bomberos llegan cuando el incendio se extinguió. En la UFI 5 se enteraron por los diarios que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se había resuelto.

Nelly Noemí García tiene casi la misma edad que la señora Silvestri, tiene el mismo problema y está pensando en proceder del mismo modo antes de que la impotencia la enferme más de lo que ya está. Porque hace tres años le alquiló una casa de dos plantas a la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El Subsecretario a cargo, Vicente Ventura Barreiro, instaló en el inmueble una dependencia de Policía Comunal y Prevención Local. El Ministerio no abonó los alquileres y la dueña observa cómo se deteriora su casa día a día. El costo de la vida crece y ella no cobra los alquileres, por lo que solicitó a Ventura Barreiro la devolución del inmueble. Pero el Subsecretario se comporta como el tallerista del caso anterior e ignora los reclamos, los llamados telefónicos y los golpes a su puerta de la señora García.

 

 

A veces la secretaria de Ventura Barreiro, la Oficial Ayudante Julieta Carena Ledesma, le abre la puerta a la señora García. Y socarronamente aplica la fórmula que sistemáticamente utiliza al teléfono: “El Subsecretario está reunido”. Y displicentemente cierra la puerta en las narices de la señora. Una vez en su escritorio, y dejando de lado toda displicencia, se dirige a su compañera Erica Magalí Sachino, y le dice:

—Otra vez esa vieja de mierda hinchando las pelotas.

Carena Ledesma y Sachino son dos jóvenes oficiales de policía del escalafón administrativo, que en estos tres años han trepado y ascendido compartiendo el regenteo de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal. La Oficial Inspector Sachino es conocida como la primera dama de la Subsecretaría. Como dicen los jefes policiales, la autoridad no se compra en la tienda de la esquina pero la jerarquía policial es un poco más accesible.

La primera dama fue compensada con el cargo de Jefe del Departamento Legajo Académico Único (L.A.U.). Es decir, se ocupa del mercadeo de contratar docentes para la policía. Cobra como Comisaria Inspectora más el cargo en el L.A.U. y maneja discrecionalmente la caja chica. Por estos días, la primera dama le reclama a decenas de docentes la devolución de un promedio de $ 4.000 correspondientes a contratos de los años 2016 y 2017 alegando que lo habían cobrado estando de baja en la planta docente. El Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales (CAEEP) informó diferentes fechas de altas y bajas de los docentes, por lo que en estos días las cartas documento van y vienen. Los docentes pueden demostrar que trabajaron el período cuya devolución Sachino reclama y amenaza con dar parte a la Fiscalía de Estado. Dado que el derecho les asiste a los docentes, no sabe bien cómo saldrá del berenjenal en el que se metió.

Julieta Carena Ledesma (el segundo apellido es reciente) recibió el cargo de Jefa de Departamento Técnico de la Subsecretaría a cargo de Ventura Barreiro y cobra como Comisaria. Rápidamente comenzó con la clásica danza de castigos y recompensas a réprobos y adulones. Carena regala unas 7.000 horas Co.Re.S. (horas extras) por mes a sus amanuenses, lo que técnicamente vendría a ser malversación de caudales públicos porque los policías beneficiados no trabajan esas horas. Se sospecha que es la habitual práctica de liquidarles horas Co.Re.S. a cambio del retorno de un porcentaje. Sin embargo, este caso no se reporta a la Auditoría de Asuntos Internos. A los castigados no les liquida Co.Re.S. y los persigue con el cumplimiento del horario como sólo se ha visto en Tiempos Modernos de Chaplin.

Ambas, Sachino y Carena, ejercen un miserable poder sobre sus pares policías que las esperan al final de la gestión para devolverles gentilezas.

Como señalamos, la señora Nelly N. García reclamó a Ventura Barreiro la devolución de su casa mediante varias cartas-documento que fueron ignoradas.

 

 

Ventura Barreiro llegó a la gestión vidalista, entre otros motivos, para “transparentar la gestión pública”. Sin embargo, en el raquítico portal creado a tales efectos, el lector no va a encontrar la última carta- documento que la señora García remitió a Ventura Barreiro. El siguiente es el texto:

“Atento haber operado el día 31/5/2018 el vencimiento del contrato de locación que vinculara a esta parte con la Subsecretaría de Planificación dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y habiendo notificado en tiempo y forma nuestra voluntad de no renovar el contrato en cuestión solicitamos la inmediata desocupación del inmueble sito en la calle 2 nº 1262 de La Plata la entrega formal de las llaves del mismo en perfecto estado de mantenimiento y conservación conforme fuera entregado al inicio de la locación y el pago de las sumas adeudadas en concepto de alquileres con más los intereses devengados. La falta de respuesta a los innumerables requerimientos realizados para que el inmueble sea entregado y abonada la deuda de alquileres coloca al ministerio provincial y a las personas responsables en la situación de usurpadores del inmueble impidiendo de manera ilegal que podamos disponer libremente de nuestra propiedad; el destrato al que hemos y seguimos siendo sometidos por las autoridades actuales teniendo que haber iniciado diversos expedientes administrativos  que nunca terminan de recorrer el camino burocrático normado, tener que haber recorrido todos los despachos  del Ministerio sin ser recibidos ni atendidos por los responsables configura un grave perjuicio económico y moral que deberá ser reparado  en sede judicial  en consecuencia de no dar cumplimiento a lo aquí solicitado en el plazo de 15 días de notificada la presente, procederemos a iniciar acciones penales y civiles en procura de determinar las responsabilidades de las personas obligadas y obtener el resarcimiento  de los daños provocados"

Al momento de transparentar, Ventura Barreiro tiene poco para mostrar. Su dependiente, el Director Provincial de Planificación Estratégica, Matías Ojeda, trabaja día por medio y lo producido, bien gracias. Es más reconocido por la impronta que dejó en la fiesta de despedida del año 2018. En esa oportunidad, la Subsecretaría invitó al personal afín a una fiesta, que se pagó a expensas de la caja chica. Fue cuando Ojeda abusó sexualmente de una mujer policía; más exactamente, le tocó el culo. El novio de la ultrajada estaba cerca y de una trompada acostó al Director Ojeda. Fin de la historia y fin de la fiesta para el abusador noqueado. El novio le evitó a la víctima de Ojeda la tediosa e inconducente denuncia ante la Superintendencia de Políticas de Género. Como Mabel Silvestri, la señora que recuperó por la fuerza su local, el novio de la policía ofendida resolvió el abuso con un cross al rostro de Ojeda.

La falta de transparencia llega a lo críptico cuando nos referimos a la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, a cargo de Alberto Héctor Greco. La Dirección es conocida como “Agencias” y funciona en la calle 56 entre 2 y 3, en la que fuera la casa del Jefe de Policía de turno. Esto es, a unos 300 metros de la Jefatura de Policía o ex Ministerio de Seguridad.

En notas anteriores hemos destacado que las webs institucionales del Estado provincial bonaerense no exponen organigramas ni funcionarios responsables. Hubo que sortear algunos escollos para averiguar que del Director Alberto Greco dependen el Coordinador de Planificación y Coordinación de “Agencias”, Guillermo Gutiérrez; el Director de Habilitaciones, Brian Alvarez, y el Director de Fiscalización, Lucas Ruarte. A ellos se suma un viejo recaudador, Leonardo Casanova. Casanova era el chofer del Director Greco pero estaba designado como asesor de gabinete con rango de Director Provincial por su estrecha amistad con el ministro Cristian Ritondo. El personal básico está compuesto por policías administrativos o civiles. La cúpula de “Agencias” trabaja en equipo, como le gusta decir al PRO.

Casanova tiene dos defectos: habla de más y a veces olvida algún vuelto en el bolsillo de su saco. Por eso fue trasladado de las oficinas de “Agencias” a la sede del Ministerio, donde anteriormente se había instalado el Director Greco. Greco decidió cambiar sus oficinas luego de gritarle al personal a su cargo que eran “unos negros de mierda”. En rigor, casi todos los funcionarios vidalistas piensan que los polis de la Bonaerense tienen el pelo lanudo, que son incapaces de desarrollarse mentalmente y, por lo tanto, sus vidas no merecen ser vividas. El concepto se extiende a los pobres, choriplaneros, provincianos, bolivianos y paraguayos, desde luego. Casi todos lo piensan, Greco lo vocifera.

El gritón no se fue solo, llevó consigo a dos secretarias que compensa con buenos ingresos procedentes de la recaudación negra. A veces hay daños colaterales, como el antecesor de Greco, Fernando Amarilla, que fue preso dos años después de dejar el cargo por coimear a empresarios de agencias de seguridad.    

En la práctica, “Agencias” debería ocuparse de las 800 agencias de seguridad privadas habilitadas en la Provincia de Buenos Aires y de los 82.000 vigiladores activos. Esto es, dar de alta a las agencias, controlar al personal de vigilancia, sus permisos de tenencia o portación de armas, etc. Intencionalmente omiten chequear si los jefes de seguridad de las agencias o los vigiladores tuvieron condenas por crímenes de “lesa humanidad” (algo prohibido taxativamente por la ley). Nótese que se trata de un anómico ejército de vigiladores, muchos de ellos armados. La cantidad de efectivos casi iguala a la de la policía bonaerense sin la estructura burocrática estatal. El Director Provincial a cargo es un ministro sin cartera, que no responde a una Gobernadora y que está exento de los controles formales del Estado. Casi un coto de caza privado.

Por estos días, los empresarios de las agencias de seguridad están furiosos por las extorsiones del equipo de Vidal. Les cancelan las agencias por motivos irrisorios como la falta de último seguro de responsabilidad civil. Intencionalmente, “Agencias” no lo notifica, obligando a los empresarios a presentar un recurso de revocatoria al acto administrativo. La respuesta demora, pero se les ofrece un atajo: pagar una coima. Pagan, los problemas se resuelven y vuelven a participar.

El titular de una agencia, por ejemplo, que además del rubro de la seguridad se ocupa de turismo, se puso en especies: pasajes para Europa para allegadas al Director. Otro fue sancionado con una multa de más de un millón de pesos. Fue a “Agencias” y le explicaron que poniendo doscientos cincuenta mil pesos, le indicaban el caminito que conduciría a rehabilitar la agencia. Han cancelado más de 50 agencias, chantaje puro. Habitualmente las agencias efectivamente están en infracción, por lo que entran en el juego. La recaudación ilegal de “Agencias” se estima en seis millones de pesos mensuales.

Así se dibuja el circulo virtuoso para la corrupción: en el grado cero está el Ministerio de Seguridad que no garantiza su servicio de prevención del delito. Como consecuencia, crece la demanda de seguridad privada. Se crean más agencias privadas que tienen que tributar en blanco y en negro al mismo Ministerio que genera su demanda. Esas agencias, en muchas ocasiones, son contratadas por el mismo Estado provincial para custodiar sus edificios. Ese es el grado 360 en el que se cierra el círculo.

Con esta realidad, Ventura Barreiro hizo un acting hace un par de semanas  ante los empleados de “Agencias”. El motivo alegado fue que llegaban tarde; los describió como ñoquis, incompetentes y delincuentes. A partir de entonces impuso un doble control de horario y presentismo, además de las cámaras de video ya existentes. La interpretación fue que entre los mismos funcionarios se desconfían, se afanan y se traicionan. Y que la actuación del Subsecretario fue a los efectos de disciplinamiento preventivo y que nadie hable de lo que allí sucede.

Subsidiariamente, a expensas del servicio que no presta el Ministerio de Seguridad, se benefician otros rubros: los fabricantes y vendedores de alarmas, cámaras de seguridad, softwares, armas, garitas, los que blindan autos, los herreros que hacen rejas, todo lo que se pueda imaginar.

Es la industria de la inseguridad cuyo Ministerio es regenteado por Cristian Ritondo y Vicente “Tito” Ventura Barreiro, virtual Viceministro de Seguridad, quien hace meses viene hociqueando para quedarse como titular de la cartera.

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