Primer round

 

El Índice de Precios al Consumidor de abril confirmó que la inflación este año va a cerrar por encima de lo planificado. El tema adquirió en estos días una alta dimensión política. No es para menos, porque incide velozmente sobre la delicada y ya deteriorada situación socioeconómica de la población. Está claro que bajo estas circunstancias, el diferencial lo hace el Estado, ya sea ejerciendo su rol protector o desentendiéndose de este. Pero si bien hoy, sin la activa intervención estatal las condiciones sociales estarían aún peor, como sucedió durante la pandemia “ricachonista” que propició el macrismo, quienes votaron a este gobierno esperan la recomposición del poder adquisitivo prometida. Mientras tanto, un repaso por las decisiones y sus efectos en territorio porteño evidencia la importancia de la urgente intervención estatal en la recuperación del ingreso.

 

 

Ajustar las clavijas

En el coqueto barrio de Colegiales, un joven trabajador de la precarizadora Rappi busca su cena en una olla popular, tímidamente, como si a él que tiene trabajo no le correspondiera hacerlo. Le sigue en la fila una señora que cobra la jubilación mínima y vive con su hijo que hace changas, pero no llegan con su ingreso total a los 40.000 pesos. El olfato dice que la pobreza medida en el segundo semestre de 2020, que golpeó con ese 42% de la población bajo la línea, con casi 6 de cada 10 pibes pobres, más una desocupación alta y un mercado de trabajo castigado por la informalidad, difícilmente se revertirán en lo inmediato, lo que obliga a un Estado cuidador a persistir en el auxilio de quien aún lo precisa.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril –4,1%– preocupó y los incrementos de tarifas planeados –aunque moderados– más el aumento hace una semana de las naftas –prometido como último del año– seguirán empujando los precios. A esta altura, nadie espera el milagro de alcanzar la meta de Economía hacia fin de año, de la cual en un cuatrimestre ya recorrimos el 60,7 por ciento del total esperado según la pauta presupuestaria.

Está claro que el 2021 no da lugar a un gasto del Estado desprovisto de cláusulas Covid-19 como el que soñó el ministro Martín Guzmán a fines del año pasado. Por eso el gobierno nacional otorgó primero un refuerzo de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y monotributistas categorías A y B, y luego dedicó un capítulo especial a la ampliación de los montos de la tarjeta Alimentar, que además extendió su cobertura abarcando aquellas familias con niños de hasta 14 años. Todo un gesto en momentos sanitarios tan delicados y con pronóstico dudoso sobre las medidas de aislamiento futuras.

A eso se sumaron además medidas para acelerar el control del desbordamiento de los precios con un menú amplio. Se arrancó con acuerdos de los valores sobre determinados alimentos, como las carnes, el lanzamiento de bocas populares de comercialización en el Conurbano, la implementación de la ley de góndolas, que al fin llegó y hay que ver cómo se controla, y la instalación de la Central de Alimentos para el último trimestre del año. Este será un mercado minorista que, ubicado en el barrio denominado Procrear –Estación Buenos Aires–, allí donde Parque Patricios se funde con Barracas, comercializará productos esenciales a precios mayoristas. Pero pareciera que no alcanza, y el Presidente Alberto Fernández, en vez de seguir esperando la buena voluntad de los productores de alimentos que no llega (aunque ganaron más que holgadamente durante el ciclo pandémico), decidió ajustar un poco más las clavijas. Con criterio, cerró las exportaciones de carne por 30 días, intentando detener el impacto negativo que la suba de los alimentos tiene en los ingresos familiares. Es más que evidente la necesidad de desacoplar los precios internos de los internacionales. Salvo que los productores rurales estén por proponer que los salarios se dolaricen, es casi de sentido común que quien recibe pesos no puede comer en dólares. Aunque la medida tiene gusto a poco, es un paso. La novela promete nuevos capítulos y en uno de ellos deberá revisarse el tema salarial, ya que hasta el momento los trabajadores pusieron el hombro mientras los otros engordaban su billetera.

La reacción “del campo” era esperable y no tardó. Sus protagonistas se entusiasman con una apurada reedición de la Mesa de Enlace como arma letal contra el “populismo”. Para empezar definieron ocho días de cese en la comercialización del producto, apuntando a que falte carne en los mostradores y crezca el malhumor social. De paso, un alza transitoria de los precios no vendría mal para los planes del equipo “antipopulista”.

Pero hay otro equipo más, que juega su pulseada política evidenciando que, detrás de los precios, se agazapa una puja distributiva. Se anunció desde las entrañas de la Unión Industrial Argentina que Daniel Funes de Rioja asumirá su presidencia, auspiciado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Un enemigo declarado de los controles de precios y representante de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que nuclea a quienes vienen aumentando por encima de la inflación general. Todo un símbolo.

Por todo esto, para que la suba de los precios no se convierta en malestar y pobreza, hace falta Estado. Las políticas nacionales impactan en todos los territorios del país, para bien y, cuando toca team neoliberal, para mal. Pero los Estados locales también son muy importantes, porque pueden amortiguar las malas decisiones nacionales o no. No es lo mismo que los gobiernos locales actúen como Estados Protectores que si lo hacen con el perfil privatista que dicta el manual neoliberal.

En la Ciudad de la Furia, su gobierno apuesta a sacarse de encima los problemas disimulando diálogo, responsabilidad y “planificación en base a datos”. Pero los discursos que intentan reemplazar los hechos se desvanecen en el aire, y los resultados del autonomista territorio porteño son cada vez más evidentes. Siendo uno de los territorios más ricos del país, cuando se lo compara al azar con otras ciudades y provincias de distintas regiones geográficas está en el podio de las peores gobernanzas de la cuestión social.

En la Ciudad Autónoma, sus habitantes pobres fueron, en el segundo semestre de 2020, un 73,7% más que aquellos que lo eran en el segundo semestre de 2016. Una caída sin red y sin frenos. Y una copa que no derrama. La contracara de cómo una política pública estatal puede amortiguar un problema es la ciudad de Formosa. En la provincia que tanto entusiasma a los líderes porteños del PRO cuando precisan sacar de la galera de ideologismos de cotillón algún conejo rengo, ese mismo porcentaje, que mide cuántos pobres más hubo, fue de 28,6 más entre ambos momentos, demostrando incluso que pudo revertir los números de 2019.

 

 

Lo cierto es que una comparación al azar entre aglomerados urbanos de provincias de distintas regiones geográficas del país pone a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderando los peores resultados, y el aumento de la indigencia en la CABA salta a la vista hasta para el más distraído. Sin ir más lejos, pareciera registrarse un cambio en la composición de la población en situación de calle de la Ciudad. Familias enteras con niñas y niños estrenan la vida a la intemperie a partir del desamparo y la ausencia de políticas locales.

Tal vez —es solo una conjetura— esto llevó al gobierno de CABA a echar mano a la política pública que mejor implementa: el falseamiento y la manipulación de datos con el objetivo de mostrar un número menor y esconder los perfiles de quienes habitan las calles que tienen “ese no se qué”. El gobierno dialoguista y de los acuerdos desconoció el que había elaborado el año pasado con un conglomerado de organizaciones sociales y con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Avanzó a escondidas en censar a la población en situación de calle con el claro objetivo denunciado por los organismos de “subregistrar a la población”. Lejos de solucionarle la vida a quienes duermen en la vía pública, decidió implementar la violencia para que no aparecieran las ranchadas el día del censo. Porque cuando la situación amerita, el larretismo resuelve los temas escondiendo debajo de la alfombra lo que haga falta. O sea, “las escuelas no son fuentes de contagio” y en las calles de Buenos Aires “no hay desamparo ni abandono”. Ojos que no ven…

También el “Ticket Social”, política de la misma ciudad orientada a garantizar un ingreso fijo para aquellos hogares porteños que se encuentran en vulnerabilidad social, parece estar a contramano de la realidad efectiva. En palabras del propio gobierno de CABA: “Brindamos acompañamiento económico a familias en situación de inseguridad alimentaria para facilitarles el acceso a productos de primera necesidad”. La base del “acompañamiento” son 1.100 pesos (puede visitarse su página web). Sin embargo, lejos de aumentar la cantidad de prestaciones y su monto, pandemia mediante, la decisión fue dejarla caer en un 85,2% en el período que va entre 2015 y 2019. De las 12.204 que la recibían hoy se redujo a 1.806 familias (puede consultarse aquí). Mientras la indigencia y la pobreza aumentaban, la Ciudad soltaba la mano.

 

 

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la Ciudad se sostuvo con el paraguas de las políticas nacionales, disimulando su ausentismo respecto de la cuestión social. Sin embargo, con el gobierno del Cambio, si tomamos los cuartos trimestres de 2015 y de 2019 –el ciclo Cambiemos / Juntos por el Cambio en el Ejecutivo Nacional– observamos que la indigencia pasó del 4,1 al 6,5%. Un aumento de “tan solo” el 58,5%. Los propios datos de evolución de pobreza indigente y no indigente medidos por el sistema estadístico de la misma Ciudad resultan escandalosos. En el cuarto trimestre de 2015 las personas indigentes eran el 4,1% del total, en el cuarto de 2020 el 10,1%. En ese lapso del gobierno saqueador, sin políticas que amortigüen, la indigencia aumentó un 146%.

 

 

A pesar de este panorama el gobierno de CABA, salvaguardado por los dispositivos mediáticos que lo promueven a la Superliga de la política, pudo en pandemia seguir subiendo religiosamente por ley todos los meses el ABL, acompañando la inflación y sin implementar ninguna política de ayuda social.

Hoy el Estado nacional, con las dificultades heredadas, viene haciendo frente a la segunda ola del Covid-19. Protegiendo, actualizando y ampliando las percepciones monetarias de la población socialmente más vulnerable. Va en busca de la resolución del endeudamiento que quedó luego de que el FMI y el entonces Presidente Donald Trump financiaran en la Argentina la campaña electoral más cara de la historia mundial, que hoy condiciona la salida a la crisis. No hay dudas de que se buscan soluciones en todos los rincones del planeta para traer vacunas y generar acuerdos productivos para fabricarlas localmente, mirando el corto pero sobre todo el mediano y largo plazo, frente a las probabilidades cada vez más ciertas de que la población deba reiterar su vacunación en un plazo perentorio.

En una nota anterior planteábamos que nuestra urgencia del momento precisa de un Estado que alimente a su población y simultáneamente se proyecte hacia el futuro basándose en la innovación. Al día de hoy, con final abierto, sólo se jugó el primer round de la pelea por la distribución del ingreso, que a partir del crecimiento de los precios va degradando mes a mes el poder de compra del salario enflaquecido. Mientras tanto, la principal fuente de legitimación del poder del gobierno del Frente de Todos, que son sus votantes, esperan la recomposición del poder adquisitivo.

 

 

 

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