Primer paso en la reparación

 

La provincia de Neuquén firmó con Abril Rosales y el CELS, su representante, un acuerdo de solución amistosa a partir de la demanda que Ivana Rosales presentó en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado neuquino reconoció su responsabilidad por haberle negado justicia a Ivana en un caso de violencia machista.

El acuerdo implica medidas de reparación para su familia y el compromiso de concretar políticas públicas de prevención y acompañamiento a víctimas de violencia por motivos de género, para que casos como el de Ivana no vuelvan a repetirse. Neuquén se comprometió a crear el Centro de Protección Integral para víctimas de violencia de género “Ivana y Mayka Rosales”, a garantizar el patrocinio jurídico gratuito, integral y especializado; a publicar y difundir ampliamente información sobre violencia de género, a implementar la Ley Micaela, a participar del Registro Único de Casos de Violencia contra La Mujer (RUVCM) y a enviar información actualizada y periódica.

Suscripto por el fiscal de Estado, Raul Gaitán, la ministra de Ciudadanía, Vanina Merlo, las subsecretarias de Derechos Humanos, Alicia Comelli, y de las Mujeres, Patricia Maistegui, por parte del Estado, y Abril Rosales y Gastón Chillier por el CELS, este es un primer paso del acuerdo, cuyo responsable final es el Estado nacional. Las medidas de no repetición van en línea con lo que ya es ley en la Argentina hace muchos años. El Estado nacional y los provinciales tienen la obligación de ejecutar políticas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia machista, que no estuvieron disponibles para Ivana y siguen sin estar disponibles hoy.

Este es el primer caso por violencia de género en la Argentina que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de muchos años sin que la causa progresara, desde 2014 iniciamos ante la CIDH un diálogo con el Estado nacional y la provincia de Neuquén para llegar a una solución amistosa.

 

Ivana Rosales

El 18 de abril de 2002 Ivana Rosales fue ahorcada por su marido Mario Edgardo Garoglio hasta que la creyó muerta. En ese momento la metió en el baúl del auto. Cuando escuchó que gritaba, detuvo la marcha para golpearla con piedras en la cabeza para matarla. Garoglio se entregó a la comisaría. Cuando la policía abrió el baúl encontró a Ivana aún con vida. Estuvo 45 días internada.

Por los hechos se abrió una investigación que luego, fue llevada a juicio. El fiscal titular a cargo de la instrucción tipificó la conducta como homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, entendiendo “que el accionar de Garoglio estaba dirigido en forma unívoca a causar la muerte de Rosales”. Pero en el momento de los alegatos, pidió un atenuante por circunstancias extraordinarias: para el fiscal, Ivana se lo buscó.

Garoglio, gracias a la ayuda del fiscal, fue condenado a 5 años y, cuando la sentencia estuvo firme, se fugó. Algunos años después prescribió la acción penal, por lo que no cumplió un solo día de su condena.

Los jueces Emilio E. Castro, José V. Andrada y Eduardo J. Badano y el fiscal Eduardo Velazco Copello sometieron a Ivana Rosales a un proceso que lejos de haberle garantizado justicia por ser víctima de un caso de violencia de género, la revictimizó a través de actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas que minimizaron y justificaron hechos que casi le cuestan la vida.

Mientras se desarrollaba el juicio contra Garoglio, las hijas Mayka y Abril fueron obligadas a vincularse con el padre. En ese periodo, Garoglio abusó de ellas. Fue condenado por abuso sexual y por falta de pago de alimentos y cumplió su pena en un centro penitenciario.

En el 2012, Mayka se suicidó. El 6 de septiembre de 2017 Ivana Rosales falleció, estando embarazada, debido a un ataque epiléptico originado por las gravísimas lesiones de las golpizas que le dio Garoglio la noche del 18 de abril de 2002. Ivana era, al momento de su muerte, una referente social y una luchadora contra la violencia machista. Abril tomó la lucha de su madre, tanto en Neuquén como ante la CIDH.

 

 

 

 

 

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