PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

Las calles lo gritaban y el INDEC le puso números: el informe de Incidencia de la Pobreza e Indigencia correspondiente al primer semestre del 2020, publicado el miércoles, expresó una parte catastrófica de las consecuencias de la crisis económica que arrastra el país y que se profundizó con la llegada inesperada de la pandemia. El indicador de pobreza subió 5,5 puntos porcentuales en este período, saltando a 40,9 por ciento, que significan 11,7 millones de personas pobres en nuestro país, incluidos 3 millones son indigentes.

Los porcentajes reflejan una realidad ineludible: la calle está difícil, los comercios cierran, hay más pibes y pibas laburando y pidiendo, las organizaciones en los barrios no dan abasto con la necesidad y las imágenes nos recuerdan lo peor de nuestras memorias recientes. Hay hambre, falta trabajo, y la pandemia que aqueja a todo el planeta no parece dar tregua aún. La caída de los ingresos y el aumento de la desocupación en los últimos meses son dos de los principales motivos que llevaron a esta situación. El rango etario más afectado fue el que va de 15 a 29 años, que aumentó 7,1 puntos porcentuales: casi la mitad de las/os adolescentes y jóvenes de esa franja es pobre, igual que el 56,3 por ciento de las personas de hasta 14 años. Si a esto se le suma el dato de la Encuesta Permanente de Hogares del primer trimestre de 2020, que indica que 7 de cada 10 personas del primer decil de ingresos son mujeres, queda claro cuáles son las poblaciones más afectadas por la pobreza en nuestro país.

En paralelo con la presentación del INDEC, el CEPA publicó un informe llamado “De la brecha salarial a la patrimonial”, donde explora las brechas que fijan desigualdades entre varones y mujeres. De acuerdo a ese estudio, las mujeres de la Argentina percibieron en promedio un 23 por ciento de ingresos menos que los varones. Además, un 28 por ciento del total de las mujeres trabajadoras del sector privado registrado se encontraba a fines de 2019 en el segmento de menores ingresos, cobrando menos de 20 mil pesos brutos al mes. En los varones, este segmento de ingresos representó una cifra menor, el 22,8 por ciento del total. Sucede lo mismo a la inversa: en los segmentos de mayores ingresos, el predominio es masculino.

“Se evidencia así la existencia de una segregación vertical o techo de cristal, entendido éste como aquellas barreras invisibles con las que se topan las mujeres al momento de avanzar en su carrera profesional y/o acceder a cargos jerárquicos de poder de decisión y de mayores ingresos”, destaca el informe. Y estas brechas se traducen también en el campo patrimonial. CEPA analizó los datos publicados por la AFIP para el ejercicio fiscal 2018 del Impuesto a los Bienes Personales, que arrojó el dato de que “del 100% de las personas alcanzadas por el impuesto, el 34% corresponde a las mujeres y el 66% a los varones. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la titularidad de los patrimonios según género”. Otro dato que abona una antigua afirmación de los feminismos: las desigualdades económicas son estructurales y merecen una atención específica. “Dentro del segmento de la riqueza que paga impuestos patrimoniales en Argentina, las mujeres son menos ricas que los varones”, concluye el informe.

Desde CEPA afirmaron que la “feminización de la pobreza tiene su contrapartida en la masculinización de la riqueza”. La concentración de poder es, como tantas otras veces, parte del problema. En un contexto económico en el que se discuten políticas fiscales más y menos progresivas para paliar la crisis, discutir medidas económicas y políticas públicas con perspectiva de género no es un capricho feminista, es una intervención que tiene como objetivo reducir desigualdades.

 

El esfuerzo por cerrar las brechas

En un contexto muy difícil, la buena noticia es que luego de luchas de décadas por parte de los feminismos por el reconocimiento de estas brechas, se están implementando políticas económicas y sociales con perspectiva de género. Algunas de ellas, en el sector de los cuidados, las abordamos semanas atrás en este artículo. A mediados de septiembre se conoció que el presupuesto presentado en el Congreso para 2021 contempla 55 políticas que contribuyen a cerrar las brechas de género. Sol Prieto, coordinadora del área Presupuesto con Perspectiva de Género de la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía, explica que estas políticas están presentes en 22 organismos funcionando en 14 ministerios, y la mayor parte del presupuesto se concentra en la ANSES, que representa el 86,2 por ciento del gasto con perspectiva de género. “Dentro de eso el mayor aporte lo hacen las moratorias previsionales, que equivale a un 60,7 por ciento del gasto con impacto en género. Esta es una política muy importante porque permite un ingreso a las adultas mayores, el más importante reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”, define. Sólo una de cada diez mujeres en edad jubilatoria tiene 20 años de aportes o más. Por este motivo, el 85 por ciento de las mujeres que acceden a una jubilación lo hacen por esta vía, y el 74 por ciento de quienes reciben una jubilación con moratoria son mujeres. A esta política le sigue la AUH, que representa un 18,9 por ciento de ese gasto, y las pensiones no contributivas para madres de siete o más hijos, que equivalen al 6,5 por ciento del gasto.

Pero la mirada de género alcanza también a los ministerios: “hay muchas partidas en Desarrollo Social como la tarjeta alimentaria, que representa un 7 por ciento, y el Potenciar Trabajo, con un 5,3 por ciento”, ilustra Prieto. Otras decisiones importantes están centradas en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que multiplicará por trece los fondos destinados a esas políticas. Dentro de ellas resalta el Programa Acompañar, con 4.500 millones de pesos que serán destinados a acompañar integralmente a víctimas de violencia de género, contemplando la provisión de un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses. A este paquete de políticas con perspectiva de género se suma la reglamentación del cupo laboral travesti-trans, que está nombrada en el presupuesto.

Los colectivos y organizaciones reconocen estos esfuerzos y resaltan cómo deberían profundizarse. Desde el Colectivo Infancia en Deuda se emitió un comunicado tras los números del miércoles donde aseguran que las políticas de transferencias de recursos no son siempre suficientes: “el monto mensual que perciben las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hija/o (AUH) permite afrontar solo el 46,56 por ciento de la canasta básica alimentaria o el equivalente 19,24 por ciento de la canasta básica total”. Silvia Saravia, referente nacional de Barrios de Pie,, dijo en coincidencia con el comunicado de la organización que las ayudas económicas son muy necesarias pero que hace falta debatir “cómo volcar más recursos para las familias más necesitadas y para el sector económico de las pequeñas y medianas empresas: hace falta que ese sector dinámico no se caiga”.

Las políticas económicas abonan el terreno sobre el que tienen que construirse transformaciones socioculturales: la feminización de la pobreza está también basada en estereotipos de género arraigados en un modelo cultural. La agenda feminista lo dice hace muchos años y la agenda política giró hace pocos a prestar atención a estas demandas postergadas. Las mujeres, lesbianas, travestis y trans, las niñas, los niños y los adolescentes son las poblaciones más afectadas por la pobreza en una cadena de desigualdades que comienza con el acceso a derechos básicos. Que Argentina haya sido reconocida como el país que mayor perspectiva de género aplicó en sus políticas frente a la pandemia en el mundo es un dato para tener un poco de esperanza en estos tiempos de números tan difíciles.

 

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