Prepotencia e incapacidad

 

El cuadro de tratamiento en el Congreso nacional del megaproyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo con el pretencioso título de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 lanzado inmediatamente al asumir el nuevo gobierno han sido engañosos, pero también una muestra de debilidad.

El voluminoso paquete, referido por el Presidente Milei a fines de año como indispensable “para dar un punto de giro en la historia argentina”, ha generado una rápida reacción y cada vez más extensa oposición de sectores afectados. La intensidad de la movilización social, no solo en las mesas de café, sino en las calles, no era esperada por el gobierno, confiado en los efectos del triunfo electoral y el disuasivo-represivo “protocolo Bullrich”. No es casual que con el transcurrir de los días el tratamiento parlamentario pasó a complicarse y el período de sesión extraordinario, previsto para fines de enero, se extendió hasta febrero.

Pese a haberse supuestamente aprobado la semana anterior el dictamen en plenario de Comisiones del proyecto a ser tratado y votado en el recinto de Diputados, llamativamente, voceros del Poder Ejecutivo, sin dar a conocer un nuevo texto, comenzaron a hacer referencia pública a que los 664 artículos que formaron parte del paquete original, luego de versiones sucesivas, se habían reducido a menos de la mitad. Una forma absolutamente irregular, afín a las peores prácticas para evitar el elemental requerimiento de chequeos, transparencia y controles que requiere un sistema de gobierno para enfrentar a las castas políticas, económicas o corporativas.

La tónica ha sido la de ganar adhesiones sobre la marcha, con negociaciones a escondidas de toma y daca con bloques políticos y gobernadores “amigables” para lograr su apoyo o con amenazas extorsivas patoteriles del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputó: “O aprueban o el ajuste va a ser más fuerte”. La tónica pasó de proclamar en forma omnipotente que se haría una consulta popular de no haber aprobación parlamentaria —que las encuestas de opinión refieren ahora que sería contraria al propósito del gobierno— a evitar una derrota parlamentaria vergonzosa.

Por cierto, se fueron introduciendo cambios al proyecto de la Ley Ómnibus. Han seguido igualmente persistiendo divisiones que introducen sobre todo más dudas. ¿Es que se ha revertido sustantívame el proyecto en los aspectos más controvertidos? No parecía ser la intención libertaria. Milei declaró en un reportaje días atrás para la cadena CNN: “Nosotros aceptamos que hubiera mejoras, no las negociamos, quizás algunas irán más tarde”; y agregó en forma displicente: “No estoy dispuesto a negociar nada”; anticipando que los artículos cuestionados podrían reverse más adelante sin negociación alguna, dando a entender, por lo tanto, que podría hacerlo de lograr los votos necesarios para brindarle el Parlamento mayores poderes “de emergencia”, aun si fueran concedidos por un período limitado.

 

 

El abismo cercano

La crisis política es evidente, pero en lo cotidiano lo sensible e inmediato que resulta más notorio es el deterioro social en paralelo a la caída de la actividad económica. Milei puede seguir asegurando que lo que ocurre es producto del “infierno heredado”, pero en dos meses de gestión no puede mostrar sino un vertiginoso empeoramiento que tiende a profundizarse por sus propias acciones, propósitos y resultados regresivos:

• La inflación mensual ya dobla la muy alta del final del gobierno de Alberto Fernández y solo se atina a prometer, sin elementos de sustentación, sino solo la expresión de deseo, que disminuiría a partir de mediados de año.
• La actividad económica se deteriora rápidamente. La caída, inducida como “sacrificio necesario”, trae aparejado un rápido descenso del nivel de vida y empleo de la gran mayoría de la población y, por ende, del mercado interno, pero también una menor recaudación fiscal, cuestionando el propósito central proclamado por el mileísmo de equilibrar la economía y las cuentas fiscales.
• Persiste el arrastre en los precios de la super devaluación del peso de diciembre del 118% en productos básicos, energía y servicios públicos, aunque no estén justificados por mayores costos, al tener sus oferentes alternativa exportadora o contar posición monopólica o dominante. El Estado es acusado de “enemigo” y abandona el rol esencial de supervisión y regulatorio indispensable en un período de alta inestabilidad.
• Si bien el Banco Central ha aumentado sus reservas en casi 4.100 millones de dólares desde la asunción del gobierno, esto lo ha hecho no girando divisas por pagos al exterior, conllevando un endeudamiento inédito en moneda extranjera de la propia institución por la emisión de títulos para el pago de deudas de importaciones (BOPREAL). Cuando Milei afirma que se acercan las condiciones para su aspirada “dolarización”, ya que la base monetaria es de 7.500 millones de dólares, siquiera puede reconocer que la posición acreedora del país en divisas ha ido empeorando por sus propias decisiones. A la Argentina no le “faltan pesos” sino divisas, y estas siguen fugándose.
• En tanto el gobierno supuso que los exportadores estarían satisfechos con la fuertísima devaluación inicial, luego de un pequeño período de tregua, el distanciamiento del 50% entre la cotización oficial —supuesta como anclaje por prometerse ser ajustada a solo al 2% mensual— y la de mayor utilización por el sector privado (contado con liquidación) ha derivado en el crecimiento del reclamo de los sectores con productos y servicios transables con el exterior de requerir una nueva devaluación por un supuesto “atraso cambiario”. Aunque este sea objetivamente inexistente. Un repetido círculo.
• En tanto, se generan e incentivan de hecho condiciones atractivas para maniobras ilegales de autopréstamos, subfacturación de exportaciones y sobre facturación de importaciones, con la excusa del propósito planteado “que el mercado decida”, no se controlan ni investigan, pese a que las operaciones son hasta puestas en duda por parte de economistas que han estado cercanos a Milei en el período electoral.
• Contraponiéndose a la expectativa de Milei y Cía. de lograr un nuevo acuerdo más benevolente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al comprometerse a un “ajuste mayor que el que pide el FMI”, el apoyo reforzado no se ha producido. Tampoco ha logrado el flujo masivo de capitales privados golondrina circunstancial con el que sí contó el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) de la mano de la fiesta especulativa generada por “Toto” Caputo antes de que terminara en un desastre de vaciamiento y fuga de capitales.
• El gobierno impulsa los ajustes que están en debate en el Parlamento para priorizar los enormes compromisos financieros externos del país para el próximo período, sacrificando a los sectores que con toda seguridad no son responsables de estos. Cuenta con el aval del FMI al afirmar en su última declaración oficial que “el proceso de estabilización será desafiante y requerirá de una implementación firme y ágil de la política económica”, pero este, habiendo aprendido de experiencias anteriores (Cavallo en los ‘90 y Caputo/Sturzenegger/Macri en el gobierno de Macri), no está dispuesto a brindar apoyo financiero adicional.

 

 

Aun si se cumpliera, en un contexto recesivo y de fuerte deterioro social, un saldo de la balanza comercial significativo (estimado por consultores privados en torno a los 15.000 millones de dólares), la creciente dolarización del endeudamiento público y privado y el pago de otros servicios y obligaciones externas ponen límites objetivos a las intenciones de Milei. Solo espera avanzar mostrando la voluntad de entregar patrimonio nacional (privatizaciones, recursos naturales) y desarticular la sociedad. De allí la desesperación y las desmesuras observadas por sus voceros en el debate parlamentario.

No es casual que en el largo listado de delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional solicitadas en la última versión del proyecto de Ley Ómnibus de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, energética, administrativa y tarifaria (se eliminó del proyecto original la social y de defensa) no se haya considerado en momento alguno incluir las “alimentaria” y “cambiaria”, únicas realmente urgentes para evitar el desbarranque inmediato de la sociedad. Han elegido un país desarticulado. Son gente peligrosa.

 

 

 

 

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