Preguntas, afuera

Las limitaciones al acceso a la información pública, otra agresión del Ejecutivo a la prensa

Por Alberto Moya
Julis Fucik y Gustina, su compañera y editora post mortem.

 

¡El gobierno tiene una puntería para las fechas! Justo en la semana del día internacional del periodista, en memoria de Julius Fucik, decretó poner límites a la información pública. Algo equivalente había hecho cuando se celebraba el aniversario de la aparición del primer periódico argentino: querellas a periodistas, como colofón de una larga lista de inequidades que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) enumeró en Nada para celebrar: un día del periodista sin libertad de expresión.

El decreto 780, firmado el lunes 2 por el titular del Poder Ejecutivo Nacional y su jefe de Gabinete, modifica definiciones y disposiciones de una ley de 2016 que regula y defiende el derecho al acceso a la información. Con esa norma, el Congreso había superado lo dispuesto en 2003 por el decreto 1172, con lo que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 27.275 postulaba que “toda la información en poder del Estado se presume pública”, en pos de una “transparencia y máxima divulgación” con “alcance limitado de las excepciones”.

A la vez, aquel trámite casi unánime del 2016 –bajo la administración Macri– creó la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), un ente autárquico para velar porque se publique la información, rol que ahora queda cuestionado.

 

Coherencia

Los intentos por limitar a la prensa no son nuevos. Ya en junio se consignó aquí la mentira de Milei respecto del estado financiero de la editorial Perfil con intención de perjudicarlo. Jorge Fontevecchia exigió al titular del PEN que acreditara la verdad de sus afirmaciones en la denuncia por injurias que le formuló por incluirlo entre supuestos “ensobrados”.

El martes 13 de agosto el término “ensobrado” fue minimizado en la audiencia judicial cuando la parte demandada bajó su carga peyorativa de “recibir dinero a cambio de decir o callar algo” a sólo recibir dinero del Estado. Ese recule en chancletas partió de boca de Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador bonaerense de Milei, además de defensor de Máximo Thomsen o Leonardo Cositorto, otro aportante a su campaña.

Por su intermediación, Milei mandaba a decir que hacía uso de su libertad de expresión, por lo que no debería haber acción judicial. Fontevecchia le recordó que el Milei candidato de 2022 querelló a los periodistas Pablo Duggan (C5N), Fabián Doman, Débora Plager, Paulo Vilouta y Martín Candalaft (América TV) por asociar al nazismo sus dichos de la “superioridad estética”. Milei mantuvo la presión judicial hasta que aquellos se disculparon. Ahora, otro de los llamados “ensobrados”, Jorge Lanata, planteó a Milei cesar su demanda si quien se disculpa es él.

Tres días después, el 16 de agosto, en su mensaje “Periodistas en llamas”, Milei celebró que la prensa perdiera terreno ante las redes. Lo publicó en la red de Elon Musk. A ese mega-empresario le había dedicado un pasaje de su discurso presidencial, con nombre y apellido, algo inédito en una asunción. Luego, por decreto, desreguló los servicios de internet para facilitar la llegada de Starlink, la red de Musk.

Ahora, Milei evaluó que la “basura subterránea (…) llora por haber perdido el monopolio del micrófono”, que querría para “mentir, calumniar, injuriar, disfamar y hasta extorsionar sin costo”, según él. “Quienes lloran censura cada vez que se los critica frente a un hecho muestran que son mentirosos. En este sentido, las opiniones vertidas sobre la red X son un gran ejemplo”, escribió.

Horas después, la respuesta no vino desde la izquierda sino desde otros voceros de los intereses de las derechas. Elisa Carrió evaluó que Milei “no sabe a dónde va y por eso culpa a los medios”. Y agregó: “Ser liberal es garantizar a rajatabla la libertad de expresión del periodismo”.

Diez días después, Milei acusó a los periodistas de hostigar a Lilia Lemoine, diputada de su íntima confianza. En este caso fue porque una producción radial la había llamado con insistencia para sacarla al aire. “O’Donnell es mi despertador privado”, deslizó la legisladora al reproducir sus capturas de pantalla y citó a un canal televisivo en tono crítico luego de que dieran aire a dos disidentes de su bloque. Milei lo consideró “hostigamiento”, sin “el más mínimo respeto”.

Otra colega, Romina Manguel, envió un mensaje indirecto al titular del PEN: “Pregúnteles a Luis Majul, Esteban Trebucq o Jonatan Viale si es hostigamiento la cantidad de mensajes que mandan para conseguir la nota”.

En las últimas horas, un ex conductor en CNN como Marcelo Longobardi llamó a involucrarse más en la defensa de la libertad de expresión. “A mí, Milei me dice ‘hijo de puta’ y nadie abre la boca. Los periodistas tenemos que estar involucrados con el trabajo de los colegas, con la libertad de expresión (…) Traté de no hacer periodismo de periodistas, pero el problema de los medios de comunicación y de los profesionales involucrados en la política, operaciones y cosas raras es un tema”.

Nada nuevo ni aislado.

 

 

Internacionales

Al mismo tiempo de los enredos argentinos de Milei, llegaba desde las Naciones Unidas la noticia de que el Estado que representa era vencido en una disputa internacional por un periodista independiente; para peor, ex montonero.

El Comité de Derechos Humanos en Ginebra desestimó la condena de la Corte Suprema contra Juan Gasparini, quien explicó en su web: “El caso resuelto por el Comité de la ONU se vincula a los procedimientos judiciales por la apropiación de bienes cometidos en perjuicio de desaparecidos, sobrevivientes y familiares, durante la dictadura, perpetrada por militares que operaban desde el centro clandestino de detención y exterminio de la ESMA y sus cómplices civiles”.

Sobre aquellos temas se había referido en notas y en La delgada línea blanca, el excelente libro de investigación periodística coescrito con Rodrigo de Castro, por el que recibieron el Premio de Literatura de no ficción Walsh Internacional, en Gijón, España (2001).

El Estado reconoció que “se violó el derecho a la libertad de expresión del autor debido a una desproporcionada restricción de su derecho a difundir información y la participación de jueces ostensiblemente opuestos al proceso de memoria, verdad, justicia y reparación”.

Por eso, el Comité de la ONU valoró “la propuesta del Estado de entablar un diálogo” y la “aceptación de los hechos, como su reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones del derecho a la libertad de expresión”.

“El Comité estima que dichos reconocimientos estatales constituyen una contribución positiva, que tienen un alto valor material y simbólico en aras de que no se repitan hechos similares. (…) el Comité considera que ha cesado la controversia y acepta la posición de las partes de que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una vulneración del derecho del autor a la libertad de expresión y del derecho a la garantía de un juez imparcial”.

Quienes aspiran a no quedar “aislados del mundo” harían bien en tomar nota de la importancia dada a “que no se repitan hechos similares”, como dicen en la ONU.

 

Respuesta conjunta

El nuevo decreto que limita el acceso a la información pública fue cuestionado por más de medio centenar de organizaciones del sector civil porque introduce “restricciones significativas” al acceso a la información pública. El decreto 780 aumenta los requisitos para solicitar datos al Estado, es más restrictivo de lo que considera información pública, excluye datos de naturaleza privada gestionados por entidades privadas y reduce el alcance de la divulgación de documentos de gestión pública, financiada por los contribuyentes.

“Un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016”, recordaron en una carta conjunta más de 60 organizaciones firmantes como Amnistía Internacional, el CELS, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

 


La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa señaló que “esta reforma limita la definición de ‘información pública’ y establece un criterio discrecional para considerar qué es información ‘secreta’. Es decir, atenta contra la transparencia en la gestión pública”. Alertó por “el impacto que esta medida puede tener sobre la comunicación porque restringe el acceso al derecho a la información y cercena parte de la tarea periodística de investigación y difusión”.

 


La Fundación Poder Ciudadano, que había litigado por la implementación de la ley, se mostró preocupada por la “reducción del derecho de acceso a la información”, ya que el decreto contradice el principio de presunción de publicidad que sostiene el derecho a la información pública. “Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción”, indicaron.

En tanto, la patronal Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su alarma dado que podrían facilitarse “aplicaciones restrictivas que socaven la transparencia y la rendición de cuentas”. Según ADEPA, las nuevas excepciones permitirían que los funcionarios incumplan su obligación de proporcionar información pública bajo pretextos “vagos”. Su ojo entrenado detectó que el decreto se refiere a “documento” para excluir las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, lo que limita más aquello que pueda revisarse.

Desde el CELS, su directora Paula Litvachky sostuvo: “Prohíben que una persona pida muchas veces la misma información; pero si esos datos estuvieran disponibles en algún lado no habría ni que pedirlos”. Con tantas limitaciones, cuanto más difícil sea acceder a la información, más filtraciones se buscarán: “Se agranda el mercado negro de la información. Y los funcionarios se la darán a quienes quieran, aumentando la arbitrariedad en su acceso”.

 

El silencio es salud

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que debería “garantizar el ejercicio” de ese derecho, no se expresó sobre el decreto. Tiene como directora a Beatriz de Anchorena, designada en 2022 por la administración anterior, con cinco años de mandato para garantizar autonomía ante los gobiernos.

Su web sostiene que durante la gestión Milei respondió al 88% de las 7.119 solicitudes, con una demora promedio de trece días. Sin embargo, una radical, la diputada Karina Banfi, critica su “deficitario” desempeño: “De Anchorena desconoce la materia; desde que se encuentra a cargo, la AAIP funciona mal. Hace más de tres meses que espero información sobre cómo se financió el viaje a España para un acto del partido ultranacionalista Vox”.

 

Memoria

No deja de ser paradójico que estos debates se den al tiempo que el mundo recuerda el día del periodista, en memoria de Julius Fucik, un comunista checoslovaco que escribió bajo la ocupación nazi que lo apresó para mandarlo a la horca; aquel que, en una celda sucia, sobre papeles viejos, borroneó una de las crónicas más traducidas, Reportaje al pie del patíbulo, adonde llegó el 8 de septiembre de 1943 luego de su condena del 25 de agosto. En esas dos semanas legó la enseñanza de que siempre es posible –y necesario– decir algo para las nuevas generaciones: “Por la alegría he vivido, por la alegría he ido al combate, por la alegría muero. Que nunca el ángel de la tristeza sea unido a mi nombre”. Más allá del uso que se le haya dado durante la guerra fría, perdura su testimonio de cronista que trasciende con su obra, escrita de apuro en el peor contexto.

No serán unos nuevos fachos despeinados quienes logren esta vez frenar la difusión de las ideas o la información.

 

Fucik: “Por la alegría he vivido, por la alegría he ido al combate, por la alegría muero”.

 

 

 

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