Porque sí

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

Tres hechos que ocurrieron en las últimas horas nos muestran cómo la Justicia permanece en medio de una bruma en la que todo parece en movimiento, aunque los cimientos de los problemas siguen firmes.

Los protagonistas son el Presidente de la Nación, la asociación Usina de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mauricio Macri presentó el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el 24 de septiembre. En el acto criticó a la Justicia y enfatizó que su gobierno trabajó por la independencia judicial.

En esta columna se repitieron hasta el hartazgo las críticas a las decisiones de la administración de Mauricio Macri; en particular, en relación a las intervenciones del Poder Ejecutivo en el campo judicial.

Los traslados de jueces y fiscales, los juicios políticos iniciados a magistrados que investigaban al gobierno y hostigamientos como los de la fiscal Gabriela Boquín, por ejemplo, dan cuenta de la contradicción entre el discurso republicano y las acciones reales.

El gobierno de Macri estuvo siempre muy lejos de lo que prometió aquel 10 de diciembre de 2015. En este sentido, el discurso presidencial del martes tuvo muy poco que ver con lo que hizo Cambiemos durante estos años.

El mismo día, Diana Cohen Agrest, y desde la organización de la sociedad civil “Usina Justicia” que no puede ser calificada desde ningún aspecto como kirchnerista, detalló críticas puntuales a la administración de justicia. Desde la perspectiva de las víctimas, Cohen Agrest destacó la distancia entre las palabras y los hechos.

La Corte, por su lado, desestimó un recurso que presentó Cristina Kirchner en una querella que seguía al juez Claudio Bonadío por su actuación en la causa del “Dólar Futuro”. Los supremos resolvieron el recurso de un modo legal, pero que no se recibió con claridad en la sociedad. Se trata de esa posibilidad de rechazar recursos sin analizar el fondo de la causa.

Basta repasar los portales de noticias para ver la disparidad de interpretaciones. Para un sector de la sociedad, la Corte avaló al juez Claudio Bonadío. Para otro sector, la Corte no quiso hacer justicia. Es evidente que el fallo no es claro y en su ausencia de claridad profundiza las divisiones sociales, cuando el trabajo de las instituciones debería ser suturar esas fracturas.

Es inobjetable que, desde el punto de vista jurídico, la Corte actuó de acuerdo con la ley. Sin embargo, la forma en que se aplica la ley a veces no contribuye a pacificar el contexto.

Juristas que abarcan gran parte del espectro ideológico, desde Roberto Saba a Raúl Zaffaroni, critican la estructura institucional argentina que autoriza a los jueces a decidir con una discrecionalidad tal que les permite, cuando quieren, analizar los casos y, cuando no quieren, desestimar los recursos. Esto pasó en el caso Bonadío. Los jueces tuvieron la causa en sus manos pero no analizaron los hechos, ¿cómo explicarlo al ciudadano de a pie?

Parte de la agenda de reforma judicial debe crear un mecanismo que impida a la Corte tomar decisiones de este tipo que se prestan a lecturas tan diversas. Sería sano que las causas lleguen o no lleguen a la Corte. Pero si lo hacen, que los supremos tengan que analizar el caso. De lo contrario, indefectiblemente, sentencias de este tipo van a seguir profundizando la grieta.

Los tres hechos que elegí muestran el reclamo de mejoras a la Justicia de parte de la sociedad civil y el contraste del discurso institucional que produce actos que poco tienen ver con las necesidades de la realidad.

 

 

* Publicado en #DosJusticias

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