Por una justicia (más) elitista

 

Mientras el oficialismo intenta conseguir los votos para aprobar en Diputados la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, un reciclado actor está impulsando una serie de reformas judiciales: la pregunta de fondo es a qué sectores tiene que responder la Justicia. Son los hombres y mujeres de negocios nucleados en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) y en el Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino (IDEA), con el know how que aporta el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires.

Las prioridades invocadas por esa tríada empresarial pasan por restituir a la Corte Suprema el manejo de los fondos del Poder Judicial y hacerla “más eficiente”, “despolitizar” el Consejo de la Magistratura y avanzar en la digitalización de la Justicia. También quieren “simplificar” y “agilizar” los procesos civiles y comerciales, fueros menos visibles que el penal pero en los que se dirimen causas millonarias como la del Correo Argentino. Sus propuestas buscan apuntalar en teoría las “prácticas éticas” y obtener recursos económicos para garantizar la “autonomía judicial”.

Pocos días antes de lanzar su propuesta, la Cámara de Comercio de Estados Unidos había planteado su “extrema preocupación” con la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que impulsa el gobierno. La entidad que preside Roberto Alexander dijo que el cambio en la mayoría para elegir al procurador general implicaba un “grave retroceso institucional” (sic). ¿Qué implica que una Cámara de Comercio opine sobre un proyecto de reforma de un órgano del Poder Judicial? Un funcionario judicial que trabaja en la prevención de la corrupción dijo a El Cohete a la Luna que el pronunciamiento le recordó a la reacción de la Cámara de Comercio de Guatemala en defensa del dictador José Efraín Ríos Montt.

 

 

 

 

Una línea de conducta

Lxs empresarixs dicen manejar encuestas que arrojan que el 80% de la ciudadanía cree poco o nada en la Justicia, que tiene “grandes déficits y deudas con la sociedad”, carece de transparencia y eficiencia.

“No es cierto que busquen una justicia independiente, ellos son la justicia que defendió y que sigue defendiendo a los genocidas” de la última dictadura cívico-militar, planteó a El Cohete a la Luna una integrante de la asociación Justicia Legítima, actual funcionaria, que trabajó muchos años en el Poder Judicial. La misma fuente consideró difícil que las “ocho propuestas” para modificar la Justicia encuentren eco en la oposición, porque a Juntos por el Cambio no le conviene ninguna reforma que implique menor representación de la política en el Poder Judicial.

AmCham, IDEA y el Colegio de City de Buenos Aires plantean un argumento remanido: “Para invertir, las empresas necesitan el respeto de las reglas de juego y en la Argentina a menudo se cambian”. En la presentación, Máximo Fonrouge, presidente del Colegio, dijo que hay que buscar salir de la lógica “grietera”.

 

 

 

¿Desde dónde habla Fonrouge? El Colegio es conocido por la defensa histórica del golpe cívico-militar de 1976 y por sus relaciones con el PRO. En 2017 el entonces Presidente Mauricio Macri cargó desde allí contra la “mafia de la industria de juicios” y apuntó a “jueces malos” del fuero del Trabajo que hoy son testigos en la causa “Mesa judicial M” como víctimas de los aprietes del gobierno de Cambiemos. La misma organización se sumó a la campaña de persecución a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, que terminó renunciando por las presiones hacia ella y en particular hacia sus hijas.

A principios de este mes, en un análisis del fallo de la Corte Suprema que ratificó la posición del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la presencialidad en las escuelas porteñas (en contra del Decreto presidencial), el Colegio señaló que “el Alto Tribunal ha ido atribuyendo a la Ciudad de Buenos Aires un status especial, reconociendo su carácter de sujeto del diálogo federal. Incluso (…) se la califica como ‘ciudad constitucional federada’”, pese a que la reforma constitucional de 1994 no pretendió convertir ni equiparar a la Ciudad con una provincia, tal como recordó el juez Juan Manuel Soria Acuña en El Cohete.

El próximo 29 de julio el Colegio cumplirá 108 años. Entre sus socios fundadores figuran Miguel Cané, Horacio Beccar Varela y Alfredo Palacios. El primer presidente fue Norberto Piñero; después ocuparon ese cargo, entre otros, José María Sáenz Valiente, Ernesto O’Farrell y Roberto Durrieu, fiscal adjunto en la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, cuando Ramón Camps decidía sobre la vida de los bonaerenses, y luego subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla.

Más acá en el tiempo, Durrieu fue defensor de Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien querelló al Presidente Alberto Fernández por haber escrito en un libro publicado en 1985 que funcionarios de la CNV y del Banco Central “constituyeron la Gestapo argentina”, que suministraba las preguntas con las que los torturadores militares de Campo de Mayo interrogaban a empresarios vinculados con los negocios de David Graiver (entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, padre del jefe de Gobierno porteño). El director de El Cohete, Horacio Verbitsky, contó que  fue testigo en la causa que le inició Etchebarne a pedido del Presidente, que había tomado el dato de una de sus notas sobre el juicio a las Juntas Militares. Verbitsky también publicó una minuciosa investigación sobre el rol del Colegio de la City de  Buenos Aires en las reformas legales de la última dictadura y en la defensa de las empresas extranjeras en los juicios contra la Argentina en el CIADI a partir de 2003.}

 

 

PRO dictadura, propiedad privada y en contra de la IVE

“El Colegio Privado de Abogados (calle Montevideo) reclama igualdad entre los violadores de derechos humanos y los detenidos por otras causas para pedir su libertad. La historia mundial demuestra que no hay paridad. Lástima que calló durante la dictadura”, tuiteó el abogado laboralista Héctor Recalde en noviembre de 2019.

En diálogo con El Cohete, Recalde, que litigó contra ellos, explicó que los abogados nucleados en dicho colegio –que no es público– “conciben al Estado como un adversario”. Puntualizó que se manifiestan en contra de cualquier estatización que haya propuesto el Ejecutivo porque consideran al “derecho de propiedad como un valor supremo”. “Nosotros en cambio entendemos la función social de la propiedad”, subrayó el ex diputado del Frente de Todos, aunque les reconoció “todo el derecho del mundo a ser conservadores”. “Entre estos abogados y yo, como diría Serrat, hay algo personal”, ironizó Recalde.

“Pienso que sí tienen anclaje en el Poder Judicial, que es un poder conservador, salvo excepciones”, advirtió y recordó un dato histórico significativo: a partir de 1916 y hasta 1950 el Colegio tuvo su sede en el Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, a instancias de la Corte Suprema. Ese año, el Presidente Juan Domingo Perón los desalojó y desde entonces ocupan la casona de Montevideo 640.

Desde allí pelearon fuerte para que no se aprueben en el Congreso las leyes de matrimonio igualitario y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Perdieron, por amplia mayoría.

En noviembre de 2015 el Colegio obtuvo un fallo favorable de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró inconstitucional la ley que establece la actual composición del Consejo de la Magistratura. Dicha causa llegó por apelación a la Corte. El Máximo Tribunal aún no se pronunció.

El proyecto de la tríada busca mayor presencia de abogados para elegir y sancionar a los jueces. Proponen que el Consejo aumente de dos a cuatro la cantidad de abogados por la matrícula federal. Además sugieren que el presidente de la Corte Suprema vuelva al Consejo, tal como ocurría hasta 2006, cuando entró en vigencia la ley 26.080. Los hombres y mujeres de negocios pretenden que, en lugar de diputados y senadores electos por mandato popular haya “representantes” de la política. La menor participación de la “política” a favor de las corporaciones permitiría que el Consejo de la Magistratura sea “contramayoritario”.

 

 

 

 

¿Democracia interna? La integración de las comisiones

Un alto dirigente del Colegio Público de Abogados, que tiene su sede en la avenida Corrientes, explicó que aunque el espacio que nuclea a sus colegas de calle Montevideo tiene el nombre de Colegio, no lo es sino que es una asociación civil sin fines de lucro. Los colegios de profesionales (médicos, abogados, contadores, psicólogos) están creados por ley. “En la práctica el colegio de la calle Montevideo funciona como un club de leones, profundamente elitista”, dijo. Para que ingrese un nuevo socio necesita el aval de dos miembros. Y después se lo evalúa. Hoy cuenta con alrededor de 1.200 miembros, mientras el Colegio Público está matriculando a nuevos abogados con el número 140.000. El dirigente calculó que cuentan con unos 85.000 activos.

Los estudios que manejan el Colegio de la City de Buenos Aires se dividen entre patrocinantes y benefactores. En la primera categoría están las firmas Allende y Brea; Bulló Abogados; Estudio Beccar Varela; Hope Duggan y Silva; M y M Bomchil; Martínez de Hoz y Rueda; Marval, O’Farrell y Mairal; Nicholson y Cano; Pérez Alati, Grondona, Benítes y Arntsen; Zang, Bergel y Viñes Abogados. En la categoría de “benefactores” están: Cassagne Abogados, Durrieu Abogados, Estudio Moltedo; Fontán Balestra y Asociados. Y en la categoría de socio patrocinante, Alfredo Iribarren. Para Recalde esta forma de organización significa una ausencia total de democracia.

El Colegio de la City de Buenos Aires tiene más de 30 comisiones internas. Según la web, la de Derecho Penal y Procesal Penal la integra Marta Nercellas, abogada de la DAIA. El Tribunal que juzgó el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA-DAIA –del que se conmemoran 27 años– denunció a Nercellas ante el Colegio Público de Abogados por la grabación ilegal de un imputado, el policía bonaerense Bautista Alberto Huici. Le suspendieron la matrícula por un tiempo. Nercellas también fue abogada de Rubén Beraja y ahora –según publicó Juan Salinas en el blog Pájaro Rojo– defiende al periodista de Clarín Daniel Pedro Santoro en la causa por aprietes y extorsiones que tiene como cara visible al espía Marcelo D’Alessio.

En la comisión de Derechos Humanos participa Victoria Eugenia Villarruel, defensora de los represores de la última dictadura desde el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) quien fuera recibida a poco de asumir por el secretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, Claudio Avruj. Villarruel suena como candidata porteña en una lista encabezada por el libertario Javier Milei. También integra dicha comisión Alfredo Vítolo, presidente de la ONG Fores. En la comisión de Derecho de Libertad de Expresión revista el abogado Gabriel Bouzat, ¿ex? socio del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Un abogado con un cargo clave en el Colegio Público dijo a El Cohete que el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, es la figura consular del colegio, una “piedra fundante”. He aquí sus seguidores.

 

 

 

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