Resulta habitual, en cualquier lugar del mundo, que en los días finales de una campaña electoral se crucen acusaciones, denuncias o rumores. Sí es notable el carácter perturbador que ha tomado este fenómeno en los últimos días en la Argentina, porque se puso en evidencia la intención de provocar un exaltado clima de desasosiego, de “cuanto peor es mejor”, incentivando una corrida cambiaria e inflacionaria para indignar o desesperar al electorado, volcar preferencias o definir votantes indecisos.
La manifestación más evidente de la exaltación caótica ha sido la escatológica convocatoria del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, a generar una corrida de retiro de depósitos en los bancos, “ya que el peso no puede valer un excremento”, habiendo saludado previamente el salto de la cotización del dólar marginal en una reunión ante empresarios: “Cuanto más alta esté la divisa, más fácil va a ser dolarizar”.
Ha sido también un aporte complementario para la convocatoria a la desarticulación financiera y cambiaria inmediata la afirmación del referente económico de la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, Carlos Melconian, al asegurar que “la sociedad ya decidió la bi-monetariedad y lo vamos a respetar”, anticipando que propondría que el “dólar también sea una moneda legal”, en tanto ha llamado a una mayor devaluación del peso oficial a 600 pesos hacia fin de año, lo que significaría una devaluación del 64 % respecto a la cotización actual de 365 pesos por dólar [3]. En todo caso, el hombre de la Fundación Mediterránea no refiere los efectos que conllevaría la existencia de dos monedas alternativas de curso legal entre sectores económicos y sociales “dolarizados” y “pesificados” y de una mayor devaluación inducida [1].
¿Ajustar qué y a quién?
Los analistas, tanto locales como del exterior, coinciden en que, superada la sequía de la campaña agrícola 2022/23 y con el sensible cambio esperado por el logro del mayor auto-abastecimiento energético, con la puesta en marcha del gasoducto desde Vaca Muerta, las expectativas del comercio exterior del país son promisorias. Aun siendo que se trata solo de estimaciones, un informe reciente del Banco Central refiere expectativa de un saldo comercial externo de 22.431 millones de dólares para 2024, que va a ir creciendo hasta llegar a los 41.792 millones en 2030. Pudiendo diferir en cifras, los pronósticos privados coinciden también en que la balanza comercial revertirá notablemente el mal desempeño de este año. Habría dólares, pero el interrogante abierto es sobre su utilización y destinatarios preferenciales de acuerdo con cada proyecto político.
Este año 2023 sí terminará siendo negativo para las cuentas externas del país. El signo más patente de la falta de divisas ha sido la caída de las reservas internacionales del Banco Central. La presión se agudizó por la acumulación de compromisos de liquidación de importaciones, pagos de servicios reales y financieros y los enormes vencimientos de capital e intereses a cargo del tesoro nacional a partir del presente año en adelante, tanto con organismos multilaterales —incluido el FMI—, como con acreedores privados.
En paralelo, debe reconocerse la significación de la bola de nieve auto-alimentada por el Banco Central (principalmente, con las LELIQ), con altísimas tasas de interés, lo que genera un circuito de vaciamiento del financiamiento real a la actividad económica por un dinamismo de emisión de títulos de corto plazo solo especulativo, para una extorsiva absorción monetaria de corto plazo. La presión financiera y la especulación han sido estimulantes, asimismo, de fugas de capitales y de la multiplicación de maniobras ilegales en el comercio exterior jugando con los diferenciales cambiarios.
No es casual que se llame a desarmar y/o depreciar la moneda nacional con corridas cambiarias. Se apunta a una recesión mayúscula “disciplinadora”. El efecto de arrastre del incremento de precios, en depreciados salarios y gastos sociales, conlleva un mayor crecimiento de la pobreza y la indigencia. Son lugares comunes declaraciones sobre la necesidad de priorizar “el equilibrio fiscal”, pero se oculta que el gasto público corriente (que incluye salarios, jubilaciones, planes sociales) ha venido cayendo con relación a la inflación, en tanto sí han venido creciendo, y sustantivamente, los pagos financieros [2].
En tono con la línea del FMI, la “dureza estabilizadora” reclamada se basaría en una sensible caída de la demanda interna, fundada en una fuerte devaluación cambiaria y ajustes fiscales contra las condiciones de actividad y niveles de vida de la mayor parte de la población que no ha provocado la crisis.
La referencia de Milei a prometer “más que lo que exija el FMI”, o el juego de palabras del bi-monetarista Melconian, pocos días antes de la corrida cambiaria, “el dólar paralelo está barato”, pusieron en evidencia la intención inocultable de shocks regresivos post-electorales, que se ocultan detrás de los mensajes de campaña de “voy a ir con la motosierra” o “es todo o es nada”.
El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, respondió a la ola desestabilizadora: “Agitar, decirle a la gente: ‘saquen los depósitos’… yo cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo, porque esta irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, les hace daño a millones de argentinos”.
Diferenciar propuestas
En el fárrago de noticias y debates de actualidad, no debieran pasar desapercibidas las declaraciones días atrás del ex director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2013 y 2021, Alejandro Werner, al confesar que el organismo de crédito “no tiene herramientas” con relación a la gestión económica del actual gobierno argentino. Pero, sobre todo, debiera haber llamado la atención la expresión del economista en forma desembozada de una posible alternativa para el país para lograr divisas para proyectos dolarizadores: “Tal vez si empeñas la pampa húmeda, pero solo poniendo como garantía uno de los grandes activos del país o todas las reservas de litio”. Con la misma perspectiva liquidadora, el director del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos (CEMA), Jorge Ávila, ha asegurado: “No vamos a llegar a una dolarización si no es en medio de una gran crisis”.
Como contracara a tanto proyecto desembozado, esta semana, organizaciones de trabajadores, de empresas pymes, empresas recuperadas, cooperativas, mutuales y movimientos sociales como CTA de los Trabajadores; Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT; Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME); Central de Entidades Empresaria Nacionales (CEEN); Consejo Productivo Nacional (CPN); Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC); Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M); Frente Productivo; Agrupación Grito de Alcorta; Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP) y Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) emitieron un documento conjunto como Espacio de Producción y Trabajo. En este denuncian “el propósito de desborde económico y financiero”, proponiendo medidas concretas para el apuntamiento de la producción y el trabajo. La posición compartida es su oposición a una “estrategia económica del país basada en bajos salarios, devaluación del peso, recortes sociales regresivos y la mayor extranjerización de la economía”.
En un marco de inquietud social creciente, las elecciones del 22 de octubre ponen en perspectiva qué nos proponemos ser, defender y delinear.
[1] Sir Thomas Gresham (1519-1579) fue un comerciante y financista inglés que observó el comportamiento en un país en el que circulan simultáneamente dos tipos de monedas de curso legal. Su aporte, denominado habitualmente como Ley de Gresham, refiere el comportamiento público en la relación entre una moneda considerada “buena”y más confiada, y otra “mala”, despreciada o devaluada. Las personas prefieren ahorrar en la primera y utilizar la última como medio de pago, y el dinamismo perjudica a quienes tienen su vida económica en la unidad más débil (hoy, la mayor parte de los argentinos).
[2] En los primeros ocho meses del año, en tanto en los gastos corrientes con relación a la inflación cayeron un 4,5 %, los pagos por intereses de deuda pública crecieron un 16,5 %. Informe “Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional” — agosto 2023—. Ver en https://www.opc.gob.ar/download/30425/?tmstv=1694721226.
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