Por qué no llega la comida

 

El macrismo dejó una bomba de tiempo. Y la bomba se reactivó con la discusión por la fallida compra de alimentos de Desarrollo Social. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, el Ministerio de Carolina Stanley pasó de entregar 1 millón de kilos de alimentos a 8,5 millones a comedores populares para contener la crisis social. Con el comienzo de la pandemia, en el mes de marzo, las organizaciones sociales pidieron triplicar las raciones. La fallida adquisición de alimentos paralizó todas las compras. Y hoy las organizaciones —que ya venían con retrasos— reclaman medidas urgentes porque no tienen alimentos para sostener el aislamiento en los sectores populares. Acá te contamos la historia.

 

 

 

 

El escenario

En julio de 2019 una encuesta comenzaba a registrar los primeros datos del hambre. Una muestra en la villa 11-14 de la ciudad de Buenos Aires señalaba que una de cada tres personas se iba a dormir sin comer. Los datos actualizaban imágenes que no se veían desde 2002, y agregaban que la mayor parte eran mujeres y una de cada dos había pasado diez días del mes sin tener qué comer. A marzo de 2020, el Estado nacional asistía a 8 millones de personas en comedores. Tras la emergencia sanitaria, en sólo dos días, entre el 26 y 28 de marzo, el número se disparó a 11 millones. El 40 por ciento de ese incremento impactó de forma diversa. En Lomas de Zamora la demanda aumentó 50 por ciento, en Quilmes se aceleró un mapa de 110 puntos de asistencia que crecen con el correr de los días y ahora suman 130 puntos. Un comedor de La Boca pasó en un mes de entregar 150 raciones  a 350. Otro indicador del drama del hambre en pandemia surge del Programa de Abordaje Comunitario, una de las herramientas de política públicas más importantes del Ministerio de Desarrollo Social de veinte años de antigüedad financiado por PNUD. En julio de 2019, el Programa asistía a unos 1.200 centros de todo el país, hoy son cerca de 3.000. En el mismo período, sólo en la zona del AMBA pasaron de atender 86.000 personas para una comida, a entre 120 y 130.000.

La discusión abierta por la fallida compra de alimentos volvió a poner en debate los mecanismos de compra y de proveedores del Estado, entre los cuales había dos proveedores con años de relación con Nación. Son los intermediarios a los que Alberto Fernández mencionó como los bolseros de alimentos.

 

 

 

 

A dos días del desbarajuste en las colas de los bancos por el pago a jubilados, la discusión se trasformó en una daga con la que la oposición y el mantra mediático empresario puso en discusión dos de las políticas públicas más importantes del gobierno para la contención de la pandemia. El ataque parecía discutir la implementación y no la política de fondo, pero los efectos fueron políticos.

Hoy la decisión del gobierno de dar marcha atrás con la compra directa de los 8,5 millones de alimentos tiene desabastecidos los depósitos del ministerio. Y a las organizaciones reclamando partidas demoradas. Es sólo una de las cinco líneas de asistencia alimentaria del ministerio de Daniel Arroyo, pero es la que abastece a los comedores en los sectores más empobrecidos.

El miércoles pasado Arroyo encabezó la tercera reunión del Comité de Crisis nacional integrado por organizaciones de todo tipo, sociales, religiosas católicas, protestantes, también intendentes propios y ajenos. En la reunión también estuvo la Ministra de Desarrollo Comunitario de la provincia de Buenos Aires, Fernanda Raverta. Uno de los asistentes dijo que la reunión fue tensa. Dina Sánchez del Frente Popular Darío Santillán y Eduardo Montes de Fatraes (Federación de Trabajadores de la Economía Social) reclamaron por los alimentos y dijeron que no estaban llegando a los barrios. Le pidieron al Ministro agilizar la entrega de comida porque están demorados los pedidos de alimentos secos para los comedores comunitarios. “Necesitamos en forma urgente atender estas necesidades”, dijo Montes.

 

 

 

 

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (PJ), después de exagerar su apoyo al ministro en estas horas se quejó por la presencia de ollas populares en los barrios. Dijo que todo era una anarquía y que el municipio se estaba descontrolando porque todos los días aparecen ollas populares. Esa queja que entra en la lógica de la disputa territorial con las organizaciones es también una imagen que permite saber que el Estado sólo llega a una parte de las calles a través de las organizaciones.

En el comedor La hora de los pueblos de La Boca la Fatraes pasó de abrir 2 días a la semana, a 3 días y un sábado de por medio. Mientras esperan el alimento seco, apelan a lo que hay. Entre eso, llamadas de teléfono para activar cadenas solidarias. En una llamada, obtuvieron diez mil pesos de un integrante de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) con el que corrieron a Potigian a comprar salsa, arroz y fideos para la básica. Acá podes escuchar las corridas de esta semana.

 

 

 

 

 

“En La Matanza, Quilmes, La Plata, Berazategui y Varela se come lo que cae en la olla”, dice Eduardo Montes. “Hoy hay disciplinamiento social: el Estado te pide estar aislado sin actividad económica laboral, donde los más perjudicados son los que no están registrados. Pero ese disciplinamiento tiene un límite que es la heladera”.

 

Los tapabocas de Stanley

El informe que muestra la dimensión del problema gestado por Cambiemos señala que en el período 2015-2019 hubo un incremento de 313,5 por ciento de alimentos distribuidos a través del Ministerio de Desarrollo Social a organizaciones e instituciones de todo el país. En términos anuales, los números pasaron de 8 millones de kilos en 2015 a 55,4 millones de kilos en 2019. La distribución más alta se concentró en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Pero hubo aumentos significativos en 2017 en Jujuy y Tucumán. Y en 2019, en Córdoba, Salta, Santa Fe y nuevamente Tucumán. Esto muestra la envergadura que se esconde detrás de la discusión por los precios.

 

 

 

 

 

Entre 2016 y 2019, las organizaciones que se tornaron bocas de expendio pasaron de 382 a 1.035. Las cantidades entregadas variaron de acuerdo a la presencia territorial de distintas organizaciones y de la capacidad de negociación que mantenían con Nación.

La dimensión de los números explica la fenomenal inversión del macrismo para contener los efectos de la depredación económica; la estrategia de acceso al territorio vía organizaciones y el escamoteo a los intendentes. Pero también son una postal del futuro que imaginaron. Todos los programas de asistencia perdieron la contraprestación laboral, vital para generar una dinámica de salida, y fueron reemplazados por cursos y capacitaciones. Esto que redujo los programas a una mera política de bajada alimentaria, no sólo se hizo por ideología sino por costos. Sostener capacitaciones laborales o contraprestaciones implica gastos en herramientas y materiales de trabajo. No lo quisieron hacer.

 

Las demoras

A diciembre, los dos depósitos del Ministerio —en Villa Martelli y Tafí del Valle en Tucumán— no tenían mercadería suficiente para atender la demanda. Cambiemos suscribió el último acuerdo con las organizaciones en noviembre de 2019 por 8.655.339 kilos de alimentos, de los cuales entregó sólo 5 millones. Ya arrastraba retrasos desde septiembre. Y tenía deuda con los proveedores que con el cambio de gobierno no entregaban alimentos no sólo por la deuda sino porque especulaban con la expectativa de inflación.

La Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) señaló esta misma situación a su manera en un comunicado a partir de la discusión por los precios. "El Ministerio de Desarrollo Social adeuda a los proveedores mercaderías que le fueron entregadas desde septiembre a diciembre de 2019, la mayoría con precios anteriores a julio, las que fueran utilizadas por ese organismo sin que a la fecha se hayan cancelado dichas deudas, con un proceso inflacionario en ese período que supera el 40%". Y dicen: "En el caso de la provincia de Buenos Aires la ecuación es aún peor, ya que arrastra deudas de facturaciones del año 2018, en casos particulares, y de 180 días, en general, sin que exista posibilidad cierta que se puedan hacer efectivas las mismas".

 

Llegar a marzo

Entre diciembre y marzo el ministerio intentó resolver la demanda de alimentos. Pero en diciembre las organizaciones no recibieron nada, salvo una canasta de Navidad con cinco productos. En enero el gobierno dice que entregó una parte pero hay organizaciones que no recibieron nada. En febrero, recibieron 40 por ciento de lo acordado. Y en marzo llegó la pandemia. En la primera reunión del Comité de Emergencia Social las organizaciones pidieron triplicar la partida de raciones. El Ministerio analizó. Descartó envío triplicado, pero estudió adelantar partidas. En ese contexto se produjo la fallida compra de abril.

Hoy todo el episodio es investigado en la Justicia penal y en un sumario administrativo. Hubo una decisión de comprar siete productos en forma directa. De los siete productos, cinco estaban por debajo de la franja de precios testigo de la SIGEN. Y para otros dos, aceite y azúcar, los proveedores no aceptaron bajar el precio. Una mesa de diez personas, entre ellos tres secretarios de Estado, tomó la decisión política de comprarlos igual. Por esa decisión se fueron 15 funcionarios.

¿Se podía haber evitado? ¿Urgía la compra? ¿Era el momento de cambiar las reglas de juego?

Un ejemplo sirve para explicarlo. El gobierno tiene que comprar 1,7 millones de kilos de leche en polvo en unidades por kilo. El área que solicitó la compra propuso 10 empresas proveedoras del Estado, que están inscriptas en el programa Comprar. De las 10, sólo 6 tenían todos los papeles en regla para hacerlo lo que significa no tener deudas con el Estado y estar al día con las cargas sociales. El Estado pidió que presenten ofertas por kilo. Se presentaron tres. Dos presentaron por kilo y otra por unidades de 800 gramos, con lo cual quedó descartada. La SIGEN puso un precio testigo de 505,63 pesos por kilo/unidad. Milkaut ofreció 170.000 kilos a 360 pesos por unidad y Alimentos Vida SA ofertó 340.000 kilos a 498 pesos por kilo. Esto quiere decir que ni comprando a las dos empresas, el Estado consigue lo que necesita. ¿Qué hacer? Hoy saben que ofrecieron sólo lo que les sobraba por afuera de lo que ya tenían colocado en el mercado privado. ¿Habría que aplicar la Ley de abastecimiento?

 

La heladera

Como se dijo, esta es sólo una de las cinco líneas de entrega de alimentos del ministerio. Las otras siguen adelante. Una de ellas es el PNUD con el Programa de Abordaje Comunitario. Otra es la distribución de partidas para los comedores escolares de todo el país, con incremento de 100% en la pandemia. Y la decisión en el espacio de la provincia de Buenos Aires por ejemplo de mantener abiertas las escuelas como plataforma radial para llegar a las casas ahora con las cuatro comidas de alimentos secos. Otra es la Tarjeta Alimentar, que no aumentó montos pero aceleró tiempos con depósitos semanales. Y la otra es el fondo rotatorio de 370 millones de pesos que se entrega directo a municipios para compra de alimento o de productos de higiene. Aún así, por estas horas existen reuniones aceleradas contra reloj para entender cómo comprometer a productores que a la hora de la escasez escogen exportar lo que tienen porque eso les da más dinero.

La falta de bolsas de alimentos secos para abastecer los reclamos de las organizaciones sociales es posible que no afecte en lo inmediato la asistencia alimentaria urgente para los sectores populares sobre los que se superponen distintas políticas de Estado. En ese sentido no es la foto de 2002. No sólo porque el Estado se las apaña para llegar sino por el entramado social de este país, que aún cose y teje puntos de sostén en cada barrio. Eso oxigena los tiempos para la desesperada búsqueda de stock. Habrá que ver si los tiempos de esa carrera, a la que se sumarán los que el aislamiento vaya dejando afuera, llegan antes de que se acabe la heladera.

 

 

 

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