Por qué marchamos

 

Hay funcionarios que no funcionan y están en un Poder del Estado que parece sustraído al cuestionamiento popular. La sola nominación e interpelación hace peligrar la conservación del carácter corporativo que los distingue, y reaccionan.

Conservadores, corporativos y reaccionarios.

Las generalizaciones son odiosas e impropias del mundo real teñido de grises, por eso, los que integran ese poder y se resisten a sus reglas, son perseguidos y exiliados. Roma no paga traidores si el imperio judicial tambalea.

El derecho a peticionar, a expresar libremente las ideas, a manifestarse parece regir en nuestro país con la excepción de Talcahuano 550, donde reside la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tampoco en sus terminales de Retiro y en otros juzgados donde se dice administrar justicia.

Cualquier intento de poner en cuestionamiento la legitimidad de este tribunal -o señalar su descrédito-, está condenado a la partidización, a una fantasía destituyente y sediciosa o a la simple amenaza a la independencia del Poder Judicial. Lo dicen los escribas de las causas armadas, los generadores de denuncias desestimadas contra funcionarios judiciales no obsecuentes, las instituciones que apoyaron con su técnica la dictadura cívico militar y los financiadores con sus fundaciones de cartón del plan sistemático y estructural de persecución que rigió entre 2015 y 2019.

Sus autores, coautores, instigadores y participes aún pululan impunes y en sus cargos.

La Corte -supuesta última garantía y custodia de la legalidad- consintió las peores violaciones al Estado de derecho: el presidente y vice aceptaron ingresar por decreto en contra del mecanismo constitucional, accedieron pacífica y silenciosamente a ser espiados por el gobierno macrista, permitieron la doctrina Lorenzetti-Irurzun que fulminó el principio de inocencia, admitieron la designación y traslado de jueces a dedo destrozando la garantía del juez natural, consintieron la elección de juzgados especiales inaugurando el fórum shopping, vulneraron el derecho de defensa y el debido proceso de dirigentes políticos, sociales y gremiales, desoyeron la manda constitucional de protección al trabajo, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos (aplicaron el 2 x 1 con el fallo Muiña hasta que una plaza silenciosa les dijo Nunca Mas) y se arrogaron facultades legislativas con sus fallos.

Una joya para un poder cuyos integrantes señalan el mal funcionamiento de otros o repelen el reclamo popular por considerarlo fuera de los carriles institucionales.

No importan el más de medio centenar de causas que esperan ser resueltas en materia de delitos de lesa humanidad, donde el tiempo no sobra y es inmenso el peligro de impunidad por la demora, ni los recursos de queja de detenidos/as sin sentencia firme a la espera de una resolución, ni el manejo oscuro de la oficina de escuchas, las sentencias claramente antisindicales, la negativa a realizar la capacitación de género impuesta por la Ley Micaela y el manejo del presupuesto correspondiente al Consejo de la Magistratura.

Lo único que le importa a la corte es la corporación judicial.

Así lo demuestra el fallo que luego de 15 años resolvió la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 del Consejo de la Magistratura, que dispone la presidencia de ese organismo en cabeza del presidente de la Corte, la exhumación de una ley derogada por el congreso (24.937) y un plazo de imposible cumplimiento para ejecutar esa sentencia. El per saltum por los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli es otro ejemplo de los intereses sectoriales de este tribunal.

Al Poder Judicial solo le importa el Poder Judicial.

El 28 de diciembre de 2021 se cumplieron 20 años de la movilización a la Corte de la mayoría automática menemista que colmó el vaso del hastío popular con la declaración de constitucionalidad del “corralito” el último día hábil del año 2001. El deja vu persigue el presente.

 

Una función constitucional incumplida

 

Hay un Poder constituido del Estado que dice la ley, en el sentido mas estricto y profundo de la palabra. Es el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia su cabeza.

En esa afirmación se juega la existencia, procedencia, efectivización y también negación de los derechos y garantías incluidos en nuestra Constitución Nacional, Tratados Internacionales y leyes.

Un poder que interpreta un discurso, como tal, sufre las transformaciones de las pujas interpretativas derivadas de las relaciones de poder. La “libertad” y “propiedad” son visibles ejemplos del significado antagónico que contienen esos derechos según quien los interprete. No hay significados impolutos, invariables ni sacros, pero si hay un principio de contradicción; principio de inocencia no es el de culpabilidad, aunque los autopercibidos académicos incursionen en el terraplanismo semántico.

No coincido con la visión maniquea del derecho que supone, por un lado, la consolidación de las relaciones sociales y productivas de dominación y, por el otro, el establecimiento de normas asépticas sin contenido ideológico.

Las conquistas sociales materializadas después en normas -como las vacaciones pagas, el aguinaldo y el salario mínimo-, reafirman la historia que las precede, y descarta la inocuidad de laboratorio que sostienen unos y la perpetuación de las relaciones de dominación que sustentan otros.

Las leyes que emanciparon a los sectores vulnerables, que igualaron a los postergados y compensaron inequidades preexistentes son aún flanco de diatribas de los sectores dominantes que tienen la cancha inclinada a su favor.

Ver y practicar el derecho como instrumento igualador -que toma nota de la desigualdad inicial de trabajadores/consumidores y de los conflictos reales-, depende de un giro copernicano en la cosmovisión, ejercicio y conciencia colectiva. También, y fundamentalmente, en la formación de las personas destinadas a interpretarlas y aplicarlas.

Los dueños de las cosas y las palabras van a seguir emperimetrando el derecho y la justicia a una guarida de intelectuales ungidos, y lejos de hacerlo a través de la lisa y llana exclusión del pueblo (porque el monstruo nunca toca la puerta y se presenta como tal), lo harán con la ominosidad del lenguaje encriptado y el manto de señorío que conocemos.

Sustraer las cosas del dominio de la discusión colectiva mantiene el diccionario en manos de clasistas o, en el mejor (o peor) de los casos, de progresistas de la doxa, esfinges sin territorio u oradores del neumeno.

Desde ya que las personas acostumbran a comer todos los días -y hasta ahora el tiempo corre en una sola dirección-, motivo suficiente para entronizar la economía, la distribución de la riqueza y el salario como medio de subsistencia, pero soslayar la cuestión jurídica a una secundarización implica, primero, erigir sínodos habilitados para hablar de temas judiciales (y tratarlos) y, segundo, desconocer que en los últimos años es ese poder judicial obstruyó el ejercicio y desconoció derechos fundamentales.

No cumplió la función que le asigna la Constitución Nacional de administrar justicia para todos y todas con apego a la totalidad de los derechos y garantías incluidos en ella.

Las banderas no se abandonan porque los privilegiados nos digan que son irrelevantes o nos tracen prioridades.

 

¿Quién los sostiene?  

La fuente de legitimación del Poder Judicial está en el mismo lugar que la del Ejecutivo y el Legislativo; en el pueblo. Al fin y al cabo es su destinatario final.

Nos enseñaron a escrutar la fuente de legitimación del derecho en una norma fundamental, exterior al sistema jurídico, y excluir a las mayorías de esa validación.

Pero el derecho no es fé ni tiene un Dios que lo legitime (independientemente de quienes crean en un trasmundo), es un producto social que encuentra causa y finalidad en las personas en particular y el pueblo en general. La dificultad es que se trata de un poder cuyos integrantes no pasan por el escrutinio popular.

Desde que la ciencia destronó a la divina providencia, el hueco argumental en materia jurídica que dejó el lugar de Dios lo llenó otra entelequia inasible con distinto nombre y sin contacto con lo popular: la ley.

Ese es el motivo fundamental para modificar la concepción sobre el derecho, la función del Poder Judicial y su poder constituyente en el pueblo.

 

Que nadie se coma al caníbal

En este mismo portal escribí hace unos meses que transformar una forma de construcción de poder aristocrática por la de una progresía intelectual que -al igual que el conservadurismo reaccionario-, supone portar una condición especial de la vanguardia iluminada para enseñarle al vulgo su liberación, significaba suplantar la aristocracia judicial por la bienpensante, o suponer que en su seno está la quintaescencia de la solución.

El desafío es construir un poder judicial fuera de las lógicas palaciegas que escapan a los conflictos reales. De lo contrario corremos el riesgo casi certero de sustituir unos elegidos por otros.

Esta convocatoria a marchar por un Poder Judicial para el pueblo y por la democratización de la justicia reconoce ese principio en su composición y desarrollo, sin dueños ni representantes vicarios.

Hay un capital simbólico, político y cultural que se condensa en la conquista de la memoria, verdad y justicia. Se construyó con la defensa irrestricta del Estado de Derecho, y esa preeminencia guía la convocatoria. No hay profetas, tablas ni Monte Sinaí.

 

Que no se repita

Sin garantía de no repetición el terrorismo económico volverá con otras formas y cooptando otras instituciones. La forma de Estado mafioso (cuya criminalidad organizada toma el aparato del estado entrelazando lo legal e ilegal, al decir de Rocco Carbone) persiste en el poder judicial. Para conseguir la garantía de no repetición hay que asegurar la ausencia de impunidad, y para eso necesitamos un Poder Judicial independiente del poder político y fundamentalmente del poder económico.

Es necesaria la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que hoy tiene cuatro integrantes.

 

Cada pregunta tiene su respuesta

Marchamos por la democtratización del Poder Judicial

Por un Poder Judicial federal y con perspectiva de género

Por un Poder Judicial que respete incondicionalmente los derechos humanos

Por un Poder Judicial que no llegue tarde con sentencias inocuas

Por un Poder Judicial que garantice el Estado de Derecho y no se alinee con el poder real.

Marchamos porque el río está sonando, porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza, porque el grito, el llanto y la bronca individual no construyen, y porque nuestros muertos quieren que marchemos.

 

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