Introducción
La cantidad de aportes orientados a explicar los últimos cuatro años del país es proporcional a la multiplicidad de causas del proceso iniciado con el primer triunfo de la oligarquía en elecciones universales, libres y transparentes. Aspiro a que las líneas que siguen sean otro grano de arena para evitar que se repitan desastres sociales provocados por gobiernos que, con distinto grado de legitimidad pero con más coincidencias que matices, han puesto a la sociedad argentina varias veces al borde de la disolución.
Conviene traducir las victorias del 11 de agosto pasado y del próximo 27 de octubre como lo que son: derrotas electorales transitorias del Régimen, que no implican un triunfo ideológico del Movimiento Nacional, y mucho menos material si se considera el enorme peso de los fenómenos que describiré a continuación, asociados al crecimiento alcanzado por el poder económico de los sectores oligárquicos. Los fuertes condicionamientos con que asumirá el gobierno popular dan la dimensión de las dificultades que deberá afrontar en el momento mismo de iniciar la reparación, una de cuyas condiciones necesarias es modificar esa relación de fuerzas claramente desfavorable. Esto muestra que el fracaso del macrismo no debe ser sobreestimado y que la razón de fondo de la aparente irresponsabilidad de Lagarde y CIA debe buscarse en el objetivo estratégico de sus jefes, a quienes les interesa prestar, más para someter que para cobrar.
La hipótesis que propongo puede sintetizarse en estos términos: el acceso al gobierno del Estado de una derecha pura y dura —y la devastación a la que nos condujo— está directamente relacionado con un fenómeno global de cambio de la superestructura ideológica y jurídico-política que opera en relación —y es funcional— a la nueva forma de ser o fase del capitalismo, condicionada por las determinaciones históricas particulares de nuestro país —como ocurriría en cualquier otro—;esta es la causa principal de que la forma que la derecha gobernante adquiere en los distintos países sea diferente.
Historia del presente
En el prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, Marx escribió: “En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales”. Y más adelante agrega: “En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o —lo cual sólo constituye una expresión jurídica de lo mismo— con las relaciones de producción dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Esas relaciones se transforman, de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas”.
Estas importantes conclusiones del autor de El Capital sirven para comprender momentos fundamentales de nuestro proceso histórico. Así, por ejemplo, puede afirmarse que las revoluciones democráticas aparecen en la historia por obra del ascenso del capitalismo manufacturero e industrial, que reclama para su normal desarrollo la abolición de los particularismos feudales y la constitución de un Estado nacional, ya sea con la forma de una monarquía sometida al parlamento burgués, ya directamente como una república.
Tal devenir contribuye a desarmar una de las grandes falacias de la historia oficial, escrita por los ascendientes político-ideológicos directos de Macri con el propósito de legitimar las políticas que cada uno de ellos aplicó, particularmente Mitre: no es cierto que los acontecimientos de mayo de 1810 en el Río de la Plata hayan estado impulsados por Inglaterra e inspirados en el libre cambio, pues para ese modo de acumulación no son necesarias la soberanía popular ni la derrota del feudalismo, que es lo que se proponían los patriotas formados aquí, como Moreno, o en España, como San Martín y Bolívar; tan innecesarias como lo fueron para Macri la soberanía nacional y la exacerbación de los privilegios de clase a los efectos de sus políticas de apertura indiscriminada y valorización financiera.
Servidores del mismo amo
Los manuales de derecho constitucional suelen clasificar los Estados y sus Constituciones en base a características puramente políticas, que diferencian entre “formas de Estado” y “formas de Gobierno”. Este marco estrecho y formal de clasificación, que excluye las características socioeconómicas de las sociedades en cuestión, ha llevado por ejemplo a incluir en la misma categoría a regímenes fascistas, como la Alemania de Hitler, y regímenes de lo que se dio en llamar socialismo real, como la Unión Soviética de Stalin.
La cita que hice de Marx, en cambio, sugiere clasificar los Estados y las Constituciones a partir de los conceptos de modo de producción y modelos de acumulación-regulación; considera que el capitalismo no es un modo de producción estático, sino dinámico, que se redefine históricamente cambiando la organización de la producción y el consumo. El funcionamiento de cada una de estas formas distintas de organizar la producción y el consumo necesita un determinado modo de regulación o superestructura político-jurídica funcional al sistema.
Así, mientras el constitucionalismo liberal temprano proveyó la superestructura jurídico-política necesaria para el desarrollo del capitalismo en su estadio manufacturero inicial, el Estado social fue el modo de regulación necesario para el desarrollo del capitalismo en su fase industrial-fordista. El texto constitucional de 1853 responde al primer caso, el de 1949 al segundo.
En esa línea, se deduce que lo que tienen en común —por ejemplo y más allá de los discursos— los regímenes de Trump, Bolsonaro y Macri es que, de hecho, han ido configurando e intentan consolidar una superestructura compatible y funcional a la fase dominante del capitalismo actual. Uno como expresión de un país imperial, los otros de países dependientes. Veamos esto en detalle.
Superestructura del capitalismo fordista
En el modelo de acumulación posterior a lo que se conoce como Segunda Guerra Mundial, la dinámica de reproducción del capital se desarrolló a través de la retroalimentación entre la producción en serie y el consumo de masas, generando el conocido círculo virtuoso que en nuestro país fue impulsado por el primer peronismo y mantuvo vigencia durante tres décadas.
Este modelo plantea la necesidad de un andamiaje jurídico-político basado en el reconocimiento de tres componentes:
- a) la libertad para organizar la producción;
- b) los derechos sociales como mecanismo para organizar el consumo y
- c) las instituciones políticas democráticas como mecanismo para regular la relación capital-trabajo.
La garantía de estos tres factores, propios de la Constitución democrática, era inescindible del proceso de acumulación.
Los derechos de libertad para organizar la producción son necesarios porque en la forma fordista de producción industrial la relación entre empleador y empleado se formaliza a través del contrato colectivo de trabajo. Para que la celebración de un contrato de compraventa de fuerza de trabajo pudiera concretarse, se necesitaba que ambas partes contratantes dispusieran de dos condiciones:
- igualdad y
- libertad o capacidad de actuar.
Aquí igualdad quiere decir igualdad jurídica entre las partes: no puedo firmar un contrato con un menor o con un incapacitado; y libertad o capacidad de disponer y actuar quiere decir que soy libre para vender mi computadora, pero no soy libre ni tengo capacidad de vender algo que no me pertenece.
En consecuencia, y según Marx, el funcionamiento del capitalismo industrial requiere, primero, dotar de libertad a los individuos para, a continuación, hacer que la entreguen: pactan su abolición por vía productiva. La compraventa de fuerza de trabajo es la pérdida de la libertad en los aspectos pactados y por el tiempo pactado, esta es la cuestión de la alienación: la metamorfosis del trabajador jurídicamente libre en el trabajador esclavo del momento productivo.
En el marco del Estado social, la condición que determina el acceso a la mayoría de los derechos sociales es la de trabajador asalariado. El Estado social no es una actualización de las leyes para pobres del siglo XIX, y los derechos sociales no son prestaciones no contributivas, son algo así como una forma de gestión y organización del salario diferido por tiempo indefinido: las prestaciones sociales en materia de seguridad social dependen directamente del monto de los salarios previamente devengados. Así se incrementa el salario con el objetivo de generar un aumento en la demanda y organizar un consumo de masas capaz de absorber la gran cantidad de mercancías fabricadas por un sistema de producción en serie.
Las instancias democráticas para regular la relación capital-trabajo surgieron cuando a fines del siglo XIX y sobre todo a principios del XX, en un momento histórico atravesado por importantes conflictos sociales y revolucionarios (revolución mexicana en 1910, Primera Guerra Mundial en 1914-18, revolución rusa en 1917, República española en 1931, etc.), la solución que encontró el capitalismo para asegurar la continuidad del proceso de acumulación fue institucionalizar espacios de mediación entre el capital y el trabajo.
El Estado social es la integración en condiciones de equilibrio —que en los hechos es inestable— de la contradicción capital-trabajo en el interior del texto constitucional.
En síntesis, la Constitución democrática, con derechos de libertad, derechos sociales e instancias de mediación interclasista, se conformó como —y es— la superestructura jurídico-política necesaria para el funcionamiento del capitalismo fordista-keynesiano.
Superestructura para la nueva fase capitalista
Desde mediados de la década de los '70 del siglo pasado estamos inmersos en una transformación capitalista que se observa en manifestaciones tales como la automatización y el predominio del sector financiero, aspectos que se pueden considerar integrados en el binomio automatización-financiarización. Este binomio ha puesto en funcionamiento un nuevo modo de acumulación, que se conoce como de valorización financiera del capital y que implica procesos específicos de organización de la producción, la acumulación y el consumo, en el interior de los cuales se requieren cada vez menos derechos de libertad, derechos sociales e instancias de mediación interclase.
En este contexto, las distintas variantes de la derecha se constituyen en el instrumento político por antonomasia a los efectos de conformar la superestructura jurídico-política más adecuada para recorrer la transición entre la fase anterior y la nueva, destruyendo los tres componentes de la Constitución democrática que ya no le son necesarios al capitalismo en gestación:
- a) El nuevo modo de organizar la acumulación y la producción no necesita los derechos de libertad porque el contrato colectivo de trabajo deja de ser la pieza maestra de mediación en el seno de las relaciones laborales, consecuencia tanto de la financiarización como de la automatización. La financiarización reduce enormemente la esfera física de la economía. Si en la era industrial el sector financiero era un auxiliar de la economía productiva caracterizada por los medios físicos de producción de mercancías, ahora el capital en la forma dinero pasa a ser objeto de inversión, ganancia y acumulación al margen de la economía física. Esta transformación implica un cambio en la relación D1-M-D2 (dinero, mercancía, dinero) por D1-D2-D3-D4…, expresión del predominio de la acumulación que suprime el paso por la producción y venta de mercancías, con lo cual el contrato de trabajo se torna innecesario. Por su parte, la automatización impone una reconversión que implica una sustancial reducción del trabajo humano socialmente necesario y, por lo tanto, conduce al trabajo precario no contractual para quienes logran mantenerse dentro del proceso productivo.
- b) En cuanto a los derechos sociales, la centralidad de la acumulación vía financiera implica un cambio en la organización del consumo: si al capital productivo le interesa propiciar el consumo a través del salario, al capitalismo financiero lo que le interesa es que no se concrete por vía salarial, sino a través del crédito —se trata del consumo endeudado, sólo para los que pueden acceder—, que es como se reproduce el capital. Así, si el consumo no se efectiviza a través del salario, desaparece la necesidad de los derechos sociales y, con ellos, de los sindicatos: algo así como la reproducción individualizada de la fuerza de trabajo vía endeudamiento personal.
c) La consecuencia directa de los fenómenos que describo es que no se necesitan instancias democráticas para organizar la mediación capital-trabajo. En efecto, el debilitamiento de las estructuras sindicales, la demoledora acción ideológica y manipuladora a cargo de los grandes medios de comunicación, la erosión de la identidad de clase, la subsunción del trabajo mediante su precarización o de la fidelización por endeudamiento, desactivan la capacidad organizativa y de conflicto del trabajo como sujeto sociológico: la inexistencia de conflicto potencial hace que ya no se necesiten instancias de mediación con los trabajadores. En resumen, el capitalismo en gestación no necesita derechos de libertad, ni derechos sociales, ni instrumentos democráticos de amortiguación del conflicto interclasista.
Un país rebelde
Empíricamente se puede comprobar que toda superestructura social como modo de regulación, además de corresponder y ser funcional a su base económica, responde a las determinaciones históricas particulares de cada sociedad: es una causa de peso entre las que explican por qué en la Argentina han fracasado intentos de destrucción de las organizaciones sindicales o la imposición de una legislación laboral como la que ya rige en Brasil, por ejemplo.
Más aún, a mi juicio lo expresado en el apartado anterior es esencial al proyecto estratégico del Régimen actualmente existente, pero aparecieron las determinaciones históricas propias del gran país de los argentinos. Ese país rebelde que se ha construido desde 1810 con el morenismo hasta hoy con el kirchnerismo, y que ha resistido la pretensión de sometimiento buscada desde 1811 por los rivadavianos hasta hoy por el macrismo. Ese país que una y otra vez ha resistido, y que convirtió los festejos oligárquicos de 2015 en un desesperado intento por finalizar el mandato.
Se deduce que el fracaso de la reelección de Macri es apenas un momento táctico importante, sí; siempre y cuando sea debidamente aprovechado por el Movimiento Nacional y democrático. Quiero decir que para salir de la situación defensiva en la que se encuentran los sectores populares —basta considerar que la reparación debe comenzar por la dramática y vergonzosa situación de hambre de miles de compatriotas— es imprescindible impulsar un proceso de industrialización y autoabastecimiento tecnológico como ordenador de un proyecto estratégico de desarrollo autónomo y socialmente inclusivo, y —según lo expuesto más arriba— como el mejor antídoto contra la destrucción de la democracia amenazada.
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